Amigos
Desde hace tiempo, desde el MUNA, vengo cacareando ¨que viene el lobo", con poco éxito por cierto. Las actuales generaciones de ministros y parlamentarios, por su edad y el silencio de los buenos, nunca supieron de la reunión de la izquierda en Chantilly en los 80´s, no precisamente para hacer crema.Si leen a C.Warnken y su apología de la Vallejos en el Mercurio de hoy, verán que se tragó a Gramsci con parka y botas.Lo grave de la situación actual, es que no existen corrientes ideológicas que se opongan al discurso neomarxista, como las hubo antaño, incluso con la DC.Por tanto,la aparente sinrazón de la actitud no dialogante de los estudiantes no pareciera tener lógica.Sin embargo,si se toman el tiempo para leer este documento, dejarán toda ingenuidad, pues comprobarán de dónde sale la plata para mantener movimientos, lienzos , viajes a Montevideo, etc y que el claro propósito, no de los jóvenes por cierto, es desestabilizar al gobierno ¨derechamente¨.Así también, verán el papel que cumplen las organizaciones de DDHH en nuestro vecindario americano,el de los abogados delMinisterio del Interior, de los de la Universidad Diego Portales, etc.como agentes de neutralización de las FFAA, fundamentales para el logro de la Gran Revolución Bolivariana, que es el norte del Foro de Sao Paulo.
Cuando presidí a los Almirantes en Retiro, oficié nuestra inquietud por la posible supresión del Consejo de Seguridad Nacional, que era la válvula de escape que ideó el gobierno militar para impedir otra crisis institucional como la del 70 o denunciar planes como éste.De nada sirvió.El Consejo se suprimió igual y además se nos llamó la atención.Ahora han visto ustedes la débil convocatoria del Presidente, que no pone de acuerdo ni siquiera a sus partidos.En fin, lean y después me dicen si estoy equivocado y si las 13 toneladas de armas de Carrizal que tiene a su disposición el Sr. Teillier son o no " por si las moscas" de Corvalán.
Saludos
Juan Carlos Toledo de la Maza
El plan del
FORO DE SÃO PAULO
para destruir las
FUERZAS ARMADAS
Compilación elaborada por la Unión de Organizaciones
Democráticas de América - UnoAmérica
Septiembre de 2009
Índice
Introducción
1. ¿Qué es el Foro de São Paulo?
2. ¿Por qué el Foro de São Paulo quiere destruir las Fuerzas
Armadas?
3. El desmantelamiento de las Fuerzas Armadas en Argentina
4. El desgaste axiológico de las Fuerzas Armadas en Bolivia
5. El Foro de São Paulo afecta a Colombia
6. Perú: La Guerra Jurídica contra las Fuerzas Armadas
7. El Foro de São Paulo y el desmantelamiento de las FF.AA.
en Uruguay
8. El Socialismo del Siglo XXI contra las Fuerzas Armadas en
Venezuela
Conclusión
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El plan del
FORO DE SÃO PAULO
para destruir las
FUERZAS ARMADAS
Compilación elaborada por la Unión de Organizaciones
Democráticas de América - UnoAmérica
Septiembre de 2009
Índice
Introducción
1. ¿Qué es el Foro de São Paulo?
2. ¿Por qué el Foro de São Paulo quiere destruir las Fuerzas
Armadas?
3. El desmantelamiento de las Fuerzas Armadas en Argentina
4. El desgaste axiológico de las Fuerzas Armadas en Bolivia
5. El Foro de São Paulo afecta a Colombia
6. Perú: La Guerra Jurídica contra las Fuerzas Armadas
7. El Foro de São Paulo y el desmantelamiento de las FF.AA.
en Uruguay
8. El Socialismo del Siglo XXI contra las Fuerzas Armadas en
Venezuela
Conclusión
2
3
Introducción
Las Fuerzas Armadas latinoamericanas son objeto de un
ataque sin precedentes. La ofensiva se realiza en todas las naciones
-aunque con métodos diferentes- para lograr un mismo
fin: la destrucción definitiva de las instituciones armadas.
En Bolivia, Ecuador y Venezuela, las transforman, cambiándoles
la identidad, sustituyendo la doctrina tradicional por
nuevos conceptos emanados del Socialismo del Siglo XXI. El
caso más emblemático es el de Venezuela, donde obligan a los
militares a gritar “Patria, Socialismo oMuerte”. El objetivo final
es convertir a estas Fuerzas Armadas en guardias pretorianas
al servicio de los regímenes socialistas.
En Argentina, Chile y Uruguay, enjuician a los militares
que combatieron la subversión armada, derogando las leyes de
amnistía y obediencia debida, y aplicando retroactiva e ilegalmente
los efectos de dicha derogación. En la mayoría de los
casos, se trata de juicios políticos, precedidos de una propaganda
feroz, donde no se presentan pruebas, ni argumentos
válidos.
Ciertamente, algunos militares cometieron excesos; pero
el objetivo de estas acciones no es hacer justicia, sino cobrar
venganza y acabar con las instituciones castrenses. Porque si
buscasen justicia, también condenarían a los terroristas de
izquierda, que cometieron delitos de lesa humanidad, al colocar
bombas, realizar atentados y asesinar víctimas inocentes.
Invariablemente, se criminaliza sólo al sector castrense,
mientras que los terroristas del pasado siguen indemnes y, en
muchos casos, ostentando altos cargos.
En Colombia, donde el gobierno trabaja hombro a hombro
con las Fuerzas Militares, las ONGs de izquierda, financiadas
desde el exterior, hacen de las suyas, acusando
injustamente a héroes militares, para minar la moral de la Institución.
La teoría de los “falsos positivos”, inventada por la
izquierda, está haciendo estragos en Colombia, al convertir a
muchos terroristas y narcotraficantes, en supuestas “víctimas”
del sector castrense.
El hecho de que la ofensiva exista de manera casi idéntica
en naciones con gobiernos de diferente ideología, demuestra
que se trata de una estrategia supranacional, orquestada
desde fuera de nuestros propios países.
El compendio que publicamos a continuación, servirá
para conocer mejor los detalles de esta estrategia y para diseñar
mecanismos de defensa que la contrarresten.
Soplan vientos de cambio
Durante la década de los ochenta y noventa, casi todos
los partidos tradicionales latinoamericanos perdieron su razón
de ser, por no contar con un proyecto de nación y, sobre todo,
por no haber solucionado el problema más grave de la región,
el de la pobreza.
Como consecuencia, en al menos quince países fueron
objeto de un voto castigo generalizado, que los desalojó del
4
5
poder y lo entregó a manos de los partidos pertenecientes al
Foro de São Paulo (FSP).
Sin embargo, luego de años gobernando, los integrantes
del FSP tampoco han resuelto los problemas más acuciantes de
nuestras naciones; por el contrario, en algunos casos los han
agravado, porque -en lugar de gobernar para los más pobres,
como habían prometido- se dedicaron a promover un proyecto
absurdo y fracasado, basado en el Socialismo del Siglo XXI.
Por este motivo, los pueblos latinoamericanos también se
desilusionaron de los gobernantes izquierdistas, y buscan la
manera de apartarlos del poder.
En algunos casos, la transición será pacífica, siguiendo
los caminos democráticos e institucionales, como ya ocurrió en
Panamá, con el triunfo de RicardoMartinelli; y como se espera
ocurra pronto en otras naciones, como por ejemplo en Chile y
Uruguay.
Sin embargo, en otros países -entre ellos los
pertenecientes al ALBA: Bolivia, Ecuador, Nicaragua y
Venezuela- el cambio será traumático, puesto que sus gobernantes
no pretenden reconocer los verdaderos resultados electorales,
ni están dispuestos a abandonar el poder por ningún
motivo. De hecho, ya Chávez y Ortega han cometido fraudes
electorales, y sin duda seguirán cometiéndolos en el futuro.
En estas naciones, se presentarán crisis político-militares,
muy parecidas a la que experimentó Honduras, cuando Zelaya
-también miembro del ALBA- quiso unilateralmente modificar
la Constitución para perpetuarse en el poder. Obligados
a defender la vigencia de la Carta Magna, el Congreso y la
Corte Suprema de Justicia, tuvieron que destituir legalmente
al mandatario y ordenar a los militares hacer cumplir la decisión.
Durante los próximos meses -sin proponérselo- las
Fuerzas Armadas de al menos cinco países se verán arrastradas
hacia conflictos no deseados. Se verán forzadas a tomar una decisión
moral, como ocurrió con los militares hondureños. ¿A
quién obedecerán? ¿Al presidente de turno? ¿O al mandato
constitucional de defender la democracia y las libertades?
Dado que el sector castrense está obligado a prevenir
posibles conflictos y a prepararse adecuadamente para enfrentarlos
con éxito, sería contrario a su propia naturaleza no
considerar realidades evidentes y palpables, como las que se
avecinan en el horizonte.
Es por eso que UnoAmérica ha decidido publicar un
compendio que ofrezca a los integrantes de las Fuerzas Armadas
latinoamericanas un panorama general de la situación castrense;
y así contar con suficientes elementos de juicio que les
permita defender su institución y cumplir con la delicada misión
que su patria les ha encomendado.
Alejandro Peña Esclusa
Presidente de UnoAmérica
www.unoamerica.org
6
7
1.
¿Qué es el Foro de São Paulo?
El 3 de julio de 2009 se cumplieron diecinueve años de
la fundación de una organización política denominada el Foro
de São Paulo (FSP), que agrupa a casi todas las izquierdas de
Iberoamérica, incluyendo a los movimientos guerrilleros armados.
Se llamó así porque su primera reunión se llevó a cabo en
esa ciudad brasileña.
El FSP fue convocado por el Partido de los Trabajadores
(PT) de Brasil y el Partido Comunista de Cuba, con el fin de redefinir
los objetivos y las actividades de la izquierda, luego de
la caída del muro de Berlín y el derrumbe del comunismo en
la ex Unión Soviética.
A la convocatoria acudieron originalmente sesenta y
ocho fuerzas políticas pertenecientes a veintidós países latinoamericanos
y caribeños. Pero desde su primera reunión el
FSP ha crecido notablemente.
En el VI Encuentro, realizado en 1996 en la ciudad de
San Salvador, estuvieron presentes ciento ochenta y siete delegados
pertenecientes a cincuenta y dos organizaciones miembros;
ciento cuarenta y cuatro organizaciones invitadas
representadas por doscientos ochenta y nueve participantes; y
cuarenta y cuatro observadores integrantes de treinta y cinco organizaciones
de América, África, Asia y Europa.
El Foro de São Paulo no posee una sede conocida, pero
desde su creación ha sostenido quince encuentros en ciudades
distintas, aproximadamente uno cada año: São Paulo (1990),
Ciudad deMéxico (1991),Managua (1992), La Habana (1993),
Montevideo (1995), San Salvador (1996), Porto Alegre (1997),
Ciudad deMéxico (1998),Managua (2000), La Habana (2001),
Antigua-Guatemala (2002), São Paulo (2005), San Salvador
(2007), Montevideo (2008) y Ciudad de México (2009).
Entre las organizaciones miembros se encuentran: El
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), el Polo Democrático Alternativo
de Colombia, el Partido de los Trabajadores (PT) de
Brasil, el Frente Amplio de Uruguay, el Partido Socialista de
Chile, la Izquierda Unida del Perú, elMovimiento Bolivia Libre
y el Movimiento al Socialismo de Bolivia, el Partido Socialista
Ecuatoriano, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México, el
Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) de
El Salvador, el Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) de Nicaragua, la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG), el Partido Revolucionario
Democrático de Panamá, el Movimiento Lavalas de Haití, y
todos los partidos comunistas de la región, incluyendo -por
supuesto- el de Cuba.
Los presidentes iberoamericanos que forman parte del
Foro de São Paulo son: Lula da Silva, Raúl Castro, Hugo
Chávez, Tabaré Vásquez, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel
Ortega, Mauricio Funes, Leonel Fernández y René Preval.
8
9
Cristina Kirchner, Michelle Bachelet y Fernando Lugo, no
pertenecen formalmente al FSP, pero sí algunos de los partidos
que las respaldan.
El FSP alega que "no es ni pretende ser una nueva internacional,
ni una estructura orgánica que impone condicionamientos a
quienes participan, ni un transmisor de unanimidades" 1. Pero si bien
es cierto que no existe unanimidad total dentro de sus miembros
-como tampoco la hay en ninguna otra organización
política- de hecho funciona como una internacional y tiene una
estructura orgánica bien orquestada. Posee un modo permanente
de comunicación, un sistema de coordinación y centralización
de sus actividades, una revista propia denominada
América Libre y, lo que es más importante, un objetivo común
claramente definido: la toma del poder en Iberoamérica.
Los integrantes del Foro de São Paulo no presentan
propuestas concretas para resolver los problemas de la región;
y en la práctica no los han solucionado cuando han llegado al
poder. Su único discurso consiste en criticar el orden existente:
la globalización, el neoliberalismo, el libre comercio, el imperialismo
y los partidos políticos tradicionales.
Armados de estadísticas, los miembros del FSP hablan
constantemente del fracaso del capitalismo moderno:
Mientras en 1960 el 20 por ciento más rico de la
población mundial disponía de un ingreso 30 veces mayor
que el del 20 por ciento más pobre, hoy esa relación es de ¡82
a uno! Existen actualmente 358 personas, las más ricas del
mundo, cuyo ingreso anual es superior al ingreso del 45 por
ciento de los habitantes más pobres, o sea, 2.600 millones de
personas... 30 millones de personas mueren por hambre cada
año y más de 800 millones están subalimentadas. 2
Argumentan que tales contradicciones no podrán
sostenerse y que, más pronto que tarde, el modelo neoliberal se
derrumbará, dando así una oportunidad para el resurgimiento
del comunismo o de alguna de sus variantes.
La ola de triunfalismo neoliberal, que, al son de
trompetas y estimulada por la caída del muro de Berlín, pretendió
pasar por encima de todo, debe vencer ahora resistencias
cada vez más fuertes. Hay un amplio y creciente rechazo
social a una globalización concebida como pillaje planetario...
Este orden mundial que está destruyendo el planeta nos pone
de cara a nuevos estallidos sociales. 3
En efecto, los integrantes del FSP aprovechan los estallidos
sociales para crecer y fortalecerse, aplicando nuevas y variadas
formas de lucha.
El FSP opina que la izquierda debe coordinar y centralizar
las reacciones contra el neoliberalismo, provengan o no
de sus propias filas, y captar las organizaciones populares que
surjan como respuesta a las injusticias provenientes del modelo
capitalista moderno: desde grupos pequeños que se forman
para resolver un problema concreto, como la construcción de
una escuela, hasta los movimientos más amplios que luchan
por los derechos de la mujer, la preservación del medio ambiente,
la defensa de los derechos de los indígenas, etcétera.
10
11
Claro está, muchas de estas “organizaciones populares” no son
tales, sino simples oportunistas buscando el beneficio propio,
esgrimiendo como justificación su pretendida lucha contra las
“injusticias provenientes del capitalismo”.
Este reagrupamiento de carácter flexible les ha permitido
crecer rápidamente. Según sus dirigentes, en su seno existen:
Fuerzas de izquierda de los más diversos orígenes,
algunas con ocho décadas de historia y otras creadas recientemente;
marxistas y no marxistas; de inspiración social cristiana
-algunas de las cuales identificadas con la Teología de
la Liberación-, grupos nacionalistas o de raíz anarquista; sectores
desprendidos de viejos partidos históricos, liberales, socialdemócratas
o demócrata cristianos; organizaciones con
dilatadas trayectorias dentro del sistema político legal de sus
respectivos países, otras obligadas a extensos recorridos por
los caminos de la clandestinidad, entre ellas varias que en determinados
períodos han transitado por la vía armada. 4
Después de diecinueve años de existencia, hay suficientes
elementos para juzgar las actuaciones del FSP. Ya no
puede alegar que se trata de un foro de discusión y de disquisiciones
teóricas, puesto que muchos de sus miembros ejercen
funciones importantes de gobierno. Desde su fundación, el
Foro de São Paulo ha estado signado por una serie de contradicciones,
las cuales se han profundizado con el tiempo.
El Foro de São Paulo hace de la democracia un baluarte,
pero a la vez defiende la revolución comunista cubana, rechazada
en el mundo entero por ser una dictadura implacable, que
ha asesinado y encarcelado a decenas de miles de opositores, y
cercenado sin ninguna contemplación la libertad y la libre expresión
de sus ciudadanos.
El FSP se opone verbalmente al terrorismo y la violencia,
pero dentro de sus filas existen grupos guerrilleros, como las
FARC y el ELN, que practican diariamente el terrorismo y la
violencia. Igualmente condenan el narcotráfico, pero existen
pruebas irrefutables de la vinculación de algunas de sus organizaciones
con la producción y comercialización de narcóticos,
siendo los más conspicuos los movimientos guerrilleros colombianos.
No todos los del FSP se identifican con la lucha armada
y con los procedimientos ilegales que utilizan los grupos más
radicales del Foro. Sin embargo, en lugar de desvincularse de
ellos y denunciarlos públicamente, se sientan en la misma mesa
y comparten una misma estrategia de acción, lo cual demuestra
la carencia de principios sólidos y el pragmatismo que los
mueve, idéntico al de los grupos políticos tradicionales que
dicen combatir.
El Foro rechaza la corrupción, pero cuando sus miembros
llegan al poder, no la combaten, sino que la acrecientan,
como ocurre en Venezuela, donde se evidencia el enriquecimiento
personal de los funcionarios públicos y el financiamiento
ilegal para sus planes de expansión continental.
Muchos dirigentes del Foro de São Paulo se presentan como antiimperialistas,
pero luego subordinan el interés de su patria a
los del castro-comunismo.
12
13
La principal bandera que enarbola el Foro de São Paulo
es la lucha contra el neoliberalismo, alegando que con ese modelo
“las elites pueden acumular más riquezas a expensas del
crecimiento de la pobreza” 5, y asegura que esa organización es
la alternativa popular y democrática al neolibera-lismo; pero
después de 50 años de gobierno, el régimen cubano ha creado
su propia elite, rodeada de privilegios, mientras que el resto de
los cubanos vive en la más absoluta miseria.
Tantas contradicciones demuestran que el principal objetivo
de los miembros del Foro de São Paulo es mantenerse
en el poder, no para resolver los problemas de los marginados,
cuya representación exclusiva se atribuyen, sino para usufructuarlo
ellos. Irónicamente, los más perjudicados son los pobres
que, aparte de sufrir un nuevo desengaño, continúan experimentando
las penurias del subdesarrollo, pero en grado aún
mayor, porque además pierden la libertad.
NOTAS
Este capítulo es un extracto actualizado del libro El Foro de São Paulo contra
Álvaro Uribe (2008), Peña, A. Ediciones Fuerza Productiva. Caracas.
1 Baráibar, C. y Bayardi, J. “El Foro de San Pablo ¿Qué es y cuál es su historia?”
(23, agosto, 2000). Disponible en http://www.analitica.com/va/internacionales/
noticias/7026753.asp.
2 “Radiografía del Foro de São Paulo” (julio, 2000). Cita tomada del Documento
que sirvió de base al IX Encuentro del Foro de São Paulo, realizado
en Managua en febrero de 2000. Disponible en http://www.fuerzasolidaria.
org/WebFS/FuerzaProductiva/RadiografiaFSP.html
3 Ibíd.
4 El Foro de San Pablo ¿Qué es y cuál es su historia?. Ibíd.
5 Radiografía del Foro de São Paulo. Ibíd.
14
15
2.
¿Por qué el Foro de São Paulo quiere destruir
las Fuerzas Armadas?
La sección “Eventos” de la revista del Foro de São Paulo,
América Libre, contiene una transcripción de intervenciones
realizadas en mesas de trabajo, donde se discutió el rol de las
Fuerzas Armadas. Allí queda claramente plasmada la perversa
concepción que tienen los integrantes del FSP sobre las FF.AA.
latinoamericanas:
La mayoría de los ejércitos latinoamericanos han
sido diseñados, no como guardianes de la democracia, ni de
la soberanía nacional; todo lo contrario, han sido diseñados
por el capital internacional, precisamente para ahogar la verdadera
democracia y para ser policías del capital internacional.
1
Los integrantes del Foro de São Paulo consideran que
las Fuerzas Armadas son un instrumento de dominación de los
bloques dominantes:
El accionar de las FF.AA. no es nunca un accionar
autónomo, históricamente actúan en consonancia con los
bloques dominantes o hegemónicos. En todos los golpes de
Estado, las FF.AA. han sido los emergentes de relaciones de
poder que no podían llegar a establecerse de acuerdo a la legalidad
burguesa. Las oligarquías, cuando pierden su hegemonía,
actúan por el lado del golpe militar, basándose en la
doctrina de la seguridad nacional. 2
Según esta distorsionada opinión, se requiere de una
nueva concepción -un nuevo modelo- para las Fuerzas Armadas,
a fin de amoldarlas a los objetivos del socialismo. El
documento es explícito, en cuanto a la necesidad de controlar
las instituciones armadas para asegurar el poder de la izquierda
en la región:
El tema militar tiene que estar en la estrategia de
los revolucionarios para romper la dominación; porque, con
las diferencias que puedan haber en cada país, éste es uno de
los factores de poder fundamentales con el cual tiene que
lidiar un proceso revolucionario; ya que precisamente, en una
revolución, su principal problema es el del poder, de alcanzar
el poder; y éste es uno de los baluartes del poder. 3
De estas definiciones se desprende que las Fuerzas Armadas
latinoamericanas -tal como están concebidas en la actualidad-
deben ser destruidas, o transformadas en otro tipo de
instituciones, para que funjan como brazo armado de la revolución,
con el único objetivo de asegurar la permanencia en
el poder de los abanderados del socialismo.
Pero aparte de esta motivación, hay otra, aún más
preocupante y peligrosa.
Además de ser una corriente política, el Foro de São
Paulo es una mafia criminal, que sirve de vaso comunicante
16
17
para los llamados “imperios transversales”, como lo son el narcotráfico,
el terrorismo y el tráfico de armas.
Se les denomina imperios, por el enorme poder que ostentan
y por las multimillonarias cantidades de dinero que
manejan; y se les llama transversales, porque no pertenecen específicamente
a un territorio, sino que se comunican, desplazan
y movilizan a lo largo y ancho del globo, prácticamente
sin ninguna limitación.
Aun así, los imperios transversales necesitan de espacios
determinados en los cuales materializar dichos negocios, y los
integrantes del Foro de Sao Paulo se los proporcionan, generándose
así una simbiosis del mal, en la que todos los participantes
obtienen un importante rédito.
Todos los integrantes del Foro de São Paulo -apelando a
la máxima: el fin justifica los medios- son, en el mejor de los
casos, permisivos con los imperios transversales del crimen; y en
el peor de los casos, se transforman en uno de ellos. El ejemplo
más evidente lo constituyen las FARC, que dejaron de ser una
simple guerrilla con fines políticos, para convertirse en el más
poderoso cartel de la cocaína.
La información contenida en los computadores y dispositivos
electrónicos incautados a alias Raúl Reyes, durante la
Operación Fénix, demuestra la relación que existe entre las
FARC y los dirigentes políticos de toda América Latina que
pertenecen al FSP.
La revista América Libre no esconde su rechazo a que
los militares luchen contra el narcotráfico y el terrorismo; por
el contrario, opina que el combate contra el narcoterrorismo es
una mera excusa para golpear la revolución:
El imperialismo, una vez que ya no tenía a mano la
justificación de la doctrina de la seguridad nacional, ni el anticomunismo,
ha inventado nuevas funciones para las FF.AA.
para golpear a la fuerza revolucionaria: el narcotráfico y ahora
el terrorismo. Son vehículos que han sustituido al anticomunismo.
4
Estas dos motivaciones -transformar a los militares en
brazo armado del socialismo, y neutralizar la lucha contra el
narcotráfico y el terrorismo- son de carácter supranacional. Eso
explica que las Fuerzas Armadas estén siendo atacadas de manera
casi idéntica en toda la región, pese a las diferencias
ideológicas que existen entre los distintos gobiernos latinoamericanos.
Como se explica más adelante, el Foro de São Paulo no
es la única organización que pretende desmantelar las Fuerzas
Armadas, hay otras (enquistadas no sólo en América Latina,
sino en Estados Unidos y Europa) que también quieren hacerlo;
sin embargo, hemos colocado el énfasis en el FSP porque,
en este momento, constituye la amenaza más inmediata a la integridad
de las FF.AA.
En los seis capítulos que siguen a continuación, presentados
en orden alfabético -Argentina, Bolivia, Colombia, Perú,
Uruguay y Venezuela- el lector podrá conocer los métodos que
se utilizan en cada país para desmantelar a las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, también podrá detectar claras semejazas, que revelan
un objetivo común y un hilo conductor.
18
19
Cada capítulo fue escrito por un equipo diferente,
perteneciente a cada uno de los países referidos. La mayoría
está conformado por militares retirados; pero en algunos casos
también participaron civiles conocedores del tema militar. De
allí los diferentes estilos de presentación y redacción.
Esta obra está concebida como un primer aporte, sujeto
a ser mejorado y ampliado, para incluir los capítulos correspondientes
a Brasil, Chile, Ecuador y otras naciones. Esperamos
sinceramente que analistas de otros países decidan incorporarse
al esfuerzo de develar el complot que existe para
aniquilar a las Fuerzas Armadas de América Latina.
NOTAS
1Revista América Libre. Disponible en:
http://www.nodo50.org/americalibre/eventos/mesaffaa0903.htm
2 Ibíd
3 Ibíd
4 Ibíd
3.
El desmantelamiento de las FuerzasArmadas
en Argentina
Colaboración del Centro de Estudios Históricos Verdad y Equidad
para ser Nación
1. Introducción
Referencia histórica sobre la “guerra revolucionaria” en nuestro
país
En 1959 durante la presidencia constitucional del Dr.
Arturo Frondizi se detectó y neutralizó un grupo que intentaba
iniciar una guerrilla rural en Tucumán bajo el nombre de “Uturuncos”.
En 1963, con otro presidente constitucional, el Dr.
Arturo Illía, recaló en el país el “Ejército Guerrillero del
Pueblo” encabezado por el “Comandante Segundo” -Jorge O.
Massetti- mediante una invasión desde territorio boliviano a la
provincia de Salta. El grupo, enviado por el Che Guevara, estaba
compuesto por 50 argentinos y extranjeros, entre los que
resaltaban miembros del ejército cubano. La actividad preparatoria
en la zona de Orán comenzó en junio de ese año y para
marzo del año siguiente -1964- ya había sido desbaratada por la
Gendarmería Nacional: muertos, desaparecidos, presos o evadidos,
marcaron el fracaso de este primer intento cubano de
20
21
intervención militar en nuestro país.
En la Tricontinental de la Habana (1966) y en la Organización
Latinoamericana de Solidaridad (OLAS 1967) fue
cuando Cuba multiplicó la formación político-ideológica y militar
de sudamericanos, bajo la consigna de “hacer la revolución
mediante la lucha armada”, para lo cual instó a todos los países
del subcontinente a organizar Ejércitos de Liberación Nacional
para acompañar al Che en su intento insurreccional en Bolivia,
donde halló su muerte.
Después de la muerte de Guevara la violencia se expandió:
movimientos insurreccionales en las principales ciudades
de nuestro país, magnicidios e incremento sustancial de
aparentes delitos comunes (asaltos, robos, secuestros) que
brindaron los fondos para dotar a las tres organizaciones
político-militares que nacieron en 1970: Montoneros, Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR) y Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP). Las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), cuyo
nombre intentaba ocultar la ideología marxista de gran parte de
sus integrantes, las precedían desde 1964 y estaban en el ápice
de su desarrollo.
Desde entonces y sin importar el tipo de gobierno (jure
o facto) en ningún momento detuvieron las acciones subversivas
y mantuvieron inalterable su objetivo de tomar el poder
para instaurar un sistema socialista, previa destrucción de las
instituciones vigentes. El conjunto de acciones subversivas durante
el decenio 1969-1979 determinó un promedio de seis hechos
diarios de esas características, pero el índice se eleva a 10
hechos diarios si se considera el trienio 1973-74 y 75. Debe
aclararse que este significativo aumento fue una consecuencia
directa e inmediata del decreto del presidente Cámpora, del
25 de Mayo de 1973 y la consecuente ley de amnistía a los dos
días posteriores, por la que irresponsablemente se liberaron
alrededor de 2000 subversivos condenados y procesados sin exigirles
renuncia previa a la acción armada y entrega de su armamento.
Hasta esa fecha en la Argentina se había luchado contra
la subversión terrorista con la ley en la mano, gracias al trabajo
de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, una
institución pionera en el mundo para contrarrestar judicialmente
al terrorismo, que fue ideada por el Ministro de Justicia
del general Lanusse, Jaime Perriaux, en 1971.
En 1975, dado el caótico estado imperante en el país, la
Presidente Constitucional ordenó a las FF.AA. hacerse cargo e
iniciar operaciones tendientes a aniquilar la subversión. A partir
de esa decisión las organizaciones terroristas fueron objeto
de un asedio incesante, tanto en el ámbito rural como en el
medio urbano y comenzaron a sufrir crecientes bajas que los
indujeron a introducir cambios en la estrategia mantenida
hasta ese momento.
Un año antes había nacido la estructura dependiente
del ERP “Solidaridad Internacional” (o “Cuarto Pilar”) mediante
el establecimiento de contactos con organizaciones similares
de Europa y Asia, y el inicio de las denuncias por violaciones
a los derechos humanos ante organismos
internacionales encargados de la defensa de los mismos, a
través de decenas de Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) de siglas variadas que se fueron constituyendo, básica-
22
23
mente con exiliados argentinos.
El éxito obtenido por la sociedad argentina contra la subversión
terrorista comenzó a ser desacreditado por esa campaña
contra el gobierno de facto que regía al país, comparándolo con
los regímenes nazi o fascista donde se habían comprobado
genocidios (los de la URSS no se mencionaban). La propaganda
repicaba las muletillas consabidas: “jóvenes idealistas que
eran eliminados por disentir” con militares totalitarios que
habían asaltado el poder constitucional “para imponer un sistema
económico contrario a los intereses po-pulares”. Pese a lo
burdo de la propuesta y a la flagrante omisión de los objetivos
y crímenes cometidos por las organizaciones terroristas, la Argentina
comenzó a ser objeto de una presión internacional tendiente
a frenar su acción contra aquéllas.
En 1982 la Argentina fue derrotada por Gran Bretaña
(con ayuda de la OTAN ) en la guerra iniciada por la recuperación
de sus islas Malvinas. Pese al apoyo casi unánime de
los países del subcontinente (exceptuados Chile y Colombia),
el aislamiento a nivel internacional fue muy profundo e influyó
de manera terminante en la finalización del gobierno del Proceso
Militar. En este cuadro de situación tan desfavo-rable, las
FFAA argentinas entregaron el gobierno al presidente electo,
Dr. Raúl R. Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, y comenzaron
a sufrir los embates de otro tipo de guerra, más sutil pero
no por ello menos destructiva: La Guerra Cultural.
La guerra cultural toma vuelo en Argentina
Es oportuno recrear este concepto como: el enfrentamiento
en el ámbito de una nación para imponer una
concepción contraria a los principios trascendentes que
sostiene, mediante una alteración del “sentido común” (entendido
este último como el común sentir de la gente ante determinados
hechos que históricamente deben prevalecer en los
integrantes de una sociedad). Según la concepción de Gramsci
y en abierta oposición a la teoría leninista que requiere de la
conquista plena del Estado para imponer al mar-xismo, es imprescindible
ganar al pueblo destruyendo sus valores y tradiciones,
sustituyendo su cultura por una nueva forma de pensar,
actuar y ver la vida.
De allí la importancia que Gramsci asignaba a los intelectuales
frente al conjunto de la sociedad para alcanzar la
toma del poder político, y la gravitación que en tal sentido
poseen los medios de comunicación en la sociedad moderna,
como multiplicadores de las ideas propugnadas por aquéllos,
para imponer ese “sentido común” -horizontal y homogéneoque
permita asimilar a la sociedad política. Es fundamental
comprender el concepto de materialismo que sustenta
Gramsci como un rechazo visceral por la cosmovisión religiosa
de la existencia, de la trascendencia, del más allá. Por eso su intención
de desacralizar y su odio manifiesto a las religiones, la
católica en particular.
Con esta suerte de “estrategia indirecta” Gramsci logró
imponer, a través de sus conceptos, un euro-comunismo en
24
25
aquellos países latinos en los cuales los escritos de Marx o la
praxis de Lenin habían resultado ineficaces.
De lo sintéticamente expuesto surgen en forma natural
los objetivos perseguidos por la guerra cultural:
• Desacralizar, desprestigiar y ridiculizar a las religiones.
• Modificar a la familia tradicional mediante creciente
injerencia estatal.
• Infiltrar y corromper el sistema educativo.
• Desprestigiar y minimizar el rol de las FF.AA.
• Imponer modelos y valores afines a su concepción mediante
el control de los medios de comunicación social y
expresiones culturales y artísticas.
Nótese como a partir de 1983 -en ese escenario que calificamos
como desfavorable para las FF.AA. Argentinas- se fue
avanzando sin pausa en la consecución de los 5 objetivos precedentes,
con la finalidad de constituir en el orden nacional un
cuadro de situación netamente propicio para la instalación de
un sistema de clara concepción marxista.
La “Guerra social”, el eslabón que faltaba
Como repetición agravada de turbulencias sociales ya
vividas en 1989,1994 y 1995, en diciembre del 2001 una serie
de manifestaciones populares -violentas y masivas- se
sucedieron en toda la República Argentina, con particular virulencia
en la Capital Federal y el cono urbano de la provincia
de Buenos Aires. En apariencia se trataba de “movimientos sociales
espontáneos y apolíticos”, integrados por decenas de
miles de personas cuya motivación principal consistía en llamar
la atención por la grave situación que afectaba económicamente
a un sector mayoritario de la población. La crisis explotó inicialmente
por el congelamiento de los depósitos bancarios de particulares
(“corralito”), dio por tierra con la presidencia de
Fernando de la Rúa e inició un período de inestabilidad
política y anarquía que dejó profundas secuelas.
Los métodos usados por los manifestantes fueron los
saqueos a comercios -en particular supermercados- destrozos e
incendios indiscriminados, ocupación de establecimientos,
cortes de calles y rutas de acceso a las principales ciudades por
parte de grupos de activistas, que desde entonces fueron caracterizados
como “piqueteros”. Es oportuno recordar que algo
más de un año atrás, en julio del 2000, se realizó el “Encuentro
Antiimperialista: Congreso Internacional de Movimientos Sociales”
en la Universidad de Manta (Ecuador). Allí se expresó
públicamente por primera vez que la estrategia para el continente
en la actual coyuntura latinoamericana era la “Guerra
Social”, versión actualizada de la clásica guerra insurreccional
de masas. Sin perjuicio de lo anterior se preveía dar apoyo a la
guerrilla colombiana y otros grupos similares.
Para materializar el concepto previo se decidió trabajar
promoviendo protestas sociales, sectoriales y sindicales. En la
primera etapa fueron elegidos Ecuador, Colombia y Perú; una
segunda instancia incluía a Brasil, México y la Argentina.
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27
Puede considerarse que las siguientes instituciones, organizaciones
o grupos de nuestro país están enrolados en alguna
medida en el desarrollo de la Guerra Social, ya sea por su pertenencia
al Foro de San Pablo, como a la activa participación en
acciones violentas del tipo expuesto. La mayoría de ellas emplea
la técnica de “ganar la calle” para ocupar espacios de poder a la
espera del momento oportuno para propinar el “puñetazo al
paralítico”: ONGs vinculadas con residuos de la guerrilla de
los 70: “Madres de Plaza Mayo”, “Abuelas”, “Hijos”; partidos
políticos de izquierda; movimientos feministas; sindicatos combativos;
comunidades de gay y lesbianas; sectores sociales deprimidos:
desocupados y jubilados; grupos promotores de
“Democracia Directa”: Asambleas barriales, “Barrios en
Lucha”; grupos carenciados: “Sin Tierra”, “Sin Techo; organizaciones
“ecologistas”; asociaciones indigenistas; organizaciones
estudiantiles; organizaciones de autogestión; comités de fábricas
ocupadas; grupos marginales violentos: “Barras bravas”.
A las entidades precitadas deben incorporarse todos
aquellos elementos que componen específicamente el
Movimiento Piquetero Nacional, entre los que pueden computarse
más de quince Movimientos, Agrupaciones, Frentes y
Federaciones liderados principalmente por partidos o entidades
de izquierda extrema, muchos de ellos dirigidos por funcionarios
vinculados con la gestión gubernamental.
Vale destacar que al asumir la presidencia Néstor Kirchner
en el 2003, el problema piquetero entró en progresión
geométrica, en gran parte por la anticonstitucional consigna
impuesta por la autoridad de “no judicializar las protestas sociales”,
como así también por la incorporación rentada por el
gobierno de ciertos grupos que ha utilizado como fuerzas de
choque o intimidación contra sectores disidentes u opositores.
2. Aplicación de las ideas de Gramsci yMarcuse antes
de la creación del FSP
En 1983, el gobierno militar de facto (1976-1983), como
se dijo, llamó a elecciones generales de acuerdo con lo establecido
en la Constitución Nacional.
Como consecuencia de las mismas resultó electo presidente
el doctor Raúl Ricardo Alfonsín 1 cuyo partido había expresado
que el objetivo respecto al sector militar era: “disminuir
de una vez y para siempre el papel político de las FF.AA. en el país”.
Esta declaración de contenido lógico y aceptado por los integrantes
de las mismas fuerzas por las experiencias históricas vividas,
tenía un acento político que iba a ir mucho más allá de su
significado literal y que terminarían afectando notablemente
la Defensa Nacional.
Como iremos viendo en el desarrollo de este documento,
a pesar que en esta época no existía aún una estructura
supranacional (Foro de San Pablo), en los círculos de izquierda
radicalizada y en especial en las universidades circulaban las
ideas de Gramsci y Marcusse como parámetros aptos para lograr
los objetivos de toma del poder dentro de nuestro país.
28
29
Los “Derechos Humanos” usados como estrategia
política para debilitar las FF.AA.
A los tres días de asumir Alfonsín dictó dos decretos
para enjuiciar: por un lado, a los miembros de las tres primeras
juntas militares; y por el otro, a un pequeño número de dirigentes
subversivos terroristas, dentro del cual llamaba la atención
que sólo uno de ellos pertenecía al PRT-ERP y todo el
resto aMontoneros. Por estos decretos -que daban por iniciado
el conflicto armado a partir del 24 de marzo de 1976-, cuando
era público y notorio que el conflicto había comenzado más
de una década antes, va a surgir la denominación de “teoría de
los dos demonios” (ver Google “Nuestra_historia_70” Boletín
105) como desfiguración del conflicto armado acaecido en
nuestro país, (terroristas contra militares) la que tenía un falso
doble mensaje a la opinión pública:
• “Los políticos no somos responsables” (ni de la guerra
ni de los muertos)
• “El gobierno es ecuánime al juzgar a ambos actores del
conflicto armado interno”.
Para ratificar la hipocresía del gobierno de Alfonsín, es
interesante transcribir algunos párrafos del libro “Memorias de
Gorriarán Merlo”, un terrorista asesino confeso. 2
Alfonsín en sus decretos no reconoció que en Argentina
hubo una guerra no convencional (“guerra revolucionaria”),
contradiciendo el espíritu de lo que expresara como defensor
de terroristas en 1972. Tampoco reconoció que las acciones terroristas
en su enfrentamiento con las instituciones del Estado
habían comenzado antes el 24 de marzo de 1976 (inicio del gobierno
militar de facto), ya que a esa fecha y durante los gobiernos
constitucionales desde 1973 ya se habían producido más
de 900 desaparecidos y otra cifra similar de muertos entre las
partes enfrentadas (los terroristas y la sociedad con sus instituciones
republicanas).
A las 48 horas de dictar los decretos expresados dictó el
decreto 187/83 creando una “Comisión Nacional sobre la Desaparición
de Personas-CONADEP” (destinada a determinar e
identificar -mediante el procesamiento de denuncias- a todas
las personas desaparecidas), comisión especial anticonstitucional
de hecho, por estar explícitamente prohibida por el Art.
18 y por invadir la competencia del Poder Judicial. Los miembros
componentes de la misma, en general, no garantizaban
ecuanimidad ni seriedad en su trabajo ya que varios eran
ideológicamente de izquierda, enfrentados a las FF.AA., y dos
eran padres de desaparecidos. La persona de más prestigio ante
la comunidad, el doctor René Favaloro, a poco de andar, renunció
porque observó “falta de ética y de objetividad” en las
tareas encaradas (Ver Google ó Yahoo “Nuestra_historia_70”
Boletín Nro. 100).
La CONADEP tenía el apoyo de todos los militantes de
las organizaciones subversivas, de los familiares de muertos y
desaparecidos, de los partidos políticos de izquierda radicalizada,
del Partido Comunista y de las ONGs de DD.HH. que
sólo defendían a los terroristas, atacando a las FF.AA., de Se-
30
31
guridad y Policiales, actuantes en la guerra contra el terrorismo
subversivo. Posteriormente las denuncias presentadas sirvieron
también para un “gran negocio” para abogados y familiares de
terroristas subversivos muertos y desaparecidos.
Unos días después, el gobierno, con la intención de continuar
su prevista “estrategia Gramsciana”, contra las FF.AA.,
promulgó la Ley 23.040, que anuló la Ley de Amnistía General
Nro. 22.924, llamada “de Pacificación Nacional”, sancionada
el 23 de septiembre de 1982 por el Gobierno Militar,
que era la acción recomendada por el Derecho Humanitario.
