LA JUDICIALIZACIÓN DEL PASADO

Detrás de todo este desmadre jurídico ---investigar el destino de 114 mil muertos en la guerra civil española--- se encuentra una misma figura, la del juez Garzón. La sala en lo Penal de la Audiencia Nacional estudia si es competente para hacerlo. La capacidad de este juez para abordar grandes temas en términos grandilocuentes es inversamente proporcional a su eficacia jurídica. Pero es que además, su criterio como juez hace tiempo que está contaminado.

El juez Garzón, a pesar de las duras críticas profesionales recibidas, está empeñado en judicializar el pasado. Se ha dicho, por activa y por pasiva, que esto significa abrir nuevas heridas, arrumbar con todo el proceso de la transición y, sobre todo, entrar en una dinámica donde se pueden tirar los muertos de uno y otro bando a la cabeza.

Si la tesis de Garzón es que el Estado actual es el directo heredero del Estado franquista, hay que recordar que existen más herederos. Carrillo era el consejero de Orden Público de Madrid cuando se asesinaron entre 2.000 y 5.000 prisioneros franquistas en Paracuellos del Jarama. El PSOE debería justificar y presentar excusas por los graves asesinatos en masa cuando gobernaba Largo Caballero.

En el caso de Cataluña, la actual Generalitat, heredera de la republicana, debería prepararse para afrontar reclamaciones de todas las personas asesinadas arbitrariamente por las llamadas Patrullas de control, dado que tenía amplias competencias sobre el orden público y no fue capaz de mantener un mínimo la seguridad; hubo una dejación clara de sus funciones.

No termina ahí el recuento, porque en el propio bando republicano se cometieron asesinatos de un bando contra el otro. El más importante es el de Andreu Nin, comunista disidente que fue asesinado por la policía soviética en 1937 y que, ahora, una investigación exhaustiva indica que puede encontrarse en el subsuelo de la Brigada Paracaidista de Alcalá de Henares.

La ministra Chacón debería abrir una información sobre ello en nombre de la memoria histórica, y el juez Garzón a la par que reabre la tumba de García Lorca también debería interesarse por la de Andreu Nin. Y así podríamos continuar un largo camino que solo tiene un resultado: el enconamiento de unos contra otros; lo cual, para una guerra que terminó en 1939 y una reconciliación que el propio Partido Comunista inició en 1960, tiene algo de surrealista.

¿Por qué después de un cuarto de siglo de vivir formalmente reconciliados se abre ahora este melón? ¿Qué pueden arreglar los nietos de lo que ya dejaron resuelto padres e hijos?

El segundo dato es que las recientes detenciones de 12 presuntos terroristas islámicos en la provincia de Barcelona y otras dos ciudades más han terminado casi en nada. Todos han quedado en libertad, con la obligación, eso sí, de presentarse al juzgado. Esta operación fue realizada por orden de Garzón, el juez que ahora después de interrogarlos los deja en libertad. No es la primera vez que pasa. Hace poco el Tribunal Supremo, recordémoslo, absolvió a 14 de los 20 condenados por la Audiencia Nacional en la llamada operación Nova.

Esto no puede ser. Se crea un mal nombre a la comunidad islámica, se generan problemas de convivencia con ella, para después producir el parto de los montes, donde los grandes rugidos acaban dando luz a un minúsculo ratón.

Detrás de todo este desmadre jurídico se encuentra una misma figura, la del juez Garzón. Su capacidad para abordar grandes temas en términos grandilocuentes es inversamente proporcional a su eficacia jurídica. Pero es que además, su criterio como juez hace tiempo que está contaminado. Claro que esto último no es únicamente responsabilidad suya, ya que lo permite la legislación española.

Es legal, pero no es legítimo, que un juez se presente como número dos para Madrid en la lista electoral de un partido, el PSOE, que después de las elecciones ocupe un cargo ejecutivo en el gobierno de aquel partido, para mas tarde sintiéndose defraudado porque la función que ejercía no era la esperada, se reintegre a la carrera judicial.

Un juez, habiéndose comprometido con una opción política, no debería poder reincorporarse a su delicada función de impartir justicia sin pasar antes por un largo período sabático. Hay que decir que no es un hecho frecuente, y todavía menos cuando el juez ocupa responsabilidades importantes, pero es suficiente que haya uno, el caso de Garzón, para demostrar que ahí hay una norma que debería ser modificada, y un juez que debería merecer la atención de los órganos de gobierno de la judicatura. ■■■■■
Forum Libertas

LA AUDIENCIA ESTUDIA SI GARZÓN PUEDE INVESTIGAR EL FRANQUISMO

Los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han decidido tomar cartas en el asunto de la investigación de las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y primeros años del régimen franquista que dirige el juez Baltasar Garzón, y decidirán si el magistrado es competente para hacerlo.

Los 16 magistrados que conforman la sala en pleno de lo Penal comenzaron el jueves 23 a estudiar, a petición de la Fiscalía, si Garzón tiene competencia para investigar la represión franquista, dijeron fuentes judiciales.

Esta es la primera en la historia jurídica de la Audiencia Nacional que se ve con carácter de urgencia si un juez es competente o no para llevar un procedimiento.

Los magistrados han pedido informes a todos, incluido el juez Garzón, antes de tomar una decisión, que no se conocerá antes de tres semanas.

Garzón, que se declaró competente para investigar unos delitos que considera entran en el contexto de crímenes contra la Humanidad, ya ha recibido los nombres de más de 114.000 personas desaparecidas durante 1936 a 1939 y hasta diciembre de 1951.

La Fiscalía, por su parte, quiere que la Audiencia anule las actuaciones de Garzón e impedir que siga haciendo diligencias.

Por el momento, el magistrado rechazó el jueves un recurso interpuesto por la Fiscalía en contra del auto en el que se declaraba competente para instruir la causa contra la represión franquista.

Garzón ha recurrido a las normas procesales para echar atrás el recurso del fiscal y le da tres días de plazo para presentar uno más adecuado. ■■■■■

Reuters