Gobierno muestra sus cartas tributarias

Editorial El Mercurio


Tras meses de debates, el Gobierno dio a conocer anoche su proyecto de reforma tributaria. En líneas muy generales, los anuncios fueron hechos por el propio Presidente Piñera mediante cadena nacional, confiriéndole así a esa iniciativa cierto carácter fundamental, vinculado directamente al mejoramiento de la educación.

Aunque el debate hasta ahora se había centrado en el alza propuesta en la tributación a las empresas, lo más novedoso de la propuesta -que habrá que examinarse y juzgarse en detalle una vez que se conozcan sus pormenores- es su intención de rebajar significativamente los impuestos a la renta de las personas naturales, al crédito y -una sorpresa total- incorporar impuestos "verdes" a aquellos bienes cuya disposición final afecta negativamente al medio ambiente, y establecer, en paralelo, subsidios al reciclaje de esos productos. Además, se plantea volver a subir el impuesto a los licores. Estos propósitos generales son coherentes con los planteamientos programáticos de la coalición de gobierno en favor de una carga tributaria liviana, que restrinja lo menos posible la libertad de las personas para trabajar, emprender y consumir. Es también compatible con la percepción de los expertos de que la actual situación fiscal es holgada, y el mejor modo de enfrentar los grandes desafíos para Chile en educación e infraestructura es mediante una economía dinámica, que año a año le reditúa al Estado una recaudación tributaria creciente.

La rebaja propuesta en los impuestos que gravan las rentas de las personas recoge la generalizada percepción de que, en sus dos tramos más altos, su tasa alcanza niveles excesivos, de 40 y 37 por ciento, y precipita la elusión de los que pueden hacerlo. Se rebajaría en 10 por ciento la tasa máxima y reducirían proporcionalmente las aplicables a varios tramos inferiores hasta en 15 por ciento. Aunque ya más del 80 por ciento de los contribuyentes está exento, las altas tasas actuales no sólo desalientan a los contribuyentes que hoy perciben esas rentas, sino a todos quienes, como fruto de su inventiva o esfuerzo, aspiran a acceder a mejores rentas en el futuro, creando una odiosa discriminación con los que pueden eludir con sociedades de inversión.

Se contempla también la reducción del impuesto de timbres y estampillas a los créditos, desde el 0,6 por ciento actual a 0,2. Son gravámenes que, reconocidamente, afectan la eficiencia de la economía, pues recargan los costos de los préstamos y perjudican a más de dos millones de personas, y a 390 mil pequeñas y medianas empresas deudoras. Esta rebaja es costosa para el fisco, y falta ver lo que aclarará hoy el ministro de Hacienda acerca del beneficio a otros sectores que sufren distorsiones tributarias de parecida importancia. En el esquema planteado, hay además medidas socialmente interesantes, como permitir descontar de impuestos hasta el 50 por ciento de los gastos en la educación de los hijos, u otras de paliativo mediante bonos para atenuar el alza de los combustibles de taxistas y transportistas escolares.

El financiamiento de tales rebajas tributarias proviene principalmente del incremento a 20 por ciento del impuesto a la renta de las sociedades. En Chile, las rentas provenientes del capital se gravan junto a los demás ingresos en el global complementario cuando las utilidades son distribuidas y el impuesto pagado a nivel de las empresas es entonces deducido. En consecuencia, este último es un mero adelanto de la obligación tributaria final que recae sobre los socios de las empresas, y su alza no afectaría significativamente el valor del patrimonio de éstos. A juicio de algunas opiniones técnicas de valía, si bien contradichas en este mismo diario por expertos extranjeros, el cambio propuesto no es inofensivo: desalienta el ahorro y la inversión de las empresas, crucial para el desarrollo. Es cierto que la tasa propuesta (20 por ciento) es aún moderada a nivel internacional, pero como es de aplicación muy general, sin mayores excepciones o franquicias, lleva a una carga tributaria sobre las rentas empresariales que, en proporción al PIB, está entre las más altas entre los países miembros de la OCDE. Particularmente afectadas pueden ser las pymes, y no se contemplan para ellas paliativos suficientes, algo que tal vez puede ser remediado en el trámite legislativo que se inicia.

La reforma cifra altas expectativas en la recaudación esperada como consecuencia de la eliminación de los llamados loopholes , esto es, agujeros por donde se estima escurre una parte de la recaudación -en palabras del Presidente, "franquicias tributarias o distorsiones que reducen la recaudación y que no se justifican"-. Habrá que analizar con detención las consecuencias de las medidas propuestas y la ventaja fiscal que se les atribuye.

En materia de combustibles, prevé una revisión del sistema de estabilización de precios (Sipco), mediante un mecanismo de impuestos variables, de modo que, cuando el precio de los combustibles sea alto, los impuestos bajen y el fisco recaude menos, para que los consumidores paguen menos, ocurriendo lo contrario cuando el precio del petróleo sea más bajo. Este complejo mecanismo requiere un análisis por separado.

Sumando y restando, se espera que la reforma arroje un saldo a favor del fisco (y en contra de los contribuyentes) equivalente a alrededor de 700 millones a mil millones de dólares al año. Dicho monto depende crucialmente del efecto previsto de la eliminación de loopholes , cuyo dimensionamiento es complejo. En el total de la recaudación tributaria, que se acerca ya a 60 mil millones dólares anuales, tal suma puede parecer modesta, y así lo han hecho ya notar políticos de oposición.

Bien mirada, esta reforma está lejos de ser una transformación radical de nuestra estructura tributaria. Tampoco le significa al fisco un gran volumen de recursos, aunque, desde luego, no le vienen mal los ingresos previstos. Desde la perspectiva estrictamente económica sería incluso dudoso que tal reforma valga la pena, porque si bien elimina o morigera impuestos dañinos, podría afectar a ciertos estímulos al ahorro y la inversión. Su propósito hay que buscarlo más bien en el terreno social: si este variado conjunto de ajustes de impuestos, tan cuidadosamente ensamblado para acoger -aunque en acotada cuantía- la mayor cantidad posible de demandas políticas y sociales, lograse calmar el descontento que ha aflorado respecto de la actual distribución de los beneficios del crecimiento económico, sería en verdad un paso hacia un Chile mejor, en la búsqueda evidente de alivios a la clase media que tributa.