3
De resultas del trabajo de la comisión, produjo un “Informe”
titulado “Nunca Más”, elevado al presidente Alfonsín
en septiembre de 1984. De acuerdo a sus “conclusiones”, se
confeccionaron 7.380 legajos de personas supuestamente desaparecidas
(de los cuales sólo 4.905 tenían datos completos identificatorios,
incluyendo el número de documento).
Increíblemente en esa parte final se expresa que se estimaba
que los desaparecidos eran 8.960 (?), sin fundamentar donde estaban
los eventuales 1.580 legajos faltantes o las razones de esa
estimación. Como veremos, hasta el día de hoy -arbitrariamente
y como un recurso de acción psicológica tendiente a configurar
la figura de “genocidio”- se difunde por todos
los medios y organizaciones que los desaparecidos fueron
¡¡30.000 !! .
Debemos dejar constancia que posteriormente “varios
desaparecidos”, consignados como tales en el Informe de la
CONADEP, declararon en el posterior juicio a los comandantes,
otros fueron encontrados en el extranjero e incluso
aparecieron años después en distintos e importantes cargos oficiales
de gobiernos posteriores (actual miembro de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, actual juez federal, actual
Procurador General de la Nación, etc.).
El juicio a las Juntas Militares fue el inicio de la campaña
de desprestigio, no sólo de los comandantes de las fuerzas,
sino de todas las FF.AA. por los procedimientos utilizados en
la lucha contra el terrorismo, mostrándolas como victimarias de
jóvenes “idealistas” que actuaban políticamente. Al respecto,
el máximo dirigente montoneroMario E. Firmenich desmintió
esto último en una entrevista publicada el 17 de marzo de 1991
cuando expresó al periodista Jesús Quinteros: “Habrá alguno
que otro desaparecido que no tenía nada que ver, pero la inmensa mayoría
eran militantes y la inmensa mayoría eran montoneros. A mí me
hubiera molestado muchísimo que mi muerte fuera utilizada en el sentido
de que un pobrecito dirigente fue llevado a la muerte. Hombres capaces
de elegir su vida y de dejar posibilidades laborales, intelectuales,
lo han hecho con conciencia, con pasión, con sacrificio, con patriotismo,
con amor al prójimo y todo eso se transformó en una estupidez.
No hay derecho.”
Con Alfonsín también se inició la llamada “desmalvinización”;
es decir, las acciones de crítica a la guerra contra
Gran Bretaña, apoyadas por una campaña de desprestigio a
los oficiales y suboficiales, y ensalzamiento a los jóvenes soldados.
Además hubo en general una falta de protección del gobierno
a los veteranos ex combatientes, muchos de los cuales
poseían secuelas típicas de todo conflicto armado, que origi-
32
33
naron un número importante de suicidios y de otros problemas
psicológicos. Tampoco se arbitraron las medidas para dar un
resarcimiento económico y moral a quienes expusieron sus
vidas en el frente de batalla con el apoyo de todo el pueblo argentino.
La campaña de acción psicológica contra las FF.AA.
Los dirigentes trotskistas y comunistas (aún algunos con
disfraces de peronistas), además de instruirse en Cuba, donde
se aprecia concurrieron unos 5.000 militantes a lo largo de casi
quince años para ser adoctrinados y adiestrados en técnicas de
guerrilla urbana y rural, también tuvieron aceitados lazos con
gobiernos, sindicatos y ONGs europeas de izquierda, iniciados
en 1974 por la estructura “solidaridad internacional” ya
referida, y profundizada notablemente durante el exilio que se
generalizó a partir de 1977, incluyendo a las cúpulas de las organizaciones
terroristas, debido a la cantidad de militantes presos
que estaban delatando a sus compañeros.
Fieles a sus convicciones ideológicas, continuaron desde
allá atacando al gobierno y FF.AA. con las frases hechas de: “en
Argentina hay un genocidio”, “los opositores políticos son secuestrados
torturados y desaparecidos”, “no existe el estado de
derecho”, “es una dictadura feroz”, “hay 30.000 desaparecidos”,
etc. Eran frecuentes las reuniones de prensa en las que se presentaba
a algún liberado de los “centros de reunión de prisioneros”
(liberados por haber colaborado con las fuerzas
legales) quienes denunciaban apremios y torturas inimaginables
al sólo efecto de reducir el sentimiento de culpa por sus
delaciones, que habían colaborado en forma gravitante en la
destrucción de las organizaciones terroristas subversivas de las
que formaban parte.
En los principales países europeos se crearon organizaciones,
comités de apoyo y solidaridad, y de DD.HH., a través
de los cuales se difundía información falsa, incompleta o distorsionada
para imponer en la opinión extranjera que la subversión
y el terrorismo no existían, sino que eran una invención
de la dictadura imperante para justificar sus represiones. Uno
de los miembros más activos en esos comités era casualmente
Rodolfo Mattarollo. 4
Algunas de las organizaciones de falsos DD.HH. creadas
por terroristas argentinos fueron: Comisión Argentina de los
Derechos Humanos (CADHU); Comisión de Solidaridad de
Familiares de presos, muertos y desaparecidos en la Argentina
(COSOFAM); Comité Argentino de Información y Solidaridad
(CAIS), creado por la “Junta Coordinadora Re-volucionaria”
(JCR), integrada por ERP, MIR chileno, Tupamaros y ELN de
Bolivia.
Es necesario recalcar que a lo largo de todos los gobiernos
constitucionales a partir de 1983, se realizó y se sigue realizando,
una campaña de acción psicológica contra los militares
en relación a los procedimientos utilizados en la guerra no convencional
librada contra el terrorismo subversivo. Es difícil encontrar
una campaña de ese tipo contra un sector de la
sociedad tan prolongada (lleva 25 años ejecutándose), tan incisiva,
tan constante y en la cual hayan sido utilizados tantos
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medios, procedimientos y recursos financieros aportados por el
Estado. Justamente contra el sector que es constitucionalmente
el brazo armado de la Nación.
Desarrollo del ataque a las FFAA por parte del gobierno
neomarxista
Mientras tanto, por la renuncia de los integrantes de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación que actuó durante el
llamado “Proceso Militar”, Alfonsín nombró los cinco jueces
para cubrir las nuevas vacantes, asegurándose el manejo de la
justicia al más alto nivel. El Dr. Leopoldo Schifrin, un enemigo
ideológico de las FF.AA., fue designado secretario.
Esa Justicia, no actuó conforme a derecho ya que, impulsada
por el poder político, creó nuevas normas no existentes
al momento de los hechos que se imputaban, y utilizó otras que
violentaban los preceptos constitucionales y del Derecho Internacional.
Entre ellas:
• El gobierno modificó la ley 14.029 (Código de Justicia
Militar) a efectos de sacar a los miembros de la Juntas Militares
de sus jueces naturales, en violación del Art. 18 de
la Constitución Nacional. También ordenó que el juicio
se realizara con característica de sumario (para impactar
en la opinión pública nacional e internacional y no se
diluyera en el tiempo) e impartió instrucciones para que
no se aceptase que había habido una guerra (Ver en
Google o Yahoo: “Nuestra_historia_70“, B117 y otros).
• Se violó el Art. 18 que dice: “Ningún habitante puede ser
penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso,
ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces
designados por la ley antes del hecho de la causa”, ya que se
juzgó imputando delitos inexistentes en nuestro código
penal y “por una comisión especial” carente de idoneidad
y competencia.
• Se violó la norma del derecho de aplicación de la ley
más benigna.
• Se violó el principio constitucional de inocencia con la
aplicación de prisiones preventivas permanentes, no ajustadas
a sus fines cautelares.
• Se violó el principio de cosa juzgada y negación de los
derechos adquiridos.
Esta perversa e inequitativa interpretación de la justicia,
en línea con los postulados de Gramsci para destruir y debilitar
las FF.AA., permitió que a la fecha (30 años después) sólo exista
un único grupo de perseguidos por la guerra contra el terrorismo:
los miembros de la institución militar que habían
recibido del poder político constitucional la orden de
aniquilarlo.
La realización de los juicios a los Comandantes fue un
enorme show para el país y el exterior con el fin de hacer aparecer
a Alfonsín como el paladín de los DD.HH., camino al
“Nobel de la Paz”. Los testigos y los presuntos torturados,
instruidos por los abogados de DD.HH. -cuya estrategia iba
mucho más allá de ese juicio-, relataron cosas aberrantes para
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impactar a la población, que a su vez era “bombardeada” por
una aviesa campaña de acción psicológica que presentaba a los
militantes de organizaciones armadas terroristas como
inocentes jóvenes que sólo habían sido críticos del gobierno.
Mientras tanto el gobierno utilizó varios subterfugios e
incluso dos leyes con normas para conmutar penas y presentar
impugnaciones a condenas firmes dictadas por tribunales militares.
En poco tiempo todos los terroristas detenidos
quedaron libres.
Las sentencia condenatoria a los Comandantes abrió las
puertas para impulsar nuevos y masivos juicios a los integrantes
de las FF.AA. y a otras fuerzas que actuaron subordinadas, al
margen de su jerarquía. Sin embargo esa sentencia, luego ratificada
por la Corte Suprema de Justicia –adicta al Poder
Político- en su lado positivo dejó establecido que no hubo condenas
por delitos de genocidio, lesa humanidad, ni plan sistemático
de apropiación de menores. Delitos todos que aún
hoy se intenta imputar a los mismos actores.
La avalancha de citaciones e imputaciones a oficiales y
suboficiales, que en la época de los hechos eran subalternos,
provocó gran inquietud en los cuadros, quienes entre 1987 y
1989 produjeron varios motines en el Ejército contra los jefes
de Estado Mayor, por considerar que no defendían adecuadamente
a sus subordinados.
A raíz de esas acciones, el gobierno -que no quería dictar
una Ley de Amnistía y que había anulado la dictada por el gobierno
militar antes de entregar el poder- envió dos leyes al
Congreso Nacional que fueron aprobadas: la Ley de “Punto
Final” y la de “Obediencia Debida”. Con esto -veremos que
temporariamente- la persecución política por medios jurídicos
a los cuadros de las FF.AA. y elementos subordinados, se
detuvo.
La nueva ley de Defensa Nacional 23.554 del gobierno
radical
Fue promulgada en 1988 luego de tres años de
tratamiento. Es incompleta y pesa de anacrónica al no considerar
-por razones ideológicas- las "Nuevas Amenazas", que en
definitiva son las generadoras de la casi totalidad de conflictos
que suceden en el siglo XXI dentro de la categoría de “Crimen
internacional organizado”: como el fundamentalismo religioso,
terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero, además de las amenazas
energéticas y a los recursos naturales.
El tiempo transcurrido desde la promulgación y su
reglamentación (casi 20 años) fue responsabilidad constitucional
de los distintos presidentes que gobernaron el país. Por
su parte el Consejo de Defensa no cumplió en hacer los proyectos
de leyes mínimas necesarias para completar el Sistema de
Defensa. La suma de estas omisiones demuestra el desinterés,
la falta de conciencia e ignorancia de nuestra dirigencia política
sobre la necesidad de establecer una política de Seguridad Nacional,
imprescindible para establecer cuáles son los desafíos y
amenazas y cómo enfrentarlos. ¿Es posible que aún (año 2009)
no se hayan promulgado leyes mínimamente necesarias, por
ejemplo la ley orgánica de producción para la defensa?,
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39
¿Podemos prepararnos para un conflicto armado sin ley de
movilización y entrenamiento de las reservas?... por citar sólo
dos de las normas que aún no han llegado al Congreso -20 años
después de ordenar la Ley de Defensa- que se debían concretar
dentro de los 365 días de promulgada dicha ley.
La síntesis final de las consideraciones relativas a la Ley
de Defensa vigente y su instrumentación se puede resumir en
una sola frase: "Nuestro país, Argentina, quedó y está totalmente
indefenso por voluntad y decisión de nuestros gobernantes".
En diciembre de 2001 el gobierno del Dr. Menem promulgó
la Ley 25.520 o Ley de Inteligencia Nacional. En coherencia
con la anterior -Ley de Defensa- prohibía a las FF.AA.
realizar la inteligencia en el país, necesaria para poder prevenir
o enfrentar las “nuevas amenazas”. El proporcionar la información
e inteligencia necesaria para esos casos se asignaba como
obligación de la Secretaría de Inteligencia (SI) dependiente de
la Presidencia de la Nación.
En su contenido prohíbe formar parte del sistema de Inteligencia
Nacional a quienes registren antecedentes por
crímenes de guerra, contra la humanidad o por la violación de
DD.HH. que figuren en los archivos de la Secretaría de
DDHH, dependiente delMinisterio de Justicia y Derechos Humanos.
La Ley establece también el control parlamentario,
antes inexistente.
3. Destrucción de la Industria para la Defensa Nacional
(1983 - 1989)
En términos económicos, la “Seguridad y la Defensa Nacional”
se define como un bien público intangible, necesario
fundamentalmente para garantizar la independencia, la soberanía
y la integridad territorial del Estado; un concepto que
amplía, y de ninguna manera obstruye, principio alguno que se
pueda deducir del contenido de la Constitución de la Nación
Argentina.
Necesidad de utilización de la experiencia de la “Guerra de
Malvinas” 5
Las recomendaciones del informe respecto a la industria
para la Defensa fueron:
•Mantener la capacidad fabril para la fabricación de munición
y explosivos.
• Mantener la capacidad fabril y o mantenimiento de vehículos
de combate terrestre, aéreo y naval.
• Generar condiciones favorables para la creación de tecnología
de sustitución y de fabricación de elementos
nuevos de materiales de guerra.
Todas estas acciones debieron ser consideradas en la
política de Defensa de los gobiernos posteriores a 1983. La
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41
realidad fue opuesta a estas recomendaciones como veremos
más adelante.
Disminución del presupuesto de Defensa Nacional
Durante el gobierno del doctor Alfonsín y gobiernos
posteriores, se disminuyó notablemente el presupuesto del área
de Defensa lo que paralizó en gran parte las actividades de las
distintas fabricas militares y las tareas de mantenimiento así
como las compras de material extranjero -más necesarias que
nunca- luego de la notable pérdida de material, además de
vidas, producida durante la guerra de Malvinas (Abril-Junio
1982). Ese bajo presupuesto también influyó en la falta de adecuado
adiestramiento de las fracciones de los distintos comandos
y unidades, con la consecuente reducción en la capacidad
operativa y de conducción de los distintos niveles.
• Ejército Argentino (EA)
La Dirección General de Fabricaciones Militares
(DGFM) creada por Ley 12.709 del 9 de octubre de 1941 como
elemento orgánico del Ejército Argentino era un enorme complejo
industrial-militar. Hasta 1983 estaba integrada por una
Dirección de Desarrollo de la que dependían las 14 grandes sociedades
en las que la DGFM tenía participación accionaria, y
atendía todo lo relacionado con el sector siderúrgico y minero
según lo establecía la ley. Se completaba su organización con la
Dirección de Producción de la que dependían 12 establecimientos
fabriles que producían elementos estratégicos para
las FF.AA. argentinas y de algunos países de Latinoamérica.
Diez días después de asumir, Alfonsín dispuso por decreto
que Fabricaciones Militares pasara a depender del Ministerio
de Defensa, y un mes y medio después designó
personal civil sin conocimientos o ajeno a la empresa, para ocupar
la cúpula de toda la estructura, lo cual no era malo en sí
mismo, sino que la medida tenía más intencionalidad política
que dirigencial en cuanto no se había realizado un adecuado estudio
de factibilidad para modificar la dependencia y estructura
del sistema. Hasta ese momento la DGFMhabía sido manejada
como un holding en el que las empresas más rentables permitían
el funcionamiento y producción de otras cuya actividad
era necesaria aunque no rentable. La modificación significó el
desmembramiento de las distintas sociedades que antes eran
conducidas como un holding, lo que originó una situación
anárquica en algunas de las empresas y fábricas cuyos nuevos
gerentes civiles con poco conocimiento de lo que debían administrar,
entraron en el juego de intereses políticos y económicos.
En síntesis, el gobierno de Alfonsín, por razones partidarias
e ideológicas, perdió una importante oportunidad para
mejorar la organización industrial militar a través de un programa
coordinado, toda vez que los cambios no se produjeron
como consecuencia de un estudio meduloso, en el que participaran
especialistas en el tema, sino por una decisión política
-inducida por una particular visión histórica, sectaria y teñida
de cuestiones ideológicas- preconcebida para disminuir la in-
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jerencia en el poder político y económico del Estado por parte
de las FF.AA.
-Tanque Argentino Mediano S.E. (TAMSE)
El TAM (Tanque Argentino Mediano) fue un proyecto
nacido en la DGFMen cooperación con Thyssen de Alemania,
acordándose en su oportunidad realizar dos prototipos: un Vehículo
de Combate -tanque- de 30 Ton. con cañón 10.5 y un
vehículo blindado de Transporte de Personal con cañón de
20mm. Luego de probados los prototipos, que estaban a la altura
de los mejores productos mundiales, se inició su fabricación
en serie. Se fabricaron alrededor de 450 vehículos
blindados.
En 1980 se inició el desarrollo de un VC blindado para
artillería de 155 mm que fue logrado con éxito. Hasta 1996 se
entregaron 17 de ellos a las unidades correspondientes. En
1997 el gobierno del Dr. Menem ordenó la liquidación de
TAMSE, la sociedad que fabricaba estos armamentos blindados,
cuyo trámite finalizó en el año 2000. Los activos quedaron
en el Ejército.
• Armada de la República Argentina (ARA)
La industria naval argentina -para servir a un enorme
litoral marítimo- estaba orientada a la construcción de
unidades de pequeño, mediano y gran porte para la carga y
pesca en la cual estaba muy bien calificada. En menor grado
satisfacía la construcción de unidades para la ARA y cubría sus
necesidades de mantenimiento. La modalidad de esta Fuerza,
en lo que hace al equipamiento, se basaba en la compra de
unidades usadas o nuevas con equipamiento completo, incluyendo
los sistemas de armas. De todos modos para las
necesidades de mantenimiento, desarrollos y actualizaciones
tecnológicas se valía de sus talleres de la Base Naval Puerto Belgrano
e instalaciones de empresas sobre las que ejercía influencia
legal por participación accionaria.
En función de las exigencias así planteadas el Estado
Mayor General de la Armada al 31 de diciembre de 1983 tenía
bajo su mando la siguiente estructura de apoyo :
-Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor S.A.)
Empresa inicialmente dirigida por la Armada Argentina
y la Administración General de Puertos, bajo el sistema legal de
una sociedad anónima, con mayoría de capital estatal. Los
talleres tenían como capacidad la reparación de 400 buques
por año. En los años 1973 y 1974 además, se armaron y ensamblaron
allí las partes de los submarinos “San Luis” y “Salta” de
1000 toneladas cada uno. Actualmente es una empresa privada.
-Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE)
Era el astillero argentino más importante, disponiendo
de una superficie (en todo su predio) de 1.010.000 m2. En él
se fabricaron para la Armada Argentina buques como: el
destructor ARA Santísima Trinidad y las fragatas misilísticas
ARA Espora, ARA Spiro, ARA Parker y ARA Rosales, de la
clase MEKO 140.
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El gobierno de Alfonsín modificó la política previa
existente en materia de construcciones de buques de guerra y
comerciales, quedando los astilleros de AFNE casi inactivos,
con la seria afectación de mano de obra especializada.
-Astilleros Manuel Domecq García S.A.
Este astillero fue concebido para el propósito de fabricar
los submarinos TR-1700 y proporcionar el servicio de mantenimiento
al resto de los submarinos diesel de marinas de otros
países. Desde su pasaje a la órbita al Ministerio de Defensa
sufrió un progresivo desmantelamiento que anuló su capacidad
como astillero. De los 4 tubos de submarinos depositados en
sus talleres sólo queda uno en proceso detenido, mientras que
los tres restantes fueron canibalizados como repuestos de los
submarinos en servicio.
-Taller Aeronaval Central o Taller Aeronaval Espora
En él se realizaba el 4to Escalón de Mantenimiento y
Servicio Autorizado de todo el material aéreo de la ARA . El
masivo éxodo de ingenieros, capataces y técnicos especializados
en reparación de turbinas aéreas y navales provocado por los
bajos sueldos, le ha hecho perder la finalidad principal que
tenía como taller central.
• Fuerza Aérea Argentina (FAA)
La Fuerza Aérea argentina desarrolló su capacidad de
mantenimiento y de producción aeronáutica en base a dos
talleres regionales (Quilmes, en la provincia de Buenos Aires
y Río Cuarto, en la provincia de Córdoba) sumados al Área
Material Córdoba donde, además de producir aviones, se fabricaron
motores alternativos, armamento (misiles, cohetes y
bombas), paracaídas e instrumental.
La Fábrica Militar de Aviones Córdoba (1927) se
constituyó en el embrión industrial del interior del país y fue
la mejor escuela industrial a través de muchos años, donde se
formaron ingenieros, técnicos y operarios especializados. Durante
setenta años en sus plantas se produjeron en serie ocho
aviones bajo licencia (desde el AVRO GOSPORT 504 {1928} al
DOUGLAS A- 4AR {1999}, pasando por el MENTOR B-45,
que aun es de dotación de la Escuela de Aviación, tras cincuenta
años de ser utilizado como entrenador básico).
En el mismo período de sus talleres salieron treinta y
seis sistemas de armas entre prototipos y de producción en
serie, que integraron la dotación de la Fuerza Aérea. Entre los
prototipos se destacaron el PULQUI I (1947), el ÑANCÚ
(1948) y el PULQUI II (1950), de avanzada tecnología para la
época. Los dos últimos desarrollos fueron el IAe 58 PUCARA
(turbohélice de reconocimiento ofensivo y apoyo directo en el
campo táctico, que operó en el conflicto de Malvinas), y el IAe
63 PAMPA, desarrollado con la colaboración de la industria
alemana (adiestramiento avanzado y ataque).
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47
La reducción presupuestaria operada sobre las Fuerzas
Armadas a partir de 1983 y la manifiesta despreocupación por
la industria y actividad aérea, trajo como resultado que buena
parte de esa capacidad industrial haya quedado definitivamente
en el pasado, restando sólo la capacidad de mantenimiento
mayor.
Los embates contra la estructura aeronáutica continuaron
en forma sistemática, llevando al polo industrial hasta
casi su paralización, hecho éste que sirvió para justificar la privatización
del ÁreaMaterial, por parte del gobierno deMenem,
el 15 de diciembre de 1994, que terminó con el Estado subsidiando
a una empresa extranjera, que no aportó trabajo ni tecnología.
Las motivaciones del desmantelamiento de la industria
aeronáutica se ven con más claridad si se repara en las maniobras
políticas y mediáticas que se han desatado durante los últimos
veinticinco años y que dieron como resultado la
desvinculación total de la Fuerza Aérea con el control del tráfico
aeroespacial, del Servicio Meteorológico Nacional y de la
Administración Nacional de Aeronavegabilidad, entre otros,
afectando seriamente la seguridad aérea.
-Programa misilístico “Cóndor”
En las postrimerías de la década de los setenta comenzó
el proyecto y desarrollo de un misil balístico de mediano alcance
(MRBM) a cargo de la Fuerza Aérea, proyecto realmente
ambicioso que fue evolucionando con la colaboración de varias
empresas. entre ellas la MBB alemana y subsidiarias. La gran
formación técnica de los científicos argentinos, permitió avanzar
rápidamente en la tecnología del combustible sólido, los
motores y el sistema de guiado.
El “Cóndor I” estuvo destinado a la investigación atmosférica,
con un apogeo de 300 km. y una carga útil de aproximadamente
de 500 kgs. Los ensayos estáticos se
realizaron a mediados de 1983 y el primer lanzamiento estaba
previsto a fines de1985, cosa que nunca se realizó. Su sucesor
el “Cóndor II” era capaz de llevar una ojiva de media tonelada
a más de 1000 km., cuyo bajo costo comparado con sus competidores
no sólo favorecía su producción, sino que permitía
vislumbrar la posibilidad de un buen mercado. Estos proyectos
nacieron impulsados por la idea de lanzar satélites y ponerlos
en órbitas de baja altura, sin contar con ayuda externa.
Terminado apresuradamente el gobierno de Alfonsín, el
nuevo gobierno de Menem pareció en un principio estar de
acuerdo con el proyecto pero posteriormente cedió a las presiones
que se ejercían y ordenó la cancelación del proyecto
aduciendo inicialmente razones presupuestarias, para terminar
dando como causa las imposiciones internacionales (EEUU).
Gran parte del material y equipo para el desarrollo de
los cohetes fue desmantelado y enviado a los EE.UU. para su
destrucción en el año 1993. Paralelamente, todo lo que estaba
relacionado con la investigación y desarrollo pasó a una nueva
organización gubernamental civil, quitándole la responsabilidad
a la Fuerza Aérea.
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49
- Radarización y narcotráfico
Con el vertiginoso desarrollo de la aviación en general y
de la comercial en particular, la Fuerza Aérea fue impulsando
a lo largo de los años diferentes planes tendientes a lograr la
vigilancia y control integral del aeroespacio, los cuales no llegaron
a materializarse por diversas razones. Así nacieron: el
“Sistema Integrado de Control del Espacio Aéreo” (SICEA) en
los años 70 y 80; el “Plan Nacional de Radarización” en los
años 90 (aprobado por Decreto 145/96) y actualmente el llamado
“Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial”
(SINVICA) que lo remplazó. Este último prevé incorporar cuatro
radares militares en forma escalonada a partir del año
2009/2010. Esta decisión, aún no cumplida, se está tomando
40 años después de la última adquisición de radares militares,
en la década del 70.
Sólo el 11% de nuestro territorio se encuentra bajo control
radar, limitándose ello a radares para control de tránsito
aéreo instalados en los aeropuertos de Ezeiza, Córdoba, Mendoza,
Mar del Plata y un radar secundario en Paraná. Desde
hace mas de 15 años el Estado nacional no ha incorporado
ningún radar para ir completando la red de control de tránsito
aéreo que es casi inexistente. Es evidente que ello se debe a una
falta de decisión política vinculada con aspectos de corrupción
administrativa en un negocio de casi 2.000 millones de dólares
(materiales, equipos y mantenimiento) y favorece especialmente
las actividades de contrabando y narcotráfico que se desarrollan
preponderantemente en las fronteras norte del país.
La diversidad y la gravedad de los trastornos que se originan
en la sociedad argentina a partir del ingreso de estupefacientes
al territorio nacional vía aérea y de la amenaza permanente
del terrorismo, debería ser motivo suficiente para
justificar la asignación de partidas presupuestarias que permitieran
la inmediata adquisición de equipos y radares que posibilitaran
un adecuado y completo control del espacio aéreo
nacional.
Otro problema no menor, en cuanto el control de espacio
aéreo, es que nuestra Fuerza Aérea no está legalmente autorizada
a derribar aviones civiles en vuelo ilegal.
4. Ataque a los cuarteles de La Tablada durante el gobierno
de Alfonsín
Enrique Gorriarán Merlo, integrante del Ejército Revolucionario
del Pueblo (ERP) de nuestro país, fue asesor militar
del Foro de San Pablo -a partir de su creación- en su
calidad de “comandante” del ejército nicaragüense, grado al
que había accedido por su apoyo militar y participación en la
revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), que incluyó la planificación, dirección y ejecución del
asesinato en Paraguay (Sep. 1980) del ex presidente de
Nicaragua, Anastasio Somoza, por encargo del gobierno revolucionario
nicaragüense.
Gorriarán había sido creador en 1986, en Managua, del
Movimiento Todos por la Patria (MTP) para actuar el la Argentina,
junto al actual Secretario de DD.HH. de Argentina,
Eduardo Luis Duhalde, y otros militantes del ERP, mon-
50
51
toneros, sacerdotes de izquierda radicalizada y miembros del
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En enero de 1989, durante el gobierno de Alfonsín, el
MTP conducido por GorriaránMerlo, atacó en nuestro país al
Regimiento 3 de Infantería Mecanizada y al Escuadrón de Caballería
blindado 10, ubicados en los cuarteles de La Tablada
(Provincia de Buenos Aires), los cuales fueron recuperados por
el Ejército Argentino después de una cruenta batalla de dos
días que dejó un saldo de 39 muertos. Las razones y responsabilidades
del hecho fueron confusas. El go-bierno no investigó
adecuadamente la participación de funcionarios de la
juventud radical cercanos al Presidente, que tenían relación
con el terrorista Gorriarán.
Veinte terroristas sobrevivientes del ataque fueron prisioneros
y encarcelados, otros escaparon. Juzgados los primeros,
tuvieron importantes condenas entre 10 años y prisión perpetua.
Once años después, el presidente Dr. Fernando de la
Rúa les conmutó las penas y salieron en libertad, con excepción
de Gorriarán Merlo, que recién seis años después
del hecho había sido capturado en México, traído al país, juzgado,
y condenado a cadena perpetua. En el 2002, Gorriarán
fue finalmente indultado por el gobierno de Eduardo
Duhalde (homónimo del anterior). Las Madres de Plaza de
Mayo y otros integrantes del Foro de San Pablo impulsaron esta
liberación (Ver en Google “Nuestra_historia_70” Boletines 146
a 154).
Tiempo después de salir de prisión, Gorriarán formó
una nueva agrupación política (PTD) que se adhirió al Foro de
San Pablo, algunos de cuyos integrantes enviaron sus adhesiones
al partido creado. En el año 2006, murió por enfermedad,
estando en libertad. Contrariamente, en la Argentina,
hoy están en prisión más de 400 oficiales y suboficiales de las
FF.AA., además de miembros de las Fuerzas de Seguridad y
policiales, como consecuencia de la guerra contra el terrorismo
de los años 70. No hay ningún terrorista preso.
El año 1989 marca el fin adelantado del gobierno radical “estatista”
de Alfonsín
En los primeros meses de 1989 se incrementó el
desprestigio de la administración radical que no pudo, o no
supo, contener el problema inflacionario y cuya gestión llevó
a un descontrol tal de las variables económicas, que condujeron
a una hiperinflación (se llegó al 4.923 % anual) con el consiguiente
descontento social que produjo -especialmente en los
grandes centros urbanos- desmanes tales que provocaron 15
muertos y docenas de heridos, todo lo cual obligó al gobierno
a entregar el poder anticipadamente.
El 12 de junio el presidente Alfonsín renunció y transfirió
el mandato 6 meses antes, al candidato vencedor de las
elecciones efectuadas el 14 de mayo, doctor Carlos Saúl
Menem, del Partido Justicialista, quien asumió el 8 de julio de
ese año.
52
53
5. Creación del Foro de San Pablo. Se continúa con el
debilitamiento de las FF.AA.
Como ya se indicó, en el año 1990 se creó el Foro de
San Pablo (FSP) con los objetivos que se expresan en el
comienzo de este documento.
Meses antes, como dijimos, había accedido a la presidencia
el Dr. Carlos Saúl Menem, del Partido Justicialista, al que
podemos caracterizar como un caso atípico, ya que fue un peronista
liberal en lo económico (que logró superar la inflación
y estabilizar los precios durante 10 años) cuyos dos períodos de
gobierno estuvieron signados por la privatización de la mayoría
de las empresas en poder del Estado, que eran muchas.
Su gestión en relación con las FF.AA. y la Defensa Nacional
se caracteriza por acciones contradictorias a saber.
•Interés en pacificar el país mediante una serie de indultos,
facultad que le otorgaba la Constitución Nacional en
su carácter de Presidente. Con tal medida liberó o exoneró
a:
-Los terroristas que aún quedaban acusados en diversos
procesos y que se encontraban prófugos, detenidos o excarcelados.
-Los altos jefes militares no alcanzados por las
leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
-Todo el personal militar sumariado y personas
civiles que intervinieron en los motines de Semana
Santa (1987),Monte Caseros (1987), y VillaMartelli
(1988), por delitos contra la disciplina,
-Los integrantes de la Junta Militar procesados
por la guerra de Malvinas.
• En marzo de 1998, con su impulso, el Congreso de la
Nación sancionó la ley 24.952 por la que se derogaron las
leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y la de Extinción
de Acciones Penales.
• Promovió en el Congreso Nacional el dictado de leyes
que beneficiaron económicamente a los detenidos por tribunales
militares (con $ 74,66 por día de detención) y a
los familiares de los muertos y desaparecidos (con US$
225.000), no otorgando similar beneficio con las víctimas
a manos de los terroristas subversivos.
• Mantuvo el presupuesto de las FF.AA. en un nivel muy
bajo, afectando como su antecesor la reposición de materiales,
el mantenimiento y el adiestramiento del personal.
• Destruyó la capacidad de desarrollo tecnológico y de
fabricación de los materiales para la defensa, por medio de
las li-quidaciones de las empresas mixtas o del Estado que
no eran rentables.
• No dictó las leyes complementarias ordenadas en la Ley
de Defensa que hubieran facilitado el planeamiento
operacional y logístico desde tiempos de paz.
• Dejó sin efecto el Servicio Militar Obligatorio que,
además de preparar reservas instruidas, era una necesidad
social de un país en vías de desarrollo (conocimiento del
estado sanitario, el completamiento de la alfabetización y
la integración social de jóvenes provenientes de distintos
54
55ámbitos geográficos, culturales y económicos) por la
necesidad política de obtener beneficios electorales. El
nuevo sistema de voluntariado no dispone de los recursos
financieros necesarios para adquirir los materiales y
equipos y disponer de la cantidad de recursos humanos
necesarios a efectos de poder funcionar con eficacia y
cumplir con las exigencias de la defensa de nuestra soberanía
y de nuestros recursos. La notable disminución de
efectivos, en especial de soldados, llevó aparejado el cierre
de unidades o la inactivación de las mismas sobre la base
de reestructuraciones cuya intención real ha sido debilitar
la capacidad de las FF.AA.
• Designó funcionarios de 2da y 3ra línea del gobierno a
ex militantes de la organización terrorista subversivaMontoneros.
Entre ellos, ocuparon el cargo de Subs-cretaria
de DD.HH., dependiente del Ministerio de Justicia,
lugar clave para los fines aviesos del uso discriminado de
los DD.HH. y la política contra las FF.AA.
• La desmalvinización continuó durante la década del 90
a través de todos los medios de comunicación social (la
prensa oral y escrita, cine y televisión), alcanzando su difusión
con carácter negativo hasta las escuelas. Dirigida a
un público crédulo, ignorante de la realidad histórica y
al margen de los errores políticos y estratégicos militares,
lo grave es que el tema presentaba un peligroso mensaje
pacifista que ponía de manifiesto su intención de destruir
los valores patrióticos que son el basamento de nuestra
Nación.
En Marzo de 1992 se produjo en Buenos Aires un atentado
terrorista que destruyó íntegramente la Embajada de Israel,
con un saldo de 29 muertos y numerosos heridos. La
investigación judicial no llegó a buen fin y el hecho se mantiene
impune hasta el día de hoy. Dos años después corrió la misma
suerte la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) con el
trágico saldo de 86 victimas fatales y más de un centenar de
heridos. En esta ocasión se puso de manifiesto lo absurdo de
nuestra legislación en la materia, al impedirse a las Fuerzas Armadas
Argentinas (leyes de Defensa y Seguridad Interior) investigar
el atentado, mientras se autorizaba a una unidad del
Ejército Israelí (Sahal) participar en la remoción de escombros
y tareas de inteligencia. Simultáneamente se infería un agravio
a nuestra soberanía, ya que se trataba de un atentado sufrido
por una organización civil ocurrido en territorio argentino.
De nada valieron las pobres investigaciones judiciales, la
demora y anomalías en los trámites, se fortalecieron las versiones
que dieron pie a la creencia de que el gobierno de
Menem habría preferido que no se investigara a fondo, para
no echar luz sobre la fabricación y venta de armas Tal versión
volvió a cobrar fuerza tras el descubrimiento del contrabando
de armas a Croacia y Ecuador, que concluyó con la explosión
de la Fábrica de Río III donde se había acondicionado parte del
armamento (Nov. 1995). Con este hecho de carácter netamente
delictivo en lo político y comercial se volvió a involucrar a personal
de las FF.AA.
A mediados de 1995, a raíz del escándalo generado por
una presentación televisiva de Adolfo Scilingo (un ex marino
56
57
dado de baja por diversos delitos comunes que se asoció
económicamente con el periodista montonero -presidente del
CELS- Horacio Verbitsky, para escribir un libro sobre la eliminación
de subversivos terroristas que luego tituló: “El vuelo”),
los tres jefes de Estado Mayor de las FF.AA. habían acordado
con el Ministro de Defensa, Oscar Camilión, la conveniencia
de realizar una presentación en conjunto a efectos de hacer
públicas expresiones relacionadas con la guerra contra la subversión
terrorista. Sin embargo, una denuncia en un canal de
TV efectuada por un suboficial de los servicios (de especialidad
zapatero) contra quienes fueron sus superiores en Campo de
Mayo, relativa a derechos humanos, fue la justificación del Jefe
de estado Mayor del Ejército, el teniente general Balza, para
presentarse sólo e imprevistamente en un programa televisivo
de alto rating para realizar en nombre de esa institución un
“mea culpa” por los métodos ilegítimos utilizados en la lucha,
expresando que no existían listas de desaparecidos, haciendo
hincapié, como si fueran novedades, una serie de consideraciones
sobre la obediencia que siempre existieron en las normas
militares. Esta presentación y su contenido no fue bien visto
por el personal subordinado en actividad, ni por los retirados,
ya que todos esperaban una defensa de los su-bordinados que
cumplieron órdenes.
Aunque estas declaraciones tuvieron gran repercusión
en la opinión pública, no obtuvieron su contrapartida por
parte de los terroristas subversivos, ni tampoco de los políticos
que tuvieron responsabilidad en los sucesos que teñirían de
sangre la República en la década del 70, por acción u omisión.
Durante varios años, a partir de los indultos del PresidenteMenem
y hasta el final del 2002, si bien la campaña contra
los militares por los DD.HH. disminuyó notablemente,
algunos jueces declararon en el 2001 la inconstitucionalidad
de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y con ello
el nuevo intento de las ONGs izquierdistas de reiniciar los
juicios por los DD.HH. (de los terroristas). El desmantelamiento
de las Fuerzas Armadas continuó tal como se ha expresado:
la falta de presupuesto, la desaparición de la industria
para la Defensa, la disminución de efectivos por la desaparición
del Servicio Militar Obligatorio, la campaña de desprestigio
de los cuadros, etc.
Entre el año 2000 y el 2003, durante los gobiernos de
De la Rúa y Duhalde, ejerció la Jefatura del Estado Mayor General
del Ejército el general Ricardo Brinzoni. Durante su
gestión se observaron importantes cambios que lo distinguieron
de su predecesor, el general Balza.
Hubo una decidida acción de respaldo y apoyo a los oficiales
cuestionados por las organizaciones de derechos humanos
y una acción institucional que reivindicó
justificadamente el accionar del Ejército (y las otras fuerzas) durante
la guerra contrarrevolucionaria y rindió homenajes permanentes
a los caídos en ella, evocando las acciones de
combate más importantes. Tal acción se complementó con una
permanente apelación a la reconciliación nacional, buscando
cerrar heridas, olvidar rencores inconducentes y terminar con
la persecución vindicativa de los terroristas enquistados en sec-
58
59
tores de la vida democrática, en las ONGs izquierdistas que defienden
“sus derechos humanos”, y en alguna prensa claramente
definida como de izquierda y apologista del terrorismo
marxista o genuflexa.
Esto le costó al general Brinzoni críticas permanentes de
la izquierda, en especial del periodista y terrorista montonero
Horacio Verbitsky, a través del periódico "Página 12". Incluso
se intentó comprometerlo y acusarlo de hechos acaecidos durante
la guerra, sin fundamentos sólidos o pruebas fehacientes.
Al asumir Kirchner la Presidencia lo reemplazó por un general
que compartía su política de DDHH.
6. La persecución se reinicia en el ámbito del personal
y se agrava
En el año 2003, luego de una crisis económica social de
gran envergadura y una situación política inestable y por momentos
anárquica, ocurrió que, en el lapso de apenas un mes
(Dic. 2001 a Ene. 2002), hubo cinco presidentes constitucionales.
Se efectuaron nuevas elecciones, cuyo desenlace
quedó inicialmente abierto debido a que debía realizarse entre
los dos más votados un ballotage, por no alcanzar ninguno el
porcentaje necesario para ganar. La disputa era entre Menem,
quien iba por su tercer período, y Kirchner, el gobernador de
una provincia casi despoblada (200.000 habitantes), pero con
abundantes recursos naturales. Menem se retiró de la contienda,
asumiendo entonces como presidente el Dr. Néstor
Kirchner con el 25 % de los votos totales.
Los antecedentes de Kirchner sólo lo señalaban como
militante de la Juventud Peronista en la Universidad, junto con
su actual mujer. En el año 1976, después de recibirse de abogado,
se radicó en Santa Cruz, su tierra natal, para dedicarse la
actividad profesional y comercial. A fines de la década del 80
se desempeñó como intendente de la ciudad de Río Gallegos,
capital de esa provincia, donde en la década del 90 fue dos
veces gobernador por el Partido Justicialista y estuvo muy identificado
con el presidente Menem. Jamás había realizado
ningún acto o acción a favor de los DD.HH. y, por el contrario,
había sido criticado por su falta de apoyo a esas ONGs. Su
relación con las unidades militares de la zona pueden calificarse
de normales.
Sin embargo, en cuanto asumió la presidencia adoptó
una actitud confrontativa y agresiva hacia las FF.AA., utilizando
una estrategia de DD.HH. para que la izquierda activa no perturbara
su acción de gobierno, dándole como prebendas,
además de cargos y dinero, todas las facilidades para iniciar una
enorme campaña contra las FF.AA. mediante las ONGs de
DD.HH. (de los terroristas) liderada por “las Madres de Plaza
de Mayo”, de Hebe de Bonafini, una radicalizada izquierdista
que dirige una pseudo universidad “del odio” (con programas
para hacer la revolución marxista-leninista), y que actualmente
gerencia una “empresa de construcciones” solventada por el Estado.
