LA PETICIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA Y LA RESPUESTA DE NUESTRO PRESIDENTE

La petición de la Iglesia
Católica y la respuesta de
nuestro Presidente

L a sabiduría popular dice: “en pedir no
hay engaño”. Menos aún, si se pide
con transparencia y en beneficio de las
personas más desamparadas de la sociedad.
Me refiero a esos 50.000 chilenos
que están en las cárceles de nuestro país;
la inmensa mayoría, después de haber
sido condenados.
La sentencia de los tribunales de justicia
los privó de libertad durante un tiempo
determinado o para siempre. Hay otras
penas alternativas a la pérdida de la libertad
en nuestro ordenamiento jurídico.
Desde luego, el trabajo social. Entonces,
¿por qué se impone con tanta frecuencia
la privación de la libertad? La razón principal
es una: podrían constituir un peligro
para la sociedad, que debe ser protegida
de los delincuentes.
¿Y serán todos los reos, realmente, un
peligro para la sociedad? ¿Querrá delinquir
un enfermo Terminal, o una persona
cuya vida se va extinguiendo por su
avanzada edad, o una mamá que quiere
estar cerca de sus hijos desprotegidos,
que no van a la escuela ni tienen apoyo
alguno en su casa?
Por lo demás, si bien la pena que dictó el
tribunal competente fue sólo la privación
de la libertad por un número determinado
de años, ¿cuántas son las penas que se
agregan de hecho a la única pena dictada?
Desde luego, el remordimiento por el mal
causado sin poder pedir perdón a las víctimas
acosa a muchos reos; y la lejanía de
los seres queridos, que genera en ellos
angustia. El gran hacinamiento por falta
de celdas, también es una pena adicional.
La cantidad de horas que deben pasar en
la celda, muchas veces deprimidos, rumiando
el poco valor en que estiman sus vidas
y sin estar preparados para tanta soledad,
se agrega a las penas anteriores. La violencia
verbal y física, a veces extrema, que
desatan algunos presos por estos y otros
motivos, y que con mucha frecuencia termina
con heridos en la enfermería, es otra
pena. Se agrega otra circunstancia negativa
a la situación de los primerizos, cuando no
se les separa de reos reincidentes que no
quieren dejar de delinquir. El ocio, sin
poder trabajar ni ganar algo para el sustento
de la familia, en muchas cárceles es
una nueva pena. Se agrava la situación
por la generalizada carencia de programas
de rehabilitación.
Gracias a Dios, un número grande y creciente
de comunidades y miembros de la Iglesia
católica, y numerosas comunidades evangélicas,
no abandonan en su desgracia a los
que sufren porque la sociedad no los trata
conforme a su dignidad de ciudadanos e
hijos de Dios. Les ayudamos a reencontrarse
con Dios, a arrepentirse, a decidirse por una
vida nueva y a tener esperanza. También
tratamos de ayudar a sus hijos. Deseosos
de encontrarse con la misericordia de Dios,
quienes visitan a los reos no olvidan una
promesa del Señor: “Felices los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia”
(Mt, 5, 7). Y le pedimos al Padre de los cielos
que todos los que han sufrido o continúan
sufriendo por causa de otros, puedan pedirle
con mucha sinceridad: “Perdona nuestras
ofensas, como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden”.
El estado de las cárceles de nuestro país y
la situación de los internos, nos llevó a pedir
para ellos gestos de misericordia y clemencia.
En su beneficio presentamos varias
peticiones. Igualmente en bien de los gendarmes,
cuyas condiciones de vida, entre
todos los empleados fiscales, son particularmente
duras.

