GOBIERNO ANUNCIA CAMBIOS A LEY ANTITERRORISTA Y A ATRIBUCIONES DE LA JUSTICIA MILITAR

COMENTARIO:
BASTÓ SOLO UNA HUELGA DE HAMBRE DE LOS MAPUCHES, PARA QUE EL GOBIERNO ACCEDIERA A CONCEDER EN FORMA COMPLETAMENTE SERVIL LAS EXIGENCIAS DE LOS MAPUCHES PROCESADOS POR ACTOS SUBVERSIVOS Y ATENTATORIOS EN CONTRA DE BIENES Y PERSONAS.

NO ME PARECE QUE SEA EL CAMINO CORRECTO YA QUE CON ESTA ACTITUD LE HAN DOBLADO LA MANO NUEVAMENTE AL SR. PIÑERA Y SU GOBIERNO, LOS COMUNISTAS Y CONCERTACIONISTAS TODOS DE LA OPOSICIÓN.

SIN QUE SEA EL CAMINO CORRECTO PARA OBTENER BENEFICIOS Y PREVENDAS POLÍTICAS, COMO EL CASO DE LOS MAPUCHES, CREO ES EL CAMINO QUE DEBEN ADOPTAR TODOS LOS MILITARES Y FUERZAS DE ORDEN, INJUSTAMENTE PROCESADOS Y CONDENADOS EN LAS MAZMORRAS DE LA CONCERTACIÓN Y DEL ACTUAL GOBIERNO. NO LO PIENSEN MAS Y PROCEDAN QUE ESE ES EL IDIOMA QUE ENTIENDE EL ACTUAL GOBIERNO.
RUS


Mientras se cumplen 52 días desde que un grupo de comuneros mapuches inició una huelga de hambre:
Gobierno anuncia cambios a Ley Antiterrorista y a atribuciones de la justicia militar

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló que los proyectos de ley serán enviados con urgencia la próxima semana.

Mariela Herrera y Natalia Olivares
Vistiendo sus atuendos típicos mapuches, un grupo de estudiantes de la comuna de Ercilla recorría los patios de La Moneda cerca de las 17 horas de ayer cuando de repente se encontraron con el Presidente Sebastián Piñera, quien hacía ingreso a Palacio por la puerta O'Higgins tras monitorear la construcción del mástil que sostendrá la bandera gigante en la Alameda.

Minutos más tarde, el tema mapuche nuevamente estaría presente en La Moneda, esta vez a cargo del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien llamó a los comuneros detenidos en Angol, Concepción, Temuco y Valdivia a deponer la huelga de hambre que iniciaron hace 52 días.

Junto con rechazar cualquier tipo de violencia, "que no puede ser el vehículo por el cual en una sociedad democrática y con un estado de derecho se canalice ningún requerimiento ni al Gobierno ni a ninguna autoridad", anunció que la próxima semana se enviarán al Congreso dos proyectos de ley: uno para acotar el funcionamiento de la justicia militar y otro que abordará los tipos penales de la actual Ley Antiterrorista, en línea con los puntos planteados por los comuneros.

"Tenemos un sistema en que la justicia militar a veces actúa con mayor amplitud que la propia de un sistema democrático", señaló el jefe de gabinete. Y agregó que será un paso "modernizador en nuestro sistema judicial de causas, que deben ser conocidas por la justicia ordinaria y que hoy día son conocidas por la justicia militar".

Sobre la Ley Antiterrorista, Hinz-peter dijo: "Vamos a buscar el diálogo para perfeccionar nuestras normas contra el terrorismo en lo tocante a la definición de los tipos penales".

Los últimos días habían sido complejos para el Gobierno en esta materia, y el propio Piñera fue criticado el viernes cuando visitó La Araucanía, ocasión en la que optó por no referirse públicamente a la situación de los 32 comuneros en huelga de hambre. El lunes, el tema fue abordado en el comité político, donde se reúnen los ministros políticos y los representantes de los partidos de la Alianza, "debido a la gravedad que estaba tomando por el estado de salud de algunos huelguistas", comentó uno de sus asistentes.

En la tarde de ese día, el mismo Mandatario conversó del tema con la directiva del Instituto de Derechos Humanos, a la que manifestó su preocupación por el estado de los huelguistas. Así, mientras el tema escalaba y las críticas de la oposición comenzaban a ser más fuertes, el Gobierno decidió pasar a la ofensiva con los anuncios.