Otro personaje destacado en su relación con el gobierno
es la maestra Estela Carlotto, presidenta de las “Abuelas de
Plaza de Mayo” (quien nunca pudo demostrar que fue abuela),
que tiene “su negocio político” en la recuperación de menores,
60
61
hijos de desaparecidos, y que ubicó a sus dos hijos en cargos de
diputados o secretarios de Estado de la provincia de Buenos
Aires.
En el gobierno de los Kirchner -ya que la mujer sucedió
a su marido en la presidencia de la Nación- los terroristas
fueron premiados con cargos de primer nivel, como ministros,
secretarios de Estado, asesores de gobierno, gobernadores, directores
de reparticiones públicas, jueces, etc. Desde sus altas
posiciones, constituyen un equipo homogéneo en cuanto las
actividades de destrucción de las FF.AA., tanto del personal
que actuó en la guerra contrarrevolucionaria como en los valores
permanentes de esas instituciones y sus tradiciones.
En los primeros años de gobierno hubo un ataque a
fondo para anular las “leyes de Punto Final y Obediencia Debida”,
y así juzgar nuevamente a la mayor cantidad de integrantes
de las fuerzas legales, cosa que lograron
anticonstitucionalmente por medio de un parlamento convertido
en una “escribanía del gobierno”. En agosto de 2003, el
Poder Legislativo, impulsado por el Ejecutivo, resolvió dictar la
ley 25.779, por la cual se declaran insanablemente nulas las
Leyes 23.492 y 23.521 (derogadas por Menem en 1998) alegando
que se trataron de delitos de lesa humanidad, que son
imprescriptibles, inamnistiables e inindultables. El Congreso
de la Nación, arrogándose facultades que no posee, declaró la
nulidad de esas leyes que habían sido promulgadas por un gobierno
constitucional y ratificadas por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación de ese entonces, en más de 10 oportunidades.
La actual Corte Suprema incurrió en un exceso mayor pues
aplicó rectroactivamente la ley de nulidad basándose en una
fuente extranjera, para juzgar una guerra interna.
A partir de allí y mediante un poder judicial en muchos
casos genuflexo e intimidado -y, en otros, ideológicamente afínse
reinició la persecución política por medios jurídicos y judiciales,
aprovechando que habían quedado sin efecto por las
leyes que ponían punto final a los conflictos del pasado.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sintonía
con el gobierno nacional y contra lo expresado por la Corte
Penal Internacional en sus fallos y también en su estatuto (al
cual estamos adheridos), estableció que los “crímenes” cometidos
por las FF.AA. tenían carácter “imprescriptible”. Contrariamente,
los crímenes de los terroristas fueron considerados
“delitos comunes” y, en función al tiempo transcurrido, ha
operado su prescripción sin posibilidad de acción legal contra
ellos. Así se contradice el Estatuto de Roma (de aplicación
obligatoria a partir de su aprobación como ley interna por el
Congreso Nacional) que claramente norma que los “grupos
civiles no estatales”, al cometer delitos aberrantes deben también
ser considerados por los Tribunales como incursos en delitos
de lesa humanidad
Con respecto a los veteranos de Malvinas, si bien ya lograron
una pensión, la campaña de desprestigio sigue dirigida
contra los cuadros de las FF.AA., con artículos escritos e incluso
con películas donde muestran a los oficiales como
despóticos y cobardes, que mientras los soldados estaban en
pozos en el terreno y mal alimentados, ellos disponían de “privilegios
alimentarios” y de comodidades físicas, aspectos total-
62
63
mente falsos de falsedad absoluta (el autor de uno de los
guiones fue un ex soldado que, según sus propios compañeros,
había demostrado una conducta miedosa y poco solidaria durante
su estadía en las islas). Otra acción que realizan es iniciar
juicio por torturas (delitos de lesa humanidad) a oficiales que
sancionaron a algún soldado indisciplinado con el “calabozo
de campaña” establecido en los reglamentos militares para estos
casos.
En total conocimiento que las FF.AA. actuaron “institucionalmente”
durante el desarrollo de la guerra revolucionaria
-salvo algún grupo minúsculo- y compenetradas con su
misión de “aniquilar al terrorismo subversivo”, de acuerdo con
decretos emanados de la Presidente constitucional, los sucesivos
gobiernos posteriores al proceso militar han adoptado
políticas alternativas para atacarlas y disminuirlas:
• Persecución jurídica y judicial, sin tregua y sin límites
legales, a aquellos militares cuya actividad antiterrorista
era pública y manifiesta, de acuerdo con el destino y función
que cumplían.
• Persecución económica al restante personal retirado, al
que se le ha recortado el sueldo en el 63% (siempre fue
aproximadamente el 18%) respecto al haber de los activos
mediante arbitrios ilegales que generan juicios interminables.
Como resultado, han logrado una progresiva
pauperización del personal en situación de retiro que
tiene consecuente repercusión en las familias militares.
Esta medida tiene también un efecto intimidatorio sobre
los militares en servicio activo, ya que los disuade de disentir
con las políticas de Defensa implementadas por el
gobierno, so riesgo de pasar a retiro en forma inmediata
y así engrosar el sector de los “desposeídos” .
El CELS, herramienta estratégica para dominar la política
de personal de las FF.AA.
No podemos dejar de referirnos al CELS (Centro de Estudios
Legales y Sociales) cuyo actual presidente es el terro-rista
montonero Horacio Verbitsky 6.
Esta organización fue creada el 12 de abril de 1980 -tres
años antes que entregara el poder el gobierno militar- por iniciativa
del doctor Emilio F. Mignone 7, quien fue su primer
presidente, acompañado por Augusto ConteMc Donell (tenían
hijos “desaparecidos”). En el Acta fundacional se dejó constancia
que su finalidad principal era intervenir dentro y fuera del
país en todo lo atinente al tema de los DD.HH. Sus objetivos
eran políticos y partiendo de la recepción y selección de denuncias
pensaban llegar a involucrar a miembros de las FF.AA., de
seguridad y policiales, mediante una acusación penal. Conociendo
esta finalidad entendemos que el CELS nació como defensor
de los derechos humanos de sólo un sector,
parcializados.
Este enfoque se mantuvo a través del tiempo y explica el
impulso posterior que adquirió esta entidad y la forma en que
se insertó en similares organismos internacionales y dirigió la
tarea y la acción psicológica de las ONGs de DD.HH. (de los
terroristas) en nuestro país y en el exterior. El gran salto cuali-
64
65
tativo del CELS se dio al morir Mignone y hacerse cargo de la
presidencia el ya nombrado terrorista Verbistsky, quien
perteneció al servicio de inteligencia de Montoneros e inexplicablemente,
fue el único que sobrevivió entre los identificados
que cumplían esa función. En 1989 y desde el diario
izquierdista “Página 12” (hoy vocero oficial del gobierno) fundado
con los dineros suministrados por el histórico terrorista
Gorriarán Merlo, Verbitsky efectuaba denuncias contra un
grupo de “militares que querían realizar un golpe de Estado
contra el gobierno”. Curiosamente esos artículos coincidieron
luego con el falso fundamento dado por Gorriarán y el MTP
como causa del sangriento ataque a los cuarteles de la Tablada,
al cual ya nos referimos.
La trabajada relación de Verbitsky -debido a su cargocon
la OEA, le abrió numerosos contactos en cadena que convirtieron
a la entidad por su desarrollo, capacidad financiera y
apoyo estatal, en la más influyente de sus similares en el campo
de los DD.HH., temática en la que a partir del 2003, con la
política del presidente Kirchner, agrega otras ventajas decisivas
para su accionar, al actuar el gobierno contra la FF.AA. e influir
en los otros poderes del Estado. En cuanto a la relación con el
ministerio de Defensa, se puede afirmar -aunque parezca descabellado-
que el CELS, y en especial Verbitsky, es el verdadero
artífice de la política de personal de las FF.AA. (Revisión de
legajos de retirados y en actividad para encontrar indicios o
evidencias que le sirvan para tomar medidas administrativas y
judiciales contra esos cuadros en relación a la guerra contra la
subversión terrorista e incluso de los ideológicamente contrarios
al gobierno).
A través del tiempo el CELS ha logrado un importante
apoyo de fundaciones nacionales e internacionales. Entre ellas:
AMNESTY Suenska Fonden (Suecia), AVINA (Buenos Aires),
Centro de Estudios de Justicia de las Américas-CEJA, Coalición
por la Corte Penal Internacional (Estados Unidos), Fundación
FORD (Estados Unidos), Foreign and Commonwealth
Office (Gran Bretaña) y British Embassy (Buenos Aires), Fondo
de Contribuciones Voluntarias para Víctimas de la Tortura de
Naciones Unidas (Suiza), International Human Rights Internship
Program-IHRIP (Estados Unidos), Kellog Foundation (Estados
Unidos), The John Merck Fund (Estados Unidos), The
Tinker Foundation (Estados Unidos), Embajada de Holanda,
a las que debemos agregar unas 25 organizaciones más.
La enorme capacidad financiera que dispone el CELS
le permite enviar delegados a varios países de Latinoamérica
para intercambiar información y experiencias sobre la forma
de crear un nuevo derecho con el que se pueda juzgar al personal
militar, ayudados por el poder político, para presionar a
los jueces (ataque jurídico y judicial) a efectos de ir logrando lo
que hicieron y hacen en Argentina. Posee importantes contactos
favorables en la Comisión Interamericana de los DD.HH.,
la Comisión de DD.HH. de la ONU y el Secreta-riado Internacional
de Amnesty Internacional. El CELS ha sido aceptado
como filial de la “Internacional League for Human Rights” y
por tal motivo tiene facilitada su participación internacional,
donde gravita con sus trabajos e informes.
Sobre el tema relacionado con el “control civil de las
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67
Fuerzas Armadas”, el CELS tiene seis documentos publicados
que pueden ser observados y descargados su sitio de Internet.
Por otra parte debe considerarse al CELS como el ente
“cipayo” del “Diálogo Interamericano” (http://www.thedialogue.
org), “centro estadounidense de análisis político, comunicación
e intercambio sobre temas de interés para el
Hemisferio Occidental. El Diálogo Interamericano reúne a importantes
actores de los sectores público y privado de todo el
continente con el propósito de tratar las problemáticas y coyunturas
hemisféricas de mayor trascendencia”. En realidad es el
organismo que establece las grandes líneas que el proyecto internacionalista
tiene en vista en nuestro subcontinente. 8
7. Consideraciones finales
En nuestro país, la situación de desprestigio de las
FF.AA. y la animosidad de los gobiernos contra su desarrollo y
su reconocimiento por parte de la sociedad, es anterior a la
creación del Foro de San Pablo, ya que se inicia en 1983 como
consecuencia de dos factores locales:
El primero, de carácter político, que tiene que ver con
la injerencia institucional que desde 1930 -y a requerimiento de
la oposición política que usufructuó los beneficios- tuvieron las
FF.AA. en la política nacional (golpes de Estado y consecuentes
gobiernos de facto, desplazando a los partidos políticos en el
poder). Es de suyo que la intervención de los Ejércitos en la
política en Argentina fue similar en aquellos años al resto de
América Latina, con la particularidad que esa intervención en
todos los casos, si bien fueron encabezados por militares, la
masa de funcionarios de tales gobiernos pertenecieron a los
distintos partidos políticos, incluyendo a los del gobierno
depuesto. Al volver los gobiernos constitucionales, esos políticos
en muchos casos minimizaron esa participación y su apoyo
a los gobiernos de facto e incluso lo denostaron como una
forma de desvincularse de ese pasado. Otra consideración importante,
es conocer que el Poder Judicial, en todos los casos,
continuó ejerciendo su ministerio.Más aún, muchos de los jueces
que juzgaron a los militares cuando éstos dejaron el poder
en 1983, habían jurado previamente sobre los Estatutos Revolucionarios
de los militares.
El segundo, de carácter preponderantemente ideológico,
y como consecuencia de las secuelas de la guerra revolucionaria
que dejó muchos muertos y miles de desaparecidos
con la victoria militar de las FF.AA. A partir de entonces, la estrategia
de desgaste y aniquilación de las fuerzas legales la hacen
las ONGs de DD.HH. (de los terroristas), en connivencia con
los gobiernos y apoyados por los partidos o agrupaciones políticas
de izquierda.
Consecuentemente los actores de ambos factores tenían
como objetivo común el debilitamiento político, la destrucción
de su capacidad militar y/o la modificación ideológica de las
FF.AA., a efectos de cooptarlas y lograr apoyo a sus fines políticos
e ideológicos.
La derrota militar en la guerra de Malvinas, a pesar del
inmenso apoyo popular que tuviera luego de tomar las islas sin
derramar sangre de los ingleses ni de la población civil, cambió
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ese apoyo por críticas al “descabellado intento de ganarle a los
ingleses con la OTAN apoyándolos” que rápidamente fueron
capitalizadas por la izquierda de los DD.HH. para desprestigiar
aún más a las Fuerzas Armadas de la Nación.
Desde 1983 el país vivió en democracia sin participación
alguna de las FF.AA. en el poder político, sucediéndose como
presidentes: Dr. Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical); Dr. Carlos
Saúl Menem (Justicialista), durante 2 períodos; Dr. Fernando
de la Rúa (Alianza), Ramón Puerta (Justicialista), Dr.
Alberto Rodríguez Saá (Justicialista), Eduardo Camaño (Justicialista)
y Dr. Eduardo Duhalde (Justicialista). Los cuatro últimos
surgidos luego de la renuncia de De la Rúa, a raíz de un
cuasi golpe de Estado civil y sin participación militar alguna, y
por último el Dr. Néstor Kirchner (Frente para la Victoria) y
Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), esposa
del anterior. Durante ese lapso se produjo una alternancia
de los principales partidos políticos y el Congreso Nacional
funcionó plenamente. Sin embargo, la política seguida con las
Fuerzas Armadas -con diferentes matices- fue similar: ataque
político, persecución jurídica y judicial, desarticulación, achicamiento,
desprestigio e incapacitación de las mismas para
operar como fuerza armada.
Si bien las FF.AA. destruyeron el aparato armado de las
organizaciones terroristas subversivas y ganaron la batalla, los
elementos residuales de esa subversión junto al oportunismo de
los políticos de turno continuaron “la guerra por otros medios”
y en lugar de la aplicación de los Derechos Humanos tal como
lo indica su esencia, los aplicaron unilateralmente como estrategia
política y venganza contra las fuerzas legales, alcanzando el
poder con el matrimonio Kirchner.
El “Juicio a las Juntas Militares”, constituyó un verdadero
hito histórico en cuanto alteró el real desenlace de la
Guerra Revolucionaria desatada en nuestro país, al sentar en el
banquillo de los acusados a quienes la habían ganado en defensa
del Estado y sus instituciones, sustrayéndolos de sus jueces
naturales, juzgándolos mediante una “Comisión Especial”
y leyes posteriores a la comisión de los hechos (situación
prohibida por el Art. 18 de nuestra Constitución) y aplicándoles
el Derecho Penal Ordinario en lugar del Derecho
Militar.
Pese a que los comandantes asumieron la responsabilidad
por las órdenes impartidas por el gobierno constitucional,
en pleno uso de sus facultades, de aniquilar a la subversión, se
hizo caso omiso de ello y se juzgó a los subalternos que habían
cumplido las órdenes. Ello tuvo como consecuencia el
descreimiento del cumplimiento de órdenes impartidas por superiores
que disponían de poder legal para hacerlo. Tal
situación traerá aparejado -en el futuro- que se pueda analizar
una orden impartida por un superior legalmente autorizado
para ello y cumplirla o no según su criterio o interés. Con ello
se está cuestionando el comando y puede tener nefastas consecuencias
en época de conflictos armados, ya que el subalterno
tiene obligación de cumplir una orden del servicio y el responsable
-si la cumplió reglamentariamente- es su superior. No hacerlo
así, vulnera la disciplina y no puede ser aceptado por
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71
ningún ejército del mundo a riesgo de anarquizarse.
Es evidente que el iniciador y responsable de la situación
que tienen hoy (30 años después) los miembros de las FF.AA.
y las otras fuerzas subordinadas (hay más de 400 detenidos y
muchos más esperando proceso, y ningún terro-rista en similar
situación) fue el gobierno socialista del Dr. Raúl Alfonsín, que
fue incapaz de pacificar el país después de la guerra interna. Él
sabía que no se debía judicializar una guerra, ni juzgar con el
código penal, en lugar del código mi-litar vigente y leyes de
guerra. Mucho menos, hacerlo inequitativamente, perjudicando
a una sola de las partes que se enfrentaron: las fuerzas
legales que defendieron las instituciones del Estado Nacional.
La Ley de Defensa promulgada por Alfonsín, al no considerar
las nuevas amenazas (narcotráfico, terrorismo, radicalismo
religioso, lavado de dinero y amenazas a los recursos
naturales ), pone en peligro nuestra sociedad que puede desintegrarse
desde adentro, y deja al Estado inerme ante la toma
del poder por medios no lícitos o el ataque a la soberanía y recursos
de la Nación por una potencia extranjera.
En la década del 90, a partir de la creación del Foro de
San Pablo, muchos de su adeptos y simpatizantes en nuestro
país, subidos en la ola izquierdista del “progresismo”, se infiltraron
en los distintos poderes del Estado, en los medios de comunicación
social y ya controlan ciertos resortes de la
educación y la cultura, con la intención de modificar los valores
que tenía la población, mayormente cristiana y católica, utilizando
también “los servicios de la corrupción y el narcotráfico”,
verdaderos ganadores del debilitamiento material y moral
de la sociedad argentina.
A partir de 2003 se hizo cargo un gobierno integrado
en gran parte por ex terroristas con todas las características
ideológicas (marxistas) de antaño vigentes, que están avanzando
para dar el golpe final por medios jurídicos, judiciales y
económicos a las “viejas FF.AA.” con la intención de hacerse
del poder por muchos años. Este gobierno tiene como política
de Estado apoyar la llamada “Memoria, Verdad y Justicia”, mediante
recursos políticos, económicos y financieros, entregados
a las ONGs de DD.HH. y otras organizaciones de izquierda,
que les sirven como cortinas de humo para sus intereses particulares
y acciones de corrupción, beneficiando notablemente
a las actividades de narcotráfico y lavado de dinero .
La estrategia de este gobierno afín con el terrorismo, se
ha basado en las siguientes premisas para accionar en desmedro
de las FF.AA.:
• Defender la teoría de que no hubo guerra, sino “terrorismo
de estado” y víctimas. Tratar de instalar por medio
de la Corte Suprema la jurisprudencia necesaria para juzgar
a todos los integrantes de las FF.AA. y fuerzas subordinadas
que intervinieron en la lucha contra el
terrorismo, a pesar del tiempo, de haber sido juzgados e
incluso indultados por el Poder Ejecutivo Nacional (como
crímenes de lesa humanidad no prescriptibles).
• Consecuentemente, continuar con la campaña de
desprestigio del “viejo ejército” (los que combatieron a los
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73
subversivos-terroristas) mediante los medios de comunicación
social, a la vez que reivindicar históricamente a la
agresión terrorista como una gesta heroica. Se está produciendo
una situación de “cooptación”, que es la coacción
para pensar en la dirección que impone el gobierno
y su sector ideológico afín.
• Para éste y otros fines, obtener e incrementar el dominio
de la información pública mediante presión
política y medidas de índole económica a nivel de empresas
de prensa escrita, oral y televisada y periodistas calificados
.
• Incrementar la presión sobre los elementos de la Justicia
en el corto plazo para apresurar los procesos judiciales y
cambiar los jueces que “molesten ideológicamente” con
distintas excusas .
• Utilizar al Poder Legislativo y a los gobiernos de la Capital
y de las provincias, así como a sus elementos componentes,
en las acciones de reivindicación ya expresadas,
con el objeto de ratificar la deformación de la verdad
histórica a partir de la desinformación en los sistemas de
educación y en la opinión pública. Utilizar la “cultura”
como vehículo de la ideología dentro de la sociedad.
• Tomar medidas drásticas, inmediatas y publicitadas ampliamente,
con toda persona con actuación en la guerra
contra el terrorismo que se encuentre en la administración
pública o que, desde un lugar en cualquier
relación de dependencia con el Estado, defienda lo ocurrido
en esa contienda, como una forma de introducir el
temor en la gente y que no se manifieste, imponiendo “el
pensamiento único”.
• Mostrar poco respeto por las FF.AA. y sus integrantes
para demostrar su poder y no perder ocasión en separar
“las viejas FF.AA”. de las que abrevaron en la fuente de
la democracia a partir de 1983.
• Privilegiar la lealtad personal por sobre las jerarquías
en el personal en actividad de las “nuevas FF.AA.”, con la
idea de ir logrando una subordinación al Poder político
que pase más por el gobierno que por la
Constitución Nacional.
Teniendo en cuenta que el responsable del
planeamiento y coordinación en toda Latinoamérica del ataque
jurídico y judicial a los integrantes de las FF.AA. es el CELS
(Centro de Estudios Legales y Sociales), presidido por el terrorista
montonero Horacio Verbitsky (quien recibe apoyo financiero,
entre varios otros, de la Fundación Ford de EEUU),
en coordinación con la Secretaría de DD.HH. de nuestro país;
consecuentemente será necesario conocer sus ideas, declaraciones
o escritos, porque ellos marcarán como seguirá esta
“guerra revolucionaria por otros medios”.
La Argentina, que sufrió uno de los mayores ataques de
las organizaciones subversivas terroristas en las décadas pasadas
y que tuvo que afrontar desde 1983 las consecuencias de no
haber entendido que esta “guerra revolucionaria” -como el camaleón-
podía cambiar y utilizar otra modalidad, para obtener
los fines políticos deseados, en la actualidad tendría que servir
74
75
“como modelo” para aquellas FF.AA. que tienen en su patria
las “larvas” de la venganza contra los militares, a efectos de evaluar,
por similitud, con qué medios, cómo y por dónde vendrá
el ataque a su institución. Hace poco, un funcionario que se autotitula
“soldado del Presidente Kirchner” expresó públicamente
en un acto: “ahora… ¡vamos por todos!”
La ascensión a la presidencia de los Kirchner (2003-2008
Néstor y a partir de esa fecha, su esposa) ha determinado que
nuestro país esté fuertemente involucrado con los objetivos del
Foro de San Pablo, lo que está confirmado por su alineación
ideológica, comercial y financiera con Chávez, actual mayor
impulsor de esa organización, y por su relación fluida con
Lula, Evo Morales, Correa, el Frente Amplio de Uruguay e incluso,
con Fidel Castro. En lo interno apoya de distintas maneras
a varios de los asiduos concurrentes a las reuniones
del Foro cuyo común denominador es su “antiimperialismo”
(léase EEUU).
En nuestro país, la lucha por la verdad continúa y no cejaremos
hasta que se imponga. Ya se están verificando las
primeras reacciones contra la “historia oficial” y el “pensamiento
único”, no sólo entre la población y algunas asociaciones
de abogados independientes, sino también en algún
tribunal que se ejerce realmente “el Derecho” y no la obsecuencia
política ni el temor por las acusaciones del “Consejo de la
Magistratura”, manejada políticamente por el actual gobierno,
que puede enjuiciar a los jueces por… ¡sus sentencias!
Para cerrar este documento, creemos oportuno y conveniente
transcribir las palabras de un juez subrogante de Santa
Fe que pidió ser separado de un caso por razones de “violencia
moral”. Al respecto el diario La Nación del jueves 30 de abril
de este año, en su página 11 dice textualmente:
Se trata de Martín Gutiérrez, un abogado que integraba
el Tribunal Oral Federal de Santa Fe como subrogante. Intervenía
en el caso Aebi, uno de los principales casos por crímenes
de la represión en la provincia.
En su excusación alegó que se sentía coaccionado por
las declaraciones amenazantes de varios funcionarios, entre ellos
la presidenta Cristina Kirchner. Ellos señalaron -dijo Gutiérrezque
quienes tienen la responsabilidad de entender, como el
suscripto, en los procesos en los que se investigan delitos de lesa
humanidad, cuando emiten fallos que resultan contrarios a las
pretensiones perseguidas por el Estado Nacional, comparten la
ideología represiva, favorecen a los represores del genocidio y
deben ser sometidos a jury de enjuiciamiento.
Gutiérrez cuestionó puntualmente, que la Presidenta
hubiera pedido la remoción de los jueces de (la cámara) Casación
que liberaron a represores que llevaban años presos sin condena.
Dijo además, que no quería exponerse a ser acusado de pro genocida
si fallaba a favor de algún acusado.
NOTAS
1 Líder del ala izquierda del partido Unión Cívica Radical quien, en 1972
se había desempeñado como defensor de Mario Roberto Santucho, máximo
dirigente del “Ejército Revolucionario del Pueblo-ERP”, brazo ar-
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77
mado del “Partido Revolucionario de los Trabajadores-PRT”, que había
asesinado al presidente de FIAT Argentina Dr. Oberdam Sallustro. En su
alegato, Alfonsín expresó: “los subversivos no son delincuentes, sino combatientes,
integrantes de un ejército revolucionario del pueblo alzado en
armas en rebelión abierta, en operaciones”, palabras significativas que
luego serían contradichas por decretos del mismo Alfonsín al asumir la
presidencia de la Nación.
2 Que en su página 460 dice: … “Recuerdo que en el 84 Jaime Lusinchi había
ganado las elecciones en Venezuela y a su asunción viajaron funcionarios
nicaragüenses. El canciller de Nicaragua era entonces Miguel D´Escoto y el vicecanciller
Víctor Tinoco y ahí en Caracas, en una reunión con gente de la cancillería
argentina, se interesaron por el decreto en contra nuestro y, en particular,
por mi caso. La respuesta obtenida de los funcionarios argentinos fue que el gobierno
no pretendía perseguirnos, sino que con ese decreto lo que en realidad buscaban
era justificar el juicio a las Juntas, dando la idea de que se perseguía a todos
por igual”.
3 El “Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949” (Conflictos
armados sin carácter internacional) en su Título II, Artículo 6, expresa:
“A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder
procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que
hayan formado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas
de su libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el
conflicto armado”.
4 Militante del PRT-ERP, hoy subsecretario de DD.HH., y quien hace
pocos meses, como delegado internacional, distorsionara la realidad en el
informe efectuado por los hechos acaecidos en el Departamento de
Pando, en Bolivia.
5 Las enseñanzas expresadas a continuación fueron extraídas del “Informe
Rattenbach - Malvinas” - Capítulo XIV -“Aspectos institucionales” - “Las
lecciones del conflicto”.
6 “Horacio Verbitsky, un intelectual, un periodista que lanza por la prensa buchonerías
seleccionadas que amedrentan desde jueces a periodistas. Un personaje no
electo -ni en listas sábanas- pero de enorme poder desde las sombras en esta gestión
Kirchner y que goza hoy de la impunidad jurídica que dice combatir. Verbitsky
pone y saca miembros de la Corte Suprema de Justicia; sienta a su lado en comidas
y es recibido en su despacho por el presidente del más alto tribunal del país, Enrique
Petracchi. Se ha cebado al extremo, en estos días, de sacar en horas de su cargo a
jueces, suspenderlos y hacerles juicio político porque también domina el Consejo
de la Magistratura, que preside precisamente Petracchi. Ha implantado en la Argentina
la vergüenza jurídica de que los magistrados ahora pueden ser juzgados y
echados por sus fallos. Todo maquinado por este personaje que en su pasado apretó
detonadores de explosivos que a distancia mataron civiles inocentes para satisfacer
la «prueba de sangre» (de sangre derramada) que el grupo terrorista Montoneros
exigía a sus miembros como resguardo de lealtad. Titiritea la Justicia sin cargo
público; frecuenta los más altos despachos del gobierno; maneja los expedientes
para ascensos o descabezamientos de militares; tiene colocados hombres que le responden
desde la Cancillería hasta el comando general de las Fuerzas Armadas,
al extremo de que en el propio gobierno dicen que «Verbitsky tiene una SIDE paralela
» por la cantidad de información que recibe de sus infiltrados en organismos
públicos.” Julio Ramos , diario Ámbito Financiero, 19 Ago. 2005.
7 Militante católico y Rector de la Universidad de Luján.
8 Ver libro “Verbitsky. De la Habana a la Fundación Ford”, de Carlos
Manuel Acuña Ed. Del Pórtico.
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79
4.
El desgaste axiológico de las Fuerzas Armadas
en Bolivia
Es muy cierto que algunos hechos históricos signan futuros
acontecimientos, pero en algunos casos esa no es la
norma, como lo ocurrido con la caída del muro de Berlín en
noviembre de 1989, que dignificó al mundo dejando a un lado
la penosa confrontación ideológica mundial oriente-occidente.
Esta caída fue producto de la llamada “marcha de los 70
años hacia la nada”, como fue conocido el proceso hacia el
socialismo, que empecinado en la lucha de clases y la
destrucción de la Organización Político Administrativa de las
naciones, buscaba levantar sobre sus cenizas el nuevo orden social
mundial.
En igual forma nadie imaginaba por entonces que la llamada
crisis del capitalismo global resucitara a los dinosaurios
estalinistas en Latinoamérica, quienes sedientos de venganza
contra sus vencedores de antaño, emprendieran la venganza
de los “desposeídos”, enmascarada en un indigenismo fundamentalista
y radical, con su perverso y confrontador discurso de
los “500 años de opresión” de los pueblos indígenas originarios
campesinos, con el pretexto de “Reivindicación”.
En Bolivia, país con significativo porcentaje de indígenas
y mestizos, que se identifican con alguna de las variadas etnias
que existen en su territorio, el discurso de la nueva liberación
de los excluidos “hizo carne”, desde que los ultranacionalistas
libros de Fausto Reynaga y muchos otros que impactaron en la
juventud deseosa de una nueva “utopía”.
Estos fundamentalistas étnicos, que habían intentado
expandir el “aymaro-centrismo” mediante tendencias radicales
como el Ejército Guerrillero Tupaj Katari, encontraron en el
cansancio del pueblo por el fracaso de los partidos tradicionales,
la oportunidad de llegar al poder mediante las urnas.
Lo lograron ampliamente, haciendo expresar a su vicepresidente
electo, “hemos obtenido el gobierno pero no el poder”.
En el intento de hacerse de la hegemonía política que
les permita su “revolución del cambio” encontraron como
óbice a la fortaleza institucional de lo establecido, considerando
como principales oponentes, al Poder Judicial, al Tribunal
Constitucional, a la Contraloría, Comités Cívicos y autoridades
del oriente, la Iglesia, la prensa oral y escrita, el empresariado
y la clase media, y, como no podría ser de otra manera,
al factor militar, poder permanente del Estado que se opone a
los salvajes procesos de la “destrucción creativa” schumpeteriana,
la cual preconiza que el nuevo orden debe surgir de las
cenizas de lo destruido.
Se ha mencionado en reiteradas oportunidades, por
boca de los portavoces del gobierno boliviano, que la democracia
no les sirve; pues bien, si tienen el gobierno y no el
poder, esta situación no les permite alcanzar sus objetivos por
la vía democrática; por lo tanto, no pueden obtener la tan deseada
hegemonía política.
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81Ahora bien, las normas fundamentales de existencia de
las FF.AA. señalan que no pueden existir como Institución profesional
si no tienen organización, disciplina, medios y concepto
del Honor. No se puede entender a un conglomerado
humano, juramentado ante los más sagrados símbolos de la espiritualidad
de su población, si no tiene lo axiológico bien fundamentado.
Saltar de sus trincheras protegidas para enfrentarse
en una catarsis cívica, ante la metralla, requiere que el soldado
posea una espiritualidad y una mística; requiere de una formación
superior muy difícil de lograr; allí reside su fortaleza. Justamente
por eso, la tarea de destrucción de la Institución
comienza por golpear esos aspectos fundamentales. Pero
¿Cómo realizar esta tarea?
Se emprende inicialmente con la guerra económica contra
los militares, el brutal despojo presupuestario de las FF.AA.
efectuado por los gobiernos de la “democracia recuperada”,
que veían a los militares como sus permanentes rivales políticos;
y se completa con el “gobierno de los excluidos“, utilizando
los mismos mecanismos: la eliminación de bonos; aumentos
de sueldos por jerarquía invertida, es decir, “mas a los que
ganan menos”; y la estocada maestra, la reducción del presupuesto
del profesorado, afectando así la calidad de la
educación castrense. Esta situación, sin duda, es la mas peligrosa,
porque afecta la parte medular de la formación profesional,
pretendiendo trastocar la esencia misma de la
Institución; la mística que debe existir en todo militar.
El embozado ataque contra la Institución continúa cuestionando
su razón de ser, es decir, su misión; y proponiendo el
cambio del “rol” de las FF.AA. y de su ideología militar nacionalista,
a la que califican como la Doctrina de Seguridad Nacional,
la cual consideran represiva.
Por otra parte, se sustituye el concepto de Seguridad
colectiva, por otro nuevo, basado en la creación de un
“movimiento antiimperialista”, bajo la egida de la nueva “potencia”
rectora: la Venezuela de Chávez, que orienta sus armas
hacia el enemigo común, los EE.UU. de Norte América, arrastrando
infantilmente al gobierno de Bolivia a acciones y medidas
totalmente desproporcionadas.
Antaño se repetía incesantemente dentro de las células
terroristas y guerrilleras “foquistas” que atacaban a las FF.AA.,
que debería cambiarse el rol militar porque no habían amenazas
que justificasen su existencia. Surge la pregunta ¿Y el
Che Guevara no era una amenaza?
Afirmando con desparpajo que cuando no existe enemigo
externo, los militares se inventaban la subversión interna
para justificar su vigencia; y denunciando que, con su labor
represora, en contra los “justos levantamientos en armas”, las
FF.AA. solo servían para apuntalar a los gobiernos legalmente
constituidos.
Pero ¿Qué ocurre actualmente en los “países del cambio”?
En lo concerniente a inventar enemigos ficticios, el gobierno
actual es experto, puesto que periódicamente denuncia
-sin presentar prueba alguna- la agresión imperialista de la CIA,
los grupos terroristas de derecha y los golpes cívico-prefecturales,
los cuales han ocupado el lugar de la subversión interna.
¿Es que ahora las FF.AA. han recuperado su vigencia,
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83
como órganos de control político y represores, pero esta vez
contra la “subversión ultraderechista“?
¿Como se logra que los militares se ajusten a las exigencias
del cambio? En principio, manteniendo un inteligente contacto
con sus mandos, se les visita periódicamente, se hacen los
esfuerzos por escucharles en sus tareas de asesoramiento y se les
ocupa en tareas no castrenses que permiten que sus cuadros se
sientan útiles en el servicio a su pueblo.
Lamentablemente, la utilización no se circunscribe a
estas tareas, sino se realizan esfuerzos para mantenerlas como
fuerzas de ocupación y represión de sus conciudadanos, como
se dio en el caso del Departamento de Pando, donde rigió el Estado
de Sitio y se nombró a un prefecto militar activo para las
tareas de control político.
Esta es una realidad preocupante, las labores represoras
no están siendo representadas por los mandos y los Estados
Mayores, mostrándonos claramente una debilidad espiritual
que raya en la obsecuencia, alejándose cada vez más de su principal
misión, la de hacer cumplir y asegurar el imperio de La
Constitución Política del Estado.
Por otro lado, si bien se muestra una apariencia de apoyo
político al EstamentoMilitar por parte del gobierno, lo que en
realidad se percibe es un esfuerzo de separarlo del pueblo.
Ejemplificamos esta realidad señalando lo que pasó en la celebración
de la Semana Santa: las FF.AA., fueron prohibidas de
asistir institucionalmente y uniformadas a la procesión del
Santo Sepulcro, rompiendo una tradición centenaria; apelaron
a su disciplina y, mediante una orden eminentemente política,
la divorciaron del pueblo con el cual acostumbraban a orar en
las procesiones sacras durante esas importantes fechas, incluso
en la Pascua de Resurrección. De la misma manera, la ausencia
militar en las ceremonias cívicas departamentales, en los departamentos
de Tarija y Chuquisaca, fue duramente criticada.
Nuestra institución, tradicionalmente vista por los partidos
políticos como oponentes en el relevo del ejercicio del
mando de la Nación, después de 27 años de conducta
democrática ejemplar, ha logrado un tercer lugar de confiabilidad
en la sociedad boliviana, y continúa siendo percibida por
algunos sectores como la esperanza de reconducción
democrática en caso de los abusos de una tiranía política.
Lamentablemente, los líderes políticos caducos no
aprenden y continúan atacando el desempeño castrense que,
por su carácter eminentemente obediente al gobierno, ha iniciado
tareas represivas. Con estos ataques injustificados, lo que
logran en realidad es fortalecer el Espíritu de Cuerpo, entregándolas
en bandeja de plata al objetivo de establecer el pacto que
ya no es militar-campesino, sino indígena-militar, y de esta manera
contar en breve plazo con unas FF.AA. a la medida del gobierno
y a sus intenciones totalitarias.
Pero donde más inciden sus esfuerzos es en el deterioro
de sus virtudes y principios espirituales, sin los cuales no se
comprende el sentimiento del honor que deben tener todos
sus componentes.
Para mantener vigente el sentido del honor y del deber,
se requiere que las FF.AA. no se conviertan en agentes represores,
y que no sean utilizadas de mil maneras, distintas a la
84
85
función militar: cajeros de los bonos, aduaneros, vacunadores,
alfabetizadores, centinelas de la salud, y hasta barrenderos en
todas las campañas de limpieza de los municipios.
Con respecto a la disciplina -base fundamental de los
ejércitos y alma fundamental de la organización- que sustenta
a la jerarquía, ha sido debilitada, primero, con el retiro injustificado
de tres promociones de generales, en el momento de la
asunción al poder; y segundo, sancionando a la disidencia, con
malos destinos o cargos militares. Este chantaje profesional beneficia
a los incondicionales del régimen, quienes, abandonando
la apoliticidad que debe caracterizar al militar, se comprometen
con el gobierno, garantizando la subordinación consciente y
voluntaria al llamado “proceso del cambio“.
De esta forma, no queda casi ningún espacio para el disenso,
ni para una conducta verdaderamente profesional.
Como consecuencia, no se impone la razón, sino el autoritarismo,
sobre todo frente al fracaso de las decisiones del gobierno,
en sus diferentes niveles. Todo lo arriba descrito daña
la imagen de las FF.AA. y pone en riesgo su institucionalidad,
lo cual favorece el mando autocrático y autoritario de los políticos
de turno.
Todo indica que -en el alineamiento geopolítico al nuevo
eje antiimperialista, claramente definido por el gobierno de
Venezuela- la tónica de la nueva relación entre el gobierno y las
FF.AA. contempla quitar del camino a los cuadros representativos
de la institución, que deberían ocupar naturalmente el
Alto Mando, y encumbrar a otros, no por razones de mérito,
sino por su compromiso con la revolución. Existe el temor de
que, con estas medidas, se concretará la destrucción o eliminación
de la Institución militar, tal como se la conoce ahora,
como paso imprescindible en la destrucción de la sobe-ranía
patria.
En este sentido, se ha observado que existe una política
del gobierno de separar a todos aquellos militares que no comulguen
con el “proceso de cambio“, principalmente sobre
aquellos que tienen expectativas de asumir cargos prominentes
en las FF.AA.; y se les otorga estas responsabilidades a los sumisos,
soplones y serviles. La subordinación al proyecto político
gubernamental parece ser la única vía para alcanzar altos cargos
dentro de la Institución, aun cuando -por razones de falta de
antigüedad y mérito- no les corresponda asumirlos.
Policializar a las FF.AA. y militarizar a la Policía Nacional
parece ser otra de las intenciones del actual gobierno; de esta
manera se pergeñan nuevas tareas y se asignan roles no tradicionales.
El nuevo Servicio Militar Obligatorio prioriza la capacitación
técnica y devalúa la instrucción militar; lo poco que se
instruye en el manejo de armas en no mas de tres meses servirá
para tareas policiales en defensa del gobierno o en ta-reas políticas
de presencia del Estado, como es el caso de la distribución
de los bonos sociales y tareas aduaneras, de educación y salud,
el cuidado del medio ambiente, y la erradicación del narcotráfico.
No estamos en contra de estas actividades, pero se debe
determinar con claridad cuáles Unidades prestaran apoyo al
desarrollo y cuáles Unidades son esencialmente operativas, de-
86
87
dicadas en un cien por ciento en su preparación e instrucción
netamente militar
El deseo de modificar las FF.AA. llega al extremo de pretender
cambiar su uniforme, para que “deje de ser una copia de
los uniformes estadounidenses” y represente a las regiones y las
naciones del nuevo Estado Plurinacional.
Estos detalles tan nimios, pero a la vez importantes, revelan
una política de transformación, cuyos resultados no
podemos imaginar sin dirigir nuestra mirada hacia las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Cuba o a las de Venezuela, estas
últimas también en pleno proceso de transformación. Se trata
de medidas en apariencia poco trascendentales, que responden
a intereses políticos y no militares.
En reiteradas oportunidades el gobierno ha mencionado
que potenciará y fortalecerá a las FF.AA., pero esa intención se
ha convertido en una formulación teórica, porque en la práctica
no existe. Se han comprado algunos vehículos y aviones de
transporte; pero no se ha comprado lo más importante, que
son las armas y las municiones, todo lo cual incide negativamente
en la defensa de la soberanía y de las instituciones de la
patria.
Debemos señalar que lamentablemente las FF.AA. no
están siendo utilizadas de acuerdo a la norma y a la Constitución;
por el contrario, en muchos casos están siendo usadas
para reprimir a la población, incluso cuando las protestas,
además de pacíficas, estaban plenamente justificadas. La policía
es, en primera instancia, la institución encargada sofocar una
convulsión en caso de presentarse y, sólo cuando es rebasada o
cuando no tiene la capacidad suficiente, deben intervenir las
FF.AA.
