CIERRE CASO BOMBAS

Cierre del "caso bombas"
Editorial El mercurio

Es inevitable preguntarse cuál será el sentir de muy vastos sectores de la ciudadanía frente a la situación de que informa hoy este diario: en definitiva, el bullado "caso bombas" ha terminado sin que se determine responsabilidad penal alguna. Esto, después de más de dos años de haberse producido la correspondiente formalización (en agosto de 2010) respecto de los seis casos sobre los que ahora se falló, tras investigación que se inició en julio de 2005, por una ola de bombazos. Otros 23 casos completaban la acusación original, que durante la tramitación de este proceso fueron dejados fuera. Esto, además, se enmarca en los más de cien atentados con bombas registrados desde 2005 que se investigan o se han investigado, y en el que sólo hay una condena: libertad vigilada por seis años para Luciano Pitronello (se consideró que no era un delito terrorista).

Sin entrar aquí en el análisis jurídico, sino desde la perspectiva social, se está ante una situación en que actores capitales del sistema penal -Ministerio del Interior, fiscalías, policías- aparecen comprometidos frente a un cuadro con visos de incipiente terrorismo de inspiración política. La profusión de atentados y su impunidad abren una posibilidad de curso en esa dirección, de lo que hay abundante y letal experiencia mundial. Los resultados de dichas instituciones para contrarrestar ese curso aparecen, sin embargo, nulos.

La sociedad chilena, que costea este aparato estatal, tiene derecho a una respuesta convincente, hoy pendiente. No se podría afirmar que el sistema mismo falló. Aparentemente, sí parecen haberlo hecho las fiscalías -que no pudieron aportar las pruebas pertinentes-, y el Ministerio del Interior, afectado en su responsabilidad de coordinar la seguridad pública y las policías. Los tribunales no podían castigar a quienes protege la esencial presunción de inocencia, si los demás órganos no habían logrado probar lo contrario. Sin embargo, el ciudadano corriente queda con la impresión de que alternativamente fallan uno o más de dichos órganos, y se extiende una sensación de que se está inerme frente a la violencia organizada e impune. En consecuencia, el sistema entero, sin mayores distingos, queda en tela de duda: si en un caso de tanta relevancia y exposición pública como éste se ha procedido de esta forma, cabe preguntarse cuáles son los estándares en la investigación de los delitos comunes y corrientes.

Sin duda es hora de rectificar, sin caer en tentaciones de aprovechamiento político pequeño, pues este preciso caso comenzó antes de que se iniciara la presente administración. Lo que está ocurriendo no concierne a una u otra coalición, sino a todo el país. Obviamente, no cabe volver a un proceso penal ya dejado atrás por el derecho moderno, pero sí urge corregir lo que está fallando, y el propio sistema prevé las instancias conducentes a ello. El Presidente de la República ha anunciado próximos pasos en tal sentido, cuyo pleno alcance se ignora aún. Pero, además, urge preguntarse con descarnada crudeza si quienes actualmente lo encarnan tienen las capacidades para desempeñar unos u otros cargos con el nivel de eficacia que la situación y el país demandan.