domingo, 11 de noviembre de 2012

Contraofensiva K para demostrar que no hay fin de ciclo




Carlos Tortora


Con las calles repletas de gente que repudiaba su gestión, el cristinismo pudo atisbar el jueves pasado su peor perspectiva. Esto es, un mediocre resultado electoral en el 2013 y entonces el punto final del proyecto de reforma constitucional. A renglón seguido, podría producirse un corrimiento de gobernadores, legisladores e intendentes del PJ en favor de la candidatura presidencial de Daniel Scioli. Pero esto no sería lo peor para CFK y sus seguidores. El mayor riesgo es que un proceso así haría que el gobierno sufra una irreparable pérdida de poder y que ésta favorezca la activación de múltiples causas por corrupción, con el probable procesamiento de altos funcionarios. Ahora que este escenario apocalíptico ya no es impensable, la principal preocupación del gobierno es cómo evitarlo. Una vez, las mejores expectativas del oficialismo tendrían que ver con el modelo bolivariano. Un año atrás, Hugo Chávez, acosado por la paralización de la economía, su cáncer y el crecimiento de la oposición, daba la impresión de marchar inexorablemente hacia la derrota electoral. Sin embargo, el régimen venezolano se repuso. Aprovechó cada uno de los errores de la oposición y aun sin contar con una mejoría económica, terminó sumando el 54% de los votos el pasado 7 de octubre. Voluntarismo o no, en el círculo íntimo de Cristina creen que es posible reeditar la hazaña de Chávez. Es más, algunos asesores de aquél estarían colaborando en el plan de la Casa Rosada para recuperar los votos perdidos. Con el Congreso bastante bien controlado, el mayor esfuerzo del gobierno se concentra hoy en evitar que se produzcan fallos judiciales que lo deterioren. El viernes pasado, el fiscal federal Eduardo Taiano imputó al camarista Francisco de las Carreras, denunciado penalmente por el Gobierno por haber recibido supuestas dádivas del Grupo Clarín, en el marco de un viaje a la III Cumbre de Medios de Comunicación, auspiciada por Cablevisión y organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información en América Latina (Certal). Taiano fue el fiscal que, en diciembre del 2009, no apeló el fallo de Norberto Oyarbide sobreseyendo al matrimonio Kirchner en la causa por su supuesto enriquecimiento ilícito. La imputación a un magistrado prestigioso como De las Carreras es una amenaza indirecta contra los demás jueces del fuero Civil y Comercial Federal que puedan llegar a intervenir en el expediente de Clarín, una vez que Martín Sabbatella empiece el 10 D a intentar aplicar de oficio el artículo 161 de la ley de medios. Esto es, disponer la caducidad de más de 200 licencias del grupo Clarín y su llamado a licitación. El gobierno pretende como mínimo que no se dicte una medida cautelar que impida la fiesta del 7 D. Después, per saltum mediante, la Corte deberá decidir si se hace cargo de la brasa ardiente. Pero sería un error pensar que la presión sobre la justicia sólo tiene que ver con Clarín. Las dos causas más peligrosas para el gobierno, la de Ciccone y la que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Amado Boudou y sus allegados, pasaron de un ritmo febril a su actual semiparalización. Coincidentemente, la intervenida Ciccone ya debería estar en pleno proceso expropiatorio, tal como lo dispuso la ley respectiva. Pero el gobierno parece ser el último interesado en que se active el procedimiento de expropiación. Si el Tribunal de Tasaciones de la Nación cumpliera con su función y tasara la empresa, las autoridades deberían convocar a sus dueños para hacerles la propuesta de indemnización y entonces debería resolverse la incógnita central: ¿quiénes son los dueños de Ciccone?

La realidad es que, así como el gobierno se autoimpuso con el 7 D un plazo para ganarle la batalla decisiva a Clarín, al promover que el per saltum se convierta en ley creó el escenario para otra batalla decisiva. Si la Corte Suprema aceptara el per saltum y le diera la razón al gobierno, Cristina podría respirar tranquila pese a los caceroleros, porque tendría de hecho la suma del poder. Si, en cambio, el máximo tribunal fallara a favor de Clarín en la interpretación oficial, se trataría de una suerte de golpe de estado encubierto. Pero también podrían los ministros de la Corte rechazar el pedido de per saltum por considerar que el tema no tiene gravedad institucional. Entonces el resultado será el que haya dispuesto antes la Cámara Civil.

En lo político, la receta cristinista para evitar deserciones es la misma desde hace 10 años. Cualquier síntoma de disidencia sería castigado con un cepo financiero más represalias políticas y judiciales. A diferencia de lo que ocurriera después del 13 S, cuando convocó a que se escuche la opinión de la gente, después del 8 N Daniel Scioli permaneció mudo. Una versión indica que habría recibido una expresa advertencia de que esta vez no se toleraría un nuevo gesto de simpatía hacia los caceroleros. Tampoco Sergio Massa, que amaga sistemáticamente con distanciarse del gobierno, emitió opinión sobre el 8 N. Claro está que este esfuerzo por mantener el pensamiento único y monolítico intacto se complicaría si se confirmara la versión de la convocatoria de un nuevo cacerolazo para el próximo 6 D, todo un desafío al operativo anti Clarín.

La política exterior al servicio de la propaganda oficial

Mientras tanto e invirtiendo las prioridades de las democracias desarrolladas, el gobierno está dispuesto a continuar usando la política exterior para satisfacer necesidades domésticas. En este caso, intentar polarizar la opinión pública local contra el presunto complot internacional de los fondos buitre y sus aliados vernáculos. De más esta decir que la Casa Rosada no aceptará el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que ordena darle a los fondos buitre el mismo trato que a los demás bonistas. Es decir que el 2 de diciembre, cuando venzan unos US$ 500 millones del Global 2017, el gobierno nacional podría decidir cambiar las cláusulas del contrato y pagar en Buenos Aires en vez de Nueva York para evitar probables embargos. Esto desataría una discusión sobre si se produciría o no entonces un default técnico, a horas de la saga oficial del 7D. En principio, apelando el fallo de segunda instancia de Nueva York ante la Corte Suprema en Washington, el gobierno conseguiría largos meses para dilatar la definición. Con el mismo espíritu chicanero, el gobierno sigue manejando la critica situación de la fragata Libertad, embargada en Ghana. La persistencia de la cancillería argentina en no llegar a una acuerdo con las autoridades locales sobre el traslado del buque y el pago de los derechos de puerto no sería casual. Al cristinismo le vendría bien que se produzca algún incidente grave, como el que casi ocurrió días atrás cuando la tripulación de la Armada resistió con fusiles en la mano un intento de las autoridades portuarias por subir al barco y moverlo. Desde la óptica K, un grave episodio en Ghana sería ideal para polarizar la opinión pública contra la supuesta conspiración internacional.

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