El actual gobierno ordena directamente a las FF.AA. intervenir,
sin agotar la instancia policial, para que reprima las
manifestaciones de la disidencia, sin los medios ni el equipo
adecuado para estos fines. Además, se supone que las FF.AA.
salen con armas letales que pueden provocar situaciones peligrosas;
y que las FF.AA. no son provocadores de la violencia,
sino que salen para dar cumplimiento a las disposiciones del
poder político.
No hay duda que esta situación preocupa, porque el
pueblo va perdiendo la confianza en las FF. AA. Situaciones
como las arriba señaladas ocurrieron en sitios como Camiri,
Sucre, y Tarija, donde las FF.AA. fueron humilladas. Afortunadamente,
la respuesta de los grupos sociales involucrados en
el conflicto no tenía un carácter violento.
La actuación militar en Pando -departamento con poca
densidad poblacional- fue una de las más graves, porque, siguiendo
órdenes del Ejecutivo, la Institución se excedió en el
uso de la fuerza; ocasionando varios muertos. Esto respondió
a circunstancias políticas del momento, manejadas por el Alto
Gobierno, pero que sin duda constituyen imposiciones autoritarias,
contrarias a la Ley.
Otro aspecto peligroso que debe señalarse es que al interior
de las FF.AA. se ha establecido un sistema de control,
sobre todo hacia los Comandantes, para detectar quiénes piensan
de manera distinta al gobierno, para que éstos puedan ser
separados o ubicados en cargos sin relevancia, coartando la ca-
88
89
rrera y las aspiraciones legítimas de militares destacados
Se debe, pues, formular una política de defensa de nuestra
institución. Deben diseñarse respuestas para el adversario.
Un adversario que no sólo se opone a la Institución, sino a los
valores mismos que la caracterizan, a la tradición y a la mística
institucional, basada en la trilogía “Dios, Patria y Hogar”, que
ha sido orientadora del desempeño institucional desde sus orígenes.
Los mandos militares actuales tienen la palabra, o sacan
a flote la institución o la hunden como el Titanic.
¿Acaso deberemos renunciar a nuestros símbolos patrios
e izar la “whipala” andina en nuestros cuarteles? ¿Qué haremos
con nuestros ritos religiosos institucionales, las misas de campaña,
las bendiciones al iniciar nuestras actividades, la comunión
espiritual que reconforta en momentos de peligro? ¿Qué
pasará con nuestra patrona y generala de las FF.AA.? ¿Volveremos
a las “challas” y “Qoas” paganas, alejadas de ese beneficioso
sincretismo que unía a la tropa con sus oficiales? ¿Qué
pasará con nuestros capellanes? ¿A quiénes acudiremos en nuestras
cavilaciones más profundas? Estas importantes interrogantes
deben ser respondidas acertadamente. Urge repensar el
cambio que pretende promoverse en las FF.AA.
El conflicto creado por el mismo gobierno, al poner en
práctica su proyecto ideológico, genera un incremento del
racismo (discriminación); enfrentamientos sin sentido entre
campesinos y citadinos, es decir, con la clase media; avasallamiento
de tierras, es decir, violación de la propiedad privada;
polarización absurda entre oriente occidente; y una infinidad
de problemas. Ante esta situación, la oposición se encuentra
en franca desventaja, porque, mientras que el go-bierno tiene
un proyecto político-militar, la oposición tiene solamente una
respuesta política.
Es necesario, pues, frustrar la estrategia del gobierno;
prevenir que logre sus objetivos; para así evitar que el conflicto
degenere en violencia o choque armado; lo cual tendría consecuencias
desastrosas y funestas.
Sin duda, esto resulta una tarea extremadamente difícil
para los políticos, porque las sociedades democráticas tienden
a fluctuar entre la complacencia y el miedo. Los líderes políticos
generalmente recurren a la solución de conflictos y al
apaciguamiento.
Aún así, debe buscarse una estrategia que evite la expansión
de una izquierda que desprecia los derechos humanos,
niega absolutamente la naturaleza y la dignidad humana, e incentiva
y fomenta el odio entre las clases para alcanzar la revolución
social. Se trata de una izquierda que actúa con
crueldad, sin ningún tipo de escrúpulo, esto se observa a diario
en todas partes del mundo; por tanto, es necesario detener el
avance de esta doctrina perniciosa.
La sociedad civil no pide que las FF.AA. derroquen al
gobierno, pero sí le exigen que planteen al gobierno cumplir el
estado de derecho y respetar la Constitución Política del Estado
Para concluir, ¿Qué pasará con los movimientos sociales,
que con una clara tendencia confrontadora y racista, amenazan
la región oriental? ¿Cómo evitar que en Santa Cruz se genere
una preocupante tendencia a organizar células irregulares ar-
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91
madas? Es preocupante la significación socio-política que tiene,
como ocurrió en el pasado, el triangulo de la dispersión del
poder: Ejército, la policía y las milicias armadas.
El proceso que se está desarrollando -que ya causa repulsa
en la ciudadanía- está orientado a tener, en el corto plazo,
un país sometido a la discrecionalidad de nuevos “EstadosMayores
del Pueblo“, que dirigirán a las masas populares, para imponer
por la fuerza su proyecto ideológico, y que se conviertan
en una especie de Gestapo para las propias FF.AA. Ellos decidirán
quién se queda y quién se va, quién manda y quién obedece.
La ocupación militar de Pando, la prisión ilegal de su ex
prefecto Leopoldo Fernández, y la judicialización de la política
y otras anomalías, ensombrecen las declaraciones democráticas
del Gobierno y le restan confianza pública.
Por motivos de conciencia, denunciamos que la excesiva
prudencia de los mandos que, rayando en la obsecuencia, no
defienden los valores institucionales, es una actitud despreciable,
que no solo debilita a la Institución sino a toda nuestra
república.
Nuestros camaradas y particularmente sus mandos, no
deben olvidarse que las Fuerzas Armadas, como “modificadorasde
valores e integrador nacional”, no pueden ser manipuladas
por ninguna organización política, menos si estas tienen
tendencias totalitarias, “La Democracia es la ausencia de la
Tiranía”.
5.
El Foro de São Paulo afecta a Colombia
Introducción 1
Colombia indudablemente es el país latinoamericano
más afectado por la realidad que representa el Foro de São
Paulo. Realidad que aparece en los horizontes sociales, políticos
y económicos de cada nación, sin que se presuma a los ojos ingenuos
de un lector desprevenido, de un ciudadano común,
que ello pudiese tener proyección al horizonte del conflicto armado,
del uso de las armas de guerra, del desangre de los pueblos
supuestamente hermanados de sur y centro América.
Dada su posición geoestratégica, Colombia está en la
mira de los intereses geopolíticos expansionistas del llamado
Socialismo del Siglo XXI, que se refleja en un contubernio internacional
que pretende revivir el anquilosado sueño tiránico
de Fidel Castro hacia todo el continente, originado primero
con la expansión del comunismo soviético, prolongado con la
guerra fría, estimulado por la dictadura cubana y resarcido por
el Noveno Congreso del Partido Comunista Colombiano, que
validó la "combinación de las formas de lucha", a partir de la acción
armada, pues al decir de Jacobo Arenas "las guerrillas son
el estímulo de la subversión".
Caído el muro de Berlín, se hubiera podido pensar que
las guerrillas comunistas colombianas perderían la justificación
92
93
ideológica política, pero en especial el sustento que recibían
del exterior. Para desgracia de Colombia y suerte de los grupos
guerrilleros, el narcotráfico las oxigenó en lo financiero y el
Foro de São Paulo en lo político, con el argumento castrista refrendado
por Lula Da Silva, que el socialismo tiene vigencia.
De esa manera las FARC se metieron de lleno al terrorismo,
al narcotráfico y al narcoterrorismo. Al mismo tiempo
crecieron los contactos del Frente internacional hasta completar
una estrategia de diplomacia paralela, que le permitió refinar
los componentes estructurales de su Plan Estratégico y
conectarse con las redes de lavadores de dinero, los narcotraficantes
y los comerciantes del mercado negro de armas.
Al grave problema de la tendencia izquierdista de Latinoamérica,
con poco claras proyecciones del socialismo del
siglo XXI, se sumó que las FARC, parte activa del Foro de São
Paulo, no solo son un problema para la seguridad nacional
sino para la estabilidad hemisférica, y en ese sentido el Foro de
São Paulo es un combustible altamente nocivo en ambos casos.
El Foro aparece entonces como un binomio de dos
polos cercanos, que encuadran precisamente a Colombia encuadrada,
casi equidistante, el Partido de los Trabajadores del
Brasil (PT) y el Partido Comunista de Cuba, que pretendían
redefinir los objetivos y las actividades de la izquierda después
de los grandes fenómenos que habían llevado casi a la extinción
del comunismo en el mundo. Por lo menos en Colombia, supimos
que el partido comunista colombiano (PPC) no se había
resignado a la desaparición de la URSS y percibimos que siguieron
como si nada hubiera pasado, como si las cosas del desarrollo
de la política internacional mundial fueran ajenas a los
sucesos y realidades colombianas.
Era natural, en Colombia estaba en plena actividad y
creciendo un movimiento guerrillero desde el año 1964 que
había trastocado las relaciones con su organismo creador, el
partido comunista, y había seguido adelante colocando lo militar
por encima de lo político. Fue un efecto indudable del
narcotráfico. El ente creado se había desarrollado económicamente
más que el entre creador, pero lo que era una realidad
incontrovertible: la criatura empezó desde la década del
ochenta a patrocinar y sostener el movimiento político creador.
No sería fácil por lo mismo que los ideólogos comunistas locales
convencieran a los cabecillas de su aparato militar que la
dejación de las armas era una necesidad moderna o una gran
conclusión del acontecimiento mundial de su enorme espejo y
su gran inspiración: la URSS.
Otra razón de peso pudo ser que se sentían tan cerca de
la meta soñada de alcanzar el poder por la vía de las armas, que
dar un paso atrás era perder medio siglo de lucha, entonces sí,
infructuosa. Era casi como la repetición o reiteración del slogan
más de moda por los tantos movimientos insurgentes colombianos:
ni un paso atrás, siempre adelante; cuyo origen lo ubican
en el comunero José Antonio Galán a finales del mil
setecientos.
El Foro de São Paulo se convertiría a partir de su
creación no en un foro, más bien en un faro de luz incendiaria,
revitalizadora de la lucha que acá se libraba, no de tipo laboral,
gremial o de reivindicaciones sociales o económicas; acá se
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95
tejían redes mas duras de tambores de guerra y el Foro de São
Paulo les cayó como guante vivificante de hazañas guerreras,
nunca tan bien justificadas como pudiera hacerse a través del
nuevo aparato de corte internacional. Si provenía de países
como Brasil y Cuba, mejor; si lo patrocinaba Hugo Chávez
desde Caracas, todavía mejor. Pero si las coyunturas le daban
patente de corso y lo internacionalizaban gobiernos afines y coincidentes,
extraordinario.
Para los integrantes colombianos del Foro, llámese
FARC-EP o ELN-UC, Polo Democrático Alternativo o subsiguientes
en lista de hoy o mañana, es trascendental hallar en
otros gobiernos vecinos la aceptación ideológica y logística que
no tienen en su propio patio, pero si la unión de esfuerzos se
consigue y progresa, finalmente conseguirán un gobierno de
corte similar en Colombia, con lo cual cerrarían el circulo de
fuego de rojo intenso para enfrentarse contra potencias desafectas
o ideologías democráticas pacíficas o irenistas. No sobra advertir
que de los tres representantes colombianos, dos son
movimientos armados activos e ilegales y ello es del
conocimiento de todas las naciones americanas, no pueden
olvidar que están en la lista de organizaciones terroristas del
mundo. El estatuto de las FARC-EP, en su artículo 1º reza,
como para que no queden dudas: “Las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia, Ejército del Pueblo, como la expresión más elevada
de la lucha revolucionaria por la liberación nacional, son un
movimiento político militar que desarrolla su acción ideológica,
política, organizativa, propagandística y armada de guerrillas, conforme
a la táctica de la combinación de todas las formas de lucha de
masas por el poder para el pueblo”.
Un simple ejemplo justificaría la participación de
movimientos afines, políticos o armados, ideológicos o subversivos,
al Foro de São Paulo por parte de organizaciones colombianas:
las relaciones inestables de Colombia con sus vecinos
Venezuela, Ecuador y Nicaragua, se centran en las posiciones
ideológicas de esas tres naciones promulgadas con insistencia
por el Foro, el cumplimiento de sus consignas, la propalación
de la política bolivariana de origen chavista y otras expresiones
de corte económico y diplomático. En las posiciones individuales
de los mandatarios, la sincronización de ideas y esfuerzos,
la coincidencia en tiempos y espacios, no dejan lugar a
dudas sobre la paternidad de un ente gobernante. Si se
quisieran mas pruebas bastaría simplemente cuestionar la permanencia
en esos países de cabecillas, campamentos, actividades
de entrenamiento, aprovisionamiento en armas y
equipos, proselitismo y coordinación de acciones contra
Colombia en particular o proyecciones a otros países en donde
la llama guerrera revolucionario pudiese florecer de sus cenizas
aún tibias.
Colombia es sin lugar a dudas la nación sudamericana
que mas ha sufrido con la creación del Foro de São Paulo; tenemos
lo que las otras naciones potencialmente objetivos, no
tienen, un ingrediente armado, organizado y experimentado
en la lucha armada, que es actuante interna e internacionalmente
y en plena coordinación con los líderes del Foro. Una
muestra de esta unión de voluntades y entrega a la causa inter-
96
97
nacional la patentiza el mensaje de Julio de 2007, remitido
por la narco guerrilla de las FARC al Foro de São Paulo, que en
sus partes dice:
Comunicado de la Comisión Internacional de las
FARC-EP al Foro de São Paulo. Compañeros Mesa Directiva
del Grupo de Trabajo del Foro de São Paulo…. (*)...Nos reunimos
en un momento muy importante para el avance político y
social de nuestro Continente. Los triunfos de Nicaragua y
Ecuador nos muestran la decisión tomada por los pueblos, de no
permitir a las clases dominantes y minoritarias que sigan gobernado
nuestros países, atropellando a los más débiles, entregando
nuestras riquezas a las empresas multinacionales y pisoteando
nuestra soberanía.
La consolidación de las revoluciones cubana, venezolana
y boliviana nos aseguran que el futuro de América Latina
y el Caribe se encamina por los cambios en beneficio de los pueblos.
Nuestra querida Colombia está enferma, los gobiernos de los
últimos decenios, han destruido todo lo que una democracia burguesa
puede mostrarle al mundo, las instituciones están en crisis,
el Ejecutivo es sindicado de paramilitarismo y narcotráfico, el
presidente Uribe figura en el puesto número 82 en el listado de
Bush padre de 1991, el Vicepresidente Francisco Santos ha sido
acusado por los capos del narcotráfico de pedir escuadrones de la
muerte para Bogotá. ElMinistro de Defensa, JuanManuel Santos
ha sido acusado de contactos con los jefes paramilitares para
cometer crímenes y dar un golpe de Estado a su compinche
Ernesto Samper Pisano. Gobernadores, Alcaldes e Inspectores
están siendo llamados a juicio y ya han condenado a muchos
por los delitos que han cometido contra la población….
(*)… Los planes Colombia, Patriota, Victoria y otros ha sido un
fracaso de los señores George Bush y Álvaro Uribe Vélez. Varias
veces han intentado rescatar por la vía militar a los prisioneros
políticos y de guerra y en todas han fracasado, el último intento
fue el 18 de junio del 2007, dando como resultado la muerte de
11 diputados que se encontraban en poder de las FARC desde
hace 5 años, ¿a quien sirve esta demencial acción? ¡A la guerrilla
que llevaba 5 años cuidándoles la vida para un intercambio
humanitario! O al gobierno que desde el primer momento
ordenó el rescate por la vía mi-litar sin importarle la vida de los
prisioneros ….(*)… “El Comando Conjunto de Occidente de las
FARC informa que el día 18 del presente mes, 11 diputados de
la Asamblea del Valle que retuvimos en abril de 2002, murieron
en medio del fuego cruzado cuando un grupo militar sin identificar
hasta el momento, atacó el campamento donde se encontraban”
…(*)… Pero resulta que Colombia no es Uganda, no es la
Embajada del Japón en el Perú… y el plan les fracasó. Ahora
tratan de convertir su derrota en victoria. Los medios de comunicación
en poder de los grupos económicos, los columnistas a
sueldo, los periodistas sensacionalistas, los intelectuales “independientes”
todos al unísono condenan a las FARC por la
“masacre”….(*)… Llamamos a los colombianos y a la comunidad
internacional a luchar por el intercambio humanitario y
la salida política al conflicto social, político y armado que vive
Colombia desde hace más de 50 años. Pedimos la solidaridad
con los 5 patriotas cubanos, los 11 mil palestinos, entre ellos 100
98
99
dirigentes, los puertorriqueños, los paraguayos. Y en especial,
Sonia y Simón, todos presos políticos pagando injustas condenas.
POR LA NUEVA COLOMBIA LA PATRIA GRANDE Y
EL SOCIALISMO. FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS
DE COLOMBIA EJÉRCITO DEL PUEBLO.
FARC-EP. COMISIÓN INTERNACIONAL. Julio 2007.
Entre amigos se cruzan las mentiras, las consignas y la
cadena de crímenes que como consecuencias de tales alianzas
desangran permanentemente a Colombia.
Colombia. Conflicto armado interno. Antecedentes y presiones
dominantes 2
Entender el conflicto colombiano en toda su complejidad
obliga a trasegar su historia, donde hechos puntuales han
marcado hitos, dejando cicatrices aún en proceso de recuperación,
y aspiraciones minoritarias de lograr el cometido insurgente
fijado, lo mismo que esperanzas de reconciliación en
unas mayorías pasivas, hoy más dinámicas, que no han perdido
la esperanza de la posible solución del conflicto.
El movimiento comunista internacional exportó a su
manera la revolución cruenta, buscando simpatizantes para reproducir
las revoluciones triunfantes básicamente de 1917
Rusia, 1949 China y 1959 Cuba, siguiendo los patrones del
proletariado, la plusvalía, la gran marcha bajo la concepción de
la tierra para quien la trabaje, y el poder que nace en la boca de
los fusiles.
El Partido Comunista Colombiano fue creado en 1930,
siguiendo los lineamientos del partido soviético; en abril de
1948, con ocasión del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, tuvo
una importante participación en los hechos y eventos posteriores,
conocidos, al inicio de la guerra fría que se ha señalado
como una extensión del conflicto Este-Oeste. 3
Aduciendo persecución política sectaria, el partido Comunista
Colombiano fundó las autodefensas campesinas en
vecindades de la capital de la república, disponiendo a los hombres,
mujeres y niños en estructuras propias de la organización
de izquierda, que dieron origen a las guerrillas comunistas, que
se extendieran en los años venideros por todo el país.
De esta estructura armada inicial nacen las fuerzas revolucionarias
comunistas, dependiendo del partido a través de
la comisión militar, y años después se presenta la escisión de una
fracción que constituye el partido comunista marxista leninista
y el Ejército Popular de Libración, EPL, de tendencia pro china
en cuanto a sus apoyos y estructura político-armada. Meses
después otra escisión del partido, crea el Ejército de Liberación
Nacional, ELN, facción entrenada en guerra de guerrillas en
Cuba y que sigue los lineamientos de esta revolución. Posteriormente
elM-19, utilizando como pretexto el supuesto fraude
electoral de 1970.
Estas organizaciones aplicaron técnicas de penetración
e infiltración, politización y adoctrinamiento en sus áreas de
influencia, que incluyeron las ciudades, los sindicatos, organizaciones
gremiales, la academia, el clero, la juventud, la rama judicial
y los entes de control.
100
101
En medio de este panorama, la búsqueda de una salida
negociada al conflicto ha sido la preocupación de varios gobiernos,
que propició con el tiempo la reinserción a la civilidad de
varias facciones armadas. A partir del 2002, la decisión política
del gobierno Uribe, sumado a las circunstancias vividas en el
cuatrienio anterior, facilitó implementar un política de seguridad
democrática, mediante el fortale-cimiento de las fuerzas
militares, que permitió la disponibi-lidad de un pie de fuerza
elite, para enfrentarlo a los centros de concentración insurgente,
áreas de influencia, puntos de apoyo logístico y atacando
prioritariamente sus fuentes de financiamiento: el narcotráfico,
la extorsión y el secuestro.
En el segundo gobierno del Presidente Uribe Vélez las
desmovilizaciones de integrantes de los grupos alzados en armas
suman más de cincuenta mil miembros entre hombres y mujeres
que se han reinsertado, en aplicación de una ley de Justicia
y Paz que incluye esquemas para resolver la situación jurídica,
la capacitación para la vida civil y apoyos económicos por tiempos
prudenciales.
La situación de violencia que vive el país, se refleja como
el resultado del accionar de unos factores de perturbación que
se manifiestan alterando el orden público, debi-litando la estructura
nacional, afectando la economía y especialmente atentando
contra los nacionales y la tranqui-lidad pública. Estas
presiones se materializan en facciones armadas ilegales, grupos
de justicia privada mal llamados autodefensas o paramilitares,
el narcotráfico en todas sus modalidades, con bandas criminales
de apoyo, empeñadas en la siembra, producción de hoja,
comercialización y exportación de productos y sustancias
sicotrópicas.
Organizaciones armadas al margen de la ley
A. Fuerzas Armadas Revolucionarias Comunistas, Ejercito del
Pueblo, FARC-EP
Fueron creadas en 1964, bajo la ideología marxista,
leninista, y tuvieron como motivación la revolución Rusa de
1917, orientaron su accionar en procura de desestabilizar las
instituciones, debilitar al gobierno en sus distintos niveles, producir
golpes de opinión por los medios de comunicación en
procura de desestabilizar las instituciones legitimas, para encabezar
el descontento popular y generar la insurrección ge-neralizada
para acceder al poder político de la nación, a través de
medios violentos y la acción política; alcanzada dicha meta, se
debía producir el viraje hacia el marxismo leninismo. Su base
de apoyo se concentra en la clase baja, en un alto porcentaje
analfabeta y de escasa preparación.
Concibieron una capacidad armada estratégica, y una
propuesta programática en el sentido de vitalizar e impulsar el
movimiento en hombres, armas y recursos económicos inicialmente,
para debilitar al Estado y potenciar las posibilidades de
éxito. Diseñaron un “plan estratégico” señalando la cordillera
oriental como eje de la lucha, como centro de despliegue estratégico
concebido hasta el año de 1996. Plantea una nueva organización,
concibiendo bloques de frente, unión de los frentes
en cada zona, el soporte económico requerido y el proyecto de
102
103
la ofensiva para la insurrección generalizada.
Han buscado por todos los medios el reconocimiento
como fuerza beligerante, gozando con la aquiescencia de los
países con gobiernos de izquierda en tanto aplican una defensa
estratégica, para preservar la fuerza, mantener aéreas vitales de
gravitación, conservar capacidad de realizar acciones tácticas,
aprovechando factores de oportunidad y vulnerabilidad de las
fuerzas militares.
El terrorismo, el secuestro, la extorsión, la financiación
con el narcotráfico, la intimidación de la población civil, el cogobierno,
la acción política, el manejo de los medios de comunicación
a favor de su causa, son las formas más usuales de
presionar al gobierno de turno en todos sus instancias, e influir
en la opinión pública mediante la intimidación y el amedrentamiento.
Un aparato político encargado de manejar actividades
licitas del movimiento como oposición radical al
estado, utiliza el sistema democrático para acceder a los cuerpos
corporativos, alcaldías y gobernaciones, cuyo principal exponente
es el Partido Comunista Colombiano (PCC), y otras organizaciones
como la Unión Patriótica (UP).
Como concepción, la combinación de todas las formas
de lucha 4, principio marxista, acogido en su esencia, pero implementado
hacia la lucha política, utiliza la igualdad de derechos
que otorga el Estado, se emplea dentro de una aspiración
de aceptación legal en procura de mantener el aval y por ende
una representación política, para ubicarse en oposición al sistema
y una vía válida de lucha, orientada a movilizar sectores
vulnerables de la población. Para la fecha, el partido aceptó
públicamente lo inevitable de la lucha armada y al mismo
tiempo, participar en todas las formas de lucha 5.
Se aprecia sin mayor esfuerzo que las FARC desviaron el
proyecto de su concepción ideológica, reemplazándola por el
negocio del narcotráfico y otros métodos ilegales de autofinanciación.
También arrastran la pérdida de credibilidad, reflejada
en las encuestas populares, la cual trae de suyo la disminución
de la capacidad de convocatoria y movilización de masas, perceptible
en las últimas huelgas o paros nacionales.
Persisten algunas propuestas de nítido sabor político
para buscar un acuerdo humanitario, con el intercambio de secuestrados
a cambio de los presos de la organización, detenidos
o condenados punibles, lo cual se constituye en un as en la
manga, en procura de acuerdos políticos. En esta tarea han buscado
acercarse, consiguiéndolo, a varios países latinoamericanos
como Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua,
Argentina y Uruguay principalmente.
Ha sido notorio el apoyo que han encontrado en algunas
de las naciones citadas tales como Venezuela, Ecuador y
Nicaragua.
Las FARC han aprovechado el Foro de São Paulo en
forma por demás abierta, toda vez que sus frentes en los límites
con Venezuela y Ecuador gozan de libertad para instalar campamentos
en esas naciones, entrenar sin contratiempos,
proveerse de la ayuda logística en actividades de aprovisionamiento
de armas y equipo y establecer bases de coordinación
de corte internacional, no solamente con el país que le provee
las facilidades sino también con otras organizaciones afines o de
104
105
corte comunista de otras naciones.
Una de las crisis más delicadas se presentó precisamente
cuando el gobierno colombiano para detener y repelar la agresión
de varias organizaciones establecidas en el interior del
Ecuador, muy cerca de la frontera con Colombia, atacó el campamento
en donde se encontraba el segundo de la organización
guerrillera, Raúl Reyes, quién resultó muerto junto con otros
integrantes del grupo. Las pruebas recogidas, particularmente
en los computadores portátiles que manejaba el cabecilla Reyes,
han mostrado el grado de comprometimiento del gobierno
Correa, en las figuras de destacadas personalidades de su gobierno.
Este sólo hecho produjo la ruptura de las relaciones de
Ecuador con Colombia y el apoyo en el mismo sentido por
parte de Venezuela y Nicaragua. El Foro de São Paulo no sólo
promueve acciones, también las concerta y las estimula. La
muerte de Reyes mereció por parte del presidente Chávez palabras
de elogio y en una de las plazas de Caracas se erigió un
monumento a Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, jefe de
las FARC, fallecido recientemente.
B. Ejército de Liberación Nacional, Unión Camilista
(ELN-UC)
Este movimiento armado cultivó sus raíces en el triunfo
de la revolución cubana, que despertara gran fervor revolucionario
en América Latina, al que no fue esquivo Colombia,
a través de movimientos políticos como el Frente Unido, las Juventudes
del MRL, el Grupo Golconda del clero, Sacerdotes
para América Latina, la academia, varias universidades, la clase
obrera y población campesina de varias regiones rurales.
Su doctrina se fundamenta en los conceptos de “liberación
nacional” y “construcción del socialismo”. La estrategia
final, teóricamente contempla el proceso de la guerra popular
prolongada; las guerras revolucionarias son generalmente
dilatadas, buscando no vencer la resistencia, sino irla debilitando,
basados en el esquema de cambiar espacio por tiempo,
que se debe emplear en producir eventos políticos que elevan
la conciencia revolucionaria, como condición del triunfo revolucionario
llamado “La insurrección de las masas”.
No obstante su concepción teórica, el movimiento armado
ha sufrido descalabros inicialmente con las FARC por la
lucha de regiones y negocios de las drogas, y posteriormente
con las autodefensas ilegales, con el efecto de la pérdida de influencia
en regiones que otrora eran de su dominio. El grupo
registra un decrecimiento en número de hombres y armas que
repercute en las acciones armadas y otras actividades delictivas
que desarrolla, supeditada su posición a decisiones impuestas
por las directrices fijadas por las FARC.
Internacionalmente ha buscado y encontrado apoyo y
simpatías en Venezuela con el Presidente Hugo Chávez, varios
de sus cabecillas se encuentran en esa nación sin ser molestados.
La debilidad política militar la obliga a mantener alianzas
en algunas regiones con las FARC, a cambio del apoyo debido,
y su mayor trabajo tiene que ver con el secuestro económico o
de carácter político y en los últimos años definitivamente se
lanzó al negocio del narcotráfico en varias zonas del país.
106
107C. Grupos de Justicia Privada o de Autodefensas Ilegales
Fueron organizaciones armadas al margen de la ley que
tuvieron su origen inicialmente en áreas selváticas del centro
del país, ricas regiones dedicadas a la explotación agropecuaria
y la extracción de oro, después se extendió al norte a varios departamentos
y al sur y oriente hacia los llanos orientales. En
su expansión había apelado al expediente del narcotráfico y el
secuestro como fuentes de financiación. Durante el gobierno
del presidente Uribe, se acogió casi en su totalidad a las ofertas
gubernamentales para desactivar el movimiento representado
en varias organizaciones dispersas, entrega de sus cabecillas, entrega
de las armas y reinserción de sus integrantes a la civi-lidad.
Fue necesaria una Ley de Justicia y Paz que produjo la desactivación
de alrededor de treinta y cinco mil combatientes y redes
de apoyo.
Con el evento anterior se había puesto fin a una oleada
de terror, masacres, secuestros y desplazamientos masivos de
población campesina. En su siniestro recorrido había logrado
permear la clase política a nivel regional y nacional, organizaciones
sociales y el aparato jurídico del estado.
D. Narcotráfico
El narcotráfico y sus efectos funestos, invadió importantes
sectores de la sociedad colombiana e influyo negativamente
en la economía, en la política, en el orden social y agravó
la situación del conflicto interno, al apropiarse en regiones enteras
de este lucrativo negocio, y contar con divisas frescas para
la adquisición de pertrechos armas, explosivos, financiar campañas
internacionales para limpiar su imagen terrorista y al margen
de la ley nacional, de los derechos humanos y el DIH.
Su manifestación se materializa en actividades relacionadas
con el terrorismo, asesinatos selectivos, ajuste de cuentas,
la extorsión de autoridades, la presión política e influye en
la actividad económica y política del país. La acción oficial ha
permitido capturar o dar de baja en combate a los principales
cabecillas del narcotráfico y ha sido notoria la aplicación de la
extradición a los Estados Unidos de varias decenas de jefes de
primero y segundo nivel de las organizaciones criminales.
Efectos y secuelas de la confrontación armada contra el Estado
La confrontación armada, deja secuelas profundas, al forjar
un dinamismo que afecta la salud de la patria, con los efectos,
fruto de las metas por alcanzar, sentimientos de reta-liación
de los afectados, el descenso al “lumpen” de la corrupción, la
violencia y el odio entre hermanos, secuelas de las que identificamos:
• Masacres causadas por los grupos armados contra sectores
sociales que se oponen pacíficamente a sus intereses, tales
como etnias indígenas, el clero, pastores cristianos y miembros
activos de los partidos tradicionales.
• Desplazamiento forzado de campesinos, residentes en zonas
de violencia, para protegerse de ella o atendiendo en muchos
casos a las exigencias de la organización armada.
108
109
• Creciente reclutamiento de menores al conflicto armado,
mediante tentadoras ofertas económicas, explotando el sector
más vulnerable.
• Considerar en las áreas apartadas objetivo militar a la
población civil, siendo el amedrentamiento y la amenaza una
de sus armas preferidas.
• Sembrado de minas antipersonales que afecta especialmente
a la población civil indefensa.
• Ineficaz aplicación de la justicia, que repercute en el incremento
de los índices de impunidad.
• Desprestigio internacional, causado por las campañas que
encuentran eco en reconocidas ONGs, donde se esfuerzan en
presentar al gobierno como ilegitimo y corrupto, y a la Fuerza
Pública como un instrumento para mantener el statu quo; se
agrega el terrorismo indiscriminado que periódicamente
ejercen los grupos armados ilegales y que eventualmente afecta
a los extranjeros residentes.
• Surgimiento de los grupos de autodefensa ilegales, como
efecto de la violencia insurgente y en busca de proteger intereses
privados que degeneró en la llamada Justicia Privada.
• Coordinación e implementación de métodos de guerra jurídica
contra el Estado, infiltración de los medios para generar
opinión pública afecta a sus intereses y en contra de la fuerza
pública
•Politización de los derechos humanos; utilizada como arma
de enfrentamiento contra el Estado y su fuerza pública, con estrategias
que les permite convertirse de acusados en acusadores,
en claros procesos de connivencia y ruptura.
Apreciaciones parciales
Las comunidades nacionales y residentes sufren la alteración
del orden público particularmente en zonas urbanas y
rurales, en donde se desarrolla un claro enfrentamiento al Estado,
se lucha por el monopolio del uso de la fuerza y se socava
la libertad y el orden en todas las formas posibles. El accionar
terrorista se dirige indiscriminadamente contra la población,
generando el natural rechazo y la consecuencial pérdida del
apoyo de la opinión pública, no obstante ser blanco de la desinformación
y los efectos de presión del accionar delictivo.
En el núcleo de concentración insurgente se entrelazan
concepciones de nivel estratégico y particularmente táctico, que
tienen que ver con la guerra política, la acción sicológica y el
apoyo internacional, que convierten el fenómeno en un círculo
vicioso al ser alimentado por los negocios ilícitos de las drogas,
y la influencia de dirigentes ocultos.
Los planes y documentos rectores que señalaban el año
de la insurrección generalizada, no se cumplieron en los tiempos
y en los lugares previstos para las ofensivas planteadas, y es
de prever que este movimiento persista en el propósito de acumular
fuerzas, recursos y capacidad económica, en busca del
momento y el tiempo adecuado, o si las circunstancias se agravan,
en un eventual proceso de paz, fruto de su incapacidad
para alcanzar el objetivo final.
Así la situación nacional se podría analizar con una
visión presente y futurista: en desarrollo de la política de seguridad
democrática, opuesta a la pertinaz inclinación armada de
110
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alterar el orden y generar un clima malsano de equivocada convivencia,
podríamos llegar a las siguientes observaciones:
Los múltiples esquemas implementados en torno de la
disminución de las drogas; desde el cultivo, producción de la
materia prima, comercialización, y envío al exterior, y el manejo
del tráfico de precursores, insumos, armas, y divisas, progresivamente
colocarán en situación crítica a los grupos en armas,
no obstante el acumulado logrado, dado el efecto y resultados
logrados, como también del parcial desplazamiento del negocio
ilícito a los países vecinos.
Surgen nuevos elementos que pueden ser de efectos importantes
como la reinserción individual o por grupo de insurgentes,
que de suyo tienen el agregado de suministrar
información de la organización, que constituye una vulnerabilidad
para el grupo como la identificación de los apoyos que
en la clandestinidad obtienen ganancias económicas.
El proceso que adelanta el gobierno con las autodefensas
ilegales, de resultar exitoso, dará algunas facilidades de disponibilidad
de tropa experimentada que bien puede ser empleada
en sectores de mayor interés y en su defecto utilizar tropa regular
para el mantenimiento de las zonas abandonadas y de la
población campesina que las habitan.
En las actuales circunstancias confluyen la decisión
política, el convencimiento del pueblo colombiano a favor de
la causa, la fortaleza militar en crecimiento y el apoyo de importantes
sectores de la comunidad internacional. Es claro precisar
que por la vía de las armas la insurgencia no llegará al
poder político de la nación, pero sí pude causar serias perturbaciones
para el desarrollo de la nación y potencialmente debilitar
al Estado.
No podemos desconocer el cambio que se está dando en
las gentes de bien, que han tomando partido, dentro de las posibilidades
que les ofrece la ley y la democracia, para sentar las
bases de una cultura de respeto, tolerancia y de convivencia.
Como nunca antes, en los últimos lustros vivimos un
momento coyuntural que nos puede facilitar el debilitar considerablemente
las estructuras del terrorismo en todas sus manifestaciones,
que las coloque, como ya se afirma, en el umbral
del principio del fin, creando así las condiciones para un
acuerdo político, o la prolongación de la confrontación hasta
colocar la amenaza en condiciones ínfimas de perturbación, de
control manejable.
Paralelo entre el Foro de São Paulo y el Plan Estratégico de las
FARC 6
Existen importantes coincidencias procedimentales y estratégicas
entre las proyecciones globales del Foro de São Paulo
y los objetivos finales del Plan Estratégico de las FARC. Por
supuesto, ambos confluyen en el resurgimiento del marxismoleninismo
y la implantación del llamado socialismo del siglo
XXI en el hemisferio.
El utópico sueño de “Jacobo Arenas” y sempiterna añoranza
de la dictadura cubana, comenzó a tomar forma en el
hemisferio cuando ya generalizado los movimientos subversivos
112
113
de Colombia atendieron la invitación de Fidel Castro e Ignacio
Lula da Silva en 1990, la representación estuvo a cargo del autodenominado
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); Hugo
Chávez se inscribiría en 1995.
Lula Da Silva crea el Foro de São Paulo, para desprestigiar
el Foro de Davos, desconocer la continentalidad de la
OEA, dejar sin valor el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR), retirar la influencia geopolítica, geoestratégica
y económica de los Estados Unidos, a la par con la mitificación
de Fidel Castro y la dictadura cubana. No es nada
extraño entonces que en abril de 2009, Lula, sin ocultar su simpatía
por las FARC, les pregunte ¿porqué no podrían llegar al
poder por la vía electoral?
Chávez, Ortega, Correa y Lula olvidan que las FARC son
terroristas, secuestradores, genocidas, narcotraficantes y extorsionistas,
las ponderan como una fuerza política rebelde. El engranaje
del maquiavélico plan comunista contra Latinoamérica,
parte de la arcaica idea que a pesar de su estruendoso fracaso
en otras latitudes, para las FARC y sus compinches, el vetusto
comunismo tiene vigencia y es la solución a los males que aquejan
a Latinoamérica.
Por desgracia, a las erosionadas democracias regionales,
se suma la ineficiencia crónica de las castas políticas que han
mal gobernado los países, situaciones que han favorecido que
la verborrea populista, haya llevado a demagogos comunistas a
los palacios presidenciales de Venezuela, Ecuador, Bolivia,
Nicaragua, Paraguay, El Salvador, y Argentina, así como a sus
correligionarios izquierdistas en Chile, Uruguay, Antigua y
República Dominicana.
En medio de ese entorno, el sagaz y ladino mandatario
venezolano Chávez encontró terreno abonado para liderar el
proyecto de integración pro cubana disfrazado con los pintorescos
nombres del ALBA, el Congreso Bolivariano de los
Pueblos y luego la Coordinadora Continental Bolivariana, que
es algo así como la congregación de embajadas itinerantes de las
FARC en todo el continente, bajo la dirección del terrorista dominicano
Narciso Isa Conde.
Todo este embrollo tiene mejor comprensión en el análisis
de los documentos descifrados de los archivos electrónicos
de los computadores, memorias USB y discos duros, hallados
en la guarida de “Raúl Reyes” en Angostura, Ecuador.
Del acervo encontrado en los ordenadores del terrorista
se infieren las orientaciones geopolíticas del Foro de São Paulo,
la incidencia paralela de Fidel Castro en el entorno internacional
pro subversivo y de ‘Tirofijo’ en el andamiaje de las
FARC. Pero al mismo tiempo, quedó al descubierto todo el enramado
del complot contra Colombia, algo que los afectados
no han entendido o no han querido comprender en su verdadera
dimensión.
Un examen de inteligencia estratégica para determinar la
capacidad de más probable adopción de los enemigos de la
democracia en Colombia, apunta a demostrar que las FARC
ni han renunciado a su Plan Estratégico ni a su objetivo final
de la toma del poder para instaurar una dictadura totalitaria.
En el orden internacional, el mismo examen indica que
114
115
los complotados contra Colombia tampoco han renunciado al
propósito de unificar gobiernos marxistas en la región. Por esta
razón, unos y otros insisten en meter el caballo de Troya con el
argumento-falacia, de hacer un acuerdo humanitario que conduzca
a la paz en el país. Y en este punto específico radica el veneno
del asunto.
El acuerdo humanitario pretende resucitar el cadáver
político de las FARC y el consecuente reconocimiento del estatus
de beligerancia con la posibilidad de abrir embajadas en
Quito, Caracas, La Paz, Managua y hasta en París. La amañada
actitud de Correa para reanudar las relaciones con condiciones
imposibles de satisfacer tales como entregarle los computadores
y negar que su contenido sea cierto, es parte de la misma estrategia.
Para los integrantes del Foro de São Paulo, especialmente
para las FARC, la única paz posible y valedera en Colombia,
ocurrirá cuando ese movimiento armado ilegal gobierne el
país y se integren al proyecto geopolítico de la izquierda encabezada
por los mandatarios vecinos de Suramérica, y en el
Caribe, Castro y Ortega. Lo demás es pecar en la ingenuidad y
desconocer que el Plan Estratégico de las FARC, marcha a la
par con los proyectos del Foro de São Paulo, y que ambos
coinciden en el mismo objetivo de esclavizar a Colombia.
La información contenida en los computadores de Raúl
Reyes es comprometedora para aclarar el alcance del Foro de
São Paulo y la labor de equipo de sus integrantes. Por ejemplo,
mientras los lenguaraces presidentes de Ecuador y Venezuela,
tenían a uno de sus ministros del despacho en tratos permanentes
con las FARC, Lula tenía a cinco de ellos y a su Secretario
General, incluido Marco Aurelio García quien actúa
como el anfitrión de Piedad Córdoba en este periplo. Y qué
coincidencia: En los computadores de Reyes, aparece escrito
muchas veces el nombre del comunista Marco Aurelio García
como el enlace ideal, como el estafeta de las FARC con Lula,
como el eslabón de la cadena de argucias contra Colombia, tejidas
por el ala radical del PT y los comunistas brasileños.
