VIERNES, 26 DE JULIO DE 2013
La Justicia (Siempre) Tarda, Pero (Rara Vez) Llega
En un fallo insólito e inesperado, tratándose de uniformados (r) y de jueces chilenos, la Corte de Apelaciones de Rancagua ¡ha aplicado el derecho! y determinado que los cabecillas del FPMR que asaltaron el cuartel de Los Queñes y mataron un carabinero en 1988, Raúl Pellegrin y Cecilia Magni, murieron intentando atravesar el río Tinguiririca, sin que haya podido acreditarse que hubieran sido ajusticiados por los carabineros que los perseguían, los cuales han sido absueltos. ¡Veinticinco años después de los hechos!
El ilegal y sesgado Informe Rettig dictaminó en 1991, en los casos de Pellegrin y Magni, que habían sido "detenidos, torturados y lanzados a las aguas del río", lo cual, tras un cuarto de siglo de investigación judicial, ha venido a quedar desvirtuado. Se añade así otra prueba más de las muchas que han venido apareciendo (entre ellas sucesivos "desaparecidos") de la invalidez no sólo jurídica sino moral del citado Informe.
Este último, de hecho, sólo fue "moneda de pago" a socialistas y comunistas, para exculparlos de todo, de un hábil político (Patricio Aylwin, vehemente convocador del pronunciamiento militar) para "hacerse perdonar" de ellos (no olvidemos lo sucedido a Pérez Zujovic, a quien no perdonaron) y para recompensar el apoyo de la extrema izquierda a su candidatura presidencial, en 1989, conseguida tras haber declarado "no ser candidato" y haber dejado con un palmo de narices a otros aspirantes a la Presidencia a los cuales burló (Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Gabriel Valdés, y Andrés Zaldívar).
Lo extraordinario y excepcional del reciente fallo de la Corte de Rancagua es que se atiene estrictamente al derecho, pues analiza la prueba presentada en el proceso, y en particular las presunciones, con un rigor jurídico completamente ajeno a la generalidad de los altos magistrados chilenos de la actualidad, y muy en particular a la politizada "sala penal" de la Corte Suprema, cuyas actuaciones quedarán en la historia futura del país como un jalón deshonroso e indigno de las mejores tradiciones judiciales chilenas de antaño.
El mencionado Informe Rettig ha sido elevado por la propaganda concertacionista a la categoría de Evangelio infalible, lo cual los medios de derecha han (vergonzosamente) cohonestado, habiendo hasta llegado el principal matutino de la capital, en un primer editorial de triste memoria del año pasado, a elevarlo a la categoría de verdad inconcusa y compartida por todos los chilenos, para los efectos de condenar en forma definitiva al régimen militar como "violador de los derechos humanos".
La verdad histórica es que los uniformados se limitaron a cumplir exactamente con lo que les pidió la mayoría democrática el 22 de agosto de 1973, y en particular lo que les declaró Eduardo Frei Montalva a los dirigentes de la industria en junio del mismo año: "Esto se arregla sólo con fusiles", refiriéndoles de paso haberle dicho poco antes a un general, en tono crítico: "Ustedes tienen las bayonetas, pero no las usan" (ver Acta Rivera).
La frágil memoria de los chilenos, cuya moral y lealtad son, asimismo, particularmente precarias, ha olvidado por completo que el Pleno de la Corte Suprema declaró, en Auto Acordado de 1991, que conservo en fotocopia de su versión original manuscrita, la nulidad jurídica del Informe Rettig y su carácter por completo inconstitucional. Pero todos han hecho y hacen --en particular la actual justicia de izquierda-- como si esa perentoria e invalidante declaración judicial nunca hubiera existido.
Este pobre país, amenazado ahora por otra de esas profundas y costosas crisis que lo afligen cada cuarenta años, se acerca entonces al cuadragésimo aniversario de su salvación en 1973, sin entender qué fue aquello de lo cual entonces se libró (los más de 200 mil muertos a raíz de la guerrilla marxista en Colombia podrían darle un indicio).
