Nuevo desencuentro entre el Poder Judicial y el Ejecutivo

Daniel Mansuy Profesor de Filosofía Política

Es inconveniente que el titular de la Corte Suprema utilice argumentos políticos para denunciar una supuesta presión de parte del gobierno.

La Tercera.

LA PROLONGADA disputa entre el gobierno y el Poder Judicial, respecto de la actuación de algunos jueces en la lucha contra la delincuencia, sumó hace unos días un nuevo capítulo. El presidente de la Corte Suprema señaló que existen presiones de parte del Ejecutivo sobre el Poder Judicial,en razón del "fracaso de una promesa de seguridad que no se ha cumplido", a la vez que calificó como una amenaza para la independencia de los jueces la advertencia hecha hace unas semanas por el ministro de Justicia, en el sentido de que el gobierno calificaría a los jueces de acuerdo con sus fallos.

Es negativo que este tipo de desencuentros se ventile a través de declaraciones que poco añaden al debate y sólo repiten argumentos ya expuestos por autoridades de ambos poderes del Estado. A estas alturas, no parece institucional ni políticamente conveniente continuar con la controversia e hizo bien, por lo mismo, el ministro de Justicia, al no continuar la discusión con el titular de la Corte Suprema.

La existencia de opiniones dispares no debería ser causa de conflicto, en especial, si las autoridades actúan dentro del ámbito de sus competencias y sobre la base del respeto y el ánimo de diálogo. En este caso concreto, no parece lógico ni conveniente que el presidente de la Corte Suprema recurra a argumentos políticos para denunciar lo que él percibe como una presión política en contra de los tribunales, por parte del gobierno. Lo que corresponde es que él defienda la actuación de la justicia sobre la base de argumentos jurídicos, sin recurrir a interpretaciones que entran de lleno al ámbito de lo discutible y se alejan de las bases técnicas que deben orientar la actuación de la corte que él preside. Al actuar de esa manera, corre el riesgo de terminar provocando el mismo mal que denuncia: que los tribunales se predispongan en su tratamiento de la delincuencia y pierdan independencia.

Resulta indesmentible que las declaraciones del titular de la corte están enmarcadas en un contexto en el cual los jueces y también los integrantes del Ministerio Público, han recibido críticas de parte de autoridades de gobierno, por la forma en que han abordado el tratamiento de los delitos vinculados a la seguridad ciudadana. En no pocas ocasiones, esas críticas se han salido del ámbito institucional y pueden ser consideradas como inspiradas por un ánimo de influir de manera inapropiada en la acción de la justicia. Sin embargo, en muchas otras, las críticas han sido legítimas. No es correcto que, amparados en el ejercicio de su autonomía, los jueces invoquen un supuesto derecho que los pone fuera del alcance de las opiniones adversas, como si no pudiera pedírseles cuentas por las decisiones que adoptan.

En el caso de los jueces de los tribunales superiores, la ley asigna un papel en su nombramiento al Ejecutivo y también al Legislativo. Se trata de una participación sana, establecida en virtud del principio de que deben existir mecanismos externos de control para minimizar la posibilidad de que se generen grupos cerrados de poder. Resulta necesario que estas atribuciones sean utilizadas con criterio, para no generar desencuentros como el que tiene lugar ahora entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Ello no significa que este último deba sentir amenazada su independencia, sino más bien, que comprenda que su autonomía no le hace inmune a la evaluación institucional proveniente de otros poderes del Estado.