Las FARC y su coro de proselitistas, montaron otro
episodio del sainete, con el cuál pretendían poner al gobierno
Uribe contra las cuerdas durante la reciente Cumbre de las
Américas, pero la rutilante estrella mediática del presidente
Barack Obama, opacó el pretendido espectáculo. No obstante
la diplomacia paralela de las FARC, continúa con el desarrollo
del plan estratégico y ninguna de estas realidades debe causar
extrañeza. El frente internacional de las FARC cuenta con el
apoyo de varios gobiernos hemisféricos proclives al terrorismo.
Hay en ciernes un complot contra Colombia, del cual los
gestores del Foro de São Paulo no se han arrepentido.
En el caso de Venezuela y su actual gobierno, existen
pruebas contundentes de su vinculación con las FARC, cuyo
brazo político también es llamado Movimiento Bolivariano.
Todo parece indicar que ello fue una de las razones por las
cuales el alto mando militar le quitara su apoyo a Chávez y se
presentara la pérdida temporal del poder en abril de 2002.
Medios de comunicación venezolanos han mostrado
pruebas de visitas efectuadas por delegados de Chávez a la
cúpula de la guerrilla. Un confeso guerrillero de las FARC
116
117
apareció dentro del grupo de escoltas más cercano a Chávez en
una visita oficial a Colombia. Al decir de un general retirado
de Venezuela, el país se había convertido en un "aliviadero"
para las FARC.
En el caso concreto del Capitán Rodríguez Chacín, hombre
de confianza de Hugo Chávez, desde junio de 1999 ha ingresado
a Colombia en siete ocasiones. Solo en dos de esas
ocasiones el gobierno colombiano considera que obtuvo autorización
para ingresar, las otras han sido entradas clandestinas.
Investigadores colombianos precisaron que Rodríguez Chacín
se había convertido en el enlace personal entre Hugo Chávez y
el cabecilla principal de las FARC, Manuel Marulanda, alias
“Tirofijo“, y en un intermediario en la negociación de se
cuestros cometidos en la frontera entre Colombia y Venezuela.
En febrero de 2000 se llevó a cabo un encuentro entre
Rodríguez, “Tirofijo” y Jorge Briceño Suárez, alias “Mono
Jojoy“, en el Caguán. Un mes más tarde, el director saliente de
la DISIP, teniente coronel Jesús Urdaneta, quien renunció a su
cargo por diferencias con Rodríguez, reveló que Chávez le ordenó
entregar por intermedio de Rodríguez $300.000 dólares
a las FARC. 7
No solo con las FARC ha tenido buenas relaciones
Chávez, también con el Ejército de Liberación Nacional-LN, el
cual utilizó a Caracas como sede de su oficina para el manejo
directo de los asuntos de Pablo Beltrán, segundo cabecilla del
ELN. Este guerrillero contó con protección de la DISIP y fue
tratado prácticamente como diplomático. Igualmente el otro
cabecilla del ELN, Antonio García, pasa la mayor parte del
tiempo en Venezuela y tiene acceso directo al círculo más cercano
a Chávez. Las investigaciones indicaron que Chávez y los
cabecillas del ELN se reunieron en un hotel cercano al Palacio
de Miraflores, en donde el ELN contaba con una discreta oficina.
Esa relación no es reciente. Desde 1997, antes de que
Chávez asumiera la presidencia, se registró un viaje a la serranía
de los motilones cerca de la frontera con Venezuela, en donde
el ELN tenía su campamento central. Allí, se reunió con
Nicolás Rodríguez, alias Gabino, máximo líder de ese grupo
terrorista.
En un vídeo entregado a tres periodistas venezolanas por
militares opositores a Chávez, se mostró la movilización por territorio
colombiano de un grupo de militares venezolanos, armados
de fusiles y en uniforme de combate. En el vídeo se
aprecia la reunión de los militares venezolanos con el comandante
del frente 33 de las FARC, Rubén Zamora, quien se refiere
a la relación entre las FARC y Venezuela como "una
relación de hermandad, solidaridad, de mutua cooperación en
aspectos que permitan contribuir a aclimatar la reconciliación
y la paz, que pueda haber tranquilidad en los ciudadanos venezolanos".
Zamora critica a la Guardia Nacional venezolana por
su escasa colaboración, y afirma: "No ocurre lo mismo con el
Ejército Venezolano con quien tenemos buenas relaciones".
Las acciones del gobernante venezolano de expandir la
semilla socialista de su corte y estilo, es abierta y manifiesta en
América Latina, en marzo de 2006, el Partido de Acción Nacional
acusó a Chávez de apoyar la campaña del candidato me-
118
119
xicano Andrés Manuel López Obrador. En Mayo del mismo
año, el presidente de Guatemala, Oscar Berger, denunció igual
interferencia en Centroamérica, mientras que el mandatario
nicaragüense Enrique Bolaños lo acusó de apoyar a los sandinistas.
Ese mismo mes, el ex presidente bolivariano Jorge
Quiroga acusó a Chávez ante la OEA por intervenir en los asuntos
internos de su país; simultáneamente, las cámaras de la producción
de Ecuador rechazaron la injerencia de Chávez en esa
nación. En Julio de 2007, el primer ministro de Perú, Jorge
del Castillo, denuncio la injerencia de los seguidores de Hugo
Chávez en la región de Puno, con el fin de desestabilizar a su
país. 8
Las marchas de indígenas contra el gobierno en Colombia
han estado siempre salpicadas de los dólares provenientes
del gobernante venezolano y el Polo Democrático indudablemente
se beneficia no solo ideológicamente sino también en
apoyo económico con mayor razón.
Daños que la conspiración política le ha hecho a Colombia
La conspiración política, guerra política, en donde juega
un papel preponderante la guerra jurídica, la desinformación
y la manipulación del tema de los derechos humanos, le ha causado
al Estado colombiano entre otros los siguientes daños:
• En dignidad e imagen: Distorsiones sobre la realidad de los
derechos humanos, el país es cuestionado con frecuencia internacionalmente
con la ayuda de ONGs colombianas. Colombia
es vista como una nación donde no se aplica la democracia,
donde existe terrorismo de Estado, donde la Fuerza Pública
está al servicio de una clase dirigente insensata y las clases más
necesitadas no tienen posibilidades políticas, ni de desarrollo,
todo por efecto de la desinformación.
• En lo político: El país está polarizado, lo cual produce
crímenes selectivos de militantes de izquierda, miembros de organismos
de derechos humanos, militares retirados y empresarios.
Las medidas expedidas en defensa de la
institucionalidad democrática, son controvertidas o derogadas.
El Estado en sí, ha quedado impotente para reaccionar oportunamente
a la amenaza subversiva y grupos de justicia privada.
La guerra política incentiva el accionar de la guerrilla, en tanto
desmotiva la legítima defensa a los ciudadanos.
• En lo político-militar internacional: Aunque hubo actitudes
y amenazas bélicas después de la “Operación Fénix” en la frontera
con Ecuador, y el envío de tropas a la frontera con Colombia,
por parte de Venezuela, estas amenazas no se van a
concretar, seguramente porque los países de FSP no están interesados
en desatar una guerra entre países latinoamericanos,
más bien, con estas actitudes amenazantes lo que buscan es
brindarles a las FARC un respaldo político y militar, y generar
un ambiente en donde los inversionistas no consideren a
Colombia entre sus potenciales mercados, con impacto necesariamente
en la desaceleración económica.
• En lo diplomático: El servicio exterior ha sido manipulado
por la subversión política a favor de sus programas. Colombia
recibe presiones de organismos internacionales para que
120
121
adopte medidas de imposición o derogación, en asuntos que
son expresión de su soberanía y independencia. El país está en
la mira de intervenciones extranjeras en varios aspectos que
sólo le incumben a su propia autonomía.
• En lo jurídico: Hay infiltración en organismos de justicia y
control, tales como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría
y la Defensoría del Pueblo. Las presiones políticas sobre
la administración de justicia tienen responsabilidad en el alto
índice de impunidad que agobia al país.
• En lo económico: Colombia llegó a estar clasificada entre
los cuatro países de más alto riesgo para inversiones internacionales.
Hay presión permanente para evitar los desembolsos
con destino al Plan Colombia en su componente militar y contra
el narcotráfico.
• En lo comercial: Por distorsión del tema de derechos humanos,
Colombia es amenazada frecuentemente con sanciones
comerciales por la Unión Europea y los Estados Unidos.
• En lo social: La infiltración en algunos sindicatos ha desvirtuado
las reivindicaciones laborales y ha tergiversado el sentido
sindical. Aunque ha sido contrarrestada, aún es notoria la infiltración
en el medio universitario.
• En lo cultural: Hay infiltración en expresiones culturales
como el teatro, para emplearlo como medio de difusión de
ideologías ajenas al espíritu democrático del país.
Las amenazas contra la economía surgen como parte de
una estrategia, del FSP a través de sus miembros, de desestabilizar
a Colombia en el ámbito político y diplomático, como
ocurrió en enero de 2005 con motivo de la captura en territorio
venezolano del “canciller” de las FARC, Rodrigo Granda,
Chávez ordenó el cierre de la frontera con Colombia, ocasionando
pérdidas millonarias a los comerciantes de ambas naciones.
Para superar la crisis Álvaro Uribe se vio obligado a
reunirse con el mandatario venezolano, a pesar que Chávez
había permitido que el guerrillero estuviera en su país.
En otro acontecimiento Venezuela y Ecuador decidieron
cerrar las fronteras después de que el 1 de marzo de 2008 tropas
colombianas atacaron a un campamento de las FARC ubicado
en territorio ecuatoriano y donde fue abatido el guerrillero
Raúl Reyes.
A raíz de lo anterior, se desató una crisis diplomática en
el que se produjeron millonarias pérdidas económicas, tal
como lo menciona la presidenta seccional de la Fenalco, Gladis
Navarro, que "las pérdidas millonarias, estuvieron por el orden
de los siete mil millones de pesos y afectó a todos los sectores
económicos de frontera". Adicionalmente Navarro indicó que
para el sector comercial, la crisis provocó una caída de un 40 y
50 por ciento en las ventas, de acuerdo con el registro de la FENALCO.
9Los transportadores de carga internacional reportaron
la parálisis de 540 camiones pesados, que no pudieron salir
desde Cúcuta con destino a las localidades fronterizas venezolanas
de San Antonio o Ureña. Según el DANE el 17,4 por
ciento de las exportaciones totales colombianas de 2007 tuvo
como destino Venezuela y el 3,2 por ciento fue a Ecuador.
Entre enero y noviembre de ese mismo año, el comercio
122
123
entre Colombia a Venezuela fue de 5.700 millones de dólares.
Gran parte de esas exportaciones son de Colombia hacia
Venezuela, 4.400 millones de dólares, frente a importaciones
de 1.200 millones de dólares en el mismo período.
En el caso de Ecuador, las ventas colombianas llegaron
a 1.160 millones en comparación a unas importaciones de 670
millones. Lo que demuestra que en este cierre parcial de fronteras,
Colombia fue el país que más perdió y de cerrarse definitivamente
la frontera, Colombia tendría que abrirse nuevos
mercados donde exportar sus productos, dado que Venezuela
y Ecuador son su segundo y tercer socio comercial respectivamente,
después de Estados Unidos.
Esto demuestra que Hugo Chávez y Rafael Correa, actúan
coordinadamente, como miembros del FSP, para crear un
clima desestabilizador en todos los ámbitos, para finalmente
crear un ambiente en Colombia donde se pueda alcanzar el
proyecto político.
Como gran corolario, habría que entender y concluir
que Colombia desde hace más de cinco décadas está en la mira
del comunismo internacional. Que la caída del muro de Berlín,
la desaparición fragmentada de la Unión Soviética y la pérdida
de justificación para la lucha armada en el mundo, no fueron
para Colombia nada más que un motivo para inventar nuevas
formas de perpetuación de un movimiento armado desgastado,
sin norte, sin metas políticas creíbles, criminalizado, corroído
por el narcotráfico y que en últimas ha recibido el espaldarazo
internacional del Foro de São Paulo, que emergió de las profundidades
oscuras de mesiánicas visiones como inmenso salvavidas
para darle un nuevo aire a esta letal organización.
Que los dos movimientos armados ilegales de Colombia,
como tales, están a la expectativa de nuevos horizontes, al amparo
de una comunidad internacional cada vez más afecta a la
causa que se les estaba dificultando por el empeño de una resistencia
tenaz de las organizaciones de la fuerza pública colombiana
(Fuerzas Militares y Policía Nacional) durante varias
décadas y la casi total destrucción en los últimos seis años. Que
la izquierdización de varios gobiernos vecinos o cercanos en
centro y sur América pueden ser la salida triunfal a la “revolución
en armas”, perdidas como estaban las esperanzas por alcanzar
el poder por la vía armada.
El otro elemento colombiano vinculado al Foro de São
Paulo, el Polo Democrático Alternativo, se ha constituido en
una fuerza política importante en los últimos años y cuenta en
sus filas con elementos procedentes de varios movimientos
guerrilleros o facciones políticas proclives a los mismos. Desde
su creación, ha estado en permanente contacto con Hugo
Chávez Frías y con Lula Da Silva y es la organización política
nacional que más se favorecería con un cambio de régimen en
Colombia, al pasar el poder de uno de los partidos tradicionales,
liberal o conservador, a uno marcadamente de
izquierda, con lo cual se cerraría el cordón de es socialismo
moderno y suramericano que Chávez impulsa en los países del
área.
El Foro de São Paulo es una amenaza para la estabilidad
democrática en Colombia debido a que gran parte de los miembros
del FSP han protagonizado golpes de Estado en sus respec-
124
125
tivos países, y lo más preocupante es que han sido apo-yados
por gobiernos como el de Hugo Chávez. Como son los casos de
Ollanta Humala el 29 de octubre del 2000, quien li-deró un
golpe de estado contra el entonces presidente Alberto Fujimori,
y el 1 de enero de 2005 Humala apoyó abiertamente el cuartelazo
de su hermano contra el presidente Toledo. Pero como no
pudo alcanzar el poder por estos medios, decidió utilizar los
medios democráticos lanzando su candidatura a la presidencia
del Perú.
Otro claro ejemplo es el de Evo Morales, quien antes de
llegar al poder organizó cierres de carreteras y manifestaciones
callejeras para derrocar a dos presidentes: Gonzalo Sánchez de
Lozada en octubre 2003 y Carlos Mesa en junio de 2005 11.
Pero finalmente opto por la estrategia democrática participando
en las elecciones presidenciales de 2005. El Polo
Democrático no sería una excepción, con el ingrediente adicional
de jugar dos cartas paralelas, el sistema electoral y la
lucha armada de las FARC y el ELN.
NOTAS
1 Juan Salcedo Lora, Centro de Análisis Socio Políticos, compilador
2 En principio trataron las FARC de responsabilizar al Ejército de intentar
un rescate militar, pero posteriormente les tocó obligadamente por las
circunstancias, contar la terrible verdad de asesinar a sangra fría once
diputados inermes que tenían como rehenes.
3 Vieira, Gilberto. Dos enfoques marxistas sobre el 9 de abril. Colección
Izquierda Viva.
4 Gilberto, Vieira. Combinación de todas las formas de lucha, Ediciones
Sudamérica, 1988.
5 Harnecker,Martha. Entrevista a Gilberto Vieira, Secretario General del
Partido Comunista Colombiano. Ediciones suramericanas.
6 Teniente Coronel Alberto Villamarín Pulido, oficial del Ejército de
Colombia en uso de retiro.
7 Peña Esclusa, Alejandro. El Foro de Sao Paulo contra Álvaro Uribe. Ediciones
Fuerza Productiva. Caracas, Venezuela. 2008
8 Ibíd.
9 Tomado de:
http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/economia/finanzas/perd
idasmillonarias%20por%20cierre%20de%20frontera%20Colombia-
Venezuela/134682
10 Tomado de:
http://notasdesdemiciudad.blogspot.com/2009/01/crisis-entrecolombia-
venezuela-y.html
11 Ibíd.
126
127
6.
Perú: La Guerra Jurídica contra las Fuerzas
Armadas
Colaboración de Josué Meneses Huayra 1 y Jorge Se rrano
Torres 2
Mientras el Poder Judicial peruano atraviesa por una
grave crisis y anuncia una nueva reorganización tras descubrirse
un caso de corrupción cometido por un Vocal Supremo Provisional
que terminó en la cárcel, es necesario conocer las redes
de influencia y a sus operadores que acaparan una ingente cooperación
internacional destinada al fortalecimiento de la vapuleada
justicia peruana.
Entonces, saldrá a la luz un entramado de ONGs neomarxistas
o de “izquierda caviar“, que buscan hacer prevalecer
su sesgada visión ideológica en áreas tan sensibles como la administración
de justicia, derechos humanos, defensa nacional
y seguridad ciudadana.
Los orígenes y mutaciones
Para comprender los hechos del presente hay que adentrarse
en la historia que nos ayudará a desentrañar el accionar
de un sector izquierdista metamorfoseado en las instituciones
democráticas de la actualidad, con el fin de alcanzar sus objetivos
estratégicos en función de su orientación ideológica y
política, que incluye la desarticulación de organismos claves
para la estabilidad y gobernabilidad del Perú.
Una comunidad ideológica neomarxista fue acogida por
el gobierno de transición de Valentín Paniagua en el 2001, tras
la caída de la administración Fujimori. Este grupo se caracteriza
por haber militado en tres agrupaciones de extrema izquierda
en los años sesenta y setenta: Vanguardia Revolucionaria (VR),
el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR). A ellos se han sumado algunos
ex dirigentes del Partido Comunista pro moscovita.
a mayoría de estos personajes se identifican porque en
sus años de formación universitaria fueron fervorosos propulsores
de la lucha armada para destruir el orden establecido, incluso
los tres primeros grupos (VR, PCR y MIR), abrazaron
públicamente el maoísmo clásico de la República Popular
China, durante los años de la cruenta revolución cultural de
Mao Tse Tung.
or consiguiente, han sido enemigos de la democracia representativa,
a la que tildaban de “democracia formal” y radicales
antagonistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional,
a las que denostaban como “guardianes reaccionarios del orden
establecido” y mera “prolongación represiva de los intereses del
imperialismo estadounidense y de sus amaestradas burguesías
criollas“.
Aquella Vanguardia Revolucionaria (VR), tuvo como
primer secretario general a Ricardo Napurí y los demás líderes
fundadores fueron Ricardo Letts Colmenares, César Benavides,
128
129
Edmundo Murrugarra Florián y Jorge Villarán. Una de las iniciales
tareas de su proyecto fue captar a estudiantes de la Pontificia
Universidad Católica, la Universidad Mayor de San
Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad
Agraria de La Molina principalmente, usando en muchos casos
como cantera de reclutamiento a la Unión Nacional de Estudiantes
Católicos (UNEC), un movimiento universitario
católico fundado en 1941, afiliado al Movimiento Internacional
de Estudiantes Católicos (MIEC), ambos reconocidos por la
Santa Sede, pero que en aquellos tiempos era aprovechado
como centro de congregación de algunos que se consideraban
futuros “brazos intelectuales de la revolución“.
En ese contexto serían ganados Javier Diez Canseco,
Oscar Dancourt Masías, Agustín Haya de la Torre, Eduardo Figari,
Juan Sánchez Barba, Víctor Torres, Alfredo Stecher, Alberto
Gonzáles, Sinesio López y Julio César Mezzich, quien
años más tarde se integraría a las huestes terroristas de Sendero
Luminoso, a la cabeza de la facción Vanguardia Revolucionaria-
Político Militar (VR- PM).
Gran parte de ellos apoyaron las guerrillas iniciadas durante
1965 en el Perú, por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). VR
respaldó a los sediciosos y tuvo contacto con los dirigentes del
MIR y del ELN. A tal punto llegaron sus lazos con la subversión
marxista guevarista, que uno de los dirigentes de VR fue invitado
por Luis de la Puente Uceda a “conferenciar” sobre la
lucha armada a la base guerrillera de Mesa Pelada (Cusco).
Las esquirlas de los grupos marxistas
Para tener una idea más clara sobre las coordenadas ideológicas
y la estratagema violentista de estos grupos, basta recordar
que ante el fracaso del proceso subversivo del MIR, VR
sentenció lo siguiente: "Las guerrillas del MIR parecen no haber
explotado correctamente el instrumento fundamental con el
cual deben enfrentarse a las Fuerzas Armadas del poder burgués:
el arma subjetiva, desmoralizarlos, cansarlos, no presentar
frente, darles tiempo para que se corroan, ganarles la moral, descomponerlos
internamente, esperar a que se pudran desde
adentro".
Antes de continuar, una referencia importante: años más
tarde, cuando estos grupos marxistas ya habían mutado, el periodista
peruano Herbert Mujica Rojas, los calificó con acierto,
aunque solitariamente al principio, como "izquierda caviar" en
el Perú, recordando la expresión formulada por el periodista
francés Daniel Benoits, respecto al sinuoso proceder de la clase
política izquierdista en Francia, hace unos 20 años.
Siguiendo el relato, de VR-PM se desprendió el Partido
Comunista Revolucionario (PCR), liderado por Manuel
Dammert Ego-Aguirre. A fines de los años setenta, en VR (y
por extensión el PCR y el MIR) se fijan como objetivo "ante la
crisis política de situación pre-insurreccional", formar varios
frentes que los diferencien de Sendero Luminoso y posteriormente
del MRTA que empezarían a comienzos de la década de
los ochenta su accionar terrorista. El frente de la lucha legal,
electoral, parlamentaria, municipal y en los medios de comuni-
130
131
cación; el frente de la lucha de las masas populares organizadas
y el frente de la lucha armada.
En los años setenta además, VR se integra al frente
Unidad Democrática Popular (UDP) y publica el semanario
Amauta, codirigido por Oscar Dancourt y Fernando
Rospigliosi; después ante la inviabilidad de la lucha armada de
Sendero Luminoso, participan en las elecciones de la Asamblea
Constituyente que redactará la Carta Magna de 1979, aunque
VR luego la negó. Mientras, otros buscaron reciclarse en el régimen
democrático, como el PCR de Manuel Dammert y la
vertiente del MIR, base de operaciones de los futuros componentes
de la denominada Comisión de la Verdad y Reconciliación
(CVR): Carlos Tapia y Javier Ciurlizza, y del ex ministro
de Justicia del Gobierno de transición de Paniagua, Diego García-
Sayán.
La danza con lobos
En 1986, las páginas de la revista "Cambio", vocero del
grupo terrorista MRTA, acoge la siguiente propuesta de Francisco
Soberón a favor de un diálogo con los senderistas: "Hay
violencia por parte de Sendero, pero se deben buscar los
canales necesarios de diálogo para que haya la paz con justicia
social que todos deseamos".
Se trata del mismo Soberón de la Asociación Pro Derechos
Humanos (Aprodeh) y que antes fuera miembro del
comité central de Vanguardia Revolucionaria (VR), así como
agitador de movimientos campesinos en la época de la reforma
agraria del gobierno militar izquierdista del general Juan Velasco
Alvarado en los años setenta, ubicándosele luego en la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
en el gobierno de Belaunde.
En realidad, desde 1983 el sociólogo Francisco Soberón
empezó a trabajar con Aprodeh, junto a un equipo de su misma
tendencia ideológica marxista, compuesto por Martha Giraldo,
Fernando Rospigliosi (a quien conocía desde la universidad),
Manuel Piqueras y Liliana Panizo. A tal punto llega la confianza
y empatía entre ellos, que incluso durante el go-bierno de
Toledo en el 2001, la Revista Ideele de la ONG Instituto de
Defensa Legal (IDL) se preguntaba: ¿Pero por qué si está Diego
García Sayán de ministro de Relaciones Exteriores y Fernando
Rospigliosi en el Ministerio del Interior, deben haber organismos
de derechos humanos?
Pero la mutación no se detuvo: en la temática de los
derechos humanos, del mismo modo aterrizaron otros neomarxista,
como Sofía Macher Batanero (llegó a ser Directora
de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos e integrante
de la CVR) y su esposo Hans Landolt Pardo, ex integrante
del Partido Comunista Revolucionario y actual
conductor de un programa de entrevistas y reportajes en Televisión
por Cable, financiado por la ONG IDL, donde él mismo
es director.
Recapitulemos: a inicios de los ochenta, los camaradas
de Vanguardia Revolucionaria (VR), del Partido Comunista
Revolucionario (PCR) y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR) ya no veían a Sendero Luminoso (SL) como el
132
133
aliado del "campo popular", sino que empezaban a tomar distancia,
sobre todo cuando en la década crítica de los ochenta y
principios de los noventa el violento accionar terrorista mediante
coches-bomba, asesinatos selectivos de militares y civiles,
destrucción de infraestructura y apagones, alcanzaron a varios
dirigentes de la izquierda.
Pese a que muchos tomaron distancia de la crueldad
criminal de SL dirigido por Abimael Guzmán, no lo enfrentaron
como era debido y tuvieron un discurso ambiguo
respecto al fenómeno terrorista, posiblemente debido a que les
provocaba sentimientos encontrados, ya que Sendero Luminoso,
en parte llevaba a la práctica lo que ex camaradas como
Diego García-Sayán y Carlos Tapia (ambos del MIR) o Ronald
Gamarra, entre otros, habrían proclamado en los claustros universitarios
y las movilizaciones callejeras.
ONGs: Caballo de Troya en el Poder Judicial
Mas bien estos dirigentes y militantes de izquierda afianzaron
su visión y actitud negativa respecto a las Fuerzas Armadas
y la Policía Nacional, luego de haber sido cómodos y
vacilantes espectadores de la batalla que se dio en el terreno de
las armas entre el Estado peruano y las hordas senderistas. Este
es el momento del recodo y viraje estratégico.
En efecto, un grupo se introducirá en el tema de los derechos
humanos, con la misión de enfrentar a las Fuerzas Armadas
en el nuevo escenario de conflicto (el terreno legal), para
lo cual controlarán la Defensoría del Pueblo, en especial durante
la precaria (no fue ratificado por el Congreso, ni renunció),
pero extensa etapa de Walter Albán, también de procedencia
marxista.
Completando la tenaza, operadores políticos vinculados
a la ahora, izquierda neomarxista o izquierda caviar, que venían
actuando desde ONGs dedicadas a la promoción de los derechos
humanos, asumieron posiciones de poder en el Gobierno
de Transición 2000-2001 y paralelamente, lograron copar la
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
A consecuencia de estos hechos, el Estado peruano se
allanó al mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
de realizar nuevos juicios penales a los cabecillas y militantes
terroristas previamente sentenciados y ya en prisión, al
tiempo que representantes de la CVR realizaban discretas conversaciones
(que luego fueron conocidas por la opinión
pública) con la cúpula de Sendero Luminoso encarcelada en el
penal de la Base Naval del Callao (Lima), concertando facilidades
para materializar el nuevo escenario judicial.
Esto fue posible gracias a que durante la gestión transitoria
del presidente Valentín Paniagua Corazao, lograron el
manejo del Ministerio de Justicia con Diego García-Sayán
(Noviembre 2000-julio 2001), quien después extendió su poder
al llegar a ser Ministro de Relaciones Exteriores en el régimen
de Toledo (Julio 2001-julio 2002), con el secreto pero decisivo
apoyo de Eliane Karp de Toledo y el contexto generado para
sostener la feroz persecución política y la justicia jacobina contra
los adversarios del toledismo, militares y policías que com-
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135
batieron a SL y el MRTA, junto a ex integrantes del gobierno
de Fujimori, tanto culpables como inocentes.
Desde esta posición de fuerza política, García-Sayán forjó
sólidos nexos con la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de
San José de Costa Rica, facilitando el allanamiento del Estado
peruano frente a los numerosos casos abiertos ante dichos foros
internacionales en base a pruebas contradictorias y endebles,
por presuntas violaciones de los derechos humanos, a cargo del
mismo Estado peruano o "sus agentes" en las Fuerzas Armadas
y policiales. Aunque se debe reconocer que varios casos llevados
ante esa instancia supranacional eran verdaderos abusos contra
ciudadanos peruanos.
Resalta un hecho escandaloso: el de la ex agente de inteligencia
peruana, Leonor La Rosa Bustamante, que fue indemnizada
con 120 mil dólares por el presidente Toledo, en
base a supuestas torturas que denunció haber sufrido en el Servicio
de Inteligencia del Ejército, no obstante que luego
surgieron evidencias que la desmintieron a nivel judicial.
Miguel Jugo Vieira y Heriberto Benítez Rivas, en representación
de la Asociación Pro Derechos Humanos, presentaron
el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, el cual luego fue avalado por los ministros Diego
García-Sayán y Fernando Olivera.
A continuación, como era de esperarse, una vez alejado
de sus funciones gubernamentales, García-Sayán fue nombrado
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para
el período 2004-2009, sin dejar su cargo como Director General
de la Comisión Andina de Juristas (CAJ).
En este panorama, los neomarxistas de la izquierda
caviar no dejaron de reforzar ONGs como el Instituto de Defensa
Legal (IDL), de donde procede Ronald Gamarra; la
misma Comisión Andina de Juristas, de García-Sayán (MIR) y
Enrique Bernales Ballesteros (ex Partido Socialista Revolucionario).
Luego aparecerá, para completar el círculo, una extensión
del IDL: el consorcio Justicia Viva, y un tercer grupo se
situará en el tema de la descentralización, a la cabeza de
Manuel Dammert Ego-Aguirre, Carlos Barnechea Lercari y
Rudecindo Vega Zavaleta (quien después fue ministro de
Vivienda y Construcción en el gobierno de Toledo).
Otros primos hermanos ideológicos se instalarán en los
temas de la seguridad ciudadana y defensa nacional, tras ser
nombrados para dirigir el Ministerio del Interior y el Consejo
Nacional de Inteligencia en el gobierno de Toledo (Fernando
Rospigliosi, Carlos Basombrío, Gino Costa y Wilfredo Pedraza,
como jefe del Instituto Nacional Penitenciario-INPE, entre
otros).
Pero varias de sus ONGs fueron muy "pragmáticas". Por
ejemplo, la Comisión Andina de Juristas de Diego García-
Sayán, trabajó con el gobierno de Alberto Fujimori, particularmente
en el ámbito de la reforma de la administración de
justicia y la Academia de la Magistratura, como parte de un
convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) suscrito en 1998.
A su turno, Abraham Siles Vallejos, de IDL-Justicia
136
137
Viva, ha sido un funcionario en el PNUD y laboró en el llamado
proceso de Modernización y Reforma del Poder Judicial
los años 1997, 1998 y 1999. Pero tras el derrumbe del régimen
de Fujimori y la instauración del gobierno de transición, visualizó
junto a sus pares un nuevo campo de acción: el control del
Ministerio de Justicia y del aparato judicial, a través de procuradores
Ad Hoc y una red de fiscales y jueces, aunado al copamiento
de la millonaria cooperación internacional.
¿Tontos útiles o cómplices?
Como se mencionó, el entramado judicial dominado
por estas redes de neomarxistas reciclados, empieza allí. Coincidiendo
con el liderazgo de Diego García-Sayán, quien al
asumir el cargo de Ministro de Justicia en noviembre del 2000,
firma dos resoluciones con carácter de "estrictamente secreto"
(no publicadas en el diario oficial El Peruano), sobre conmutación
de penas y rebajas de sentencias para liberar a dos terroristas
de la cárcel.
Una semana después firmará otras once resoluciones
supremas, éstas sí publicadas el 2 de diciembre del 2000 en la
gaceta oficial, para beneficio de indultos y, a los tres días, se
publicarían otras 8 resoluciones otorgando perdón a igual
número de terroristas sentenciados. El 10 de diciembre del
2000 salen a luz otras 10 normas de indulto a condenados por
"traición a la patria". Es decir, en 15 días Diego García-Sayán indultó
a 31 sentenciados por terrorismo.
Este fue apenas el inicio de su política de "humanización"
de los establecimientos penales, de flexibilización
carcelaria, es decir, de liberación de cientos de terroristas sentenciados.
Al respecto, según cifras publicadas sobre los últimos
tres años del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por el diario
Perú 21 en octubre de 2006, hasta el año 2003 había en las
cárceles peruanas 1.064 subversivos, pero hoy sólo permanecen
290, ya que el Poder Judicial sigue liberando masivamente a
terroristas de SL y del MRTA, al declararles fundados sus pedidos
de semilibertad o de liberación por exceso de carcelería.
Es más, a la fecha existe un grupo de 547 personas acusadas
de terrorismo pero que no han sido sentenciadas, es
decir, que sus procesos continúan en la Sala Nacional para
Casos de Terrorismo, que preside el vocal superior Pablo Talavera,
quien ha sido denunciado por una fiscal y el procurador
para casos de terrorismo Guillermo Cabala, de ser muy "condescendiente"
con los acusados. ¿Y los terroristas libres donde
están? Nadie lo sabe con certeza, por que favoreciendo la
estratagema pro-terrorista, durante el gobierno de Toledo
destruyeron lo que quedaba del sistema de inteligencia nacional
con el falaz argumento de que estaba totalmente contaminado
por la corrupción de la década pasada y recortaron drásticamente
el presupuesto del sector militar y policial.
Según inteligencia policial, una parte significativa, si no
mayoritaria, de los senderistas excarcelados no había abandonado
sus convicciones ideológicas ni su sujeción a Sendero Luminoso
al momento de salir de los establecimientos penales;
por lo que se infiere que estarían en posición de reintegrarse a
dicha organización criminal a fin de contribuir decisivamente
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a restaurar las estructuras y los aparatos partidarios a nivel nacional.
Por otra parte, cuando fuera titular de Justicia, García-
Sayán mantuvo a los procuradores Ad Hoc del caso Montesinos
contratados por Alberto Fujimori, es decir, José Ugaz de
la ONG Proética y a su socio Luis Vargas Valdivia. Pero antes
de incorporar a Ronald Gamarra (de la ONG Instituto de Defensa
Legal) a la procuraduría en asuntos de derechos humanos,
convocó a Javier Ciurlizza Contreras como jefe del
gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y el 16 de enero
del 2001, lo nombró presidente de la Comisión de Indultos,
Derecho de Gracia y Conmutación de Penas para los casos de
terrorismo. Quienes conocen el pasado de Ciurlizza afirman
que militó en la filas del Partido Comunista Revolucionario y
hace poco se hizo tristemente célebre cuando se difundieron
unos audios donde se escucha a Ciurlizza intercambiar ideas
en la Base Naval con los cabecillas de Sendero Luminoso y del
MRTA, sobre varios puntos de agenda, como la irresponsable
flexibilización carcelaria y la misma composición de la
Comisión de la Verdad (CV), mientras Abimael Guzmán exigía
que lo trataran como "preso político".
Acto seguido, Ciurlizza habría de ser secretario ejecutivo
de la CV, para finalmente recalar en una dirección del Ministerio
de Relaciones Exteriores. Por si fuera poco, en agosto de
2006, durante el gobierno de Alan García, se nombró como
Vicepresidenta del INPE, a Susana Silva Hasembank, actual
esposa de Javier Ciurlizza, quien ya se había desempeñado
como Segunda Vicepresidenta del INPE entre marzo de 2004
y febrero de 2006; además, ha sido asesora jurídica del Comité
Internacional de la Cruz Roja con sede en Lima, Perú.
Otro integrante del aparato neomarxista caviar en el sector
justicia, ha sido Iván Bazán Chacón, de la ONG Fedepaz
(Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz). Fue el
primer secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos
Humanos y Conmutación de Penas. En este esquema de infiltración,
no llamó la atención que en la procuraduría Ad Hoc
anticorrupción se incluyera a Ronald Gamarra, cuyo historial
es bien conocido, no sólo en los claustros de la Universidad
Mayor de San Marcos, sino como activista de "Pueblo en Marcha"
(fundado en 1983), que junto a la Unidad Democrática
Popular de Cecilia Oviedo, hoy exiliada en México, fungían
como brazo legal del MRTA.
Debido a estos antecedentes, no extraña el fundamentalismo
de Gamarra y su actitud carcelaria para con los militares
y policías acusados de presuntas violaciones de derechos humanos.
A la luz de estos sucesos, resulta condenable la indolencia
y en muchos casos complicidad abierta del gobierno de
Alejandro Toledo, quien alertado del juego propio en que estaban
inmersos estos personajes que usaban sus cargos y la
política anticorrupción para sus venganzas político-ideológicas,
no hizo nada para impedirlo y únicamente procedió a remover
a un sector de ellos, cuando comenzaron a investigar denuncias
de corrupción que salpicaban al propio Toledo y a sus familiares.
Peor aún, al designar a un nuevo procurador anticorrup-
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ción, Toledo y sus asesores siguieron la misma tendencia: el
elegido fue Antonio Maldonado, también ex militante del Partido
Comunista Revolucionario (PCR).
Circunstancias similares se produjeron en el Ministerio
Público, donde se encumbró en el poder el fiscal supremo
Pablo Sánchez Velarde, que igualmente fuera del PCR en la
Universidad Mayor de San Marcos. En el Poder Judicial el máximo
exponente de la red neomarxista sería el vocal supremo
César San Martín Castro, socio entre el 2000 y el 2004, del Estudio
Benites de Las Casas, Forno & Ugaz Abogados. César
San Martín es señalado por muchos como el teórico de gran
parte de la legislación antigarantista y jacobina en materia judicial
anticorrupción, aplicada desde el 2001 hasta la fecha.
Siempre con el obsesivo respaldo político y confabulaciones
del entonces poderoso ministro de Justicia Fernando
Olivera Vega, líder del FIM aliado del gobierno toledista, el
vocal supremo César San Martín Castro, sería el creador de la
figura jurídica de "complicidad en peculado" que habría servido
para encarcelar a corruptos pero también a muchos enemigos
políticos de la izquierda caviar.
Claramente, esta red neomarxista promovió el talionaje
político y judicial atropellando principios básicos del Derecho,
como la no retroactividad de las leyes; la preexistencia jurídica
del delito a los hechos materia de acusación; la presunción de
inocencia y el plazo perentorio de la detención sin sentencia,
entre otros más; panorama que configura una violación sistemática
del debido proceso en contra de los inculpados por la
presunta comisión de actos de corrupción o violación de los
derechos humanos, que fueron juzgados durante las administraciones
de los presidentes Paniagua y Toledo.
El grupo reciclado de los camaradas tiene además sus
tontos útiles y ejecutores en la Judicatura. Para algunos podría
estar en la segunda categoría Juan Jiménez Mayor, ex viceministro
de Justicia y Secretario Técnico de la Comisión Especial
para la Reforma Integral de la Administración de Justicia- (Ceriajus),
donde la izquierda caviar no dejó pasar la oportunidad
para ubicar como "representante de la sociedad civil" a David
Lobatón Palacios, activo operador de Instituto de Defensa
Legal (IDL).
En este marco, el IDL y su hijo el consorcio Justicia Viva,
habrían beneficiado mediante respaldo académico, social y de
promoción mediática a varios magistrados anticorrupción: Inés
Felipa Villa Bonilla, Inés Tello Valcárcel de Ñecco, Hilda Cecilia
Piedra Rojas, Araceli Baca Cabrera, Susana Inés Castañeda
Otsu, Carlos Ventura Cueva y Saúl Peña Farfán, entre
otros.
En el área administrativa, durante el período en que
fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Sivina
Hurtado, estuvo en la secretaría técnica del Poder Judicial la
abogada Rosa Mavila León (Universidad Mayor de San Marcos
y ex militante del PCR). Mavila León no niega su pasado radical
y ha reconocido en una entrevista al diario El Comercio
en agosto de 2006, que siendo abogada defendió a un acusado
de terrorismo que luego habría sido absuelto por la Corte
Suprema. Además, ella ha sido una pieza clave: en la gestión de
Toledo fue procuradora pública en asuntos judiciales y de te-
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rrorismo del Ministerio del Interior, así como asesora en el
Acuerdo Nacional por la Justicia.
Pero su influencia llegaría lejos, Rosa Mavila también ha
ejercido como secretaria general del Ministerio de Educación y
Coordinadora de la Comisión de Reestructuración del Poder
Judicial; docente del Programa de Capacitación para Fiscales y
Vocales aspirantes a la Corte Suprema de la Academia de la
Magistratura y antes integró el equipo técnico de la Iniciativa
Nacional Anticorrupción que fuera encabezada por Monseñor
Miguel Irízar, durante el Gobierno de Paniagua en el 2001.
Como si fuera poco, en agosto de 2006, el Ministerio de Justicia,
designó a Rosa Mavila, como jefa del Instituto Nacional
Penitenciario (INPE).
Igualmente, en septiembre de 2006, surge otra muestra
del poder de los lobbies de la izquierda caviar: la Agencia Peruana
de Cooperación Internacional (APCI) encargada de supervisar
a las ONGs, nombró a Mariella Pinto Rocha, en el puesto
de asesora principal de este organismo. Mariella Pinto es una
profesional especializada en educación inicial, que ha trabajado
desde el 2001 en el ministerio de Justicia a cargo del proyecto
de reforma de los centros carcelarios y además estaría vinculada
sentimentalmente a Diego García-Sayán.
El consorcio Justicia Viva
Por su condición de institución operativa del engranaje
construido por la red neomarxista en el sector Justicia, es necesario
conocer a la entidad "Justicia Viva" (JV): es un proyecto autodenominado
"de participación y fiscalización ciudadana en la
reforma judicial", a cargo de un consorcio integrado por el Instituto
de Defensa Legal (IDL), la Facultad y el Departamento
Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica
del Perú, junto a la Asociación de Jueces por la Justicia y
Democracia, aunque este último grupo luego se apartó.
