viernes, 31 de agosto de 2012

INIQUIDAD JUDICIAL CONTRA MIEMBROS DE LA FF.AA. Y DE ORDEN (PRIMERA PARTE)



DE CHILE INFORMA EDICIÓN Nº 1099

INIQUIDAD JUDICIAL CONTRA MIEMBROS
DE LAS FF.AA. Y DE ORDEN

Chile Informa entregó antes un adelanto del trabajo jurídico realizado por
el abogado don Paul Latorre. Ahora lo ofrecemos de modo total, aun
cuando por su extensión lo llevaremos por partes.




“Mire, Patricio: los extremistas nos
iban a matar a todos. Ante esta realidad,
dejemos que los militares hagan la parte
sucia, después llegará la hora del
derecho”
.
Declaración de Rafael
Retamal a Patricio Aylwin.

“Pero, claro, después los heroicos
hombres de derecho vinieron al rescate,
cuando ya estaban seguros de que no los
iban a matar a todos: condenaron
públicamente a los militares que estaban
peleando, los enjuiciaron y los metieron a
la cárcel. Hoy los acusan de violencia
innecesaria hasta por no esperar que los
terroristas dispararan primero. Como
broche de oro, liberaron e indultaron a
todos los terroristas”.

Hermógenes Pérez de Arce.

“A Dios y al soldado todos los
hombres adoran en tiempos de guerra, y
sólo entonces. Pero cuando la guerra
termina, y todo vuelve a su cauce, Dios es
olvidado y el soldado vituperado”.
Marcial.
“Constituye una grave desviación del
ejercicio de la jurisdicción recurrir a
pretextos, argucias o efugios para burlar
el mandato legal y reemplazarlo por
aquello que el sentenciador en su fuero
interno estima más justo y conveniente.
Por ese camino se precipita al derecho
hacia un despeñadero y la tarea judicial
se transforma en una parodia grotesca y
sin sentido”.

Pablo Rodríguez Grez.

Sumario: Introducción; 1. Resoluciones judiciales
sesgadas; 2. Los militares saben; 3.
Contexto histórico; 4. Resoluciones
judiciales arbitrarias e ilegítimas; 5.
“Secuestro permanente”; 6. ¿Secuestro o
detención ilegal?; 7. Procedimiento penal
aplicado a militares configura una
discriminación arbitraria; 8. No
aplicación de la Ley de Amnistía; 9.
Asociaciones ilícitas; 10. Convenciones
internacionales; 11. Procedimientos
viciados y sentencias esperpénticas; 12.
Politización de la justicia; 13. ¿Solución
política o judicial? Reflexiones finales.

Introducción
Vemos con profunda preocupación la situación que afecta a
numerosos camaradas militares o carabineros en retiro que
han sido querellados, procesados, humillados o condenados
en las causas denominadas “de derechos humanos”.
Asimismo, vemos con preocupación nuestra actual realidad
judicial, especialmente la relacionada con la aplicación de
algunas instituciones jurídicas fundamentales que han sido
instrumentalizadas ilegítimamente para conseguir fines
políticos.
Con la excusa de hacer justicia y subordinándose al lema
“ni perdón ni olvido” se viola constantemente la juridicidad y
se han producido —y continúan produciéndose— aberraciones
e iniquidades judiciales que vulneran gravemente las garantías
constitucionales que nuestra Carta Fundamental asegura a
todas las personas y los principios básicos del Estado de
Derecho.
Sobre la base de lo anterior se formula, en el presente
trabajo, un análisis crítico de las interpretaciones y
resoluciones judiciales, absolutamente sesgadas en contra de
los militares y carabineros, lo que constituye una
deslegitimación constante de una institución clave en el Estado
de Derecho, como es el Poder Judicial, lo que lejos de
fortalecerla produce graves efectos sobre su credibilidad que
son de costosa y difícil reparación.

1. Resoluciones judiciales sesgadas
En conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, el
Poder Judicial es el encargado de administrar la justicia en la
sociedad.
Los jueces o los tribunales obtienen su legitimidad
cuando resuelven los casos sometidos a su conocimiento
aplicando el derecho preexistente, única forma de lograr el
imperio de la ley. Sin embargo, en las causas de DD.HH., la
mayoría de las resoluciones judiciales son antijurídicas y han
sido dictadas en fraude de ley, eludiendo las normas aplicables
y procurando la aplicación de otras no procedentes.
Por ejemplo, se admiten a tramitación —hasta el día de
hoy— querellas por hechos ocurridos hace cuatro décadas, en
circunstancias de que la responsabilidad penal se halla
largamente extinguida por la prescripción de la acción penal y,
por lo tanto, al juez no le cabe otra opción que la de dictar el
sobreseimiento definitivo, según lo ordena la ley.
Desde hace ya muchos años se ha venido configurando la
práctica sistemática de estigmatizar, prejuzgar y condenar
anticipadamente a los militares por el solo hecho de serlo, con
absoluta inobservancia del principio de igualdad ante la ley, de
la legislación vigente, de las normas del debido proceso y de
los preceptos legales que los favorecen.
Muchas personas que pertenecieron a las Fuerzas
Armadas y de Orden se encuentran procesadas o condenadas
por delitos que no cometieron, que no estaban tipificados en la
época en que habrían sido cometidos, o que estaban prescritos
o amnistiados.
Muchos jueces han continuado tramitando procesos no
obstante estar afectados por clarísimas causales de
implicancia o fallan a sabiendas contra texto legal expreso,
abusando de sus facultades jurisdiccionales, imponiendo su
voluntad y la búsqueda de intenciones propias por sobre el
mandato explícito de la norma, con lo que están cometiendo el
delito de prevaricación.
Y, en reiteradas oportunidades, se han valido de medios
de prueba claramente instrumentalizados, sin el más mínimo
valor probatorio, y han condenado a personas inocentes.
La actual situación en que se encuentran cientos de
antiguos integrantes de las FF.AA. y Carabineros es producto
de la discriminación e inequidad con que han actuado los
tribunales de justicia contra ellos, en medio de una enorme
presión ideológica.
Muchos de los fallos en contra de los uniformados solo
resultan explicables en un contexto político marcadamente
hostil a los imputados.
En las resoluciones judiciales se aprecia falta de
ponderación, ecuanimidad y de sujeción al ordenamiento
jurídico, prevaleciendo, en no pocos casos, la ideología del
juez y sus afecciones partidistas; las que a veces quedan
claramente reflejadas en sus sentencias, en las que se emiten
juicios de valor acerca del gobierno militar y que tienen un
carácter marcadamente político.
Algunas de ellas, por ejemplo, se refieren a las FF.AA. y
Carabineros como “sublevados que se levantaron en armas y
destituyeron al gobierno constitucional y legítimamente
instalado, produciendo el quebrantamiento de la
institucionalidad constitucional vigente hasta entonces”; es
decir, atribuyéndole a éstas el quebrantamiento de la
institucionalidad y calificando como ilegítimo al gobierno
militar.

