La Ley de Amnistía en el debate interno de Brasil

INFORMADOR PÚBLICO

Promulgada en 1979 por el entonces presidente, el General João Baptista Figueiredo, la Ley 6.683, más conocida como “Ley de la Amnistía”, fue el primer marco legal de la transición democrática en Brasil. De acuerdo con la ley, los crímenes políticos debidos a enfrentamientos entre militares y “defensores de la democracia”, luego del golpe de 1964, fueron perdonados.

Pasados 32 años, la Ley de la Amnistía cambió el blanco de los cuestionamientos, para el Ministerio Público, la Corte Internacional de DDHH (vinculada a la OEA), como así también la llamada “Orden de los Abogados de Brasil” y entidades de defensa de los DDHH como Amnistía Internacional, la ley perpetua la impunidad a los torturadores y asesinos ligados a la dictadura.

Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal (STF), decidió que la ley es válida y descartó la posibilidad de punición a los torturadores. Pocos meses después, la corte de la OEA condenó al Brasil por no punir las responsabilidades por las muertes de 62 guerrilleros del Partido Comunista del Brasil (PCdoB) ejecutados por las fuerzas del gobierno en la región denominada “Araguaia”.

Brasil es signatario de tratados que reconocen a la corte de la OEA y está sujeto a sanciones morales en caso de que no cumpla las decisiones del tribunal. Está más decir que este país ya fue condenado otras tres veces por esta corte, pero esta es la primera vez en que la sentencia es derivada de acciones Judiciales y no del Ejecutivo, lo que dificulta un acuerdo.

En tanto los Procuradores de la República del Brasil, Eugênia Fávaro (esta es autora de las primeras acciones judiciales que piden la punición de los torturares a la luz de nuevas normas de derecho internacional) y Marlon Weicherse expresaron lo siguiente: “…existe la esperanza de que el Supremo revalúe el caso. Si la decisión de la corte no fuera respetada el Estado Brasilero pasará el mensaje de que está quebrando compromisos y desvinculándose del sistema. Eso e ruin para la imagen de un país”.

Una de las salidas buscadas por el Ministerio Público Federal y por las familias de fallecidos y desaparecidos es la culpabilidad civil. La Procuradora Eugenia Favaro mencionó que “en ningún lugar está escrito que los torturadores son inimputables. Eso es una interpretación política de la época que persiste equivocadamente hasta hoy. Existe una orientación en la Procuraduría General de la República para que busquemos acciones en el ámbito civil”.

En estos casos, los responsables estarían sujetos a penas como pago de indemnizaciones, pérdida del derecho de prestar servicio al Estado y reconocimiento público de sus actos.

“Amnistía Internacional” pidió que la presidente Dilma Rousseff revoque la Ley de Amnistía, pero fuentes del gobierno, afirmaron que la posibilidad de que Dilma Rousseff atienda el pedido es nula.

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