De qué se acusa al ex apoderado de Madres

Schoklender está sospechado de lavado, mal manejo de fondos y amenazas; los denunciantes aseguraron que los procesos no prosperaron; las causas
Jueves 02 de junio de 2011

Por Maia Jastreblansky
De la Redacción de lanacion.com
mjastreblansky@lanacion.com.ar
@maiajastre


Desde lavado de dinero hasta malversación de fondos, amenazas y daños, las acusaciones que recaen sobre Sergio Schoklender derivaron, durante los años en los que se desempeñó como apoderado de Madres de Plaza de Mayo, en diversas denuncias judiciales.

Su abrupta salida de la entidad de Hebe de Bonafini reavivó las sospechas sobre los manejos de dinero público y el origen de su fortuna, que le permitiría comprarse "una Ferrari y un avión" según aseguró el propio Schoklender durante los últimos días. En diálogo con lanacion.com, los demandantes alertaron sobre la falta de evolución en las investigaciones.

Lavado de dinero. Una de las denuncias fue la que presentaron las legisladoras Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin Moro (de la Coalición Cívica) ante la Unidad de Información Financiera (UIF) en junio de 2010, tras recibir documentación, fotos y material para investigar a Schoklender por supuesto lavado de dinero. Se trata de dos operaciones de compraventa que dieron origen a las sospechas: una por doce lotes en José C. Paz por 95.000 dólares y otra por la compra de una casona a Jorge Alberto Grisolía, por 65 mil dólares.

Schoklender nunca completó el pago: por cada uno pagó 5000 dólares y firmó seis documentos para cancelar la deuda.

Quiroz especificó que la operación presentó diversas irregularidades. "En primer lugar, la compra que hizo Shoklender fue de y para una sociedad denominada Antártica S.A. No obstante no se probó ningún vínculo con la supuesta empresa, ni se pudo justificar el origen de los fondos. Además, resulta curioso que esa sociedad figura con el objeto de «venta de artículos para el hogar a base de kerosene »", apuntó Quiroz a lanacion.com.

La diputada señaló que también llamó la atención que el documento justificaba que el valor del terreno estaba afectado por la presencia de una villa de emergencia en las inmediaciones. "Cuando nosotros nos acercamos al lugar no advertimos ningún asentamiento", agregó la legisladora.

Quiroz añadió que desde que la denuncia fue presentada en la UIF, se dirigió en reiteradas oportunidades al organismo de control pero no obtuvo respuesta sobre la evolución de la investigación. "«No tenemos información», fue lo que nos respondieron una y otra vez cuando les preguntamos y les repreguntamos", señaló.

En medio del escándalo y casi un año después de que fuera radicada, la UIF ayer remitió la denuncia al Ministerio Público Fiscal quien deberá analizar los datos para evaluar si corresponde hacer una denuncia penal en la Justicia.