De nuestras peticiones, la más importante
fue acogida íntegramente. Se trataba de
mejorar substancialmente nuestro sistema
penal y carcelario para que sea más humano.
Por razones macroeconómicas, la
petición pudo haber sido rechazada. ¡Son
tantas las inversiones necesarias en el
país! Primó, sin embargo, el respeto a la
dignidad humana de todo chileno. El Sr.
Presidente de la República recordó una
frase del Papa Benedicto XVI, que también
él comparte: “la cárcel priva al hombre de
la libertad, pero jamás de su dignidad de
ser humano”. Constatando las graves deficiencias
de infraestructura y gestión
penitenciaria, que atentan contra las posibilidades
de rehabilitación y reinserción
social, afirmó que su gobierno “está comprometido
y avanzando decididamente en
un ambicioso y exigente plan que contempla
la construcción de más y mejores
recintos penitenciarios, la ampliación y
mejora de las instalaciones existentes, el
rediseño de instalaciones penitenciarias
en ejecución y el impulso de tratados que
permitan el traslado de condenados extranjeros
para que cumplan el resto de
sus condenas en sus países de origen”.
Como se trata de mejorar no sólo los
recintos, sino las condiciones de vida de
los reos, manifestó que había solicitado al
Ministro de Justicia “que, en un plazo no
mayor de 3 meses, realice una completa
revisión de la situación de los internos en
las cárceles de nuestro país, tendiente a
mejorar las condiciones de vida de los
reclusos y de trabajo de los gendarmes,
modificar reglamentos penitenciarios para
lograr mejoras en el trato a los internos,
beneficios intrapenitenciarios, sistemas de
visitas de los familiares, apoyo religioso y
psicológico, asistencia legal a los más débiles
y oportunidades de estudio, deporte, cultura,
rehabilitación, reinserción social y
empleos remunerados para los presos”.
Hemos manifestado nuestro reconocimiento
por la acogida integral que el Sr. Presidente
de la República dio a esta petición,
que responde al clamor de todos los encarcelados
que están afligidos en el cumplimiento
de sus penas. También le agradecemos
su decisión de mejorar las
condiciones de trabajo de los gendarmes.
Por estos dos anuncios ya se justificaban
nuestras peticiones.
Además pedimos rebajas de penas para quienes
han tenido una conducta intachable y ya
no son un peligro para la sociedad. Mencionamos
expresamente, pidiendo que la rebaja
de la pena fuera mayor, a los enfermos en la
fase terminal de su enfermedad, a las personas
muy ancianas, y a las madres con hijos menores
de edad. Manifestamos nuestro total
acuerdo en que estos indultos sean concedidos,
con exclusión de toda impunidad, en el marco
del respeto a la Constitución y a los tratados
internacionales suscritos por Chile. Así lo
manifestamos explícitamente. Teníamos conciencia,
asimismo, de que siempre se excluye
a algunos reos por la gravedad de los delitos
cometidos. Evidentemente tenía que ser el
Gobierno o el Parlamento, y no nosotros, la
autoridad que determinase los casos excluidos,
como de hecho ocurrió.
Si bien es cierto que el indulto podría haber
sido concedido mediante una ley, como
indulto general para los casos enumerados
más arriba, el Sr. Presidente de la República,
considerando la situación del país, optó por
no enviar un proyecto de ley al Parlamento,
y por examinar caso a caso las peticiones
de indulto que reciba.