Con este proyecto, JV ganó en el área de justicia un concurso
convocado por la USAID estadounidense y su "Oficina
de Iniciativas Democráticas", mediante el cual JV recibe apoyo
económico y académico durante tres años. Confirmando la sólida
influencia de los neomarxistas en el consorcio JV, dicha
institución tiene como actuales directivos y operadores a los
siguientes personajes: Hans Landolt Pardo (Director General
del IDL); Ernesto De la Jara Basombrío (Director General de
Justicia Viva); Alfredo Villavicencio Ríos (Coordinador General);
David Lovatón Palacios; Antonio Salazar García; Beatriz
Santiváñez Arias; Javier La Rosa Calle; Juan Carlos Ruiz
Molleda y por supuesto Ronald Gamarra Herrera.
Otra pieza de este grupo, es el sociólogo e historiador,
Nelson Manrique Gálvez, ex asesor de la denominada
Comisión de la Verdad y Reconciliación, y ahora columnista de
IDL, Manrique Gálvez fue integrante del marxista Partido
Unificado Mariateguista (PUM) y del grupo ultrarradical Márgenes,
que en tiempos pasados llamaba "liberales" (Diario
Amauta No 46), a otros camaradas que recusaban la violencia
revolucionaria. Resulta que en octubre de 2006, a Nelson Manrique
le habría salido su entraña marxista, al afirmar que las
condenas penales benévolas aplicadas a los cabecillas del grupo
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terrorista MRTA eran "desproporcionadas".
Antimilitarismo y direccionalidad ideológica
Como no podría ser de otra manera, considerando los
antecedentes políticos y la orientación ideológica de quienes
integran JV; sus trabajos evidencian una fuerte animadversión
y desprecio hacia las Fuerzas Armadas y policiales, actitud que
por extensión la proyectan a los ex funcionarios del régimen
de Fujimori (inocentes y culpables); cayendo en una generalización
y prejuicios incompatibles con una institución que
opera en el Poder Judicial y ejerce una influencia en la opinión
pública debido a sus amplios recursos económicos y mediáticos,
a través de páginas Web, programas de televisión por cable,
seminarios, becas, programas en radios de Lima y provincias,
así como en revistas y boletines.
Esta postura reñida con la objetividad y contraria a la
institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional,
se basa en temas como los derechos humanos y lucha anticorrupción,
a partir de los casos de corrupción y violación de
derechos humanos que perpetraron algunos miembros de
dichas fuerzas del orden. Frente a lo cual, JV se dedica a estigmatizar,
deslegitimar y desarticular a las instituciones militares
y policiales en general, promoviendo el enjuiciamiento
masivo de sus integrantes que participaron en la lucha antiterrorista
contra Sendero Luminoso y el MRTA.
Bajo ese enfoque sesgado, entre las publicaciones de los
operadores de JV encontramos textos como: "30 razones por
la inconstitucionalidad de la ley de organización y funciones
de la justicia militar“, de David Lobatón Palacios; "¿Hasta
cuándo la curiosa justicia militar?" de Ronald Gamarra Herrera;
"El mi-nisterio de Defensa y su urgente compromiso con el post
CVR", por Antonio Salazar García; "La judicialización de
crímenes contra los derechos humanos presentados por la
CVR y asu-midos por el IDL" y "El desafío de la justicia militar",
entre otros.
En un artículo adicional publicado por Ernesto de la
Jara Basombrío, a propósito del discurso del Presidente Alan
García Pérez el 28 de julio del 2006, se expresa lo siguiente:
"En resumen: hasta ahora no hay nada para decir que en materia
de justicia, Alan García volvió a las andadas, pero tampoco
para decir que hay señales de cambio. Más de lo mismo: parece
que continuará existiendo un sistema de justicia precario, en
crisis permanente y sin reforma".
A continuación añade "¿Y cómo interpretar el nombramiento
de una magistrada del perfil de María Zavala, como
Ministra de Justicia? Si bien ella no se ha caracterizado por ser
parte del cada vez más reducido número de jueces comprometidos
con la autocrítica y el cambio, ella como Ministra de Justicia
tiene la posibilidad de hacer lo que objetivamente no hizo
como magistrada: impulsar contra viento y marea la reforma
del sistema de Justicia".
En una línea antimilitarista y parcializada respecto a la
lucha del Estado peruano contra el terrorismo de SL y el
MRTA, y olvidando que este caso ya sigue un curso legal, la
Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y el Instituto de
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Defensa Legal (IDL) declararon, según la agencia Notimex el 3
de agosto de 2006: "Que se investigue de manera profunda la
masacre de 200 presos acusados de terrorismo que fueron ejecutados
en tres penales en 1986".
Asimismo, en pronunciamientos por separado, la
Aprodeh y el IDL solicitaron a la justicia que "determine las
responsabilidades políticas y penales de los responsables de las
ejecuciones realizadas en el primer gobierno (1985-1990) del
presidente Alan García"; puntualizando: "Aún quedan cuentas
por rendir con el pasado", en alusión a lo ocurrido hace más de
20 años en los penales peruanos de San Juan de Lurigancho, El
Frontón y Santa Bárbara.
En esta misma senda y buscando mantener latente el
proceso judicial, uno de los abogados del IDL-Justicia Viva,
Carlos Rivera Paz, presentó en setiembre de 2006, una "queja
de derecho" contra el último dictamen del fiscal Mario
González, vale decir el tercero que éste emite y que exonera de
responsabilidad a Alan García y a miembros de su Consejo de
Ministros de 1987, respecto a los presuntos crímenes ocurridos
en las prisiones peruanas.
Acaparando la cooperación internacional
Sobre la cooperación internacional que financia a las
redes neomarxistas, es necesario conocer que según datos publicados
por el diario Expreso, de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional, (APCI), sólo en el año 2004, tres
ONGs neomarxistas recibieron de la cooperación externa cuatro
millones 221,353 dólares para operar en el país: el Instituto
de Defensa Legal recibió dos millones 798,585 dólares para realizar
su plan de "Consolidación de la Transición Democrática
y de los Derechos Humanos en el Perú", este dinero también
sirvió para financiar los trabajos que desarro-llaba la Comisión
de la Verdad (CVR). Entre las principales fuentes de financiamiento
del IDL, figuran la Open So-ciety Institute,
USAID, Fundación Ford, British Council y la Comisión Europea.
La Comisión Andina de Juristas (CAJ), habría recibido
957,669 dólares para realizar su "Plan Trienal 2004-2006", ubicado
en la temática de gobernabilidad, teniendo como sus principales
fuentes de financiamiento a la Oficina de Coo-peración
Canadiense, Save The Children, la Cooperación Alemana al
Desarrollo, la poderosa National Endowment for Democracy
de EE.UU., la Corporación Andina de Fomento y la Fundación
Ford, entre otras.
A su turno, la Asociación Pro Derechos Humanos
(Aprodeh) recibió el 2004 para su "Proyecto Aprodeh 2004",
un total de 465,099 dólares para trabajos en Apurímac,
Ayacucho y Huancavelica relacionados con la CVR. Entre los
donantes figuran The Oxford Comitee for Famine Relief, la
Fundación John Merck, The Ford Foundation, la holandesa
ICCO y la francesa Secours Catholique, entre otros.
Un informe del Consejo por la Paz, entidad presidida
por Francisco Diez Canseco, es más puntual y revela que entre
los años 2004 y 2005, doce ONGs de la izquierda caviar recibieron
unos 43 millones de dólares, significando estos montos
148149
entre el 20 y 30 por ciento del total de dinero obtenido por las
diferentes ONGs, sólo referente a la cooperación internacional
entregada por organismos extranjeros independientes a sus gobiernos.
De todas, la ONG Instituto de Defensa Legal se adjudicó
más de 5.5 millones de dólares en dicho período y la ONG
Comisión Andina de Juristas 1.9 millones de dólares.
En otro plano, Diez Canseco Távara, está convencido
que el lobby de las ONGs de izquierda caviar, con el poder
político que les dio Alejandro Toledo, impuso el informe de la
Comisión de la Verdad, como si fuese de cumplimiento obligatorio
en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Simultáneamente,
Diez Canseco Távara (al igual que otros),
denuncia que es víctima del abuso de poder de los neomarxistas
en la administración de justicia, y por ello enfrenta tres
juicios después de haber criticado al ex ministro de Justicia
Diego García-Sayán: dos querellas y una denuncia penal.
Las conexiones con Argentina y Chile
Las instituciones de la izquierda judicial del Cono Sur
mantienen relaciones principalmente con cuatro instituciones
peruanas: el Instituto de Defensa Legal (IDL); la Comisión Andina
de Juristas (CAJ); la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).
Con respecto al IDL, las relaciones con entidades chilenas
y argentinas vienen de años atrás, cuando el eje de su labor
estaba centrado en la defensa de los derechos humanos, siendo
más fuerte con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
de Argentina y con la Corporación Chilena de Derechos Humanos.
Cabe agregar que estos vínculos se ven reforzados a su
vez por la presencia de la Fundación Ford, en tanto las tres
constituyen socios estratégicos de ésta en sus respectivos países.
Recientemente, el IDL ha establecido relaciones con
otras entidades de estos países sobre la base de sus nuevas líneas
de acción, como son las de seguridad ciudadana y administración
de justicia, vinculándose en el primer caso con el Centro
de Estudios para el Desarrollo (CED) de Chile, dirigida por
Hugo Frühling, sobre la base de un proyecto regional financiado
por la Fundación Ford, y en el segundo caso con el Centro
de Estudios de Justicia de las Américas, formando parte de
la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil en Materia de
Justicia (Red OSC).
Los intereses de IDL parecen estar puestos más bien en
la región andina, donde ha promovido una Red Andina de Justicia
de Paz y Justicia Comunitaria con organismos de Ecuador
(CIDES), Colombia (CEJ) y Venezuela (Consorcio Justicia)
para fortalecer su posición en el tema de justicia de paz, con el
apoyo de la Unión Europea.
En el caso de la CAJ, ella mantiene aún fuertes vínculos
institucionales con diferentes organizaciones del Cono Sur, especialmente
con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales y Sociales (INECIP) y CELS en Argentina, y el
Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego
Portales y la Corporación Forja en Chile, mediante la participación
constante de expertos de estas instituciones en sus cursos
internacionales de derechos humanos.
150
151
En definitiva, puede señalarse que salvo por los contactos
que mantiene el IDL, las relaciones entre las instituciones
de la izquierda judicial del Cono Sur con sus pares peruanas no
son tan estrechas como aparentan ser. Ello explica porqué
instituciones de larga experiencia en procesos de reforma procesal
penal, como INECIP, la Universidad Diego Portales o
CEJA, no hayan logrado aún una presencia significativa en el
espacio nacional. En el caso de INECIP, ésta intentó crear una
Oficina Regional a nivel de los países andinos, encabezada por
un peruano, la que sin embargo no prosperó por la falta de
apoyo económico a esta iniciativa.
Denuncian a JV y a IDL
"La propuesta de eliminar el fuero judicial castrense podría
desestabilizar las Fuerzas Armadas y el estado
democrático", afirmó el presidente del Consejo Supremo de
Justicia Militar (CSJM), general Juan Pablo Ramos, en agosto
del 2006; en su opinión, esto es lo que buscan las ONGs conformadas
por el consorcio Justicia Viva y el Instituto de Defensa
Legal (IDL). Tras señalar que la existencia de justicia militar
está amparada la Constitución, el general Ramos, sostiene que
suprimirla forma parte de una campaña sistemática que se inició
desde el 2004 y ojalá no llegue a trascender.
Sobre el tema, cabe acotar que el Colegio de Abogados
de Lima tiene más de 40 mil asociados, pese a ello, quien sostuvo
la desaparición del fuero castrense fue el ex director de
IDL e integrante de Justicia Viva, David Lobatón Palacios; y la
demanda de inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar,
la sustentó el ex procurador Ronald Gamarra, también de
Justicia Viva. En consecuencia, genera demasiadas suspicacias
el desmedido interés de dichas instituciones de la izquierda
caviar por arremeter contra la institucionalidad de las Fuerzas
Armadas y la justicia militar.
En tal sentido, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Walter Vásquez Vejarano, denunció en setiembre de
2006, que el consorcio "Justicia Viva" tiene la intención de
manejar el Poder Judicial, con una injerencia tal, que quiere
participar de la conformación de los órganos jurisdiccionales,
y aseveró que ONGs similares están incrustadas en el Poder Judicial
y aprovecharían el voto universal para elegir al nuevo presidente
de la Corte Suprema (planteado por la ministra de
Justicia, María Zavala), a fin de promover mediante los cursos
de capacitación que dictan, a los candidatos que quisieran
poner en la administración de justicia.
Adicionalmente, el Presidente del Poder Judicial agregó
que "Justicia Viva" se encarga de capacitar a los magistrados sin
la autorización expresa del Consejo Ejecutivo de la Corte
Suprema, lo que demuestra un extraño interés en posicionarse
dentro de la justicia peruana.
En relación a este hecho, se sabe que en anteriores "cursos
de capacitación" a los que hizo referencia el Presidente de
la Corte Suprema de Justicia, se habría condicionado a los magistrados
para que sean duros con los militares y blandos con
los terroristas, y para que hagan tabla rasa del derecho a la presunción
de inocencia en los procesos anticorrupción. Pero al
152
153
abordar el tema, el Presidente de la Comisión de Defensa y
Orden Interno del Congreso, el oficialista Luis Gonzales
Posada (APRA), piensa que las ONGs deben ceñirse a un
marco regulatorio. "Ni siquiera el Parlamento puede solicitar información
o inmiscuirse en los procesos de selección de autoridades
en las Cortes Superiores y menos en la Corte Suprema",
recordó.
Siendo más categórico aún, el Secretario General y congresista
del APRA, Mauricio Mulder, expresa su alarma por el
peligro proveniente de los sectores de la izquierda caviar, al considerar
que tienen mucho poder extrapartidario, gracias a su
manejo de ONGs y sus sólidos nexos con algunos medios de comunicación,
lobbies de estudios de abogados y dinero que
proviene de la cooperación internacional, sobre todo de
EEUU, Canadá y Francia.
A la vez, confirmando una preponderante visión crítica
en las altas esferas de la administración García sobre las ONGs
de la izquierda caviar, Mulder no duda que estas instituciones
están alrededor de los derechos humanos sirviendo de tontos
útiles al terrorismo y en torno a la reforma del Poder Judicial
(PJ), favoreciendo a quienes están en contra del PJ, buscando
menoscabar su autonomía, "como la ONG IDL, que pretende
inmiscuirse en la elección del presidente de la Corte Suprema".
En esa misma línea de cuestionamiento contra ONGs y
organismos integrantes de la izquierda caviar, durante la IV
Conferencia Interreligiosa Peruana, en la Pontificia Universidad
Católica, del 15 de agosto de 2006, el presidente del Consejo
de Ministros (PCM), Jorge Del Castillo Gálvez, denunció
que "sectores de izquierda se apropiaron de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación (CVR) y excluyeron al APRA para presentarla
como enemigo de aquella". Pese a estas expresiones y
en un giro inesperado, el premier luego nombró a Sofía
Macher, como presidenta del Consejo de Reparaciones para las
víctimas de la violencia terrorista, instalado en la PCM. A su
turno, el ahora vicepresidente de la República del gobierno de
Alan García, Vicealmirante AP, Luis Giampietri Rojas, escribió
el artículo: "El Reposo del Guerrero", con ocasión del fallecimiento
del general Clemente Noel Moral en mayo de 2005,
donde entre otras cosas expresa lo siguiente:
"Mas de veinte años después y basándose en acusaciones
no vinculantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación,
con la ayuda de ONGs y consorcios como Justicia Viva, el Instituto
de Defensa Legal, la Comisión Andina de Juristas,
Aprodeh, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica,
la Defensoría del Pueblo, jugando en pared con la Comisión y
la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica
a través de sentencias a la medida, y contando con el preocupante
e insólito apoyo de tres millones de dólares del USAID
del gobierno norteamericano; se ha iniciado una implacable
persecución judicial sobre todos aquellos oficiales y personal
subalterno que, obedeciendo órdenes de los jefes Supremos de
las Fuerzas Armadas que los comandaron, lucharon y en muchos
casos dieron la vida para lograr la paz de que gozamos,
luego de transitar por épocas de inseguridad y muerte, que
parece habríamos ya olvidado".
154
155
Definen política de gobierno
Sobre el particular, el día del aniversario de las Fuerzas
Armadas del Perú en setiembre de 2006, el Presidente Alan
García Pérez anunció que la defensa judicial de los efectivos
militares y policiales (en actividad y retiro) que vienen siendo
procesados por la supuesta violación de derechos humanos
mientras luchaban contra el terrorismo, entre 1980 y el 2000,
será asumida por los ministerios de Defensa y del Interior; con
la finalidad de "no dejar abandonados a miles de soldados y
oficiales sobre los que recae siempre la sospecha de los que no
pusieron nada por defender a la patria contra el terrorismo", enfatizó
el mandatario.
Según cálculos preliminares, serían unos 950 los militares
enjuiciados, aunque las cifras continúan en estudio.
Antes de este anuncio presidencial, el ministro de Defensa
había declarado, que las recomendaciones y conclusiones del
informe de la Comisión de la Verdad sobre la presunta culpabilidad
de militares y policías en la lucha antisubversiva, no
tienen carácter vinculante.
Reflexión final
Un análisis objetivo e integral sobre la actuación y el entramado
de las ONGs neomarxistas o de la izquierda caviar en el Poder
Judicial peruano, revela que nada en el rol de los agentes de la
cooperación internacional debe incluir el fortalecimiento de
ONGs locales como actores monopólicos que imponen sus
puntos de vista y prejuicios ideológicos, sobre temas tan sensibles
como la administración de justicia, las fuerzas armadas, la
defensa nacional y la seguridad ciudadana.
Por último, nada justifica tampoco que se utilicen los
fondos internacionales que son para la sociedad peruana, como
recursos que alimentan el poder de ONGs, integrantes de una
especie de logia mutante que busca enquistarse en el ámbito
judicial y seguir entrometiéndose de manera hostil en el funcionamiento
de las fuerzas armadas y policiales.
Frente a lo cual hay dos objetivos pendientes, uno: lograr
que la cooperación internacional se pluralice y descentralice, y
dos: afianzar una activa vigilancia ciudadana e institucional
sobre el accionar pernicioso e infiltración de redes neomarxistas
a través de ONGs que funcionan con ingentes cantidades de
dinero que deberían destinarse a políticas públicas estatales en
beneficio de los sectores más desposeídos de la población.
NOTAS
1 Peruano. Estudios en Derecho y Ciencia Política, Diplomado en Derecho
Internacional de los Derechos Humanos en Washington Collage of
Law de la American University - Washington DC. 2006. Director de la Revista
Huellas. Asesor AFAVIT-PERU Mártires de la Democracia, Organización
- Víctimas de Terrorismo. Director de UnoAmérica - Capítulo Perú.
Ha participado como conferencista en Chile, Argentina, Colombia. Sus
Intereses en Investigaciones incluye la Historia del Militarismo en América
Latina, Terrorismo y Análisis de Amenazas, Manipulaciones de lenguajes
en política y diplomacia.
156
157
2 Peruano. Profesional en Administración, estudios de Derecho y Ciencias
de la Comunicación, especialización en Inteligencia Estratégica y
Contrainteligencia en la “Escuela Nacional de Inteligencia” del Perú; capacitación
en la “Academia Diplomática del Perú”. Analista invitado del
Centro de Investigación de Inteligencia Estratégica, del Colegio Nacional
de Inteligencia y de Defensa-Washington, D.C., en la elaboración del
libro: “Democratización de la Función de Inteligencia” (PCN 12060),
publicado en Washington, D.C., en enero de 2009. Participante en el
Ejercicio Policylab, conducido por el Centro de Estudios Hemisféricos
de Defensa de Washington, D.C. y el Centro de Altos Estudios Nacionales
del Perú en agosto de 2008; miembro del Foro de Profesionales
Latinoamericanos de Seguridad desde el año 2008. Profesor Permanente
de las Diplomaturas: “Inteligencia y Contrainteligencia”, “Estudios Estratégicos
en las Relaciones Perú-Chile-Bolivia” e “Inteligencia Aplicada
a la Seguridad Ciudadana”, de la Cátedra Mariátegui y la Universidad Ricardo
Palma-Perú. Conferencista sobre Inteligencia y Contrainteligencia
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Ha sido Conferencista
del Curso Superior de Inteligencia en la “Escuela de Inteligencia
del Ejército” - Perú. Investigador en la temática de seguridad e inteligencia
estratégica a través de la red multilingüe en Internet “Voltaire” con sede
en Francia y en la Agencia de Prensa Internacional; con artículos y ensayos
publicados en más de diez países de América y Europa.
7.
El Foro de São Paulo y el desmantelamiento
de las FF.AA. en Uruguay
Colaboración del General Manuel Ignacio Fernández Vergara
El ataque a las FF.AA. tiene como f in último la destrucción
del Ser Nacional.
1. Prólogo
La Historia reciente de nuestra Patria, ha sido severa y
deliberadamente violentada y subvertida, mediante una hábil
acción psicopolítica. En efecto, a través de un enfoque materialista
dialéctico se ha obtenido un revisionismo histórico, producto
radicalmente opuesto a la verdad de lo sucedido en los
últimos cincuenta años, que crudamente nos dice: el 1 de
marzo de 2005, accedió legalmente al gobierno una coalición
de izquierda dominada por marxistas-leninistas, por definición
enemigos acérrimos de la Democracia. 1
El Frente Amplio llegó al Gobierno en elecciones libres,
con multiplicidad de Partidos Políticos (la "pluriporquería"
según Fidel Castro). Basado en que tiene mayoría absoluta en
las Cámaras de Senadores y Diputados, al haber obtenido el
50.4% de los votos emitidos en las últimas elecciones del año
2004, actúa con una visión totalitaria y despótica del Poder,
158
159
como si hubiera llegado al mismo por vía de la lucha armada.
Este cambio en la opinión pública uruguaya, que en
veinte años pasa de una izquierda con el 18% de adherentes al
50.4%, se debe a la fenomenal estrategia política del más puro
cúneo “gramsciano”, desarrollada desde la restauración de la
institucionalidad democrática por parte de sus dirigentes.
En efecto, en 1985 son generosamente amnistiados los
sediciosos terroristas detenidos y los exiliados, y reivindicados
los partidos de izquierda que estaban fuera de la Ley, devolviéndoles
todos los derechos perdidos y beneficiándolos de mil
maneras. Esta nueva realidad les permitió copar de inmediato
la Enseñanza, la Justicia, la Cultura, los Medios de Comunicación,
etc., y a la vez iniciar acciones tendientes a la obtención
del Poder por otros medios, distintos a la lucha armada.
Para la izquierda uruguaya, a partir de aquel momento,
la guerra revolucionaria que había perdido en el campo militar,
seguía en los otros tres “frentes” (político, económico y psicosocial).
En 1984, al salir de prisión su conductor político, el General
Reformado Líber Seregni, mediante una hábil
estratagema, cambia la violencia leninista (que tanto mal le
había hecho a la izquierda, nada menos que 13 años de ostracismo),
por el insidioso “gramscismo”, con la impagable
complacencia de los Partidos Fundacionales, “Concertación
Nacional Programática” mediante. 2
En esencia los cambios doctrinarios no fueron tales, lo
que cambió fue la estrategia para lograr los objetivos marcados
hace muchos años para la toma del Poder. Una vez en el gobierno
comienzan a mostrar sus verdaderas intenciones.
El Partido Socialista y el Partido Comunista en el
Uruguay, integrantes del Frente Amplio, son oficialmente
marxistas-leninistas hasta el día de hoy y los más "ortodoxos"
del mundo.
Los Ministros de Estado, Senadores, Diputados, del partido
de gobierno, la mayoría de los cuales firmaron la "Declaración
de la OLAS” en 1967, y otros dirigentes
frenteamplistas, no tienen reparo en anunciar que están trabajando
desde el gobierno para implantar el Socialismo y la Dictadura
o Hegemonía del Proletariado en el Uruguay, y cambiar
el sistema de gobierno republicano democrático que nos rige,
objetivo que no pudieron cumplir con la lucha armada en las
décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado.
Hasta la fecha, siguen siendo fieles a sus compromisos de
antaño. Recordemos que el 10 de Agosto de 1967, en el Teatro
Chaplín de La Habana, Cuba, Fidel Castro, junto a representantes
comunistas, socialistas y "compañeros de ruta" del Continente
y, desde luego de Uruguay, en el cierre de la
Conferencia de la OLAS le declara la guerra a todos los go-biernos
de Iberoamérica, incluido el Republicano, Democrático y
Representativo de la República Oriental del Uruguay. Fue el
comienzo de la Guerra Revolucionaria en gran escala en Latinoamérica,
situación bélica que se mantiene hasta el presente,
ahora a través del Foro de San Pablo a cual se lo considera la
continuación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad.
3
Cuando la implosión de la URSS, la Cuba de Fidel Castro
quedó sin medios para continuar apoyando a los movimien-
160
161
tos revolucionarios en Latinoamérica, surgió entonces la necesidad
de constituir una coalición transnacional que representara
la continuación de la OLAS.
2. Introducción
La República Oriental del Uruguay como cualquier otro
estado-nación ha estado sometida a las injerencias de “sujetos
estratégicos” 4 desde siempre. Zona de frontera en época del
imperio español, país clave para la dominación de los grandes
ríos afluentes del Plata, cuña entre los dos colosos sudamericanos,
factores fundamentales entre otros, que fueron determinantes
en nuestro surgimiento como país independiente con
tradición militar.
En 1830 es aprobada nuestra primera Constitución,
rígida, elitista y doctoral, con clara influencia foránea; fue la
piedra de la discordia entre los “Orientales” durante el siglo
XIX, donde los levantamientos y sublevaciones fueron la
constante por casi 80 años.
La última contienda civil, en 1904, marcó el punto final
de la lucha por la consolidación institucional, pero también el
punto de unión entre civiles y militares. Durante gran parte
del Siglo XX, las FF.AA. ya profesionalizadas ocuparon un discreto
segundo plano como factor de estabilidad interna, una
época de nuestra historia que algunos historiadores le llaman
el “civilismo excluyente”. 5
En 1963 cuando aparecen en nuestro país las primeras
manifestaciones de una expresión militar revolucionaria, las
alertas tempranas no fueron escuchadas por los gobernantes
de turno y políticos en general, quienes disponen sea la Policía
la que asuma la represión. Se distinguen dos organizaciones
subversivas el MLN-T (Tupamaros) en la vanguardia y el PCU
apoyando desde las sombras. 6
Ambas organizaciones comienzan el aumento de su
aparato militar en 1968, coincidente con las determinaciones
de la OLAS de Agosto de 1967, en un período que a los efectos
de la esquematización histórica se denomina “Propaganda Armada”.
En 1971 las FF.AA. son llamadas por el Poder Político
para combatir a la subversión marxista que se había enseñoreado
en todo el país y estaba afectando a todos los factores del
poder. El Instituto Policial había sido sobrepasado por la sedición
tupamara y comunista.
En ese mismo año, ante un nuevo fracaso electoral de la
izquierda, se prioriza nuevamente el factor militar en los diferentes
grupos marxistas, ahora apoyados desde la legalidad por
el Frente Amplio, partido político de reciente creación (1971).
Siguiendo las órdenes recibidas de La Habana cuando la Conferencia
de la OLAS (10 de Agosto de 1967), se proponen una
expansión aún mayor de sus respectivos aparatos armados, teniendo
como objetivo: la toma del poder; su finalidad: la implantación
del socialismo; su instrumento táctico principal: la
guerrilla; el motor dinamizante: el odio al enemigo burgués.
En 1972 ante la contraofensiva llevada adelante por las
FF.CC. (Fuerzas Conjuntas, compuesta por unidades tácticas
del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía), culmina la etapa
de hostigamiento a las FF.AA. y Policiales, de los secuestros a
162
163
Representantes Diplomáticos, de la “Justicia Revolucionaria”,
de la “Cárcel del Pueblo”, de los asaltos espectaculares, etc. Los
terroristas pierden la iniciativa táctica y comienzan a experimentar
fuertes reveses que significarán la declinación y rápida
liquidación del MLN-T como problema militar, mientras quedaba
intacto el aparato armado del Partido Comunista (IV Dirección).
Las organizaciones sediciosas se baten en retirada en el
frente de la lucha armada, así como también en el “frente”
legal, pese al apoyo que se les brinda desde el Parlamento por
los sectores políticos con los que están vinculadas. La gran mayoría
de sus miembros se exilia en Argentina o en Chile, mientras
que los dirigentes e intelectuales lo hacen en Europa,
donde comienzan y llevan adelante una formidable campaña
psicopolítica de desprestigio contra las FF.AA. y contra el gobierno
del Uruguay, basada en los “Derechos Humanos”.
Se debe dejar constancia que fue mayor el número de
bajas entre los integrantes de las FF.AA. y de la Policía, más
civiles inocentes, que las muertes y desapariciones ocurridas en
las organizaciones sediciosas. Los terroristas detenidos fueron
sometidos a la Justicia Militar, tratados como prisioneros de
guerra, en cárceles especiales, bajo supervisión de la Cruz Roja
y otros organismos internacionales.
Los terroristas de ayer, son los gobernantes actuales de la
República Oriental del Uruguay. Curiosamente, quienes desataron
la guerra revolucionaria han obtenido en la paz
democrática las mayores ganancias electorales y consecuentemente
el acceso casi irrestricto al poder.
3. Desarrollo
Entrando de lleno en el tema que nos ocupa, comenzamos
por decir que no sería correcto, ni históricamente cierto,
afirmar que únicamente el enemigo marxista es el responsable
del intento de desmantelamiento o reducción de las FF.AA.
uruguayas.
El intento del desmantelamiento de las FF.AA.
uruguayas, en lo que tiene relación con “fuerzas interiores”,
proviene básicamente de la izquierda vernácula dentro de la
cual sobresale el Frente Amplio, mientras que los Partidos
Políticos No Marxistas se afiliaron mayoritariamente a la reducción
de la Fuerzas Militares. Ambas corrientes siguiendo lineamientos
del Exterior.
A. Acción de la izquierda vernácula
Para poner una fecha, a los efectos de encuadrar el presente
trabajo, vamos a tomar arbitrariamente 1963, como el
año en que comienza una acción decidida de enfrentamiento
y/o destrucción del aparato militar burgués, cuando los miembros
del MLN-T (Tupamaros), asaltan y roban el Club de Tiro
Suizo de Nueva Helvecia. 6
Es a partir de ese momento, hace 46 años, que el terrorismo
marxista se expande en nuestro país en forma desembozada
y, junto con ello, el intento de desmantelar, desmoralizar
e infiltrar a quienes preveían como su principal enemigo:
las Fuerzas Armadas Uruguayas. Lo afirmado precedentemente
no es fruto de la imaginación, está documentado en la informa-
164
165
ción abierta de la época y en la gran cantidad de documentos
capturados y re-quisados, no solo a los tupamaros, sino también
al Partido Comunista y a otros grupúsculos radicales; documentación
ésta que obra aún hoy en poder de las FF.AA., y nos
dan la pauta de sus posiciones dentro de una concertada
orquestación revolucionaria con proyecciones continentales.
Al respecto existe un documento anterior a la Tricontinental
(1965) y a la OLAS (1967), que habla ya de la continentalidad
de la lucha. “Por ser la revolución continental, la estrategia será
continental”, lo que indica el carácter vanguardista de la dirigencia
terrorista de la época. 7
Del análisis de dichos documentos surge una finalidad
implícita, que no es otra que la de servir de vanguardia y, en algunos
casos, en forma paralela a los fines de expansión que el
marxismo persigue, o sea, realizar los esfuerzos para contribuir
al triunfo del comunismo en el mundo, comenzando por entregar
a su hegemonía, atado de pies y manos, al propio país en
que se gesta y actúa.
Esos ataques por parte de diversas organizaciones marxistas
han subsistido a través de estos años hasta el presente,
llevados adelante por diversos “sujetos estratégicos” de distintas
formas.
El Frente Amplio, como integrante y fundador del Foro
de San Pablo, ya venía intentando realizar su acción demoledora
desde antes de 1990. Sus actuales dirigentes, desde antes
de la fundación de la coalición marxista en 1971, ya estaban
inspirados en la Revolución Cubana triunfante en 1959, o
seguían directivas de la URSS o estaban afiliados a las tesis del
maoísmo.
A pesar de que el Frente Amplio llegó democráticamente
al gobierno, en el año 2005, los revolucionarios que lo integran
no han cambiado sus objetivos. Según sus propias manifestaciones,
lo que cambió es la forma de conquistarlos,
aprovechando el abanico de posibilidades que brinda el poder
y las debilidades que tienen las instituciones en un sistema
democrático-republicano de gobierno, en el cual los marxistas
medran. El objetivo sigue siendo el mismo: “si no se puede
ganar el apoyo de las FF.AA., debilitarlas hasta anularlas para
facilitar el camino de la revolución socialista que nunca abandonaron”.
Una vez en el gobierno, de inmediato reanudaron las
hostilidades contra el remanente de lo que fue el victorioso
Ejército Nacional, con la finalidad de aniquilar al Enemigo y
consolidar su victoria en todos los campos, propiciando el revanchismo
e iniciando un nuevo frente de guerra revolucionaria:
La guerra judicial y jurídica.
La actividad del gobierno frenteamplista encuentra su
apoyo en “Organizaciones Auxiliares”, copadas por el marxismo
desde hace larga data. Entre ellas se destacan:
• La Universidad de la República, transformada en la “Universidad
Marxista del Uruguay” desde que se consagró su autonomía
en 1958. Tiene el triste privilegio de haber descendido
a los puestos más bajos en la consideración mundial, debido a
la obsolescencia y atraso de sus planes de estudio, siempre de
espalda a la realidad nacional y mundial, siguiendo las directi-
166
167
vas de sus amos marxistas.
• El PIT-CNT, central sindical dominada por los comunistas
desde la década de los cincuenta, mantiene regimentados a los
trabajadores y es un órgano de presión a órdenes del gobierno
marxista. En el pasado, fue enconada opositora de los Partidos
Tradicionales en el gobierno.
• Los medios de comunicación, copados por operadores marxistas,
complacientes a cualquier título, o amedrentados por el
propio gobierno de izquierda o por sus militantes, que ofician
de verdaderos “censores”, con una severidad propia de un estado
totalitario estaliniano o castrista; esto ocurre incluso en
medios de clara e histórica orientación democrática.
• Las actividades culturales (Teatro, Cine, Música, Lite-ratura,
Carnaval), totalmente tendenciosas, en las cuales se impide
por todos los medios que afloren elementos opositores a la
ideología marxista.
• La Educación, se cambiaron los planes de estudios y, lo peor,
se impusieron textos de historia donde se ignoran los trescientos
o más años de vida anteriores a la revolución cubana, y se
tergiversa la historia reciente con una orientación sesgada,
según la cual los nuevos héroes son los terroristas en el Poder.
• La Iglesia Católica, infiltrada desde hace décadas por los
curas progresistas, continúa dividida y en pleno proceso de secularización.
Pese a que el tema del aborto la ha distanciado
del Frente Amplio en el poder, ha habido curas progresistas
que han ocupado cargos en el gobierno. No obstante, como lo
profetizó Gramsci, la línea general es que la religión en el
Uruguay termina en “suicidio”, al diluirse los límites de la Cristiandad
con respecto al mundo moderno.
Respecto al “Frente Judicial y Jurídico”, es opinión generalizada,
tanto en el país como en el exterior, que el Uruguay
es un país donde no hay seguridad jurídica de ningún tipo, la
inmoralidad campea en los estrados judiciales, los abogados serios
se ven obligados a renunciar para no hacerle el juego a esa
justicia “estalinista o guevariana”. La Constitución y las Leyes
son constantemente pisoteadas.
En un seminario realizado en los últimos días de Abril
del corriente año 2009, expertos internacionales manifestaron
su preocupación, porque consideran que en Uruguay se está
generando un "derecho penal para enemigos", con la voluntad
expresa de responsabilizar, 30 años después, a militares que participaron
de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura
(1973-1985).
Como era de esperarse, tales apreciaciones fueron enfáticamente
negadas por fiscales y abogados locales, que se desempeñan
en esa área y que actúan siguiendo directivas de los
marxistas enquistados en el Poder.
El seminario se abrió con una presentación del abogado
Pablo Galain, en la que sostuvo que Uruguay, atravesó por tres
etapas respecto a los crímenes de la dictadura militar: la amnistía
absoluta, la reconciliación y la persecución penal.
El catedrático en Derecho Penal, de la Universidad de
Buenos Aires, Daniel Pastor, manifestó reparos sobre la forma
en la que se está enjuiciando a militares retirados en los países
de la región, incluido Uruguay. El Dr. Pastor sostuvo que en al-
168
169
gunos procesos judiciales se están violentando las garantías de
los encausados. En particular, el especialista señaló que la revisión
de los delitos a más de treinta años de que hayan sido
cometidos, se enfrenta a la dificultad de la prescripción. Expresó
además, su preocupación por la aplicación a los militares
retirados de normas que no existían al tiempo de la comisión
de los delitos, como es el caso de “la desaparición forzada”.
A juicio del especialista argentino, con ese procedimiento
se está llegando al extremo de aplicar un "derecho
penal" diseñado exclusivamente para responsabilizar a los "enemigos",
lo cual pone en crisis al propio "Estado constitucional
de derecho" y al "derecho penal liberal", que se basan en los
principios de "legalidad y tipicidad".
Las expresiones de Pastor fueron compartidas por otros
expertos internacionales y por los profesores Langón, Otatti y
Chaves.
B. Análisis del Estado de Situación de las FF.AA.
El Mando Superior de las FF.AA. (Presidente de la
República y Ministro de Defensa Nacional) y sus asesores en
posiciones elevadas e intermedias, todos ellos marxistas reconocidos
pertenecientes al Foro de San Pablo, han causado una
serie de inconvenientes a la moral de las Fuerzas Armadas, a
su patrimonio, a sus efectivos, y a la Institución Militar como
un todo, que a continuación se analizan.
En el período comprendido entre el año 2005 hasta abril
del 2009, El Mando Superior de Todas las Fuerzas Armadas:
• Ha cumplido oficialmente algunos compromisos públicos
y privados, de naturaleza esencialmente militar, pero
de forma más bien protocolar. En muchos actos patrióticos
no se ha hecho presente.
• No ha demostrado compromiso con las Fuerzas Armadas.
• Ha suprimido los desfiles militares.
• Ha permitido que se deshonren los símbolos nacionales.
• En el Ministerio de Defensa se ha permitido que se introduzca
un logotipo de identificación del gobierno, sustituyendo
el emblema que identifica esa repartición.
• No ha cumplido con la palabra empeñada en lo relativo
a la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado
8 y otros asuntos, fundamentalmente en los vinculados a
los Derechos Humanos.
• Extraditó por un supuesto delito que ya había sido juzgado
en nuestro país, a dos Oficiales Superiores en
situación de retiro, y a un Jefe en actividad, como gesto de
buena voluntad con un mandatario extranjero, esto último reconocido
por el Ministro de Defensa Nacional.
• Con el sistema de ascenso a la más alta jerarquía puesto
en práctica por el actual Mando Superior, se ha politizado
a las Fuerzas Armadas. Asimismo prostituyó el grado de
“General”, al otorgárselo a militares marxistas que, por
haber estado en una posición adversa al Ejército cuando
la guerra subversiva, habían sido dados de baja por haber
cometido delitos de “lesa nación” y “traición a la patria”.
170
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• No ha realizado reconocimiento alguno al sacrificio que
representa para las Fuerzas Armadas su contribución a las
Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, que es la mayor
contribución activa que se hace a su Política Exterior.
• No ha tenido iniciativas respecto a los bajos sueldos militares,
habiendo manifestado su “preocupación” por el
tema.
• Ha promovido debates, en los cuales intervinieron extranjeros
para sacar ideas para el proyecto de la Ley
MADRE en asuntos militares, la Ley de Defensa Nacional.
• El presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional,
tradicionalmente el mayor de todos los ministerios,
comenzó a ser sobrepasado por el del Ministerio del Interior
en el año 2007, último dato público disponible..
• Se tomaron decisiones que afectaron patrimonialmente
a las Fuerzas Armadas, y continúan las iniciativas en tal
sentido.
• A las Fuerzas Armadas se le atribuyeron misiones que
corresponden al Ministerio del Interior.
• El Mando Superior cumple en un 50% con la función
que le atribuye la Constitución, el otro 50% lo hace siguiendo
el programa de la fuerza política que está en el gobierno
9. Actitud totalmente alejada del “Deber Ser” de su
investidura como Mando Superior de Todas las Fuerzas
Armadas, patrimonio de la Nación.
• Se ha caracterizado por el aprovechamiento de los
medios de las Fuerzas Armadas para su bienestar personal.
La Moral es el primer elemento a tener en cuenta para la
efectividad de las Fuerzas Armadas. El Mando Superior de las
Fuerzas Armadas, a través de su compromiso con las mismas,
es uno de los elementos esenciales para mantener en alto la
Moral.
En este caso no lo ha logrado. Peor aún, la ha debilitado,
decretando, permitiendo y promoviendo que el tema Derechos
Humanos fracturara la Institución Militar; haciendo perder el
contacto entre militares en actividad y retirados; desvaneciéndose
así las tradiciones que junto con los Símbolos Nacionales
y Símbolos Militares le dan continuidad al espíritu de la Institución,
a pesar de los cambios generacionales y los naturales
de adaptación a la modernidad y las nuevas tecnologías.
Los Derechos Humanos se han sobredimensionado en una
aproximación hemipléjica, y hoy todo es un derecho humano.
Nadie ha hablado de las responsabilidades humanas, excepto
aquellos que frente a una falla en el sistema salen disparados a
buscar un responsable que esté bien lejos de su entorno.
