DECLARACIONES DEL CANCILLER BOLIVIANO

Editorial El Mercurio

Con razón, el canciller Alfredo Moreno protestó por las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, que no descartó recurrir al Tribunal de La Haya ni al espacio multilateral para plantear la aspiración marítima de su país. Posteriormente, el ministro Choquehuanca dio explicaciones, las que fueron valoradas por el ministro Moreno.

Nuevamente Bolivia presiona con recurrir a mecanismos internacionales carentes de jurisdicción para solucionar su diferendo con Chile. Lo viene haciendo desde comienzos del siglo pasado, cuando acudió ante la Liga de las Naciones y luego, repetidamente, ante la OEA.

Una y otra vez Chile ha rechazado esas acciones, agravadas por la Constitución boliviana, reivindicatoria del territorio nacional que le dé acceso al Pacífico, bajo el imperativo de denunciar y, en su caso, renegociar los tratados contrarios a esa pretensión. Según algunos, tal disposición desconoce la soberanía nacional, el derecho internacional y, en particular, el Tratado de 1904. Dicho tratado fijó definitivamente los límites y puso término a todas las diferencias entre las partes contratantes, estableció importantes pagos a favor de Bolivia y reconoció en su favor el más amplio y libre tránsito comercial por el territorio y puertos chilenos.

Para quienes simplifican las dificultades de llegar a acuerdos con Bolivia se debe consignar que ese país se ha negado a restablecer relaciones diplomáticas con Chile, interrumpidas desde 1962, con un período de normalidad entre 1975 y 1978, durante la negociación de la frustrada propuesta de Charaña, rechazada por el gobierno boliviano y vetada por el Perú.

Las declaraciones realizadas por el canciller boliviano, jurídicamente inconducentes, coinciden con las violentas protestas originadas por el derogado aumento de los precios de los combustibles decretado por el Presidente Evo Morales, y también con la proximidad de la reunión de cancilleres.

Las amenazas de recurrir a otros foros, así como los alcances de la disposición constitucional aludida deben ser desestimados por esa nación, ya que no favorecen los entendimientos bilaterales.

Sucesivos gobiernos chilenos han promovido pasos significativos en los entendimientos con Bolivia. Están en curso importantes obras para la repavimentación del camino entre Arica y Tambo Quemado, se progresa en la reconstrucción de las vías del ferrocarril de Arica a La Paz, se han modernizado tres complejos fronterizos integrados y están vigentes facilidades de libre comercio, las únicas concedidas sin reciprocidad para nuestro país. A la vez, se les concedió la residencia a miles de inmigrantes ilegales bolivianos, se están implementando facilidades especiales de habilitación para su comercio a través del puerto de Iquique y que, al igual que los acuerdos sobre usos del agua del río Silala, están pendientes de la respuesta de las autoridades de esa nación.

Frustrante es para Chile el hecho de que estos avances, que no tienen precedentes en la comunidad de naciones, no reciban mayor reconocimiento ni reciprocidad por parte de Bolivia. Sus gobiernos recaen en la infructuosa y anacrónica revisión de tratados y demoran o desalientan las fórmulas modernas para aprovechar los amplios espacios de cooperación mutua y de mejoras de la infraestructura que ofrece la vecindad.

La Cancillería debe seguir impulsando iniciativas que aumenten la integración con Bolivia y vencer las frecuentes reticencias presupuestarias para financiar esos programas. Ello no impide reaccionar con energía cuando ese país, desconociendo el derecho internacional, amenaza con recurrir a instancias multilaterales, y cuando bajo supuestas reivindicaciones, busca amagar los derechos soberanos de Chile sobre su territorio.