Es decir, en las actuales circunstancias, en
general no concederá rebajas de penas a
todos los reclusos que en los últimos años
hayan tenido buena conducta en los recintos
carcelarios, y no constituyen un peligro para
la sociedad. Otorgará sólo indultos particulares,
por razones humanitarias, a los reos
que más los necesiten. Es claro: por el
encargo que él recibió de gobernar al país,
velando por el bien común y cumpliendo
su programa de gobierno, también en la
lucha contra la delincuencia, respetamos
su decisión.
Si bien pedimos indultos para más reos,
nos consuela recordar la ley 19.856 que
concede a los reclusos con buena conducta
tres meses de reducción de la pena
por año de cumplimiento, como asimismo
el anuncio que hizo a todo el país el Sr.
Presidente de que usaría su facultad de
indultar en forma muy prudente y restrictiva,
pero acogiendo “el espíritu de las
propuestas de las Iglesias y su invocación
a la compasión, el perdón y la
reconciliación”, ya que valora y agradece
sinceramente la inspiración noble y constructiva
de las propuestas. Es más, señaló
que considerará factores como la avanzada
edad, las enfermedades terminales
y otras razones humanitarias equivalentes.
Éste es el marco dentro del cual
concederá indultos particulares, con ocasión
del Bicentenario.
La petición de un indulto para quienes tienen
buena conducta en la cárcel y ya no son un
peligro para la sociedad planteó una interrogante,
desde que se tuvo conocimiento del
texto que presentamos en agosto de 2009
a la Presidenta de la República, Sra. Michelle
Bachelet. ¿Incluiría la petición de signos de
clemencia también a quienes están condenados
por delitos cometidos durante el Gobierno
Militar, como integrantes o colaboradores
de sus servicios de seguridad?
En el texto presentado en ese entonces no
se aludía a este tema. En un primer momento,
tratándose de una petición cuyo
espíritu era la misericordia, la exclusión de
algunos no la estimamos coherente con
dicha actitud. En el texto definitivo, sin
embargo, recordando los tratados internacionales
que Chile ha suscrito sobre todo
en materia de derechos humanos, nos pareció
que era necesario referirse a estos
internos, pero de manera restrictiva. Manifestamos
que se trata de un tema que debe
ser materia de reflexión y conversación,
especialmente en el Parlamento. Agregamos
que, “a nuestro parecer, no cabe un indulto
generalizado ni un rechazo general del
indulto para todo ex uniformado condenado”,
y sugerimos que en la reflexión se considerase,
por ejemplo, “el grado de responsabilidad
que le cupo a cada uno, el grado de
libertad con que actuó, los gestos de humanidad
que tuvo con los arrestados, y el
arrepentimiento que ha manifestado por
sus delitos”.
El Sr. Presidente, sin embargo, optó por
excluirlos de los indultos, ya que fueron
condenados por delitos sumamente graves,
como son los de lesa humanidad, y el gobierno
quiere impulsar “la cultura del respeto irrestricto
a los derechos humanos”, que nosotros
compartimos y alentamos. También respetamos
esta decisión del Supremo Gobierno que
nuestra democracia se ha dado, si bien no
corresponde a la esperanza de quienes desean
que al menos algunos de estos condenados
pudieran ser sujetos de aplicación de modalidades
alternativas a la pena de privación de
libertad, al menos parcialmente.
En este contexto se ha abierto una interesante
y a veces confusa controversia. Confusa,
porque algunos identifica las “violaciones
contra los derechos humanos con los crímenes
de lesa humanidad al identificarlos,
se restringe la amplitud de los derechos
humanos. No todas las violaciones a los
mismos son crímenes de lesa humanidad.
Éstos últimos comprenden los crímenes contra
determinados derechos, cometidos nada
menos que por el Estado, siendo por ello de
trascendencia para la comunidad internacional
en su conjunto. Los Estados partes de la
Organización de las Naciones Unidas quieren
combatir estos crímenes de manera que
nunca más se repitan. El Estado contradice
y pervierte su función propia, cuando se
convierte en atacante generalizado o sistemático
de una población civil, dejando de ser
el que vela por la seguridad de todos los
ciudadanos en el marco de sus libertades y
derechos. También por esta razón han sido
declarados imprescriptibles y no pueden ser
amnistiados. Sin embargo, el Estatuto de
Roma no excluyó la posibilidad de indultar a
quienes los cometieron, como lo escribiera
recientemente un gran defensor de los derechos
humanos.
Pero los gestos de clemencia, cuando sean
dados, siempre tendrán que considerar la
responsabilidad que le cupo a cada actor.