Llamados de la oposición

Ayer, el tema también estuvo presente en el Congreso. Los presidentes y jefes de bancada de los partidos de la Concertación recibieron en Valparaíso a familiares de los presos mapuches en huelga de hambre, tras lo cual sacaron una declaración pública -firmada por el senador y presidente de la Cámara Alta, Jorge Pizarro (DC) y la totalidad de las bancadas y comités de senadores de oposición- en la que exigían al Gobierno la conformación de una mesa de diálogo, el fin de la aplicación de la justicia militar a civiles y definiciones sobre el ámbito de competencia de la Ley Antiterrorista.

Justamente sobre este último punto los diputados PC Hugo Gutiérrez, Guillermo Teillier y Lautaro Carmona, y el PS Sergio Aguiló, presentaron una moción que plantea modificaciones a la ley, otorgando mayor especificidad a los delitos que califican como terroristas. "Queremos pedirle al Ejecutivo que haga suya esta moción parlamentaria y le dé las urgencias que justamente se necesitan para que esta huelga de hambre no se siga prolongando en el tiempo", dijo Gutiérrez.

Horas más tarde, tras conocerse los anuncios de La Moneda, en la Concertación valoraron las medidas. El diputado por La Araucanía René Saffirio (DC) señaló que "ésta es una de las demandas de los comuneros mapuches y un paso clave para comenzar a solucionar este conflicto", y Teillier destacó que "cualquier moción de este tipo encontraría eco en el Parlamento".

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''Tenemos un sistema en que la justicia militar a veces actúa con
mayor amplitud que la propia de un sistema democrático".

RODRIGO HINZPETER, MINISTRO DEL INTERIOR.


Presos quieren compromiso por escrito para deponer huelga
El vocero de los mapuches en huelga de hambre, Erick Millán, sostuvo que los indígenas sólo están dispuestos a deponer su movimiento "cuando tengan en su manos un documento escrito en que el Gobierno se comprometa a no aplicar la Ley Antiterrorista ni seguir el doble procesamiento en la justicia civil y en la militar".

Subrayó que el anuncio del ministro del Interior lo toman con cautela, "porque el Gobierno se pronunció sobre la huelga de hambre recién después de 50 días y cuando tres presos políticos mapuches han debido ser llevados en estado crítico a los hospitales".

Millán precisó que los 32 presos políticos, como los califican los mapuches, "podrían" desistir del prolongado ayuno y sentarse en una mesa de diálogo sólo si existe la voluntad política de comprometerse públicamente y por escrito. "Lo pedimos, porque en la huelga de hambre anterior, del año 2008, y en la que Patricia Troncoso, 'La Chepa', mantuvo un ayuno durante 112 días, el gobierno de la Concertación se comprometió a modificar la ley y no cumplió".

Anoche, el director regional de Gendarmería, coronel Marco Fuentes, señaló que los 23 mapuches en huelga de hambre en los penales de Temuco y de Angol presentan deshidratación, arritmias, continuas descompensaciones y pérdida de entre 12 y 17 kilos, sin descartar nuevos traslados al hospital en las próximas horas.

A su vez, consultado el obispo Manuel Camilo Vial, dijo anoche que en este caso "todos debemos ser mediadores".

Juez de garantía no reconoce validez a tribunales castrenses
El juez del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Jorge Norambuena, realizó ayer una dura crítica y no reconoció validez a la Justicia Militar, luego de la formalización de cargos en contra de los ex lautaristas Patricio Gallardo y Alejandro Rodríguez. Ambos están imputados como autores de un asalto a un camión Prosegur ocurrido en septiembre de 2009. También fueron ligados al denominado "caso Bombas", ya que, según la policía y el Ministerio Público, les encontraron panfletos y una sustancia similar a la pólvora, además de trazos de TNT y Tetril en bolsos de propiedad de Rodríguez.

El argumento del fiscal Marcelo Vargas sobre los procesos anteriores de los imputados como una de las justificaciones para solicitar la prisión preventiva fue rechazado por Norambuena. "Las condenas anteriores de los imputados fueron todas realizadas por tribunales militares. Este tribunal está de acuerdo con la Corte Interamericana de DD.HH. que no considera las condenas por tribunales militares porque no fueron respetándose las garantías de un Estado democrático de Derecho", dijo el magistrado. Gallardo fue condenado (en una corte militar en 1998) por el asesinato de un funcionario de Carabineros en medio del rescate de Marco Antonioletti. Ambos ex lautaristas quedaron en libertad, pero el Ministerio Público apeló de la decisión.