miércoles, 22 de agosto de 2012

SEGURIDAD: ¿ QUÉ FALLA Y PORQUÉ ?


Seguridad: ¿qué falla y por qué?
Editorial El Mercurio


El Estado chileno está hoy ante el reto de dar a todos garantía del imperio del derecho y la seguridad pública, flanco en el que, pese al éxito de la transición en otros aspectos, hace ya largos años ha venido exhibiendo sustanciales y crecientes debilidades. Actualmente, minorías audaces pero organizadas pueden ampararse en aspiraciones estudiantiles, laborales, indígenas, gremiales, sindicales u otras para enseñorearse por horas, días y, a veces, hasta meses de calles, carreteras, recintos educacionales, industrias, sedes del Ejecutivo y el Legislativo, y aun zonas rurales o urbanas. Al mismo tiempo, la delincuencia se propaga en términos de afectar ya la calidad de vida de toda la población -sectores modestos y pudientes a la par, como lo muestra el impune saqueo, este lunes, de una tienda en Las Condes por 15 delincuentes-. No sorprende que la encuesta CEP haya mostrado ayer un alza de 45 a 50 por ciento respecto de abril en la preocupación colectiva por este tema, sobrepasando a la educación.

Ante esto, la responsabilidad recae primordialmente en el gobierno de turno y en los principales instrumentos que la institucionalidad prevé al respecto: las policías, las fiscalías y los tribunales. Los dos últimos órganos son objeto de intensa crítica por la mayoría ciudadana que anhela seguridad. La judicatura invoca su prerrogativa exclusiva de interpretar las leyes que elaboran los colegisladores, y en ese marco no pocos de sus integrantes muestran signos de anteponer a menudo cierto garantismo ultrancista por sobre otras lecturas más socialmente equilibradas que las normas también admiten. Por su parte, los fiscales no han satisfecho aún las expectativas que depositó en ellos la reforma procesal penal. Sus métodos están probando con demasiada frecuencia no producir resultados de solidez probatoria suficiente para balancear un eventual sesgo garantista en ciertos jueces, ni para prevalecer por sobre los ardides de una delincuencia cada vez mejor organizada. La policía, en cambio, goza de tradicional alta valoración pública, pero la sucesión de desórdenes que no logra contener, junto a errores o deficiencias que se repiten con excesiva frecuencia, abren interrogantes inquietantes también a su respecto.

Así, en el conflicto estudiantil en curso, el episodio del carro policial que ingresó al recinto del Instituto Nacional es un ejemplo de los errores cuya génesis exige explicación: fue contraproducente en cuanto exacerbó innecesariamente la ira estudiantil para beneficio de quienes la manipulan, y además porque la imagen de derrota policial por su retirada ulterior redobla la sensación de inermidad de quienes repudian la violencia -como en esta edición lo reconoce un ex director institucional de gran prestigio.

Protestas que emplean la fuerza se dan también en el mundo desarrollado, pero allí abundan los ejemplos de éxito en su contención, que no vemos entre nosotros. ¿No hay en Chile protocolos policiales para enfrentar una toma? ¿No hay aprendizaje sistemático por nuestras policías de la experiencia internacional más avanzada en estas materias? ¿No disponen de la tecnología y el manejo de los procedimientos y conocimientos de punta en el mundo? ¿No se aplican sistemas preventivos ante situaciones cuya probabilidad de ocurrencia es obvia? La agitación estudiantil lo era a lo menos desde "la revolución de los pingüinos", en 2006, bajo la Presidenta Bachelet, y había venido siendo anunciada regularmente por sus promotores desde el año pasado y durante todo el actual. Es ostensible que grupos políticos radicalizados están instrumentalizando a los estudiantes con objetivos que ya distan mucho de su legítima demanda original por mejorar la calidad de la educación y el acceso a la misma. Su meta -hecha explícita por algunas voces- es un estallido social que cambie "el sistema" y la institucionalidad del país, para reemplazarla por otra fórmula que sólo se esboza con consignas revestidas de apelaciones a democracia e igualdad. Son grupos minoritarios que repudian por igual a los partidos gobiernistas y opositores, recurriendo a toda la violencia que puedan desplegar. Es evidente que ninguna solución institucional los satisfará. Se presume que el Estado no puede dejarse avasallar y debe defender a la población, pero lo que se observa hasta ahora es desalentador: fiscalías y policías parecerían sorprendidas por los acontecimientos.

Es doloroso pero inevitable concluir que unas y otras se han quedado atrás y necesitan impostergables ajustes y modernización a múltiples respectos. Con una ciudadanía mucho más exigente que otrora, y justamente alarmada, no bastan los méritos del pasado, por bien ganados que estuvieran y por encomiables que sean en comparación con muchos otros países latinoamericanos: se requieren eficacia y resultados ahora, frente a los problemas de hoy. La opinión pública ha sido muy severa en exigir rendición de cuentas a la FACh por los protocolos aplicados en el accidente de hace un año en Juan Fernández. Fiscalías y policías harían bien en anticiparse a entregar prontamente un nuevo nivel de eficacia frente a los causantes de una violencia que queda impune.



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