DE CHILE INFORMA EDICIÓN Nº 786
Escribe Teresa Marinovic, Licenciada en Filosofía
No tienen derecho a voto. No pueden celebrar un contrato. No
son jurídicamente responsables de lo que hacen. Son menores
de edad. Menores que pueden hacer rodar la cabeza de un
ministro, sugerir cambios a la Constitución y proponer ideas
como que los dirigentes vecinales se hagan cargo del
Gobierno. Son los secundarios.
No han terminado sus carreras; las congelaron para dedicar su
tiempo de estudio al activismo político. No son alumnos de
excelencia. No tienen experiencia y mucho menos ciencia en
materia de educación, pero la exigen gratuita y de calidad. No
saben de economía pero quieren nacionalizar el cobre y tienen
certezas al momento de explicar cómo se financia lo que piden.
Son los universitarios.
No son interlocutores válidos. O al menos no lo son para nada
que trascienda el ámbito del diagnóstico, porque detectar un
problema no es lo mismo que poder darle solución.
Cordialmente se les agradece, por tanto, la contribución que
han hecho al debate. Si no fuera por ellos, el tema de la
educación no estaría en el primer lugar de la agenda. Y si no
fuera por ellos, los políticos no le habrían dado prioridad al
asunto. Se les agradece su aporte, pero se les invita a tomar
palco para oír ahora a los que algo saben de la materia.
Porque si los estudiantes insisten en querer ser protagonistas
de la noticia, harán evidente que en Chile la educación no
alcanza ni siquiera el primero de sus objetivos: el de hacer
consciente al que la recibe de todo lo que ignora. Y si se
obstinan en ser ellos los que ponen los términos del debate,
será imposible salir de la falsa dicotomía en la que han
planteado la discusión.
Porque la cuestión no se decide, como creen ellos, entre lo
público y lo privado. Y no se decide porque ni lo uno ni lo otro
asegura la calidad. La UTEM es una universidad pública y la
Miguel de Cervantes, una privada. Ninguna de las dos, creo,
lidera el ranking de la excelencia. La Chile y la Católica, en
cambio, ocupan los primeros puestos en ese escalafón y no
pertenecen a la misma categoría.
¿Sobre la base de qué evidencia fáctica los estudiantes
insisten en asociar lo público a lo de calidad? Sobre la base de
un prejuicio antiguo, refutado por la historia y por los datos. El
Estado, sea que se piense en el modelo cubano o en el
europeo, no ofrece las bondades que la izquierda le atribuye,
porque o lo hace abiertamente mal o parece que lo hace bien
pero de una forma que es insustentable. No es claro entonces
que todo el esfuerzo fiscal deba orientarse a lo público, como
no es claro que la formación de ciudadanos esté mejor
garantizada ahí que en instituciones de índole privada.
O quizá ¡y sólo quizá! lo que han querido decir es que la mejor
educación no es nunca la que tiene fines de lucro. Pero si han
querido decirlo, no han sido capaces de saber cómo y mucho
menos de explicar por qué.
La educación universitaria, es cierto, no puede ser de primera
calidad si lo que la mueve es el lucro. Y esto por una razón muy
simple: porque si es excelente, es un pésimo negocio. Tener
profesores de jornada completa y tenerlos más de la mitad de
su tiempo estudiando en una biblioteca para escribir unos
papeles que nadie paga y pocos leen, definitivamente no es
rentable. No es rentable, pero es requisito sine qua non de una
educación universitaria de calidad. De ahí que las mejores
universidades sean siempre aquellas que se inspiran en
principios que trascienden el lucro. Y este tema, insisto,
atraviesa tanto lo público como lo privado.
Que la mejor educación no sea la que tiene fines de lucro no
significa, en todo caso, que erradicar el lucro de la educación
sea una buena idea. Las universidades privadas han
contribuido también a la movilidad social, porque en materia de
educación es mejor algo que nada. Y esa es ya una razón
suficiente como para promoverlas.
Erradicar el lucro no es la solución. Trasparentarlo sí. Sólo de
esa forma las instituciones que lo tengan como fin estarán
obligadas a exhibir si no excelentes resultados, al menos
aceptables. Y si bien se les permitirá hacer de la educación un
negocio, se impedirá que hagan de ella un negociado.
Las categorías de público-privado no resuelven el problema de
la educación. De la misma forma que la gratuidad tampoco
consigue la equidad. Porque lo que mantiene la brecha entre
ricos y pobres no es la PSU ni los aranceles de las
universidades, sino el abismo que hay entre unos y otros a los
18 años, abismo que a esas alturas ya es insalvable.
Que los estudiantes guarden silencio y que los expertos, por
favor, tomen la palabra, porque se trata de un tema de interés.
jueves, 18 de agosto de 2011
ESTUDIANTES: TOMEN ASIENTO Y OIGAN
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