Los verdaderos Derechos Humanos son un compendio
de valores propios de la naturaleza del hombre. Además de vida
y libertad, plasman el derecho a alcanzar y disfrutar de otros
valores que el ser humano necesita, como integrante de una sociedad
organizada política y socialmente. Junto con los que
garantizan su existencia -derecho a la vida y a la subsistenciaestán
los que garantizan su mejoramiento permanente en sociedad
como ser: igualdad, justicia, tolerancia, paz, familia, trabajo,
vivienda, propiedad, educación, salud, seguridad,
democracia, soberanía, república.
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173
También constituye una clara violación a los Derechos
Humanos permitir que haya niños viviendo de la basura. Nadie
levanta la voz contra ese delito.
Los Derechos Humanos irrumpieron tardíamente en escena
y surgieron principalmente impulsados por causas políticas.
Cobraron la vigencia que hoy tienen a partir de los años
sesenta, cuando fueron empleados durante la Guerra Fría en el
enfrentamiento de los bloques.
Fueron Inicialmente esgrimidos por los revolucionarios
marxistas, que proliferaron cobijados por la URSS durante su
expansionismo, para dar una “causa justa” a “las luchas de liberación”
10. También para defender a los terroristas detenidos
y encausados, alegando que eran victimas del terrorismo de Estado.
Los Estados Unidos los utilizaron internamente, bajo la
forma de Derechos Civiles, relacionados con segregación racial.
Y en el exterior para promover y defender la libertad y la
democracia, como forma de neutralizar las luchas expansionistas
“de liberación” del Bloque Soviético, que violaban esos
principios como norma y procedimiento.
También fueron empleados a fines de los años setenta
por los Estados Unidos como un arma para apoyar la disidencia
interna en la URSS.
Después de la caída del Muro de Berlín, fueron la herramienta
efectiva para mantener en forma discreta el orden
mundial, y solucionar con mayor facilidad alteraciones que
afectaban intereses de los países más poderosos.
De esa forma se imponen ajenos al Humanismo sincero.
Más bien al amparo de la liviana definición de política como
“el arte de lo posible“ 11, en procura de ganar más poder.
Aunque nacieron cobijados por los sentimientos más puros del
ser humano, no llegaron a la edad adulta casi dos mil años
después de su concepción. Impuestos hoy mediante legislación
supranacional, aceptada sin restricción por los estados menos
poderosos de occidente 12, pero ignorada por otros occidentales
de mayor poder. Reconocidos a medias por otras civilizaciones
que conviven con la Occidental 13.
A pesar de esto cuentan con respaldo internacional de mucha
importancia porque, si bien para algunos países poderosos no es conveniente
comprometerse a cumplirlos, para esos mismos países es conveniente
que los cumplan los otros.
Pero existe otra dualidad. Es moralmente obligatorio su
cumplimiento por parte de los gobiernos democráticos, pero son sistemáticamente
ignorados y violados por otros gobiernos, estados, países
o movimientos, que no adhieren a la democracia, ni al derecho. Ello
no altera el relacionamiento internacional, ni el reconocimiento y la defensa
que los propios países occidentales prestan a esos agentes violadores
de los Derechos Humanos, como pueden ser Cuba, Irán, Corea
del Norte, y China.
Estados Unidos fue impulsor del Estatuto de Roma y,
por lo tanto, de la creación de la Corte Penal Internacional.
Sin embargo -junto con Israel- lo firmó, pero no lo ratificó. La
República Popular China ni siquiera lo firmó.
En nuestro país, al ser aplicados con parcialidad por el
actual gobierno, los Derechos Humanos generan tensiones y
desgastes que mantienen al país estancado en el pasado. Aquí
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también aparece -en este caso la política del gobierno-, como el
“arte de lo posible”… Decir una cosa y hacer otra… Dar esperanzas
que ocurra algo que se sabe que nunca va a ocurrir…
Jugar al humanismo con el aborto para obtener beneficios personales
a futuro, en algo que nada tiene que ver con política…
Y paralelamente, siguiendo el mandato materialista del socialismo,
promover una “fuerza progresista” que promociona el
aborto, sin tener en cuenta que se está violando nada menos
que el derecho a la Vida 14.
Con estas explicaciones, ha quedado aclarado el punto
relativo a un tema que en el Uruguay es engañosamente agitado
en forma permanente, como un asunto de la mayor importancia
y un logro histórico. La realidad indica que en ese tema lamentablemente
uno de los poderes de Estado ha descendido de
su elevado pedestal para ensuciarse con el barro terrorista. Los
juicios por violaciones a los Derechos Humanos serán ejemplo
de Horrores Jurídicos para las futuras generaciones. En el
Uruguay una parte de la población ha sido convencida que la
Guerra Fría no ha terminado.
En lo referente a las leyes a consideración del Parlamento
y a sus efectos sobre la Misión de las Fuerzas Armadas, se detalla
lo siguiente:
• Organización y despliegue de las Fuerzas Armadas. Se proyecta en
la Ley de Defensa Nacional -a estudio de la Cámara de Diputados
y aprobada ya por la Cámara de Senadores-, cambiar la organización
de las Fuerzas Armadas, introduciendo la figura del
Estado Mayor de Defensa por encima de los comandantes en
jefe, con atribuciones por demás confusas y de comando de
parte de unidades subordinadas a los comandantes. Con respecto
al material de guerra, se ha aumentado en pequeñas cantidades,
frente a situaciones de hecho que impedían cumplir la
misión. Se ha incorporado material de guerra de inferior calidad
y de tecnología de hace treinta años.
• Tamaño de las Fuerzas Armadas. En lo que se refiere a este
tema, existe una tendencia a disminuir los efectivos. Cosa que
de hecho se materializa asignándole a las Fuerzas Armadas misiones
secundarias que las alejan del Límite Mínimo del Poder
Militar, al estar empeñadas en tareas que no le permiten mantener
el entrenamiento y la instrucción. A lo que debe sumarse
la contribución que hacen las Fuerzas Armadas a la política exterior,
cumpliendo misiones de paz a órdenes de las Naciones
Unidas. Ha sido afectada en su infraestructura perdiendo patrimonio
necesario para el cumplimiento de su misión: Edificios
de unidades, campos de maniobras.
• Con relación del Limite Mínimo del Poder Militar, se encuentra
por debajo del mismo, al no poder lograr capacidad disuasiva
por falta de preparación, limitada instrucción y carencia de material
de guerra. La capacidad de Disposición y Acción Ejecutiva
se mantiene en base a la voluntad y el esfuerzo de los
integrantes de las Fuerzas Armadas. Hoy se puede cumplir con
la misión de defensa de la Nación con un altísimo costo de
vidas.
• El Máximo de Efectividad de las Fuerzas Armadas se logra mediante
la Instrucción y Preparación Continua y Permanente. Las
Fuerzas Armadas hoy están lejos de ello debido a carencias de
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todo tipo. La formación profesional del Cuerpo de Comando
se basa en una herencia de un siglo de perfeccionamiento
constante, basado en la voluntad y capacidad de los responsables
de la misma. La falta de material impide la instrucción
completa de los efectivos individualmente y del nivel unidad
básica. En niveles superiores de la organización, lo que incluye
la preparación para acciones conjuntas, no existe. También
impide realizar las previsiones mínimas para un caso de empleo
de la fuerza.
C. Acción de los Partidos Políticos No Marxistas.
Los Partidos Políticos No Marxistas, especialmente el
Partido Nacional (blanco) y el Partido Colorado, llamados también
Partidos Fundacionales o Tradicionales, que ejercieron el
gobierno desde la salida democrática en 1985 hasta el año
2005, se aferraron casi con desesperación a la tesis de la reducción
de las FF.AA., con la finalidad de apartarlas de los
primeros planos de la actividad gubernativa, intentando volver
de cualquier manera a la época del “Civilismo Excluyente”, a
instancias de “sujetos estratégicos” extranjeros.
Nos tenemos que ubicar entonces a fines de la década de
los setenta y principios de los ochenta, cuando las FF.AA., que
habían luchado en solitario contra la subversión marxista y
habían vencido militarmente a uno de los grupos sediciosos
que operaba en el país (MLN-T), coparticipaban activamente
en el gobierno de la República desde los sucesos de Febrero de
1973 15.
Coincidente con el período de gobierno de James
Carter, en esos años se comienzan a sentir las “Estrategias de Intervención”
por parte del otro bloque en pugna de la “guerra
fría”: Estados Unidos.
El presidente Carter tenía la particularidad de admitir
en sus círculos íntimos a “anarquistas y adolescentes rebeldes”;
se caracterizó, además, por su aflojamiento ante el enemigo comunista
y por su énfasis en los derechos humanos.
La administración Carter era muy sensible a los “lobbies”
de pseudo demócratas que continuamente golpeaban las
puertas de la Casa Blanca o del Congreso de los EE.UU., pidiendo
ayuda y despotricando contra la patria, con el único objetivo
de satisfacer intereses personales o sectoriales.
Dirigentes Políticos, compatriotas pertenecientes a agrupaciones
“no marxistas”, fueron los encargados de hacerle llegar
al Gobierno Cívico-Militar las aspiraciones del primer
mundo (EE.UU. y varios países de Europa), sobre el tema militar.
Los clásicos “sujetos estratégicos” de la historia, que se
sumaron a las presiones de otros organismos internacionales.
Los “Partidos No Marxistas”, con los Partidos Tradicionales
a la cabeza, se esfuerzan aún hoy por “lavar sus culpas”
ante la inacción exhibida en los años que van desde 1960 a
1980, y se niegan a reconocer la agresión del comunismo internacional,
o lo hacen limitadamente, afiliándose a la “teoría
de los dos demonios”.
Ignoran y soslayan la declaración de guerra que la Cuba
castrista y sus aliados representantes de las más diversas organizaciones
marxistas y revolucionarias latinoamericanas, le
hicieran a todos los gobiernos iberoamericanos, incluido el
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constitucional, republicano y democrático de la República
Oriental del Uruguay (Ver la Declaración de la OLAS, el 10 de
Agosto de 1967, en La Habana).
Esta actitud de los Partidos Tradicionales los convirtió,
aún sin quererlo, en aliados estratégicos de los marxistas. La
situación se agravó cuando los ahora “compañeros de
ruta” comenzaron a hostilizar a la Institución Militar con furibundos
ataques psicopolíticos.
Los Partidos Tradicionales concebían -equivocadamentecomo
adversarios o enemigos en el plano político a las Fuerzas
Armadas y por ello quisieron debilitarlas. En su afán de minimizar
los logros espectaculares del “Gobierno Cívico Militar”
16, secundaron, por omisión, la ofensiva de los terroristas
contra el sector castrense. Olvidaron prontamente que los militares
les habían entregado el poder voluntariamente y con ello
se logró el retorno a la normalidad institucional democrática.
La Estrategia seguida fue: primero, impedir que las
FF.AA. contestaran en tiempo y forma los infundíos que
provenían de la izquierda; segundo “combatir a los militares
con presupuestos y leyes” 17, pauperizando a las FF.AA. de tal
manera, que en determinado momento se estuvo a punto de
descender del Límite Mínimo del Poder Militar 18.
Los Partidos Tradicionales, luego de veinte años gobernando
y cinco en el llano, siguen pensando y aceptando que la
izquierda revolucionaria marxista, aglutinada en el Frente Amplio,
constituye una fuerza democrática.
4. Conclusión
Analizando lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos
años, se percibe que desde distintos ámbitos existe el objetivo
de debilitar a las FF.AA. quitándole imagen, presupuesto,
potestades, y sometiéndolas a un férreo control civil.
Estos intentos de desmantelamiento o reducción de las
FF.AA. se encuentran inscriptos dentro de la “acción gramsciana”,
desplegada particularmente por el marxismo, para la
toma del Poder y la destrucción del “Ser Nacional”, desde antes
de la creación del Foro de San Pablo en 1990.
Los políticos intervinientes en los temas de Defensa Nacional
lo han hecho indefectiblemente con preconceptos, considerando
tendencias predominantes de “familias ideológicas”
o simpatías entre gobiernos, con un factor común: la hostilidad
hacia las FF.AA.
No seríamos leales con nuestros compatriotas y con
nuestros lectores, si no expresáramos el hilo conductor que ha
inspirado el presente trabajo, y que persigue el “Deber Ser” de
las relaciones político-militares en un estado verdaderamente
democrático, con una Institución Militar que proporcione el
respaldo de la Fuerza a los “Poderes Constituidos”.
Las FF.AA., actuando por mandato de los mismos, deben
cumplir un rol permanente de paz y de seguridad, a la vez que
defensivo del patrimonio nacional cuando éste fuera amenazado
o atacado. Las FF.AA. deberán estar capacitadas, como
mínimo, para reaccionar adecuadamente frente a situaciones
no previstas, intervenir en apoyo al desarrollo, en la protección
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181
civil, en el mantenimiento del orden interno y en la preservación
de la identidad nacional.
A su vez el Poder Político, representado por el Mando Superior
(Presidente de la República y Ministro de Defensa Nacional),
deberá estar compenetrado de su responsabilidad ante
una Institución del porte y la importancia de las Fuerzas Armadas.
Su tarea no se agota en exigir disciplina, cumplimiento
de la misión y respeto a la ley.
El Mando Superior deberá estar comprometido con las
Fuerzas Armadas, con su actividad, con su aprestamiento, con
sus hombres, con su material, con sus necesidades, con sus resultados.
Considerar a las Fuerzas Armadas como lo que son: Una
Fuerza letal destinada a la Defensa de la Nación y Patrimonio de ésta
desde 1811.
Debe ejercer el Control Civil sobre las Fuerzas Armadas
y, desde esa Posición de Mando Superior, debe igualmente sentirse
responsable por las fallas que el resto de los organismos
que también ejercen el Control Civil detecten en las Fuerzas Armadas.
También debe hacerse responsable ante las propias
Fuerzas, como todo comandante es responsable de lo que su
unidad haga o deje de hacer.
Si existe convicción en esa forma de ejercer el Mando Superior,
se generará Alta Moral en la Institución Militar.
Por último, las Fuerzas Armadas deberán estar integradas
a la actividad nacional. No alcanza con la integración
funcional que en Uruguay se cumple a cabalidad. Deberán también
ser reconocidas tanto por el Factor Político como por la
Sociedad por su Misión Fundamental: por mandato constitucional
las FF.AA. tienen la responsabilidad de emplear la capacidad letal
que dispone la República, y arriesgar la vida de sus integrantes, como
último recurso para la subsistencia de la Nación.
Ese reconocimiento tan sencillo, de algo que es obvio, le proporcionará
un respaldo psicológico y emotivo a la fría integración funcional
de las Fuerzas Armadas.
NOTAS
1 Democracia tal como la conciben los "Orientales" civiles y militares es
una concepción total de vida, con diversas manifestaciones en lo político,
en lo social y en lo económico; la idea esencial es la libertad individual y
la sumisión al Derecho. Es, en síntesis: el ordenamiento jurídico de la
Libertad. La Democracia es dinámica y debe mantener el equilibrio sociológico
de la Libertad. Pero también está claro que el Derecho del Ciudadano
a la Libertad genera el Deber del mismo de protegerla y
jerarquizarla. Su amplitud no puede exceder los límites de su vigencia, no
puede significar apertura a conductas, actitudes, corrientes o ideologías
que la vulneren. "Democracia es un estado espiritual socialmente elevado
y no una regalía suicida de sus valores a quienes buscan destruirla".
2 A.- Concertación Nacional Programática. Se llama así a la reorganización
de la oposición política, al Gobierno Cívico-Militar a través de instancias
de coordinación y unidad. Comienza en el extranjero en Europa y
EE.UU. entre exilados marxistas y no-marxistas. Al instalarse en Uruguay
es copada por elementos de izquierda. Su máxima expresión llega el 4 de
182
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setiembre de 1984 e integrada por la Multipartidaria: el Partido Colorado,
Partido Nacional, Frente Amplio, Unión Cívica, y los grupos que forman
parte de la Intersocial: PIT-CNT, ASCEEP-FEUU, FUCVAM, SERPAJ,
así como representantes de las gremiales empresariales, de comercio y rurales
(excepto la Asociación de Bancos). Los candidatos presidenciales de
los cuatro partidos firmarán los acuerdos de la CONAPRO el 16 de
noviembre de 1984. Fue la llave con la cual los Partidos Tradicionales
(Nacional y Colorado), abrieron la puerta al avance incontenible del
marxismo para conquistar todos los Factores del Poder en Uruguay. En
Noviembre de 1983, en el Obelisco de Montevideo, una vez que el Gobierno
de Facto anunció elecciones libres para Noviembre de 1984, tuvo
lugar una reunión heterogénea donde los Partidos Tradicionales se
unieron a los partidos de izquierda para atacar a las FF.AA. que voluntariamente
les entregaban el Poder, declarándolas en la práctica su Enemigo
y abriendo las puertas a una regresión a los primeros años de los setenta.
B.- General Reformado Líber Seregni. Ver (19).
C.- Antonio Gramsci. Ver (20).
3 OLAS. En la parte resolutiva, la Declaración General de OLAS, expresa:
1. Que constituye un derecho y un deber de los pueblos de América
Latina hacer la revolución.
2. Que la Revolución en América Latina tiene sus más profundas raíces
históricas en el movimiento de liberación contra el colonialismo europeo
del siglo XIX y contra el imperialismo de este siglo. La epopeya de los
pueblos de América y las grandes batallas de clase contra el imperialismo
que han librado nuestros pueblos en las décadas anteriores constituyen la
fuente de inspiración histórica del movimiento revolucionario latinoamericano.
3. Que el contenido esencial de la revolución en América Latina
está dado por su enfrentamiento al imperialismo y a las oligarquías de
burgueses y terratenientes. Consiguientemente, el carácter de la revolución
es de la lucha por la independencia nacional, la emancipación de
las oligarquías y el camino socialista para su pleno desarrollo económico
y social.
4. Que los principios del marxismo-leninismo orientan al movimiento
revolucionario de América Latina.
5. Que la lucha revolucionaria armada constituye la línea fundamental de
la Revolución en América Latina.
6. Que todas las demás formas de lucha deben servir y no retrasar el desarrollo
de la línea fundamental que es la lucha armada.
7. Que para la mayoría de los países del continente el problema de organizar,
iniciar, desarrollar y culminar la lucha armada constituye hoy la
tarea inmediata y fundamental del movimiento revolucionario.
8. Que aquellos países en que esta tarea no está planteada de modo inmediato,
de todas formas han de considerarla como una perspectiva
inevitable en el desarrollo de la lucha revolucionaria en su país.
9. Que a los pueblos de cada país y a sus vanguardias revolucionarias corresponderá
la responsabilidad histórica de echar hacia delante la revolución
en cada uno de ellos.
10. Que la guerrilla como embrión de los ejércitos de liberación constituye
el método más eficaz para iniciar y desarrollar la lucha revolucionaria en
la mayoría de nuestros países.
11. Que la dirección de la revolución exige como un principio organizativo,
la existencia del mando unificado político y militar como garantía
para su éxito.
12. Que la solidaridad más efectiva que pueden prestarse los movimientos
revolucionarios, entre sí, la constituye el desarrollo y culminación de la
propia lucha en el seno de cada país.
13. Que la solidaridad con Cuba y la colaboración y cooperación con el
movimiento revolucionario en armas constituyen un deber insoslayable de
tipo internacional de todas las organizaciones antiimperialistas del continente.
14. Que la Revolución Cubana, como símbolo del triunfo del movimiento
revolucionario armado, constituye la vanguardia del movimiento antiimperialista
latinoamericano. Los pueblos que desarro-llan la lucha armada,
en la medida en que avanzan por ese camino se sitúan también en la van-
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guardia.
15. Que los pueblos directamente colonizados por las metrópolis europeas
o sujetos por dominación colonial directa a los Estados Unidos en su
camino para la liberación tienen como objetivo inmediato y fundamental
el luchar por la independencia y mantenerse vinculados a la lucha general
del continente como única forma de evitar ser absorbidos por el neocolonialismo
norteamericano.
16. Que la Segunda Declaración de La Habana, recogiendo la hermosa y
gloriosa tradición revolucionaria de los últimos 150 años de la historia
de América, constituye un documento programático de la Revolución
Latinoamericana, que los pueblos de este continente durante los últimos
cinco años han confirmado, profundizado, enriquecido y radicalizado.
17. Que los pueblos de la América Latina no tienen antagonismos con
ningún otro pueblo del mundo y le extienden su mano fraternal al propio
pueblo de los Estados Unidos, al que exhortar a luchar contra la política
represiva de los monopolios imperialistas.
18. Que la lucha en América Latina fortalezca sus vínculos de solidaridad
con los pueblos de África y Asia y de los países socialistas, y con los trabajadores
de los países capitalistas, especialmente con la población negra
de los EE.UU., que sufre a la vez la explotación de clases, la miseria, desempleo,
la discriminación racial y la negación de los mas elementales
derechos humanos y constituye una importante fuerza a considerar en el
contexto de la lucha revolucionaria.
19. Que la lucha heroica del pueblo de Viet Nam presta a todos los pueblos
revolucionarios que combaten al imperialismo, una inestimable
ayuda y constituye un ejemplo inspirador para los pueblos de América
Latina.
20. Que hemos aprobado los Estatutos y creado el Comité Permanente,
con sede en La Habana, de la Organización Latinoamericana de Solidaridad,
la constituye la genuina representación de los pueblos de América
Latina.
4 Sujetos estratégicos. El Coronel Gustavo Taramasco en su obra “A
propósito de Defensa Nacional, La Maniobra Exterior”, acuñó el término
“sujetos estratégicos” y los define como: “sujetos que tienen relación con
un estado nación y son capaces de influir en forma positiva o negativa
sobre sus intereses. Se trata de estados o conjuntos de estados unidos por
una causa; organismos internacionales; empresas nacionales, transnacionales
o multinacionales; organizaciones no gubernamentales; partidos,
sindicatos, movimientos sociales, políticos o de otra naturaleza, internos
pero relacionados con el exterior , opuestos o a favor de los intereses nacionales.
Entre esos sujetos estratégicos se deberá convivir. Lo que significa
aceptar, rechazar, ayudar, imponer, reprimir, transar, dar, recibir, intercambiar,
distribuir, organizar, asignar prioridades, apoyar o quitar apoyo.
Derivado de situaciones de valencia variable, pueden existir ayudas, alianzas,
apoyos, compromisos, antagonismos, tensiones, disuasiones, amenazas,
coacciones, agresiones”.
5 Civilismo excluyente. Período de la historia que se gobernó con prescindencia
absoluta de la Institución Militar, relegándolas a un segundo
plano; hubo momentos que fueron empleadas como “fuerzas gubernistas”
para asegurar la estabilidad interna. A lo largo del siglo XX las FF.AA. se
fueron profesionalizando hasta convertirse en FF.AA. Nacionales. Abarcó
desde fines del “Militarismo” en 1886 hasta 1971.
6 PCU. Partido Comunista en el Uruguay. Como su nombre lo indica es una
organización política dependiente de centros de poder externos, en su
momento el más fiel a la URSS. Aceptó a “pies juntillos” las 21 condicionantes
cuando en 1920 se afilia a la Tercera Internacional con motivo de
la creación del COMINTERN.
MLN-T. Tupamaros. Movimiento sedicioso que hace su aparición el 31 de
Julio de 1963, cuando asaltan y roban armas y municiones del Club de
Tiro Suizo de Nueva Helvecia, Departamento de Colonia. La mayoría de
estas armas habían sido cedidas en préstamo por el Ejército. Luego se
convertiría en el movimiento guerrillero urbano más famoso del mundo
luego del argelino.
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7 El MLN-T plasma la “continentalidad” de la lucha subversiva y por ende
sediciosa, a mediados de la década de los sesenta del Siglo XX, cuando en
su documento 1 pide que “las organizaciones revolucionarias colaboren
con sus máximas posibilidades en la elaboración y construcción de la estrategia
continental” y agrega: “la revolución no debe detenerse en las
fronteras nacionales”. Esa postura queda abonada por la presencia de
sediciosos latinoamericanos y españoles en el MLN-T y la actuación de
terroristas uruguayos en Argentina, Chile, Bolivia y países de África, entre
otros.
8 Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la R.O.U. Lo acaba de confirmar en
abril de 2009 en su declaración en Costa Rica “…el Uruguay no merece
un ley de impunidad,…yo siempre estuve en contra…”
9 Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la R.O.U.: “Gobernaré con una mano
en la Constitución de la República y la otra en el Programa del Frente
Amplio”.
10 Liberación del Imperialismo. En su lucha contra el capitalismo los marxistas
identifican a los Estados Unidos como centro promotor y sostén de
ese sistema. Esa es la verdadera razón del alineamiento y enfrentamiento de los
Bloques durante la Guerra Fría.
11 El ejemplo más a mano que encontramos son los activistas de DD.HH.
en el Uruguay que ignoran sistemáticamente las violaciones de los DD.HH.
en Cuba y en todos los países que se oponen a los Estados Unidos.
12 Pensando ganar la buena voluntad de los países más poderosos que le
imponían esa legislación supranacional.
13 Islámica, Sínica, Japonesa, Ortodoxa Rusa, India.
14 Esto demuestra que lo que determina la ideología se encuentra por
encima de los valores, para la “fuerza política en el gobierno” del
Uruguay,.
15 Sucesos de Febrero de 1973. La obsesiva y cada día más intensa preocupación
de los dirigentes políticos, especialmente los parlamentarios, a medida
que los éxitos de las FF.AA. se consolidaban , fue creciendo de tal
modo, que llegó al extremo de presionar e inducir al Poder Ejecutivo -
mediante el artilugio de la designación de un nuevo Ministro de Defensa
Nacional- a los efectos de cambiar el rumbo y frustrar la misión de
“restablecer el orden interno y brindar seguridad al desarrollo nacional”,
que las Fuerzas se habían trazado y venían cumpliendo con el beneplácito
general de la ciudadanía y de toda la opinión sana del país. Los Mandos
Militares, advirtiendo las irreparables proyecciones de la maniobra que se
ensayaba a nivel político, plantearon sus discrepancias al Presidente de la
República y le sugirieron el relevo del nuevo Secretario de Estado, cuya
autoridad se habían negado a reconocer. Se debe dejar constancia que
ninguna de las Cámaras, ni la Comisión Permanente, ni la Asamblea
General, se reunieron para analizar los graves hechos sucedidos en
Febrero de 1973 y que ellos habían sido los grandes instigadores. No
asumieron ni enfrentaron ningún tipo de responsabilidad, era más cómodo
hacerse los desentendidos. Nadie podrá explicarse nunca tamaña
omisión en el cumplimiento del deber público.
16 Existe una publicación “Uruguay Verdad” donde se detallan las obras
de infraestructura que se realizaron en el período del “Gobierno Cívico
Militar”, la mayor en la historia del Uruguay. También en ese período,
hubo formidables logros de distinta naturaleza, como el “Tratado del Río
de la Plata y su Frente Marítimo” (19-Nov-1973) pendiente de resolución
desde siempre, el reordenamiento administrativo de toda la Administración
Pública, la exaltación del sentimiento patriótico y el afianzamiento
de la soberanía, la Jubilación Automática, la Ley Nacional de Electricidad
(1-Sept-1977), convenios de trabajo entre UTU (Universidad del Trabajo
del Uruguay) y organismos del Estado con especialidades afines, creación
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de la “Universidad Católica del Uruguay - Dámaso A. Larrañaga” (22-
Ago-1984), creación del CONAE (Consejo Nacional de Educación), por
Ley Nº 14101 de 1974 el que estableció por la Ordenanza Nº 28 el nuevo
Estatuto del Docente, creación de ANTEL (Administración Nacional de
Telecomunicaciones), el 25 de Julio de 1974, etc.
17 “Combatir a los militares con presupuestos y leyes”, Frase pronunciada por
el Ex Presidente Julio María Sanguinetti en Asunción del Paraguay en un
Seminario sobre el “Tema Militar”, hace ya muchos años.
18 Límite Mínimo del Poder Militar. Se relaciona con la fuerza disponible
real o potencialmente. Está dado por aquella situación en la cual el Factor
Militar, si decrece, pierde posibilidades de cumplir las misiones asignadas
como parte integrante del Poder Nacional. Será un poder no creíble, por
lo tanto carente de capacidad de lograr efecto disuasivo.
19 General Reformado Líber Seregni.
General Reformado quiere decir Ex General. A los “Oficiales Reformados”,
la Institución no los abandona y le abona un tercio de su
“Haber de Retiro”, pasando los dos tercios restantes a su Esposa o Familia.
No pueden usar el Grado, ni el uniforme.
Fue sometido a Tribunales de Honor en varias oportunidades durante
su carrera militar, por asuntos políticos e ideológicos, pero igual se
las ingenió para llegar a ser General, grado al cual llegan muy pocos; en
nuestro Ejército la carrera termina de Coronel, “ser General es un accidente
decía un viejo Soldado”. A lo último terminó degradado y en
prisión. En 1985 cuando se reinstaura la institucionalidad democrática,
el Presidente Sanguinetti, como pago y agradecimiento por su colaboración
en el Pacto del Club Naval, le devolvió el grado y los honores correspondientes,
pero en la interna del Ejército nunca se lo reconoció como
General luego de los sucesos de 1970 en adelante.
Para el Ejército fue un “traidor”, y “un agente comunista”; esto ha
sido confirmado en numerosas biografías y artículos, que “civiles adeptos”
han hecho sobre su persona y que ingenuamente, en su desconcepto de la
vida militar, han ratificado las sospechas. No se pudo confirmar oficialmente,
ya que Guillermo Bodner, un judío-uruguayo que tenía los
archivos de la “Cuarta Dirección” del Partido Comunista en el Uruguay;
que atendía la infiltración de los comunistas en las Fuerzas Amadas
(FF.AA.), logró escapar y se exilió en la Embajada de México, viajando
luego a dicho País.
Un General Uruguayo oportunamente dijo: “Para nosotros: los comunistas
no son demócratas; estamos persuadidos de que el ingreso de
Seregni a la Escuela Militar fue a instancias del Partido Comunista, como
“topo”, como “agente dormido”. Nos resulta absolutamente inconcebible
que el hijo de un “anarquista” pudiera ingresar en la Escuela Militar, en
una época de un “civilismo excluyente”, donde únicamente los muy vocacionales
se atrevían a realizar la carrera militar. (Esto no ha cambiado
nada de esa época hasta la actualidad, hay que ser muy vocacional para ser
Oficial del Ejército en el Uruguay)”.
Como político fue el articulador de la unión de las izquierdas en
1971 y el conductor del Frente Amplio en el ostracismo desde la cárcel,
al que guió disciplinadamente. A partir de 1985, Seregni avizoró la caída
del comunismo en el mundo y levantó las banderas de “avanzar en democracia”,
en un golpe de timón digno de un político capaz y ambicioso,
abandonando la violencia leninista y abrazando el insidioso “gramscismo”,
con la impagable complacencia de los Partidos Políticos Tradicionales.
Fue condecorado con la orden al mérito “Lenín”, en la todavía existente
URSS.
Entre sus “récords” y relacionado con el Foro de San Pablo, fue
quien introdujo a Hugo Chávez en el mismo.
20 Antonio Gramsci. (1891 – 1937)
Marxista Italiano, fundador del Partido Comunista junto con
Palmiro Togliatti, se lo consideró un” disidente” del leninismo porque
preconizaba el “acondicionamiento mental de la sociedad” para el triunfo
190
191
del comunismo, priorizándolo sobre la lucha armada.
Su obra se centra en la importancia de los fenómenos culturales
en la transformación de la sociedad occidental, y en el control ejercido por
las clases dominantes a través de la cultura. Se ha convertido en figura
dominante del pensamiento marxista contemporáneo. Al no poder establecer
una dictadura abierta en las naciones occidentales, sus seguidores
han adoptado una vía más larga que se busca sea más efectiva, más sólida
y afianzada que es la “dictadura mental”.
Gramsci junto a otros pensadores marxistas se abocó a diseñar
una estrategia para Occidente, especialmente para Italia y por extensión
para todos los países de cultura latino-católica.
A diferencia de Lenín que preconizaba la conquista en primer
lugar de la “sociedad política” personificada en el Estado y otros organismos
que ejercen una función coercitiva y de dominio directo en el campo
jurídico, político y militar, Gramsci en cambio sostiene que hay que conseguir
la conquista de la “sociedad civil”: la Universidad, la Educación, la
Cultura, los Medios de Comunicación, entre otros que son los que crean
un modo de pensar en el pueblo, le crean un “sentido común”, o modo
natural de sentir y pensar.
Por lo expuesto, parecería que estamos viviendo en un mundo
diseñado por Gramsci: se han invertido las valoraciones morales y políticas,
se busca desjerarquizar todo lo valioso, se exalta todo lo que sea o implique
“horizontalismo”, se “desconstruye” el sano pensamiento filosófico
y teológico, de forma tal que queda “pulverizado” en una multitud de
nuevas ideologías, “filosofías”, cuyo sólo empeño es “desmitificar”, “secularizar”
y “desacralizar”.
El programa es bien claro: “lograr el desprestigio de la clase
hegemónica, de la Iglesia, de las FF.AA., de los intelectuales, de los profesores
y maestros, etc.
Al decir de Alfredo Sáenz: “Gramsci considera que se ha ganado una
gran batalla cuando se logra la defección de un intelectual, cuando se conquista
a un teólogo traidor, un militar traidor, un profesor traidor, traidor a su cosmovisión….
ya que cada de uno de ellos arrastra tras de si a un número consi-derable
de prosélitos”.
Cualquier similitud con lo que está sucediendo en nuestras patrias NO
es simple coincidencia.
192
193
8.
El Socialismo del Siglo XXI contra las
Fuerzas Armadas en Venezuela
Colaboración de la Al ianza Militar por Venezuela
1. Introducción
El Preámbulo de la Constitución de Venezuela promulgada
el 30 de diciembre de 1999 propugna “el establecimiento de
una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y
pluriplural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolida
los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad,
el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio
de la ley para ésta y las futuras generaciones; asegura el derecho a la
vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la
igualdad, sin discriminación ni subordinación alguna; promueve la
coo-peración pacifica entre las naciones e impulse y consolide la integración
latinoamericana de acuerdo a los principios de la no intervención
y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e
indivisible de los derechos humanos, la demo-cratización de la sociedad
internacional y el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes
jurídicos ambientales como patrimonio irrenunciable de la humanidad…”.
Según el Articulo 3 de la Constitución Nacional vigente,
“el Estado venezolano tiene como fines esenciales la defensa y el desarollo
de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático
de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante
de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la
garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados
en esta Constitución”.
Por otra parte, la Fuerza Armada Nacional (FAN) representa
la única institución del Estado Venezolano, autorizada
por la Constitución para ejercer la Defensa Militar de los intereses
soberanos de la Nación y la custodia de las armas y equipos
bélicos de la República.
Según su Articulo 328 “….la Fuerza Armada Nacional constituye
una institución esencialmente profesional, sin mi-litancia
política, organizada por el estado para garantizar la independencia y
soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico,
mediante la defensa militar, la coo-peración en el mantenimiento del
orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de
acuerdo con esta Constitución y la ley” .
En otra parte del mismo Articulo, se establece que “la
Fuerza Armada Nacional esta integrada por el Ejercito, la Armada,
la Aviación y la Guardia Nacional…“. Ello implica la formación
profesional y doctrinaria de sus integrantes en una estructura
cerrada, de mando vertical y de pensamiento compenetrado
con la Seguridad y Defensa de la Nación, dentro del respeto al
marco democrático de sustentación política que rige la gobernabilidad
del Estado.
Su profesionalismo y dedicación la obliga a alejarse de
las parcialidades políticas y encerrar su actuación en la obediencia
a su deber constitucional y que “en cumplimiento de sus
194
195
funciones está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al
de persona o parcialidad política alguna” (Articulo 328). La Constitución
establece que los militares en servicio activo no
pueden optar a cargos de elección popular, ni parti-cipar en
actos de propaganda, militancia o proselitismo político (articulo
330).
2. Antecedentes
Es verdad que el teniente coronel Hugo Chávez Frías
llego al poder con el voto democrático y mayoritario de los
venezolanos, basado en promesas que el pueblo acogió con entusiasmo
y optimismo como tabla de salvación contra gobiernos
que ya habían agotado sus mejores argumentos y opciones
dentro de la democracia representativa, y que ya mostraba inquietantes
síntomas de la caducidad de sus argumentos,
propósitos e ideales y, por lo tanto, era perentoria y necesaria
su renovación.
Pero las esperanzadoras expectativas que nos prometió
el nuevo mandatario, al paso del tiempo se han tornado en crueles
desengaños. Las mentiras, desaciertos, ineficiencias, vergonzante
corrupción, mas burocracia parasitaria, entrega sin
medida proporcional de apreciable parte del patrimonio nacional
a otros países, y otras aberraciones similares y hasta peores
comparadas con las que gobiernos anteriores habían
cometido; liquidaron las ilusiones, las aspiraciones, las esperanzas
y expectativas, y la posibilidad de una vida mejor para el
pueblo venezolano.
Su discurso y acciones han tomado un curso retrogrado
y hoy observamos que se ha multiplicado la desconfianza, la
disolución, el desaliento, la duda y la desmoralización de un
pueblo que confiadamente creyó en sus ofrecimientos y hoy solamente
les queda una angustiante y desconsolada frustración.
Desde nuestra formación como República libre e independiente,
se hicieron grandes esfuerzos por organizar un
Ejército Nacional, todos estos esfuerzos se diluyeron en medio
de la anarquía y la pugna estéril entre los próceres de los bandos
civiles y militares que participaron en la guerra de Independencia,
facciones enfrentadas por el poder, caudillos que surgían
por los cuatro puntos cardinales de nuestra geografía nacional,
reclamando su pedazo de Patria para un grupo armado en
armas.
Así hubo de transcurrir todo el siglo XIX, para que la
Revolución Liberal Restauradora en el año 1.899, al mando
del General Cipriano Castro, se iniciara un proceso de paz duradero
para la República, con la erradicación de los caudillos
civiles y militares. El General Juan Vicente Gómez dirigió al
país a partir del año 1.908 hasta su muerte en 1.935. Durante
este período se hizo un gran esfuerzo doctrinario y de organización,
y eso permitió que en 1.910 entrase en funcionamiento
la Academia Militar de Venezuela, la cual da inicio a la profesionalización
de la Institución Armada.
El énfasis y orientación del pensamiento militar estaba
dirigido a crear una organización piramidal de mando vertical,
subordinada al poder civil, al servicio del Estado y a garantizar
196
197
la seguridad y defensa nacional. A partir del año 1.945 se profundiza
el proceso de modernización de la institución armada,
se envían oficiales a efectuar cursos de Estado Mayor y de especialización
técnica en el exterior, se mejoran las instalaciones,
las raciones, se adquieren sistemas de armas, comunicaciones,
transporte y fusiles automáticos, y se mejora el sistema de seguridad
social de sus miembros.
En los años 60 aparecen en el país acciones guerrilleras
cuyo fin político era conquistar el poder para establecer un gobierno
comunista. El gobierno castrista apoyó con todas sus
fuerzas el movimiento subversivo en Venezuela y se establecieron
frentes guerrilleros en diferentes zonas urbanas del
país, así como en más de 10 frentes rurales; esto exigió a la
institución armada una rápida adaptación para enfrentarlas y
se activaron varios Teatros de Operaciones con unidades y efectivos
de todos los componentes de la organización.
Fidel Castro apoyó esta etapa sangrienta para Venezuela,
ejecutando un desembarco con guerrilleros cubanos por la
región de Machurucuto, al mando de quien después sería el
célebre general Ochoa; este desembarco es derrotado por la
Fuerza Armada Venezolana y apresados sus integrantes. Fidel
Castro envía armas y pertrechos por las costas del Estado Falcón,
la cuales son capturadas por las autoridades; y, a partir de
estas acciones, Venezuela logra la expulsión de Cuba del seno
de la OEA. Por la derrota militar que sufrieron y la política de
pacificación de 1.969, los guerrilleros venezolanos se reinsertaron
a la vida democrática.
En el año 1.969 se celebra en La Habana la Internacional
Socialista, donde se toman decisiones importantes, entre
ellas una táctica muy bien teorizada por Lenin: La Infiltración,
y así vemos como los organismos del Estado venezolano, los
gremios profesionales, la Fuerza Armada, sindicatos, sistema
educativo, judicial, el económico, medios de comunicación y
federaciones campesinas, serán penetradas por marxistas radicales,
haciéndose pasar por Demócratas luchadores sociales.
Hugo Chávez Frías representa el ejemplo más emblemático de
cómo el comunismo penetró a la Fuerza Armada Nacional. De
formación marxista a muy temprana edad, Chávez ingresa a la
Institución con un plan político para acceder al poder a través
de la insurrección militar.
Podemos afirmar que durante el periodo 1958-1998, correspondiente
a los gobiernos de ejercicio democrático representativo,
las Fuerzas Armadas de entonces alcanzaron el mayor
grado de prestigio y desarrollo jamás logrado en nuestra historia
republicana. Prueba de ello lo constituye el haber ocupado
siempre un lugar privilegiado entre las instituciones que gozaban
de mayor credibilidad y respeto en la sociedad civil.
A pesar de los innegables logros alcanzados, persistieron
importantes fallas atribuibles a la falta de decisión de los diferentes
gobiernos de no querer establecer una política militar
de Estado, proyectada en el tiempo, que permitiera realizar las
reformas exigidas de manera perentoria por los cuadros profesionales
de las Fuerzas Armadas. Entre ellas se destacan las siguientes:
198
199
• La negativa de aprobar una verdadera reforma de la Ley
Orgánica de las Fuerzas Armadas, que permitieran transformar
el sistema de ascenso y de permanencia en la
situación de actividad del personal profesional, crear una
verdadera meritocracia, y conformar una estructura militar
adaptada a los nuevos tiempos, para poder consolidar
un verdadero liderazgo, modernizar el servicio militar y
establecer una planificación a largo plazo.