Y se apresta a reeditar las políticas irresponsables ("El Otro Modelo") que lo precipitaron a la gran crisis anterior, de nuevo encabezado ("Nueva Mayoría") por los mismos que entonces la provocaron.
El ilegal y sesgado Informe Rettig dictaminó en 1991, en los casos de Pellegrin y Magni, que habían sido "detenidos, torturados y lanzados a las aguas del río", lo cual, tras un cuarto de siglo de investigación judicial, ha venido a quedar desvirtuado. Se añade así otra prueba más de las muchas que han venido apareciendo (entre ellas sucesivos "desaparecidos") de la invalidez no sólo jurídica sino moral del citado Informe.
Este último, de hecho, sólo fue "moneda de pago" a socialistas y comunistas, para exculparlos de todo, de un hábil político (Patricio Aylwin, vehemente convocador del pronunciamiento militar) para "hacerse perdonar" de ellos (no olvidemos lo sucedido a Pérez Zujovic, a quien no perdonaron) y para recompensar el apoyo de la extrema izquierda a su candidatura presidencial, en 1989, conseguida tras haber declarado "no ser candidato" y haber dejado con un palmo de narices a otros aspirantes a la Presidencia a los cuales burló (Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Gabriel Valdés, y Andrés Zaldívar).
Lo extraordinario y excepcional del reciente fallo de la Corte de Rancagua es que se atiene estrictamente al derecho, pues analiza la prueba presentada en el proceso, y en particular las presunciones, con un rigor jurídico completamente ajeno a la generalidad de los altos magistrados chilenos de la actualidad, y muy en particular a la politizada "sala penal" de la Corte Suprema, cuyas actuaciones quedarán en la historia futura del país como un jalón deshonroso e indigno de las mejores tradiciones judiciales chilenas de antaño.
El mencionado Informe Rettig ha sido elevado por la propaganda concertacionista a la categoría de Evangelio infalible, lo cual los medios de derecha han (vergonzosamente) cohonestado, habiendo hasta llegado el principal matutino de la capital, en un primer editorial de triste memoria del año pasado, a elevarlo a la categoría de verdad inconcusa y compartida por todos los chilenos, para los efectos de condenar en forma definitiva al régimen militar como "violador de los derechos humanos".
La verdad histórica es que los uniformados se limitaron a cumplir exactamente con lo que les pidió la mayoría democrática el 22 de agosto de 1973, y en particular lo que les declaró Eduardo Frei Montalva a los dirigentes de la industria en junio del mismo año: "Esto se arregla sólo con fusiles", refiriéndoles de paso haberle dicho poco antes a un general, en tono crítico: "Ustedes tienen las bayonetas, pero no las usan" (ver Acta Rivera).
La frágil memoria de los chilenos, cuya moral y lealtad son, asimismo, particularmente precarias, ha olvidado por completo que el Pleno de la Corte Suprema declaró, en Auto Acordado de 1991, que conservo en fotocopia de su versión original manuscrita, la nulidad jurídica del Informe Rettig y su carácter por completo inconstitucional. Pero todos han hecho y hacen --en particular la actual justicia de izquierda-- como si esa perentoria e invalidante declaración judicial nunca hubiera existido.
Este pobre país, amenazado ahora por otra de esas profundas y costosas crisis que lo afligen cada cuarenta años, se acerca entonces al cuadragésimo aniversario de su salvación en 1973, sin entender qué fue aquello de lo cual entonces se libró (los más de 200 mil muertos a raíz de la guerrilla marxista en Colombia podrían darle un indicio).
Y se apresta a reeditar las políticas irresponsables ("El Otro Modelo") que lo precipitaron a la gran crisis anterior, de nuevo encabezado ("Nueva Mayoría") por los mismos que entonces la provocaron.
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