CRITERIOS PARA LA CONTINUIDAD DE MILITARES

El gobierno hace bien al mantener a la segunda autoridad del Ejército y debe seguir un criterio consistente en casos similares.
07/02/2011 - 08:24
La Tercera

ARAIZ DE las peticiones surgidas desde la oposición y agrupaciones asociadas a la defensa de los derechos humanos, que demandan el pase a retiro de la segunda autoridad del Ejército, el gobierno ha fijado su postura respecto de este tema. El miércoles, el Presidente de la República señaló que "ningún responsable de violaciones a los derechos humanos será parte de las Fuerzas Armadas o del gobierno".
Es esta una definición correcta, que pone el acento en las responsabilidades individuales de quienes cometieron abusos, marginándolos, como corresponde, del servicio militar activo y de la colaboración civil en la gestión del gobierno. Por supuesto, este criterio supone también su corolario lógico: que sólo deben ser alejados de sus puestos quienes estén procesados o condenados por este tipo de delitos.
Según datos entregados por el ministro de Defensa, cerca de una treintena de militares que aún se encuentran activos pasaron alguna vez por la CNI, cifra que corresponde al 3,5% de los 770 efectivos que alguna vez tuvieron esa destinación. No puede constituir una causal de despido el solo paso por algunas destinaciones sensibles durante la carrera castrense de un miembro de las Fuerzas Armadas, pues eso se aparta de los principios fundamentales que rigen la responsabilidad de las personas y la presunción básica de inocencia.
Por ello, el gobierno ha hecho bien en mantener en su puesto al general Guillermo Castro, jefe del Estado Mayor del Ejército, quien en 2008 declaró ante la justicia -en el marco de una investigación por la muerte de 22 personas fusiladas en 1973, en Paine- haber servido entre 1979 y 1982 en la CNI. Al no existir, como ha señalado el juez de la causa, antecedentes que justifiquen acusar al alto oficial de algún delito, lo que corresponde es que el Ejecutivo lo mantenga en su cargo, sin atender las exigencias que se han levantado en sentido contrario.
Llama la atención el momento escogido para solicitar el pase a retiro del general Castro. Como ha afirmado el ministro del Interior, el militar logró importantes ascensos y responsabilidades durante los tres últimos gobiernos de la Concertación, período durante el cual no se registraron reclamos contra él. Eso no es de extrañar, toda vez que, como ha reconocido el ex titular de Defensa Francisco Vidal, el criterio adoptado fue que no se despediría a un oficial por el solo hecho de haber pertenecido a la CNI, y que sólo en caso de existir un procesamiento de parte de la justicia se le separaría de sus funciones. Idéntico criterio ha explicitado el actual Ejecutivo, y por eso resultan extemporáneas las críticas que hoy se dirigen contra la opción seguida en el caso del general Castro.
Es posible, sin embargo, que estas voces se hayan levantado debido a la decisión del gobierno de marginar de sus cargos de asesores a oficiales en retiro que habían pasado por la CNI (en un caso, un general de brigada en retiro señala que la razón esgrimida para su alejamiento fue su parentesco con el ex jefe de la Dina). Aunque la situación de éstos es distinta y se relaciona con el deseo de enviar señales políticas perfectamente válidas, lo lógico sería que se aplicara con ellos el mismo criterio que se ha definido para el personal en servicio activo. En la medida en que no se acredite que hayan cometido abusos ni crímenes, parece arbitrario imputarles una responsabilidad que no les corresponde de acuerdo con los antecedentes disponibles.


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