Castigo a jueces de mala conducta

COMENTARIO:
TAMBIEN DEBERÍA HABER SANCIONES PARA AQUELLOS JUECES QUE NO APLICAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y QUE HACEN USO DE ARGUMENTOS TERGIVERSADOS COMO LA NO APLICACIÓN DE LAS AMNISTÍA, LA PRESCRIPCIÓN, LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA COSA JUZGADA. ADEMÁS APLICAN TRATADOS INTERNACIONALES QUE NO ESTÁN VIGENTES , OH SI FUERON YA ACOGIDOS, POR EL ESTADO APLICAN ,SUS FALLOS CON CARACTER DE RETROACTIVO.

EN LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO HAY UN JUEZ DE CLARA TENDENCIA POLÍTICA, QUE SE JACTA DE ENCARCELAR A TODOS LOS MILITARES Y FUERZAS DE ORDEN, DICTANDO SUS FALLOS SOLO POR PRESUNCIONES Y LO MAS GRAVE QUE JAMÁS HA TOMADO ÉL, DIRECTAMENTE LAS DECLARACIONES INDAGATORIAS, BASÁNDOSE SOLO EN LO QUE LE CUENTAN Y ANOTAN SUS ACTUARIOS. MENOS MAL QUE CUMPLE ESTE AÑO, DEJANDO DE SER PERJUDICIAL PARA TODO EL PODER JUDICIAL.
CON SU PARTIDA ESTIMO QUE, MEJORARÁ LA OPINIÓN DE LA CIUDADANÍA DE LA JUSTICIA CHILENA.
RUS.


Castigo a jueces de mala conducta: Sus indisciplinas y la mano de la Suprema para sancionarlas
Cuestionables comportamientos de decenas de jueces de la República reciben diversos tipos de castigos del máximo tribunal del país. Ausencias laborales, malos tratos y excesivas demoras en fallar son algunas denuncias recibidas, que han terminado, en algunos casos, con la remoción de sus cargos.
por: Malú Urzúa La Segunda

¿Se imagina un juez que disfruta haciendo llorar a las mujeres que trabajan con él, que les golpea las manos contra el teclado para que se apuren en escribir, que vive chasqueando los dedos en la cara de los empleados diciendo "aquí mando yo" y a cuyo juzgado hasta ha llegado la ambulancia para recoger a trabajadores con crisis nerviosa o parálisis facial?

Esta es una de las 41 investigaciones disciplinarias contra miembros del escalafón primario -que incluye a ministros, fiscales judiciales, jueces y secretarios- del Poder Judicial que fueron revisadas el año pasado por la Corte Suprema y en las que se acreditaron las denuncias y terminaron con sanciones de diversa índole. Otras 22 indagaciones fueron sobreseídas.

«La Segunda Sábado» revisó estos procesos sancionatorios para conocer los "pecados" que cometen algunos magistrados, y cuánto aprieta la mano del máximo tribunal a la hora de sancionar conductas irregulares.

Este tipo de indagaciones disciplinarias pueden cortar carreras judiciales, pues el Código Orgánico de Tribunales dispone que el cargo de juez expira por "mala conducta". Y ésta se presupone cuando, entre otras cosas, el magistrado es suspendido dos veces en tres años o tres veces en su historia; si acumula tres medidas disciplinarias en tres años o si en más de una ocasión ha tenido un comportamiento poco honroso o ha incurrido en negligencia habitual. De ahí que los sospechosos de un mal actuar recurren a variadísimos argumentos para evitar la amonestación.

Los sancionados son, en todo caso, una minoría: en todo Chile hay más de 1.800 magistrados.

Haciéndole el quite al trabajo

Más de la mitad de las sanciones aplicadas en el período se refieren a jueces que cometieron diversos tipos de negligencias: Suman 26 casos.

Por ejemplo, la jueza de Letras de Peñaflor, Brisa Marina Pérez , según se comprobó, llegaba a trabajar pasadas las 10:30 de la mañana y se iba antes de las 13:30 (el horario es de 9 a 14 horas). En la investigación, que contempló seis meses retroactivos, se dice que a veces ni siquiera iba al tribunal, "retrasando labores y funcionamiento del juzgado".

Fueron los propios abogados que concurrían a tramitar causas ahí los que hicieron la denuncia, que terminó con la magistrada suspendida por dos meses, con medio goce de sueldo, y con la apertura de un cuaderno de remoción en su contra.

También por negligencia fueron sancionadas las juezas Rossana Costa Barraza (Tercer Tribunal Oral de Santiago) y Rosa Muñoz Gilbert (de Familia de Limache), quienes se negaron a tomar audiencias agendadas con anterioridad.

En el caso de Costa, se señala que para aceptar ingresar a la sala de audiencias exigía al coordinador del Centro de Justicia un certificado de que no había ningún juez disponible en todo el edificio de Pedro Montt y que argumentó estar ocupada redactando una sentencia. En el caso de Muñoz, el asunto escaló, porque la magistrada hizo una denuncia al Ministerio Público y hasta llegó Carabineros al recinto para aclarar la situación.

