CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA JUDICIAL

Las señales para combatir este flagelo son muy débiles. Hasta ahora, como es ya costumbre en los gobiernos de la Concertación, nadie asume la responsabilidad política por los hechos ocurridos durante la semana recién pasada que afectan a importantes instituciones de Chile. Escriben Tomás Duval y J. Miguel Izquierdo.
Durante la semana recién pasada quedó al descubierto una trama de personas vinculadas a la Policía de Investigaciones, al Poder Judicial y al Servicio Médico Legal, que pudiese extenderse todavía más a otras instituciones, que favorecía a delincuentes para ayudarlos a permanecer en libertad. Estos funcionarios públicos, según los antecedentes conocidos hasta ahora, actuaban con total impunidad, cobrando sumas de dineros por los servicios prestados, que consistían en falsificar documentos, alterar registros computacionales, esconder o modificar expedientes, adulterar exámenes de sangre, entregar sobornos y extorsionar a delincuentes.


Resulta evidente que estamos ante un hecho grave de corrupción, entendida ésta como “la utilización de cargos públicos en beneficio propio o de terceros y en contra de los intereses de la institución o comunidad” (Soto, 2003; Kaufmann, 2000; Van Klaveren, 1990; Friedrich, 1990). Asimismo, afecta a las instituciones del Estado que, en apariencia contaban con mayor confianza pública, como es la Policía de Investigaciones.

En este contexto, la corrupción se ha ido instalando lentamente en Chile y tras más de 20 años de gobierno de la Concertación ha tenido un significativo proceso de expansión. La corrupción, hemos dicho se ha desplazado progresivamente hacia el gobierno central, debido a la laxitud de los mecanismos de control vigentes. Por ello, los casos de corrupción no solo emergen en Ferrocarriles del Estado, sino en los honorarios de Gendarmería, Chiledeportes, en los planes de generación de empleo. Así, este proceso se ha ido expandiendo sin que las instituciones logren responder oportunamente, con soluciones adecuadas, mientras que la evaluación de las personas sobre esta materia es cada vez peor. En síntesis, mientras la masa demuestra que existen estos problemas, la institucionalidad no responde sino a raíz del escándalo público.

Un caso especial ocupa el Poder Judicial. Este poder del Estado, tradicionalmente intocado y muy susceptible de ser afectado por los intereses del oficialismo, no ha recibió suficientes reformas. Fue, entonces, la nueva estructura la que vino a dar cuenta de la lacra de confianza que se ha estado manifestando en la última década hacia el Poder Judicial. Según la serie de encuestas del CERC, en 1988, los jueces obtuvieron un nivel de confianza del 48%, siendo superados sólo por los Obispos. Hoy, en cambio, cuenta con un 17% de confianza, situándose en la parte más baja de la tabla, junto a diputados, senadores quienes siempre han sido los más cuestionados públicamente.

Dicho lo anterior, no es casualidad que hemos bajado en el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparency International (IPC), a pesar de las interpretaciones complacientes que se comparan con otros países que tiene mayores índices que Chile. En el gráfico siguiente se aprecia claramente que la tendencia de Chile es a la baja, lo cual debería encender luces de alerta en el trato de la corrupción.

La corrupción puede ser entendida como una falla en la gobernabilidad de los sistemas políticos (Kaufmann, 1999). Por lo tanto, su recurrencia y la falta de castigo y denuncia son también indicadores de falencias institucionales a nivel estructural. Por ello, independientemente de la extensión de la corrupción, ésta condena a la burocracia a operar bajo niveles y de manera ineficiente afectando al sistema político en su conjunto.

Si bien la corrupción pareciera no haber alcanzado niveles alarmantes para nuestra sociedad su reiteración ha ido creando un cierto clima permisividad que no resulta aceptable. Más aún las señales para combatir este flagelo son sí existen muy débiles tanto así que hasta ahora, como es ya una costumbre en los gobiernos de la Concertación, nadie asume la responsabilidad política por los hechos ocurridos durante la semana recién pasada que afectan a importantes instituciones de Chile. ■■■■■

Tomás Duval V., José Miguel Izquierdo S.
Instituto Libertad