EN DEFENSA DE DELINCUENTES

¿Cuánto gasta el Estado de Chile en abogados de delincuentes?, ¿Cuánto en abogados de ciudadanos de escasos recursos? La respuesta está en que el presupuesto de la Defensoría Penal Pública triplica desde 2006, el de la Corporación de Asistencia Judicial.

En la medida que el acceso desigual a los servicios sociales y las oportunidades para recibir sus beneficios están sistemáticamente relacionadas con factores exógenos (nivel socioeconómico, lugar de origen o entorno familiar) serán claramente parte constitutiva de la desigualdad de oportunidades (Banco Mundial, 2008)(1) .

El artículo 19º número 3 de nuestra Constitución, el artículo 14º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 8º Nº2 letra d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ambos tratados ratificados por Chile) consagran el derecho de una persona a la defensa jurídica gratuita, permitiendo concluir que el hecho de poder acceder a un abogado independientemente de la capacidad de pago constituye un bien meritorio, al igual que el derecho de acceso a la justicia.

El acceso a la justicia comprende cuatro aspectos (Sebastián Cox y Antonio Raveau en Justicia Civil: Perspectivas para una Reforma en América Latina, CEJA, 2008):

1. Información y difusión de derechos.
2. Educación y capacitación de organismos y personas en orientación sociojurídica.
3. Acogida, apoyo y gestión para la resolución amigable y colaborativa de conflictos.
4. Asesoría y asistencia jurídica ante instancias administrativas, judiciales y de gobierno.

En Chile, la institución encargada de entregar estos cuatro componentes es el Programa denominado Corporación de Asistencia Judicial consagrado en el Partida 10 (Ministerio de Justicia), Capítulo 01 (Secretaría de Administración General de Justicia), Programa 01. Son un Servicio Público descentralizado que dependen del Ministerio de Justicia, que tiene 1.375 funcionarios, de los cuales sólo el 44% corresponde a abogados.

Entregan orientación e información socio-jurídica, patrocinio judicial y solución colaborativa de conflictos en materias de familia, laboral y civil.

La evolución del presupuesto asociado a este Programa corresponde al que se indica a continuación:
i. Presupuesto Corporación de Asistencia Judicial
en Moneda Nacional y Miles$


2002
6.543

2003
8.304

2004
8.153

2005
8.930

2006
9.785

2007
10.935

2008
10. 325

Fuente: DIPRES


A modo comparativo, la evolución del presupuesto de la Defensoría Penal Pública (defensa de quienes cometen delito), en el mismo periodo es mucho mayor.
ii. Presupuesto Defensoría Penal Pública
en Moneda Nacional y Miles $


2002
9.256

2003
13.428

2004
19.546

2005
23.604

2006
29.719

2007
32.421

2008
33.984

Fuente: DIPRES


Como podemos apreciar el presupuesto de la Defensoría Penal Pública (Capítulo de la Partida del Poder Judicial), desde el año 2006 ha triplicado el presupuesto de las Corporaciones de Asistencia Judicial, entidades encargados de entregar asistencia jurídica letrada a todas las personas de escasos recursos que enfrentan conflictos judiciales de carácter familiar, laboral, civil y que tienen relación con causas del sistema de justicia penal antiguo y con la justicia de menores.

Ello, a pesar que la proporción de causas civiles, de familia y laboral es mucho mayor que la proporción de causas penales. Durante el año 2007 los ingresos de causas penales, tanto bajo el antiguo como el nuevo sistema, representaron un 19,22% del total de causas ingresadas a la justicia chilena, mientras que las causas civiles representaron el 55,97%(2) del total de ingresos, las de familia el 14,97% y las causas laborales y previsionales el 9,85% (Memoria Anual del Poder Judicial, año 2007), esto es, un 80%.

Lo que demuestra la urgente necesidad de redistribuir los ingresos públicos destinados a pagar los servicios de abogados de quienes se enfrentan a un conflicto judicial y no tienen capacidad de pago. ■■■■■

Daniela Godoy G.
Instituto Libertad

(1) Ricardo Paes, Francisco Ferreira, Jorge Molinas y Jaime Saavedra, “Midiendo la Desigualdad de Oportunidades en América Latina y el Caribe”.
(2) Nótese que según estadísticas elaboradas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial del total de causas civiles ingresadas, cerca de un 75% tienden a ser demandas ejecutivas o cobranzas.