Para la primera fue aplicada una amonestación privada y a la segunda, una suspensión por un mes (con medio sueldo).

También figura el caso de una jueza que se negó tres veces a recibir a un hombre que tenía orden de aprehensión pendiente y que se había presentado para que se controlara su detención. Los dos primeros días, Ingrid Arévalo Sepúlveda, jueza de Garantía de Quilpué, argumentó exceso de trabajo. El tercero, que el imputado no andaba con su carné de identidad (hay un procedimiento especial para acreditar identidad en estos casos). Se le aplicó una amonestación privada.

Demoras de hasta dos años en fallar

Dentro de la categoría "negligencias" también se incluyen las demoras excesivas en dictar sentencias. En el período revisado, hay jueces que mantenían un atraso de ¡hasta dos años en 758 procesos!

Hay algunos que, para esconder el abandono en que tenían sus expedientes, hasta ocultaban la existencia de ellos en las visitas mensuales que hacen los superiores, como Guillermo Vera, juez de Letras de Lebu, que además dio como falladas causas que no lo estaban.

El atraso en dictar sentencia parece ser una de las faltas que más encrispa a los supremos: De nueve investigaciones por demoras inexcusables, tres terminaron en suspensiones y dos en remoción, incluidos ministros de Corte de Apelaciones.

Hadolff Ascencio, de la Corte de Concepción, se atrasó el 2009 en la redacción de 98 fallos, en algunos casos en más de un año. En sus descargos, dijo que intentó ponerse al día ese verano, pero que con el terremoto se le echó a perder el computador y perdió todo lo avanzado. Por estos hechos, el 2011 fue suspendido por cuatro meses y se le abrió un cuaderno de remoción.

Otro ministro, esta vez de Santiago, también se atrasó: Patricio Villarroel entregó un año después un proyecto de fallo de un recurso de protección que, por disposición de la Corte Suprema, debe resolverse en cinco días.

Sentencias en blanco

Contraria a la opinión de sus superiores, sin embargo, para Villarroel situaciones así no son tan graves. Así lo hizo ver en el voto de minoría de otro insólito caso que revisó la Corte de Apelaciones de Santiago: El de la jueza Carolina Illanes Monroy, del Primer Juzgado de Familia de Santiago.

A ella se le cuestionaba por varios fallos no dictados en el plazo legal, ingresando al sistema informático resoluciones que en realidad eran páginas en blanco. Contra la jueza también se sumaba el haber culpado falsamente al sistema computacional del problema. En primera instancia -contra el voto de Villarroel y otros ocho ministros que descartaban gravedad al asunto, dado que la jueza se estaba poniendo al día- se le impuso una amonestación privada. La Suprema elevó la medida y la suspendió por un mes.

¿Por qué este interés del máximo tribunal de sancionar fuertemente este tipo de situaciones? Por la máxima de que justicia que tarda demasiado no es justicia. Se lee así en la sentencia del caso de Hadolff Ascencio: "A través de las designaciones (de jueces y ministros) se procura una pronta y cumplida administración de justicia a nivel nacional"... Y más aún cuando se trata de casos de familia, se señala en otro fallo, "donde se debaten alimentos o violencia intrafamiliar, situaciones que en grado sumo afectan las relaciones".

Problemas con el alcohol y cómo ayuda una "buena prensa"

Seis de los jueces investigados en 2011 cayeron en conductas que "comprometieron el decoro de su ministerio" y "desmerecieron su concepto público", según el léxico del Código Orgánico de Tribunales. Cuatro de ellos mostraron problemas con el alcohol.

Ahí está la pelea que protagonizó el juez de Garantía de Coquimbo, Andrés Riveros Cáceres, en el Casino Enjoy de Coquimbo , que debió ser disuelta por Carabineros. La Suprema lo suspendió por 15 días (con mitad del sueldo), con el voto en contra del ministro Carlos Cerda, que insistió en que se trataba de su vida privada.

Y el choque en estado de ebriedad (2.31 gramos por litro de alcohol en la sangre) del juez del Sexto Oral de Santiago, Renato Pinilla Garrido , en el cual resultó muerto el otro conductor, que también manejaba borracho. Lo suspendieron por 15 días.

También el ministro de la Corte de Coyhaique -en ese entonces además su presidente-, Pedro Castro Espinoza, tuvo problemas por haber bebido. Una madrugada de marzo fue visto por Carabineros conduciendo en forma zigzagueante su camioneta.

El expediente señala que el magistrado varias veces repitió "ustedes no saben quién soy yo", que se negó a hacerse la alcoholemia. "Se trataba de un paciente verborreico, que se acercaba inapropiadamente para hablar y mantenía una actitud confrontacional con los policías que lo trajeron. Los hacía callar y les decía que no se metieran", declaró en la investigación el doctor que lo recibió en urgencia. Después, Castro reconoció haber tomado vino en un asado.