Actúa como agresor a nombre del Estado
sobre todo quien es autor intelectual de
un crimen de lesa humanidad. Es distinta
la situación de quienes actúan en contra
de su voluntad y aun de su conciencia,
con escasa libertad a causa del miedo.
Con esto, de modo alguno cabe afirmar
que la obediencia pueda ser “debida” aun
cuando viola el orden moral. En esos
casos, la conciencia objeta la orden, señalando
que el deber consiste justamente
en no obedecer. Ello no obstante, si comparamos
la responsabilidad y la culpa
personal de quienes fueron victimarios
por el temor a las consecuencias para
ellos y sus familias si no cumplían órdenes
-a la vez que víctimas porque se les obligaba
a cumplirlas-, con la culpa de otros
ciudadanos, que obran libre y premeditadamente,
matando, incendiando, robando
los medios de subsistencia a los pobres,
o violando a menores, ¿acaso no pueden
ser considerados los primeros menos culpables
como personas, que los segundos?
A mi parecer, es posible que en el futuro
un Gobierno conceda un indulto a algunos
de los condenados del Gobierno Militar,
por ejemplo, si ellos estuvieran viviendo
en la cárcel, gravemente enfermos, los
últimos días de su vida. Por ahora, el Sr.
Presidente de la República ha expresado
que no es su intención hacerlo.


Quisiera recordar, por último, que la Iglesia
Católica también presentó otra petición, cuya
respuesta ha quedado abierta. Se refiere a
todos los reos en la fase terminal de su existencia,
ya sea por una enfermedad grave o
por su avanzada edad. Son muchos los países
desarrollados que han aprobado leyes que,
con un profundo espíritu humanitario, permiten
a estos reos pasar los últimos días de la vida
en su hogar, acompañados por sus familiares.
Por este motivo nos pareció conveniente
que sea una ley la que regule esta materia,
liberando a los Presidentes de la República
del deber de ser ellos los que concedan, o
eventualmente rechacen, las peticiones de
clemencia de quienes se encuentren en una
situación tan aflictiva.

Por ambos motivos pedimos que “se modifique
la legislación que se refiere a las
penas, en lo que atañe a los condenados
de edad muy avanzada y a quienes estén
gravemente aquejados de una enfermedad
terminal. Proponemos que se les condone
la pena o que puedan cumplir el resto de
su condena junto a su familia o en instituciones
asistenciales. Este cambio o condonación
de la pena se concedería siempre,
salvo que el organismo competente excluya
este beneficio para un reo determinado por
juzgarlo un peligro para la sociedad”.

Concluyo estas reflexiones, refiriéndome
al cuestionamiento que se ha hecho
acerca de un derecho que se le reconoce
a todo ciudadano, pero que algunos
quieren negarle a las instituciones
religiosas. Se trata del derecho de petición.
Se le cuestiona a la Iglesia, precisamente
porque el tema del cual tratamos no sería
un tema religioso.
Este cuestionamiento supone que el ámbito
de los derechos humanos, de la justicia, la
paz y la misericordia, la solidaridad, la
fraternidad y la clemencia, son ajenos a la
dimensión religiosa de la vida. Pues bien,
en el cristianismo, y también en otras
religiones, no cabe una separación entre el
amor a Dios y el amor al prójimo, que es
hijo de Dios. Ni la ley de Moisés,
promulgada en el Sinaí, ni Jesucristo en sus
enseñanzas, separan lo relacionado con
Dios de lo que atañe al prójimo. Es algo
propio del cristianismo que el amor a Dios
se expresa en el compromiso solidario con
el prójimo.

Por eso, cuando ocurrió la intervención militar
y el gobierno comenzó a perseguir, sin respetar
los Derechos Humanos, a muchos chilenos
que quedaron indefensos ante el poder del
Estado, el Cardenal Raúl Silva Henríquez no
dudó en fundar la Vicaría de la Solidaridad.
Nunca pensó que la Iglesia Católica, por ser
una “entidad religiosa”, debía permanecer
ajena a este ámbito doloroso y criminal de
la vida de nuestro pueblo. Recibió por ello la
gratitud de incontables chilenos, y el
reconocimiento de la Iglesia universal y de
la comunidad internacional.

Buscando la paz social y el respeto a la
dignidad de los hijos de Dios, la Iglesia
Católica, atenta a las nuevas formas de
pobreza y marginalidad, quiere ser “voz de
los que no tienen voz”, y pedir para ellos
verdad, justicia, solidaridad, fraternidad
y clemencia.


Santiago, agosto de 2010

+Francisco Javier Errázuriz O.
Cardenal Arzobispo de Santiago