2. Los militares saben

En relación con esto último, cabría hacer una digresión:
fue el gobierno de la Unidad Popular —y no las FF.AA. y
Carabineros— quienes produjeron “el grave quebrantamiento
del orden constitucional y legal de la República”, como lo dice,
expresamente, el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de
agosto de 1973.
Ese mismo documento —que al decir de Erich Schnake
fue simplemente una autorización al golpe de Estado— dice,
textualmente:
“es un hecho que el actual Gobierno de la República,
desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder
total, con el evidente propósito de someter a todas las
personas al más estricto control económico y político por parte
del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema
totalitario absolutamente opuesto al sistema democrático
representativo que la Constitución establece”.
Dada esta situación, la ciudadanía demandó la
intervención de las Fuerzas Armadas y de Orden, las que se
hicieron cargo del poder porque no había otro remedio, ante un
fracaso de los políticos civiles que ponían en peligro intereses
vitales de la patria.
Y fueron llamadas porque ellas —dígalo o no la
Constitución— son las garantes, en última instancia, del orden
institucional de la República, y porque eran las únicas
instituciones capaces de restablecer la democracia que había
sido destruida; tarea que llevaron a cabo con pleno éxito,
entregando a las nuevas autoridades civiles en 1990 un país en
pleno auge, cuyo estado floreciente nadie discutía.
Esos “sublevados” —como los calificó la precitada
sentencia— fueron los que “salvaron a Chile”, según
expresiones del ex presidente Eduardo Frei Montalva.
Los militares fueron convocados por los políticos de
todos los grupos democráticos a combatir al ejército marxista
que había en 1973, y éstos sabían que tal trabajo no podía ser
jurídicamente impecable, dados el poder y la clandestinidad del
enemigo. Pero después se horrorizaron de los métodos
utilizados, propios de la profesión militar.
Claro que, pasado el peligro y la gravedad de la presencia
en el territorio de más de diez mil efectivos irregulares armados
—como dijo don Patricio Aylwin, avanzado ya 1974—, nada
había que agradecer a los militares; se comenzó a criticar la
severidad de la labor antisubversiva y éstos pasaron a ser “la
dictadura”.
Conjurado el peligro, nada más fácil que lanzar al
basurero de la historia a quienes, en su momento, arriesgaron
el cuello para salvarlo.
Los autores materiales e intelectuales de la violencia han
eludido todas sus responsabilidades y hoy se yerguen en
acusadores de quienes salvaron a Chile de su intentona
totalitaria.
Si bien la finalidad de las instituciones militares es de
índole política —los militares siempre cumplen una función
política, solo varía la forma en que ésta se manifiesta—, los
miembros de las Fuerzas Armadas no buscan ni desean
intervenir en la política contingente.
Sin embargo, cuando está en peligro la subsistencia
misma del Estado-nación, están obligadas a hacerlo en
cumplimiento de su misión de garantizar el orden institucional
de la República, la seguridad nacional y la defensa de la patria.
Las Fuerzas Armadas saben que en tales casos su
obligación moral es intervenir y actuar.
Y saben también que después que hayan salvado a la nación,
después que hayan impuesto el orden y arreglado los
problemas que aquejaban a una sociedad enferma con los
costos que tal cirugía trae consigo, los responsables del
caos aparecerán, descaradamente, como los restablecedores
de la democracia; sin reconocer responsabilidad alguna en los
hechos que condujeron al país a tal situación, negando los
éxitos del gobierno que tuvo que asumir para superar esa
emergencia, atribuyéndose sus logros, contradiciendo las
declaraciones que habían hecho cuando el país iba rumbo al
despeñadero y criticando a los militares por los abusos y
excesos cometidos.
Pero esto no es nada nuevo.
El poeta Marcial escribía en el siglo I de nuestra era: “A Dios y
al soldado todos los hombres adoran en tiempos de guerra, y
sólo entonces. Pero cuando la guerra termina, y todo vuelve a
su cauce, Dios es olvidado y el soldado vituperado”.

(Prosigue en la próxima edición)

2 comentarios:

Horacio dijo...

PREOCUPADO POR SU SILENCIO CAMARADAMO PUEDO ENVIAR NI CORREOS, PORQUE ME RECHAZA!!!!!SALUDOS

Horacio dijo...

SIENTO MUCHO LO DE LA HERMANA CAMARADA!!!!!imposible ENVIARLE CORREOS, ME RECHAZA.DEBE ESTAR LA BANDEJA COMPLETA.SALUDOS AMIGO