APRENSIONES DE AFECTADOS POR ACTOS DE TERRORISMO

Agricultores, empresarios forestales y camioneros -principales víctimas de los reiterados ataques armados e incendiarios cometidos por grupos radicales mapuches en el sur- manifestaron sus aprensiones por la negociación impulsada por el Gobierno para terminar con la huelga de hambre de indígenas imputados por esos atentados, que incluiría el retiro de las querellas por infracción a la Ley Antiterrorista.

La posición más dura la fijó José Villagrán, presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Malleco y Cautín. Dijo que el Gobierno está equivocando los pasos, y calificó la negociación con los huelguistas como una debilidad en la aplicación de las leyes.

"Aquí en Chile no hay presos políticos, y el Presidente no está cumpliendo con lo que dijo cuando fue candidato, en el sentido de que iba a aplicar tolerancia cero a los terroristas y delincuentes", afirmó.

"Resulta que hoy día, porque hay una huelga de hambre, estamos cambiando la reglas del juego, y cuando estos terroristas hicieron los daños que hicieron con los camiones, ellos sabían a qué se estaban exponiendo. Entonces, que hoy día asuman su responsabilidad como corresponde", agregó el dirigente camionero.

"Estoy feliz con todos estos acontecimientos", fue la irónica respuesta que lanzó el agricultor Jorge Luchsinger, víctima de una treintena de atentados y que terminó vendiendo sus cinco predios, al ser consultado sobre las conversaciones del Gobierno para terminar con la huelga de hambre de los mapuches. "Es lo que tenía que pasar. Estaba escrito. No voy a hablar más. Quizás cuando sea el momento voy a hablar. En unos 10 años más", dijo molesto.

El presidente de la Corporación de la Madera (Corma) en el Biobío, Jorge Serón, dijo que "todos los hechos de violencia y atentados a la propiedad privada deben ser perseguidos y debe primar el Estado de Derecho".

Aunque no quiso calificar de bien o mal el planteamiento del Gobierno, dijo que ante los hechos de violencia, "no debe haber excepciones, porque la legislación actual es la que está y la que debe primar. El Estado de Derecho debe seguir siempre, o si no, se puede perder la convivencia básica".

Desde Ercilla, Héctor Urban, integrante de la familia que ha sido víctima de 86 ataques en sus cinco fundos, entre ellos "La Romana" y "Montenegro", dijo que lo importante del tema es que los imputados enfrenten a la justicia y que no queden en la impunidad.

"Está bien si esto ayuda a descomprimir este tema, a que se termine la violencia y ayude a que estas personas, de alguna u otra forma, enfrenten a la justicia. Aunque eso no sea bajo la Ley Antiterrorista o que tengan una penalidad menor, eso es lo importante", aseveró.