•Carencia de programas de mantenimiento para los modernos
sistemas de armas que se adquirieron a solicitud de
las diferentes fuerzas o componentes.
•El excesivo e innecesario empleo de la Institución Armada
en actividades que no le son propias, incidió negativamente
en la moral del personal y en el necesario e
imprescindible entrenamiento de las tropas.
Al asumir el teniente coronel Hugo Chávez Frías la Presidencia
de la República, renació la esperanza entre quienes aspiraban
a que se produjeran profundos cambios en las Fuerzas
Armadas. Lamentablemente no ha sido así. Por el contrario,
hoy en día nos encontramos con la triste realidad de verlas orientadas
a cumplir un papel totalmente alejado de su verdadera
responsabilidad institucional.
3. Situación Actual
Es un hecho palmario que la democracia venezolana se
encuentra amenazada de muerte. Es necesario subrayar las
múltiples acciones emprendidas por el régimen de Hugo
Chávez para desconocer y descalificar el pluralismo político
que es la base misma de la democracia, violando las mismas
normas que establecen la Constitución y las leyes de la
República.
La campaña del régimen, encaminada a la destrucción
de los valores democráticos, a través de decretos, medidas y sus
propias acciones, es permanente e inconstitucional. Trata de
imponernos el ignominioso “pensamiento único” y la creación
del “hombre nuevo”, enmarcado en su proyecto del “socialismo
del siglo XXI”, rechazado por la mayoría de los venezolanos
en la consulta electoral del 2 de diciembre de 2007.
Este proyecto nos recuerda las más siniestras y oscuras
maquinaciones de los regímenes estalinistas, de estremecedora
recordación, por las consecuencias de sus inhumanos genocidios,
destrucción y aniquilamiento de toda clase de disidencia.
Este nefasto sistema no ha desaparecido con la caída del
Muro de Berlín, puesto que en la práctica continua aplicándose,
por parte del dictador Fidel Castro y su hermano Raúl,
quienes, junto con su antiguo compinche, el Che Guevara, establecieron
un régimen dictatorial que ha prevalecido por mas
de cincuenta años en Cuba.
En Venezuela, el gobierno mantiene un tozudo empeño
por cambiar la historia y torcer sus hechos mas relevantes, para
encaminarla a considerar solo aquellos que le son favorables a
su mal llamada “revolución”. Se pretende imponer un adoctri-
200
201
namiento ideológico de corte comunista en el sistema
educativo nacional y, más grave aún, en las escuelas e instalaciones
militares.
La separación de los poderes, que es parte de la esencia
misma de la democracia y que fue unas de las consignas banderas
para llegar al gobierno, es desconocida insolente y cínicamente
cuando se dan ordenes directas, al más puro estilo
cuartelero, a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de
Justicia, a la Fiscalía General, al Consejo Nacional Electoral, a
la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo y a otros órganos subalternos,
supuestamente autónomos, cuyos acoquinados directivos
no responden otra cosa que: “Ordene usted, mi
Comandante”.
Dentro de su pusilanimidad, no se atreven ni siquiera a
solicitar el requerimiento por escrito, por temor a cometer una
afrenta contra el “bien amado líder”, que pueda significar la
pérdida sus muy lucrativas canonjías. La concentración de
todos los poderes en la persona de Chávez, recuerda mucho el
estilo del pervertido Rey francés Luis XIV, con su famosa expresión
de “El Estado soy Yo”.
También es preocupante el empeño del régimen en continuar
su política de expropiación ilegal de tierras, haciendas y
fundos en plena producción, arruinando a sus legítimos propietarios
y ocasionando confusión, trastorno y descontento
entre los productores del campo. Estatización o confiscación
de empresas -públicas y privadas- de electricidad, teléfonos, gas,
alimentos, cemento, hierro y aluminio, entre otras; las cuales,
a la larga, se harán mas improductivas e ineficientes, y terminarán
convertidas en patios de chatarra, propiciando las condiciones
para ser de nuevo privatizadas, pero en manos de empresarios
afines al gobierno. Están en lista de espera: la banca,
las clínicas privadas, el transporte terrestre, marítimo y aéreo,
la industria pesquera, la educación privada, la industria automotriz,
etc.
Todo esto ha ocurrido durante un período en que nuestro
país ha obtenido por la renta petrolera ingresos que, cuantitativa
y comparativamente, superan todos los recibidos por la
totalidad de los gobiernos que ha tenido Venezuela en toda su
historia. Lo anterior es posible por el empeño de Hugo Chávez
Frías en centralizar y controlar todas las actividades económicas,
condición sine qua non para facilitar su paso al sistema comunista;
sistema que, como es sabido, ha experimentado
rotundos fracasos en todas partes donde se ha querido imponer;
y que, además, fue rechazado por los venezolanos en el
referéndum del 2 de diciembre de 2007.
Los síntomas de la alarmante descomposición en
Venezuela se evidencian en: El aterrador desbordamiento de la
crisis ético-moral, materializada en los escandalosos hechos de
corrupción denunciados diariamente en los medios de comunicación;
el abominable trafico de influencias y grosero nepotismo
en el entorno familiar de Hugo Chávez y sus parientes
mas cercanos; los horrorosos extremos a que ha llegado la inseguridad
personal, que se contabiliza en cientos de
asesinatos semanales en todo el territorio nacional, como si
Venezuela se encontrara en un estado de guerra; la multiplicación
de los desvergonzados y bochornosos actos de corrup-
202
203
ción, llevados a cabo por connotados dirigentes del partido en
el poder y por sus subalternos inmediatos; los cuales superan en
numero de transgresores y en cuantía a lo desvalijado, estafado,
malversado y saqueado al tesoro nacional durante los anteriores
gobiernos, de la denominada “cuarta república”.
Es necesario subrayar también, las múltiples acciones
emprendidas por el régimen para desconocer y descalificar el
pluralismo y la disidencia política, que es la base misma de la
democracia, a través de planes preconcebidos; utilizando la justicia
conculcada, la mas paladina persecución, encarcelamiento
y exclusión de valiosos y prominentes venezolanos, hechos que
demuestran el desprecio evidente del régimen por el ejercicio
de los mas sagrados derechos universales del ciudadano. Son
muchas y variadas las denuncias interpuestas por diferentes organizaciones
no gubernamentales ante la OEA y la ONU por
violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad
cometidos por el régimen de Hugo Chávez Frías.
Hugo Rafael Chávez Frías se graduó en la Academia Militar
de Venezuela de subteniente del ejército en el año 1.975 y
empieza a cumplir con su plan conspirativo dirigido por la
izquierda radical venezolana (tutelada por Fidel Castro). Durante
15 años, valiéndose del engaño y de la manipulación,
logró reclutar a un grupo importante de oficiales, proponiéndoles
un proyecto de apariencia nacionalista, sustentado en un
caballo de Troya, llamado el “árbol de las tres raíces”. Dicho
proyecto se basa, supuestamente, en los ideales de tres personajes
de nuestra historia: Simón Bolívar, Simón Rodríguez
(maestro del Libertador), y el General Ezequiel Zamora, quien
en el siglo XIX fue uno de los líderes de una guerra civil llamada
Federal.
Chávez nunca mencionó su verdadera filiación ideológica
-de corte marxista leninista castrista- ni su reverencia hacia
el Ché Guevara, porque sabía que no hubiera tenido éxito.
Esta fue la forma ingeniosa y fraudulenta que utilizó para
arrastrar a muchos oficiales a la insurrección militar en contra
del gobierno constitucional, realizada el 04 de febrero de 1.992.
Este golpe militar fue derrotado por la Fuerza Armada Institucional
y Democrática. Como consecuencia, Chávez fue a la cárcel,
de donde salió por una medida de gracia del entonces
Presidente Rafael Caldera. Posteriormente, en las elecciones de
Diciembre de 1.998, alcanza el triunfo presidencial, recibiendo
el apoyo de una población frustrada y desencantada de la dirigencia
de los partidos políticos del país.
A partir de ese momento, los comunistas venezolanos,
que fueron derrotados militarmente en los años 60, toman el
poder en Venezuela, apoyados por el marxismo internacional.
Esta nueva situación les dio la oportunidad de saciar todo el
odio y el resentimiento acumulado a lo largo de 40 años contra
la institución militar, sumados a los que tenía Chávez, por
haber sido derrotado el 04 de Febrero de 1.992.
Todas estas circunstancias convergen para someter a las
FF.AA. a un diabólico plan de destrucción institucional. Irónicamente,
el plan está dirigido por un militar; pero por un militar
que infiltró a la Institución, para usarla como trampolín
para acceder al poder; un militar sin vocación castrense; un
político infiltrado, sin valores ni principios, para quien, como
204
205
decía Hitler: “La moral no es compatible con la búsqueda del
poder”.
4.- Plan de Destrucción de la Fuerza Armada Nacional
Tan pronto asumió el gobierno, Chávez convoca a
Martha Harnecker, revolucionaria con vasta experiencia en
Chile, Nicaragua y en toda la lucha revolucionaria continental.
Ella le presenta un plan para destruir a la Fuerza Armada Nacional
Institucional, el cual resalta… “Las acciones de desprestigio,
desmoralización y provocación”, entre las que se destacan
las siguientes:
• La satanización de la Fuerza Armada en la etapa
democrática de 1.958 a 1.998.
• Activación de programas especiales como el Plan Bolívar
2.000, con asignaciones mil millonarias, generando
corrupción en todos los niveles de la organización.
• Utilización del personal militar en la Administración
Pública, con los mismos fines.
• Presencia de Fidel Castro en las instalaciones militares
y entrega de la réplica del sable del Libertador.
• Arengas constantes al personal militar en formación,
sobre la revolución, lucha de clases y la guerra al imperialismo.
• Valoración suprema de la lealtad al proceso y al líder,
sobre los principios establecidos, promoviendo el servilismo
y el espionaje entre compañeros.
• Ascensos a oficiales a grados superiores con historiales
negativos, premiando la adulación y el amiguismo revolucionario.
• Invasión masiva del G2 cubano para cumplir funciones
de seguridad interna en el país.
• Purga de oficiales de todos los grados, sin cargo en sus
casas, sometidos a juicio y separados de la organización
militar. Publicación de pasquines tipo lejano oeste, ofreciendo
recompensas monetarias por la detección o captura
de oficiales no revolucionarios.
• Aplicación de un espionaje masivo en las unidades militares.
• Radicalización del discurso revolucionario en las instalaciones
militares.
• Reemplazo de la mística y del espíritu militar por la Devoción
Revolucionaria.
• Vinculación del gobierno con la guerrilla colombiana,
desvirtuando el empleo de la Fuerza Armada en la frontera.
• Manipulación y utilización de la FAN como una herramienta
represiva y de miedo hacia la sociedad
democrática, convirtiendo al profesional militar en un
instrumento policial del caudillo.
• Conformar un cuadro de militares serviles a la revolución,
a través de la compra de voluntades y del chantaje
profesional.
• Buscar que el eje Castro-Chávez consolide en Venezuela
el centro vital de la expansión estratégica regional de este
movimiento de extrema izquierda.
206
207
Desde 1999, la política militar del gobierno bolivariano
ha mantenido una dirección constante que apunta y abre
camino al “socialismo militarista”, basada en el sometimiento
de la Fuerza Armada Nacional a la revolución y no a las necesidades
de Seguridad y Defensa nacionales.
En el ano 1999, el entonces nuevo gobierno, realiza esfuerzos
concretos para lograr el reconocimiento interno (FAN)
de los golpistas del 4 de febrero y 27 de noviembre del año
1992, al tiempo que crea los mecanismos de sometimiento al
nuevo poder civil, distintos al mecanismo tradicional de subordinación
de la Fuerza Armada.
La primera manifestación pública de las verdaderas intenciones
del presidente Hugo Chávez Frías, se vio en los discursos
y actos públicos del nuevo gobierno, cuando cambia el
concepto operacional de la Fuerza Armada a un concepto social
(Plan Bolívar 200) e incluye la participación activa de los golpistas
de 1992, ahora “reivindicados”, en funciones importantes
de gobierno.
Sin embargo, no es sino hasta después de la aprobación
de la nueva Constitución en diciembre de 1999, cuando se
manifiesta en toda su dimensión la verdadera política militar
del régimen; la orientación castrista con la carga anti norteamericana
visible. Desde entonces la política de Hugo Chávez ha
sido de enfrentamiento con Estados Unidos de América, acercamiento
con Cuba y control -en forma no tradicional- de la
Fuerza Armada Nacional.
Una vez conocida la intención de Hugo Chávez de
destruir el sentido profesional e institucional de la Fuerza Armada
Nacional para convertirla en una organización politizada
y al servicio de su proyecto político, las acciones dirigidas a tal
propósito se encuentran enmarcadas en las siguientes decisiones
de carácter militar tomadas por el régimen en el ámbito
legal, estructural, logístico y doctrinario:
A. El impacto de la Constitución de 1999
La Constitución de 1999 produjo un cambio profundo
en las relaciones del Poder Civil y el Poder Militar, fundamentando
su relación con la disciplina, la obediencia y la subordinación,
y no a partir de la defensa de las instituciones
legítimamente constituidas. Deliberadamente se suprimen en
la nueva constitución los artículos referidos en la constitución
de 1961, respecto a la “no deliberancia” de los militares y a la
obligación de “asegurar la estabilidad de las instituciones
democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo
acatamiento estará por encima de cualquier otra obligación”.
Asimismo, se eliminó la prohibición a los militares de
ejercer simultáneamente la autoridad militar y civil. Es decir, se
llega a una Fuerza Armada sometida por las leyes a las órdenes
arbitrarias del Ejecutivo y desprendida de la conciencia del
deber. De esta forma, quedan atrás las Fuerzas Armadas de un
estado democrático, comprometidas con la seguridad y la defensa
de la Nación, y con la protección de la población. Se define
una nueva Fuerza Armada subordinada a los objetivos
ideológicos del régimen y a la consolidación del socialismo militarista.
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B. El impacto de la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada
Nacional
Logrado el marco legal general, el segundo paso más importante
en el proceso de sometimiento y control de la Fuerza
Armada Nacional, fue alcanzado con la aprobación de la nueva
Ley Orgánica. Allí se plantea legalmente el cambio de estructura,
organización, misiones y funciones; es decir, se creó la
nueva Fuerza Armada, basada en la “participación de la
población” a través de la creación de la reserva, recientemente
transformada en milicia.
Con estos cambios se amplió la base de participación
política-ideológica dentro de la institución. La nueva estructura
da cabida a la presencia de bandas armadas dentro de la Fuerza
Armada, violando el Articulo 328 de la Constitución Nacional,
que establece que la Fuerza Armada Nacional está integrada
por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional.
C. Incremento del gasto militar para la adquisición de nuevos
sistemas y equipos militares en países ideológicamente afines
a la revolución
El alejamiento de Estados Unidos de América ha venido
acompañado de un amplio plan de adquisiciones de sistemas,
equipos, armas y municiones de fabricantes y países identificados
con doctrinas socialistas (entre ellos Rusia). El programa
de adquisiciones es una forma de abrirle la puerta de la defensa
nacional, sistemas de inteligencia y seguridad interna a funcionarios
rusos y cubanos, entre otros. Producir un cambio en
los sistemas tradicionales es costoso, lleva tiempo y establece
nuevas doctrinas operacionales; es decir, modifica la doctrina
y el pensamiento militar.
D. Cambio en la doctrina militar
La doctrina de empleo, formulación de hipótesis de conflictos,
definición de enemigos y los escenarios de actuación
(Concepto Estratégico Militar), han sido modificados. Se pasó
de la confrontación convencional de una Fuerza Armada
orientada a la defensa nacional, a una Fuerza Armada cuyo escenario
principal de actuaciones es el orden interno y la preservación
de la revolución y de su caudillo autócrata, Hugo
Chávez. La doctrina militar revolucionaria, mal llamada “bolivariana”,
tiene como elemento principal la confrontación entre
un factor poderoso (régimen) contra un opositor débil (oposición
o disidencia).
¿Hacia donde vamos? Nos dirigimos a la adopción de la
doctrina militar cubana, la cual tiene sus antecedentes en la
doctrina de la antigua Unión Soviética, conocida como
“Guerra de todo el Pueblo”. El régimen castro-comunista creó
su doctrina con base en el pensamiento militar de sus líderes comunistas,
en las características geográficas de una isla y en su
historia militar. Nuestros estrategas, civiles y militares, la
tomaron como modelo, y en la practica realizan la preparación
global de los lideres de las fábricas, industrias básicas, dependencias
oficiales, barrios, comunas y zonas rurales.
La incitación psicológica de la población contra el enemigo
externo e interno, es decir, contra el imperialismo yanqui
y la disidencia, respectivamente, es permanente; con el auxilio
210
211
de todos los medios disponibles controlados por el régimen; se
aumenta el contenido ideológico en la propaganda oficial y,
para justificar su comportamiento, constantemente se repite la
amenaza de una supuesta invasión.
E. El fomento de la corrupción militar
La llegada de Hugo Chávez al poder significó dentro de
la Fuerza Armada Nacional la promoción de la corrupción en
sus más variadas formas. Corrupción moral de los mandos, al
eliminar los meritos personales y profesionales, y sustituirlos
por la lealtad revolucionaria. Corrupción en la administración
militar, como forma de asegurar lealtades, ejercer y ganar el control
interno de la Institución.
F. Situación de la institucionalidad
Hábilmente, Hugo Chávez, en sus relaciones con la
Fuerza Armada, se ha colocado por encima de la Constitución,
al garantizar respaldo a las actuaciones de los militares si las
mismas están alineadas con los objetivos de la revolución. La institucionalidad,
cadenas de mando y el órgano regular, no cuentan
para los abiertamente identificados y comprometidos con
el proceso revolucionario.
La institucionalidad fue sustituida por las reglas dictadas
por la “mayoría” revolucionaria, representada por los mandos
comprometidos y la oficialidad sometida sobre la base del terror,
sospecha, miedo, persecución, y la acción psicológica permanente.
Resulta sumamente difícil mantenerse dentro de la
Institución armada si no se está abiertamente con la revolución.
El régimen no escatima mecanismo alguno, aunque sean ilegales
y abusivos, para enviar a su casa o dar de baja a los militares
que no están con el proceso, a través de procesos
suma-rios.
G. Imposición del modelo de Defensa Integral Popular
Se impulsa el modelo binomio cívico-militar (milicia y
guardia territorial) en los estratos sociales bajos de la población,
identificados como D y E, alegando que los poderosos quieren
nuestro petróleo y hay que defenderlo (división de la sociedad);
es decir, se profundiza el odio y el enfrentamiento entre ricos y
pobres, entre opositores y revolucionarios.
H. Reorganización del territorio nacional alineado con los
fines revolucionarios
A la par de la ampliación de las medidas de control militar
sobre la población y la oposición política, representadas
por las zonas de seguridad, regiones militares, teatros de
operaciones, uso de la justicia militar y persecución política, se
intenta “cubanizar” las relaciones y organizaciones de base de
la sociedad, a través de los denominados consejos comunales.
Esta nueva organización hará uso de la Fuerza Armada
(incluyendo la milicia) como elemento de control (binomio
FAN-Pueblo); extenderá las cadenas de información del régimen,
y facilitará la presencia de funcionarios cubanos en todo
el territorio nacional: notarías, Oficina Nacional de Extranjería,
registros, oficinas públicas, órganos de seguridad del Estado,
212
213
cuarteles y hospitales, centros de producción, industria petrolera,
etc.
I. Politización de la Fuerza Armada Nacional
La actuación política de Hugo Chávez hacia el interior
de la Fuerza Armada Nacional no respeta las exigencias constitucionales
y la utiliza con fines proselitistas y de dominio interno.
En más de una oportunidad, en recintos militares y con
el atuendo rojo que identifica a su ideología política, Hugo
Chávez le ha pedido a la oficialidad que “quien no esté con su
revolución, solicite su baja de la Fuerza Armada”.
J. El empleo de la Fuerza Armada en otros países
En el pasado, el empleo de militares venezolanos para
cumplir faenas y trabajos en otros países, era por lo general solicitado
y aprobado por los canales correspondientes del Estado
venezolano, a petición o en coordinación con los países
involucrados. Pero actualmente, Hugo Chávez ordena estas
comisiones sin cumplir las normas; sólo bastan su deseo y su
afinidad política con el gobierno receptor. Ello ha puesto en
entredicho el prestigio de la Fuerza Armada, puesto que
aparenta actuar como brazo político del presidente, llegando
al colmo de ser abiertamente rechazada en algunos países.
Hugo Chávez Frías, con el objeto de afectar el sentido
profesional y la unidad interna de la Fuerza Armada, ha utilizado
en forma masiva a militares activos para ocupar cargos
civiles en amplios sectores de la administración pública. Al
mismo tiempo que persigue estos funestos propósitos, ha hecho
creer a los venezolanos que éste es un gobierno de la Fuerza Armada,
cuando en realidad la filosofía que lo inspira es totalmente
contraria a los principios y valores que sustentan la
institución. Esta lamentable situación ha creado en la sociedad
civil un justificado rechazo hacia la Fuerza Armada, al considerarla
usurpadora de sus espacios naturales y corresponsable
de los desaciertos del régimen chavista.
El delito de lesa patria hay que atribuírselo a Hugo
Chávez Frías, quien tiene una responsabilidad directa en el proceso
de destrucción de la Fuerza Armada Nacional, a la que ha
convertido en su propio cuerpo armado pretoriano obediente
solo a sus designios. Esa destrucción no solo ha operado en lo
físico y operacional sino, y esto es lo mas grave, en el orden
moral y ético.
El absurdo y contradictorio lema de “Patria, Socialismo
o Muerte”” que pretende imponer en todos los ámbitos de la
Fuerza Armada, ha chocado estrepitosamente contra la pared
patriótica, la fortaleza espiritual, el respeto a la democracia y
los valores morales y nacionalistas que le son mas caros al pensamiento
y acción de la mayoría de los miembros de la Institución
Armada.
En el corazón y en la mente de nuestros militares profesionales
bullen los sentimientos de libertad y de democracia
que se instalaron en ellos desde los albores de la Independencia.
No en balde, nuestros militares siempre se han considerado
herederos de las glorias conquistadas por nuestros
libertadores y defensores de los valores fundamentales de nuestra
nacionalidad, entre los cuales, la muerte por una ideología
214
215
política fracasada y contrapuesta a nuestra esencia, no es precisamente
uno de ellos.
El falso militar Chávez ha traicionado las raíces históricas
de nuestro Ejército, que en el pasado exportó libertad a
otras naciones. Usando como herramienta el petróleo que
pertenece al pueblo venezolano, él se dedica ahora a exportar
la esclavitud comunista de Fidel Castro; a la vez que fortalece
a Cuba, dándole herramientas para convertirla en una potencia
energética; y de esta forma, ejercer descaradamente una influencia
geopolítica. El objetivo final es crear una Unión de
Repúblicas Socialistas Latinoamericanas. El discurso antiimperialista
y anticapitalista, le sirve para desarrollar en nuestro continente
el imperio marxista concebido por Lenin.
El supuesto antiimperialismo, le sirve al gobierno para
justificar la adopción de una doctrina de Seguridad y Defensa
que nos lleva al concepto estratégico de una Guerra Asimétrica,
mediante la cual Venezuela se alinea con los países comunistas
del mundo (Cuba, Corea del Norte, China, Vietnam) y las naciones
musulmanas más radicales, como Irán y Siria.
Chávez no da un paso, no toma una decisión importante
sobre la Fuerza Armada, sin antes consultarla con su reverenciado
“líder“.
Chávez amplió los términos de saludo militar y protocolo
para hablar o retirarse de un superior con la frase: “Patria,
Socialismo o Muerte”, lo cual constituye una afrenta y humillación
al honor y espíritu de la institución.
5. Se acelera el Plan Destructor
El gobierno ha adelantado un proceso de transformación
y destrucción de la FAN mediante la aprobación de una
nueva Ley Orgánica en el 2.005 y una vez puesta en ejecución
ha logrado lo siguiente:
• Cambio del nombre de Fuerza Armada Nacional por
Fuerza Armada Bolivariana, así como los de sus componentes.
• Convirtió el aparato militar en el soporte armado de
su revolución.
• Le restó poder al Ministerio de la Defensa, convirtiéndolo
en un ente administrativo.
• Creó una Reserva, una Guardia Territorial y una Milicia
Nacional, con dependencia directa del Jefe del Estado,
cuyo dimensionamiento sobrepasa los efectivos orgánicos
en pie de paz de la FAN.
• Cambio del concepto estratégico de Seguridad y Defensa
Nacional, asumiendo una alianza ideológica con gobiernos
comunistas y totalitarios.
• Asumió el control absoluto de la Institución Armada,
decidiendo directamente todo lo relativo a los asuntos administrativos
y operacionales hasta el más bajo escalón.
• Activa una red de espionaje interno que le reporta al
Jefe de Estado directamente todas aquellas manifestaciones
contrarias a su proceso revolucionario.
• Violando la Constitución Nacional, se asignó el grado
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217
militar de Comandante en Jefe, eliminando la esencia
civil de la figura presidencial
Los lineamientos estratégicos implícitos en la Ley
Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana -LOFANBson
los siguientes:
Primero
Consolidación del Poder Militar mediante la ejecución
de las siguientes acciones:
• Copar los espacios de naturaleza civil con efectivos militares.
• dquisición masiva y desproporcionada de equipos militares
y sistemas de armas defensivas y ofensivas de corto,
mediano y largo alcance.
• Aumento de efectivos de pie en paz.
• Creación de nuevas unidades de combate y de Apoyo
de Fuego y Servicios.
Segundo
Fortalecimiento de la unidad cívico militar para lograr la
captación de hombres y mujeres para la Reserva y Milicia Nacional.
Tercero
Organizar y asegurar la Movilización Nacional para:
• Emplearlos en caso de un conflicto interno o externo.
• Para dar cumplimiento a los Tratados o Alianza de
Asistencia Militar suscritos con varios países.
Cuarto
• Apuntalar los objetivos geopolíticos de la política exterior
del gobierno.
• Consolidar los gobiernos de izquierda en el continente.
• Establecer un nuevo régimen de Seguridad Hemisférica.
El gobierno busca lograr el control total y absoluto del
espacio territorial, dividido en Regiones, Zonas, Áreas y Distritos
Estratégicos para la Defensa Integral, y además controlar
todas las actividades públicas y privadas de la sociedad civil,
tanto oficialista como de la oposición.
Chávez busca exaltar su ego y, siendo el Comandante
Supremo de la Fuerza Armada, se asigna un nuevo grado militar
de Comandante en Jefe, ofendiendo la dignidad y majestad
de la Primera Magistratura y atropellando la vocación civilista
de nuestro pueblo. No satisfecho con los poderes supra terrenales
que se otorga, comanda y dirige las operaciones militares
aún en caso de confrontación bélica.
Otro aspecto que ha sufrido un considerable retroceso es
la seguridad social de los integrantes de la FAN, así vemos:
• La prestación del servicio de salud se ha visto afectada
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219
por cuanto los hospitales militares han sido abiertos al
público en general, llevando el programa de Barrio Adentro,
manejados por cubanos, disminuyendo en forma
brusca la capacidad de atención al personal militar y sus
familiares.
• El personal militar activo y retirado cotiza mensualmente
para el manejo de la infraestructura de salud militar.
• Los almacenes militares dejaron de ser medio importante
de beneficio social para los militares, ahora se
abrieron al público en general, ya no venden a precios solidarios.
• Las pólizas de seguro de vida y HCM lucen estancadas,
no se han modernizado, otros gremios menos numerosos
disponen de pólizas con mayores beneficios.
• Los círculos militares ahora permanecen ocupados por
personal del gobierno no militar, extranjeros, misiones,
etc. y los militares ya no tienen disponibilidad adecuada
para utilizar la red hotelera y los espacios de esparcimiento
porque fueron abiertos al público en general.
6.- Conclusiones
Podemos afirmar que en Venezuela la democracia es una
entelequia, no existe la separación ni la autonomía de los
poderes, no existe estado de derecho para los opositores, estamos
presenciando la disolución del Estado Institucional, Jurídico
y Democrático, y que está siendo reemplazado por un
modelo totalitario, militar y hegemónico:
• Se ha fortalecido y consolidado el poder militar, permitiendo
la presencia hegemónica en todos los campos y actividades
de la vida ciudadana.
• Se consolidan los objetivos geopolíticos de la política
exterior del gobierno.
• Busca la consolidación del modelo político Castro comunista.
• Se ha reconocido la beligerancia del grupo narco-terrorista
FARC y la implicación y apoyo del gobierno que
se derivan del contenido de las computadoras del terrorista
Raúl Reyes.
•Existe un grupo minoritario de Generales y Almirantes,
así como de oficiales en diferentes grados, que bien por
los beneficios económicos y profesionales que están recibiendo,
o por afinidad ideológica con el proceso y se encuentran
en cargos de comando de tropa y están
dispuestos a dar su apoyo a Chávez.
• Cuba, con sus expertos en guerra política, inteligencia
estratégica, guerra psicológica, capacidad de organización
de equipos y células de espionajes ha tenido el apoyo de
Chávez para controlar todos los escenarios de la sociedad.
• La FAN está en el más bajo nivel histórico de opinión
pública.
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221
Las circunstancias políticas permiten asegurar que los
militares, en un momento decisivo de la historia por venir, deberán
dilucidar si dan su apoyo al comunismo que adelanta
Chávez o al régimen de verdadera democracia al cual aspiran la
mayoría de los venezolanos.
En estos momentos dramáticos en que se debate la existencia
misma de la Institución Militar y de la democracia en
Venezuela, apelamos a la conciencia nacional y a la vocación
democrática de la Fuerza Armada de Venezuela, para que una
vez mas se mantengan firmes en la defensa de los valores mas
puros y sagrados que ordena cumplir la Constitución Nacional,
cuyo contenido no ha sido modificado y por tanto no pueden
ser cambiados los roles, obligaciones y deberes que les son inherentes.
Esta grave situación aquí detallada ha tenido una respuesta
del personal militar retirado del servicio activo. Ante la
grave situación descrita, los militares retirados hacen un esfuerzo
que en este momento se encuentra en plena evolución,
para alertar, no solamente al venezolano sino también a los nacionales
de otros países, sobre esta amenaza que ve el venezolano
tan cerca, pero también a la vez tan lejos. Dentro este
contexto hemos querido presentar a los lectores el Manifiesto
No. 1 de los Militares Retirados en defensa de la Institucionalidad.
7. Manifiesto No. 1 de los Oficiales en Situación de
Retiro
Venezuela vive actualmente los momentos políticos, sociales
y económicos más difíciles de toda su historia. Un
proyecto internacional comunista ideado y diseñado por Fidel
Castro, pretende convertir a nuestro país en una nación satélite
de Cuba. Para lograrlo, el régimen cubano ha utilizado al Teniente
Coronel Hugo Chávez Frías, para que en su papel de
guiñol político, destruya lo que queda de las instituciones
democráticas. Con el objetivo de debilitar la cohesión social de
la sociedad venezolana que pueda ser un obstáculo irreducible
para su proyecto comunista, Hugo Chávez Frías ha sembrado
el odio y ha polarizado al pueblo en dos bandos irreconciliables,
acabando con los tejidos económicos y los centros de producción
y, más grave todavía, arrancando los cimientos mismos de
la identidad nacional, al sustituir nuestros valores tradicionales
por otros totalmente contrarios, utilizando para ello métodos
perversos, como ese de querer lavar el cerebro a
nuestros hijos y nietos.
La Fuerza Armada de Venezuela ha sido sometida, desde
hace varios años, a un proceso de politización que busca fundamentalmente
debilitar los valores tradicionales del profesionalismo
militar. La penetración ideológica ha sido conducida
implacablemente por parte del régimen.
Al principio del gobierno, el presidente Chávez respetó
la pirámide jerárquica. Poco a poco fue sustituyendo algunos
mandos operativos por personal de su confianza. El 11 de abril
222
223
de 2002, lo sorprendió sin haber concluido su política de control
sobre la Organización militar. Después de este hecho, se
ha incrementado la intensidad de captación de incondicionales
dentro de las unidades de la FAN, pudiéndose afirmar sin lugar
a dudas que para este momento existe una variedad de operadores
políticos ejerciendo un severo control sobre importantes
sectores de la Fuerza Armada y de las principales
unidades operativas.
Además, se ha buscado captar ideológicamente al personal
militar, sin importar el grado, mediante campañas orientadoras
que buscan sembrar ciertos paradigmas tales como
pueblo, revolución, oligarquía, explotación, imperialismo etc.,
debilitando los tradicionales valores de disciplina, subordinación
y obediencia. Es difícil determinar con precisión el
grado de ideologización logrado; no obstante, sabemos que no
es mucho. Ciertamente que se escuchan murmuraciones en algunos
sectores subalternos de manera constante, lo que prolifera
normalmente en oficiales de grados superiores. Estas
circunstancias políticas han comprometido totalmente la institucionalidad
y la propia eficiencia de la Fuerza Armada. Un
nuevo gobierno democrático tendrá, sin duda, que enfrentar
estas dos circunstancias con un conjunto de medidas que permitan
revertir este proceso de desprofesionalización, fortaleciendo
un conjunto de sólidos valores democráticos y, al mismo
tiempo, revitalizando su capacidad operativa a objeto de poder
enfrentar las amenazas que actualmente vulneran gravemente
nuestra seguridad como país.
Y ya va siendo hora de decir: ¡Basta! Porque ya es mucho
el grave daño que el rencor y la discordia han hecho en este
país, de donde le proviene que el pueblo no haya sabido andar
sino con las vacilaciones del temor, desusadas y desprestigiadas
las formas del respeto mutuo; impasible ante la inseguridad que
cobra vidas en su entorno todos los días; y se hace el desentendido
ante la desfachatez con la cual el régimen pisotea los principio
más elementales de probidad, de igualdad y de justicia.
Claro que no son los envilecidos por el servilismo
quienes ese clamor harían, ni tampoco aquellos aprovechadores
de los regímenes de fuerza a cuya sombra el provecho material
pueda crecerles tanto como vaya menguándoseles la dignidad.
Es la sociedad civil honesta, sin distingo de color ni de partido,
quienes ya sienten en su interior que los límites a la tolerancia
pacífica están siendo desbordados.
En su intención de fomentar la desintegración generalizada,
el oficialismo ha violado los preceptos fundamentales
de la Constitución: secuestró los poderes públicos, cometió
delitos de lesa patria y de lesa humanidad, perpetró fraudes
electorales, acabó con la libertad de prensa y de información,
dilapidó nuestros recursos, y se alió con grupos narcoterroristas,
gobiernos forajidos y sectores fundamentalistas.
El pueblo venezolano ha resistido valientemente la
arremetida de este proyecto, a través de todos los mecanismos
que la democracia le proporciona: firmas, denuncias nacionales
e internacionales, marchas, manifestaciones, elecciones, huelgas
y protestas de todo tipo; sin embargo, estas acciones han sido
224
225
insuficientes, porque este no es un gobierno democrático, sino
una dictadura “militarista” comunista que no escucha, ni le
conviene escuchar el clamor popular.
Cuando la democracia está en peligro, cuando las libertades
ya casi no existen, y cuando la patria misma está a punto
de desaparecer, los hombres de la Fuerza Armada Nacional
están en la obligación de levantar su voz y de hacer respetar la
Constitución. Pero, dado que el Alto Mando ya no representa
a la institución armada, y en virtud de que a los militares activos
de la Fuerza Armada les está vedado por la ley la beligerancia
política militante, y la ley les impide expresarse públicamente,
les exhortamos a que como responsables de la defensa
nacional, no omitan en sus análisis las consideraciones de tipo
político que están afectando a esa misma defensa.
Especial atención merece el Estamento Militar, el cual ha
sido tratado de una manera vil para que se sometan a una conducta
que es una afrenta a las normas de nuestra Constitución.
Hugo Chávez ha creado odios y diferencias que han dejado
atrás todas las reivindicaciones sociales obtenidas por la Institución
armada a través de toda su historia republicana, y con
esta discriminaciones ha hecho posible la manipulación de facciones
militares dentro de la organización.
Para nosotros, quienes hoy hemos decidido reactivar la
organización que nos reúne, constituye una obligación impostergable
asumir la condición de voceros y de interlocutores
del sentir castrense. Con este propósito, convocamos a todos
los oficiales generales, superiores, oficiales subalternos, suboficiales
y tropas profesionales en la situación de retiro, a incorporarse
a este reactivado esfuerzo orientado a salvar a Venezuela
de la desintegración y la anomia, y a recuperar la democracia y
la libertad.
Para estos fines convocamos a todos nuestros Compañeros
de Armas para revivir la otrora Alianza Militar por Venezuela,
a los que ya pertenecemos a ella, así como a todos aquellos que
han entendido el letal peligro que se cierne sobre Venezuela.
Esta Organización de Personal Militar retirados por
Venezuela luchará sin descanso, en unión de las Organizaciones
Democráticas Nacionales, Estatales y Municipales, y del
valiente pueblo de Venezuela, para la restitución de la vigencia
de la Constitución de la República, la recuperación de la
Democracia y de la Libertad en nuestro país.
El régimen castro comunista ilegalmente impuesto en
Venezuela se propone instaurar su proyecto militarista totalitario,
apoyándose en la ilegitima Asamblea Nacional, mediante
la aprobación de leyes que, por ser contrarias a la Constitución
Nacional, resultan siendo inexistentes por nulidad absoluta.
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 333 de la Constitución
Nacional, la Alianza del personal retirado por Venezuela
exigirá, junto a toda la Nación, el estricto cumpli-miento de los
artículos 5, 326, 333, 347 y 350 de la Carta Magna.
Nuestra organización por Venezuela proclamará, a lo
largo y a lo ancho del país, y a todos los niveles de la sociedad
venezolana, la reivindicación de la dignidad del auténtico militar,
que actúa en todo momento guiado por la fuerza de la
razón, frente a la ignominia del militarista que no actúa sino
por impulso de la razón de la fuerza.
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Compañeros todos, sobran las razones para continuar activos
aún desde nuestra situación de retirados. Nuestros hijos y
nietos, nuestros subalternos de ayer, de hoy y de siempre, no
nos perdonarían si nosotros permitimos que nuestra querida y
amada Venezuela sea la segunda Cuba de América.
El proyecto de este régimen es una imposición del comunismo
internacional. Nuestra obligación es defender la Patria y
sus Instituciones hasta perder la vida si fuese necesario.
8. Exhorto
Un fraterno saludo a todas las Fuerzas Armadas de
América y los exhortamos a que no permitan que en su país
ocurra lo que en Venezuela está pasando y que su acción sirva
en todo momento para que la democracia verdadera se fortalezca
y se profundice, y se evite la destrucción del sentido profesional
e institucional de sus Fuerzas Armadas.
Deseamos de corazón que la clase política verdaderamente
democrática tome conciencia de su enorme responsabilidad
ante la historia, impedir que el totalitarismo marxista con
su lenguaje populista y manipulador conquiste el poder, y que
por el contrario se fortalezca el sistema de libertades que tanto
nos ha costado construir.
Es imperativo que la sociedad democrática de América
Latina abra los ojos ante la amenaza cierta que significan Fidel
Castro y Hugo Chávez para la estabilidad política y social de
nuestra región.
Conclusión
Quien lea de un solo tirón este compendio, sin duda
quedará preocupado y profundamente impactado. Ciertamente,
no es posible detectar el alcance del gravísimo daño que
se le está ocasionando a las instituciones armadas, sin conocer
el panorama militar de toda la región.
Pareciera que se estuviera aplicando una misma receta,
elaborada por mismo ente destructor, para desmantelar las
Fuerzas Armadas en cada uno de nuestros países; sólo cambian
las fechas, los personajes, las leyes decretadas y las ONGs involucradas.
La conclusión es evidente: Urge diseñar una estrategia
continental para defender las Fuerzas Armadas de América
Latina, frente a la injusta y brutal agresión de las que son objeto.
Esta defensa debe ser emprendida no solamente por los
militares, sino por la sociedad entera; porque la existencia de
unas Fuerzas Armadas bien equipadas, bien entrenadas y con
una Alta Moral, es requisito indispensable para la supervivencia
misma de nuestras naciones. De ello pueden dar testimonio el
pueblo colombiano, que ha sido rescatado por las FF.AA. de las
garras de las FARC; y el pueblo hondureño que, gracias a sus
militares, pudo salvarse de una dictadura chavista.
Hay dos sencillos pasos que pueden darse en este sentido:
Primero, iniciar un debate continental sobre lo que
ocurre con nuestras Fuerzas Armadas; publicando libros y
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artículos, y realizando conferencias y seminarios sobre el tema.
Anticipamos que será una tarea difícil, porque los integrantes
y aliados del Foro de São Paulo ya han logrado consolidar una
matriz de opinión sumamente negativa respecto a los militares.
De hecho, en algunos países, como Argentina y Uruguay, existe
incluso un tabú, que impide a los ciudadanos defender a sus
Fuerzas Armadas, so pena de ser condenados por la opinión
pública.
Segundo, crear una organización, conformada por militares
retirados (y apoyada por civiles), que emprenda -de manera
coordinada- la defensa de las Fuerzas Armadas de América
Latina. Son ellos los que tienen el conocimiento y la capacidad
para elaborar un cuerpo doctrinal que contrarreste los prejuicios
marxistas prevalecientes; y de proponer reformas y mejoras
que aseguren el fortalecimiento de las Instituciones
Castrenses.
La Unión de Organizaciones Democráticas de América
- UnoAmérica, hace un llamado a todos los hombres y mujeres
de buena voluntad, en especial aquellos que de alguna manera
han estado vinculados a las Instituciones Militares, para que se
sumen a una cruzada por la defensa del último bastión de la
democracia y de la libertad: Nuestras gloriosas Fuerzas Armadas
de América Latina.
jueves, 18 de agosto de 2011
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