Fue sancionado sólo con una censura por escrito. La "buena prensa" lo salvó. Dice la resolución de la Corte de Coyhaique: "El descrédito público no fue de una envergadura tal que haya afectado gravemente el decoro de su ministerio... El hecho en la región no tuvo una gran connotación... no fue publicado y ni siquiera mencionado en El Divisadero (diario local)" sino hasta el viernes 11 de marzo "en un recuadro inferior de la portada y en el cual se señaló: Ministro de Corte de Apelaciones pidió disculpas por la falta cometida". También se destaca cómo dio la noticia el noticiero regional: "... efectuando el director (al término de la nota) el comentario: 'La importancia de dar la cara y el valor de enfrentar en forma personal la situación. Mis respetos también a don Pedro Castro'". La Suprema mantuvo la sanción.

Desconectó cámara que registró golpes a detenido

Hasta el año pasado, el abogado Miguel Salgado Rivas ejercía como juez de Garantía de Los Angeles. Fue removido después de una extensa investigación donde se acreditó no sólo que algunas veces había llegado a trabajar con olor a alcohol y balanceándose al caminar, o que había ingresado al tribunal a altas horas de la noche completamente borracho (a buscar las llaves de su casa, dijo él en sus descargos).

También, se corroboró que había ordenado desconectar la cámara de vigilancia de su juzgado, que registraba una sala donde permanecían los gendarmes. Esto, pocos días después que uno de esos efectivos, además amigo suyo, fuera trasladado por pegarle a un detenido en ese lugar, hecho que se había podido comprobar gracias a la grabación. Además, modificó sentencias ya dictadas y dio por cumplidas penas a personas que, advertían los informes, no se habían presentado a sus reclusiones nocturnas.

Acoso sexual en estrado

"En cuanto a las gendarmes, sólo es efectivo haber dicho que algunas tienen "buen trasero"... A ella (una funcionaria) le he dicho personalmente que es atractiva y bonita, nada más... nunca que tenga el mejor trasero del tribunal. También es efectivo que le dije a (otra funcionaria) que me calentaba... Lo relativo a "agarrar cosas grandes" respecto a los expedientes que ella retiró del estrado, también es efectivo y probablemente había más funcionarios... Sí es efectivo que en una oportunidad me acerqué por detrás (a una defensora) y la asusté, pero a ninguna le he soplado en el oído... Es efectivo que le dije que podía darme las gracias (por un ascenso gestionado por él), expresándole tú ya sabes cómo, cuando quieras no más ".

Estos son algunos de los reconocimientos que hizo en la investigación disciplinaria, que se siguió en su contra, el juez Rosendo Sepúlveda Cárdenas, del Segundo Juzgado de Letras de Linares, quien fue suspendido por cuatro meses, con apertura de cuaderno de remoción.

En el expediente se le acusa de involucrarse sentimentalmente con una funcionaria a su cargo, de comentar problemas de su vida conyugal "en términos vulgares y soeces", de hacer chistes en doble sentido, de acosar sexualmente a una funcionaria y de haber emitido expresiones ofensivas en contra de juezas y relatoras.

Sepúlveda venía con problemas anteriores y, de hecho, ya había sido trasladado una vez desde Vallenar, ocasión en que no se decretó su remoción, ya que acreditó que padecía trastorno bipolar y se comprometió a seguir un tratamiento.

También maltratadores

A las acusaciones contra Sepúlveda ya dichas, se suman otras relativas a malos tratos , un estilo de mando por el cual también recibieron denuncias otros magistrados del país.

Casi todos ellos fueron sancionados con amonestaciones privadas: Cecilia Rojas Nogerol, del Tercer Juzgado de Letras de La Serena; María Eugenia Luis Oyarce, del Juzgado de Familia de Puente Alto; Cecilia Agüero Calvo, del Juzgado del Trabajo de Punta Arenas.

A ellas debe añadirse Andrea Morales López, del Juzgado de Familia de Rengo , a quien se le impuso censura por escrito, y un juez cuyas acciones motivaron hasta un paro de los funcionarios.

Se trata de Manuel Contreras Orellana, juez de Policía Local de Coronel, a quien también sus funcionarios lo acusaron de no permitirles ir al baño. Hasta el alcalde de la zona tuvo que ir a declarar ante el investigador administrativo -reconoció haber recibido varias quejas- y los empleados, varios con licencia por depresión y estrés, hicieron un paro de una semana para que se les prestara atención.

Contreras fue sancionado con una censura por escrito por la Corte de Apelaciones respectiva, pero la Suprema elevó la sanción y lo suspendió por un mes.

En qué están ahora

La mayoría de los protagonistas de estas historias permanecen en sus cargos tras cumplir las sanciones impuestas por las cabezas de la institución. Sin embargo, un pequeño grupo que incluye al ex juez Salgado, el que llegaba abombado a trabajar, ya está fuera. Aquí, el epílogo correspondiente:

Brisa Marina Pérez (la que trabajaba máximo tres horas al día) fue removida del Poder Judicial a comienzos de este año.

Guillermo Vera (el que escondía los expedientes para que no se dieran cuenta del atraso que tenía) fue removido por calificación deficiente a comienzos de año.

Tras un mes suspendido, el juez Contreras (el que tenía a sus empleados con crisis nerviosa) volvió al trabajo. Presentó una licencia médica y al poco tiempo falleció, a los 75 años, producto de una enfermedad.