EL PLAN REACTIVADOR DEL GOBIERNO

Riesgos, desafíos y oportunidades del anuncio de reactivación del Ejecutivo, con un valor que supera los cuatro mil millones de dólares y cuyo objetivo es hacer frente y revertir los efectos negativos de la crisis económica.
El año 2009 comenzó con el mayor anuncio que en materia económica ha realizado la autoridad fiscal: un plan de reactivación de un valor total que supera los US$ 4 mil millones, cuyo el objetivo central es hacer frente y revertir los negativos efectos de la crisis económica que se esperan para nuestro país, sobre todo en materia de empleo y crecimiento económico. De hecho, el crecimiento económico del penúltimo mes del año pasado resultó ser tan sólo 0,1%, aún cuando las expectativas del mercado apuntaban a un 3%. Por su parte, el mercado laboral, aunque por el momento sin señales de desaceleración, registra a noviembre una tasa de desempleo persistentemente por sobre los niveles del año pasado.


De acuerdo a las proyecciones estas cifras serían sólo el comienzo de lo que se espera para 2009, año en que el PIB, en un escenario muy auspicioso, crecería entre 1 y 2% y en el cual existiría una fuerte pérdida en el número de puestos de trabajo que llevarían a que la desocupación superara con creces los dos dígitos.
El anuncio del primer lunes de enero consiste en una batería de medidas que comprenden subsidios directos y una mayor inversión pública por una valor aproximado de US$ 1.485 millones, a lo cual se suman rebajas tributarias transitorias por US$ 1.455 millones, además de una capitalización a CODELCO por US$ 1.000 millones y la promoción de nuevos instrumentos CORFO por US$ 100 millones. La siguiente tabla enuncia las medidas comprendidas en el nuevo paquete reactivador del gobierno.
- Aumento inversión pública: US$700 millones más que lo presupuestado para 2009, aporte que sería destinado a conservación vial urbana y rural, adelantamiento de obras de riego y vivienda.

- Eliminación transitoria del impuesto de timbres y estampillas: para todas las operaciones de crédito durante el año 2009 y reducción de la tasa a la mitad (0,6% del capital) en el primer semestre de 2010.

- Apoyo al sector forestal: incremento transitorio de los beneficios de incentivo a la forestación.

- Capitalización a CODELCO: aporte estatal de US $1.000 millones.

- Fondo Común Municipal: nuevo aporte extraordinario de US$ 41 millones ($26 mil millones).
- Reducción transitoria de los pagos provisionales mensuales (PPM) .
- Ampliación en US$ 50 millones de la línea de financiamiento CORFO para factoring bancario y no bancario.
- Pago de un bono especial de $40 mil por carga familiar para los beneficiarios del Subsidio Único Familiar (SUF), las familias del sistema Chile Solidario y los perceptores de la asignación familiar.

