SOS: Democratizar la Seguridad

Felipe Harboe
Diputado y ex subsecretario del Interior.

Desde la última campaña electoral, escuchamos hasta el cansancio promesas que rayaban en la invención de la rueda por parte del actual gobierno en materia de seguridad. Hoy la realidad dice otra cosa: el último estudio de Paz Ciudadana revela que los índices de victimización han empeorado, siendo estos resultados plenamente coherentes tanto con las tasas de denuncias registradas por las policías como con la cantidad de ingresos manejados por el Ministerio Público. Así, se ha quebrado la sostenida tendencia a la baja de la victimización que se venía registrando desde 2007.

Al analizar los datos nos encontramos además con que el 39,3% de los delitos se concentra en hogares de sectores medios y bajos, siendo la región más afectada la Metropolitana, y, dentro de ella, la zona surponiente: Maipú, Estación Central, Cerrillos, San Bernardo, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, entre otras, concentran el 43% de la victimización y el 70,7% de la revictimización. Dicho de otro modo, 4 de cada 10 hogares de dicho sector han sido víctimas de un delito y, de 10 que lo han sido, 7 han vuelto a sufrir la delincuencia por segunda o tercera vez.

Al buscar causas inmediatas a esta nueva muestra de la desigualdad de nuestro país, podemos explicar el fenómeno con varios elementos: en general familias de sectores medios y bajos abandonan el hogar durante una larga jornada laboral, el que queda deshabitado por un largo espacio de tiempo; en segundo término, este sector concentra a numerosas parejas jóvenes con una capacidad de crédito no menor, lo cual les ha permitido adquirir una serie de productos y «gadgets» electrónicos muy apetecidos por los delincuentes, debido a su fácil reducción en el mercado informal. Además de ello, en los sectores más afectados, la falta de Medidas de Prevención Situacional, que corresponde a elementos como la iluminación del espacio público, la atención de sitios eriazos, la adecuada presencia policial y otras, juega a favor de quien busca cometer un delito.

Las Medidas de Prevención Situacional son responsabilidad de la administración central y de los municipios. Pero aquí nos encontramos con una nueva brecha, y una causa mucho más estructural de la delincuencia: la carencia de recursos de los municipios más vulnerables, que los pone en una clara situación de desventaja, al no poder invertir adecuadamente en las medidas mencionadas. Tema aparte es la falta de proporcionalidad en la distribución policial en el territorio. Un ejemplo que habla por sí solo: mientras en Maipú hay un carabinero cada 2.200 habitantes, en el sector oriente de la capital el promedio es de uno cada 1.100.

Urge democratizar la seguridad ciudadana, para lo cual la autoridad debe adoptar una política pública focalizada en prevenir y erradicar la revictimización en sectores vulnerables. A corto plazo, lo fundamental es contar con un mecanismo que entregue atención inmediata y apoyo sicológico posterior a la familia afectada, diferenciando requerimientos de niños y adultos. Paralelo a lo anterior, medidas concretas para abordar el tema debieran ser: propender a reponer la policía de proximidad, asignándose unidades territoriales de menor extensión y aumentando su número en razón tanto de la densidad poblacional como de indicadores de vulnerabilidad social; mejorar la coordinación de la autoridad central con el municipio. Para ello es necesario implementar acciones afirmativas que apoyen a los municipios más vulnerables, a fin de que sea factible implementar las medidas preventivas necesarias; que vecino o vecina afectada reciba orientación y apoyo por parte de las autoridades para adoptar alguna medida adicional que contribuya a resguardar su hogar. Para que esto último sea viable, y al mismo tiempo reducir la desigualdad en el acceso a este tipo de medidas, se requiere implementar un fondo especial para la prevención de la revictimización en los hogares de escasos recursos.

Para identificar y abordar las causas más estructurales del incremento de la delincuencia y la revictimización es importante poner atención al hecho de que se produzca en medio de un ciclo expansivo de la economía, pues definitivamente constata que este sistema económico no genera las condiciones necesarias para crecer también en integración social y equidad. Por el contrario, para gran parte de la población, los costos de este modelo parecen ser más altos que sus beneficios pues más allá de lo que diga el IMACEC o los índices de desempleo, parte importante de la población se siente vulnerable frente a los abusos del sistema financiero; impotente frente a la imposibilidad de acceder a salud y vivienda digna o a una educación de calidad que permita la movilidad social; o sencillamente carentes de protección para su integridad física y sicológica, y la de sus bienes.

Una grave consecuencia de todo lo anterior es la pérdida de capital social, es decir, de la capacidad que tenemos de generar colectivamente mayores niveles de bienestar y paz social. La teoría de las ventanas rotas -que tanto citan los expertos-, ya nos advertía: no es la delincuencia la que genera la inseguridad, son los mayores niveles de inseguridad –y agregaría desigualdad- los que generan delincuencia. Asumamos de una vez que la delincuencia no es una causa sino un síntoma del problema, y trabajemos conforme a ello. El sistema penal -por esencia reactivo- no puede ser la única respuesta, ni tampoco la aplicación de programas aislados o el intento por refundarlo todo con cada cambio de administración pues, para ser exitosas, las políticas de seguridad requieren estabilidad en el tiempo y una evaluación permanente.

Es necesario dar un enfoque social a las políticas de seguridad. Diversificar y a la vez masificar la batería de herramientas de prevención, dando mayor cobertura a modelos de intervención social en educación, empleabilidad y emprendimiento. Necesitamos transformar el crecimiento en una palanca para el desarrollo, y al mismo tiempo, tomar las medidas para que cuando el crecimiento disminuya o se detenga, la inversión social se encuentre garantizada. Estado y Mercado no son opuestos ni autónomos, somos las personas quienes debemos establecer entre ellos un carácter sinérgico. Se requiere entonces, y de manera urgente, un proyecto país que nos permita que las buenas cifras macroeconómicas tengan un correlato interno de igualdad y solidaridad, ya sea por vía de ingresos directos, o por focalización de la política social destinada a apoyar a quienes este sistema de mercado no incluye.

(*) Texto publicado en el Quinto Poder.cl