mayo 18, 2013
By Carlos Tórtora
El fallecimiento de Jorge Rafael Videla, como no puede ser de otro modo, hace que la agenda política nacional vuelva a retrotraerse a los ‘70. El gobierno encuentra así una sorpresiva oportunidad para intentar pasar a segundo plano las denuncias sobre corrupción que, desde que se inició el Lazarogate un mes atrás, amenazan con costarle caras, restándole aún más votos en la clase media. Ayer, las usinas oficiales ya trabajaban en instalar versiones sobre los secretos de Videla que ahora habría que desentrañar. Al mismo tiempo, otra versión consignaba que el Juez Julián Ercolini, titular del Juzgado Federal N° 10, que tramita la causa Papel Prensa, dictaría en los próximos días medidas para determinar en qué condiciones se produjo el traspaso de acciones de la empresa, durante la última dictadura, del Grupo Graiver a los diarios La Nación, La Razón y Clarín. Mediáticamente, el kirchnerismo aprovecharía el efecto de la muerte de Videla para arremeter contra el Grupo Clarín, poniendo en primer plano las acusaciones por supuesta coacción a la viuda de David Graiver, que denunció que en noviembre del ‘76 había sido presionada por el principal directivo del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, quien le habría exigido que accediera al traspaso de acciones a cambio de conservar su vida y la de su hija.
Es difícil predecir si la reinstalación del debate sobre los ‘70 y su conexión con Clarín y Papel Prensa conseguirán cortar la peor ola de escándalos de corrupción desde que 10 años atrás se inició la década kirchnerista. El próximo sábado, el kirchnerismo empeñaría todos sus recursos para realizar una gran movilización a Plaza de Mayo y otros puntos en las principales capitales del interior. La especulación es, por supuesto, si CFK aprovechará la plaza llena para realizar el anuncio sobre la intervención al Grupo Clarín o alguna medida que conduzca a ese resultado. Alentado por la leve baja del dólar blue en las últimas 48 horas, el oficialismo está retomando fuerzas para intentar despejar el camino hacia las primarias de agosto y las elecciones generales de octubre. Doblegar a Clarín antes de que éste pueda influir en la campaña electoral es hoy sin duda el principal objetivo de la Casa Rosada.
Efectos colaterales
Ayer, dos gobernadores intervinieron en la pulseada entre Clarín y el gobierno. José Manuel de la Sota, siguiendo el ejemplo de Mauricio Macri, anunció que enviará a la Legislatura de la provincia un proyecto de ley para proteger la libertad de expresión, a los periodistas y a los medios de comunicación. Por su parte, Daniel Scioli descartó que vaya a acompañar las iniciativas presentadas por el macrismo y el denarvaísmo bonaerense para defender la libertad de prensa. En el terreno judicial, la decisión del mandatario cordobés y, sobre todo, el decreto de Macri sobre protección de la libertad de prensa, podrían servir, en caso de que el gobierno avance sobre Clarín, para plantear un conflicto de jurisdicciones que llevaría el caso ante la Corte Suprema. Ésta tiene la competencia para entender en los litigios entre la Nación y las provincias.
El caso es que, paradójicamente, las iniciativas de Macri y De La Sota saliendo en respaldo indirecto de Clarín empujarían aún más al gobierno a resolver rápidamente alguna forma de intervención a este grupo. Es que, como se están dando hoy las cosas, si no lo hiciera, la lectura política sería que Cristina echó marcha atrás ante la ofensiva del jefe del PRO y el gobernador cordobés. Esto le significaría al gobierno una derrota política que, en medio de las actuales turbulencias, no puede darse el lujo de sufrir.
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