- Devolución anticipada en septiembre del impuesto a la renta a las personas.
- Creación de un subsidio al trabajo para incentivar el empleo formal para trabajadores de sueldos bajos entre 18 y 24 años, quienes recibirán un subsidio equivalente al 20 % de su remuneración, y el empleador un subsidio equivalente al 10 %.
- Capacitación: permitir en 2009 que el gasto mensual en capacitación vía franquicia se descuente del PPM de las empresas.
Considerando un crecimiento esperado del PIB de 3,4 y 1% para 2008 y 2009 respectivamente, el anuncio del Ejecutivo equivale a 3% del PIB estimado para este año, y a un impulso adicional al crecimiento de un punto porcentual, el cual variaría dependiendo de la eficiencia en su ejecución.
Sobre la oportunidad del anuncio, es innegable que nos encontramos bajo un escenario económico de carácter excepcional, donde las mayores potencias mundiales han reaccionado con medidas también excepcionales de tal forma de darle un mayor dinamismo a la economía. Por ejemplo, el plan reactivador de EE.UU. y la Unión Europea alcanzan hasta ahora US$ 700 mil y US$ 260 mil millones, respectivamente. Por su parte nuestros vecinos (Perú y Argentina) ya han hecho lo propio lanzando paquetes que implican un mayor gasto fiscal de US$ 3.200 y US$ 3.900 millones, respectivamente. Al parecer anticiparse al desfavorable escenario esperado en términos de crecimiento y empleo no parece tener cuestionamiento alguno y parece estar correctamente inspirado.
Sin embargo, un paquete de medidas como las propuestas por el Ejecutivo involucra una serie de riesgos. El primero de ellos es el mayor gasto fiscal. Cabe destacar que de acuerdo a lo expresado por Hacienda, el paquete señalado implicaría un crecimiento del gasto público de 10,7% real y un déficit fiscal efectivo de 2,9% del PIB. El presupuesto del sector público para 2009 inicial consideraba un incremento del gasto fiscal de 5,7%, el que ya había sido criticado por encontrarse por sobre el crecimiento esperado del producto. Si bien el escenario inflacionario ha cambiado con respecto al de septiembre, se estima que este mayor gasto fiscal (que quintuplica un incluso generoso crecimiento esperado del producto de 2%) podría originar cierta presión en los precios, cuyos efectos pegan en mayor medida a los más pobres, quienes son justamente aquellos que este tipo de paquetes pretende ayudar.
El segundo riesgo dice relación con el relajo de la regla de superávit estructural. De acuerdo a lo señalado por el Ejecutivo, parte del financiamiento de este plan sería realizado con la reducción transitoria de la meta de superávit estructural de 0,5% a 0% del PIB el año 2009. El primer anuncio de relajo de la regla (de 1% a 0,5%) se efectuó también durante la administración Bachelet en mayo de 2007, lo cual generó un precedente respecto a la credibilidad que esta norma tendría en el tiempo. Bastó sólo un año y medio más para que la regla nuevamente fuese transgredida, lo cual si bien actualmente podría no tener mayores efectos en términos de equilibrios macroeconómicos, sí podría tener un costo en nuestra reputación frente a inversionistas extranjeros en términos de un mayor riesgo país.
El tercer riesgo es que no obstante la desfavorable coyuntura económica que adolece al mundo entero, no podemos olvidar que nuestro país este año se verá enfrentado a una campaña electoral. Aprovechar el desalentador escenario para realizar un fuerte incremento del gasto fiscal en un año como lo será 2009 parece tremendamente populista y pone en riesgo el buen uso de los recursos fiscales. Si bien el anuncio estuvo acompañado de la ya repetida frase del Ejecutivo "con los recursos de los chilenos no se juega", la evidencia empírica señala que la entrega de bonos en dinero, empleos fiscales, etc. no cumplen de manera eficiente con los objetivos de fondo y terminan favoreciendo otros fines (por ejemplo mayor popularidad), los que resultan más codiciados en años electorales como el que acaba de comenzar.
Del paquete de medidas anunciadas, hay algunas que ven acentuado los riesgos antes señalados en mayor medida, tales como el bono de $40 mil pesos, la devolución anticipada de impuestos (ambas inyecciones de liquidez directa) y el incremento de la inversión pública, esta última debido a la eventual discrecionalidad en el criterio de elección de localidades beneficiadas y a la oportunidad de entregar un sinnúmero de empleos con apoyo fiscal (Hacienda habló de 100 mil nuevos puestos de trabajo) en época de campaña electoral.
Especial cuidado también amerita la intención del Ejecutivo de entregar un aporte de US$1.000 millones de dólares (25% del costo total del paquete) a CODELCO, empresa que fundamentalmente debido a un manejo poco eficiente de sus recursos ha visto incrementado sus costos en más de un 30% desde 2007, alcanzando US$ 1,11 al final de 2008 (1). Este costo fácilmente solventable con un precio del cobre como el de julio del año pasado, difícilmente deja algún margen con el precio del metal rojo por estos días, el cual difícilmente bordea los US$ 1,5.
En el fondo, no se concuerda con la idea de financiar ineficiencias, por lo que la discusión de esta medida en el contexto del proyecto de ley que busca perfeccionar el gobierno corporativo de la empresa estatal parece pertinente, siempre y cuando se logre llegar a una solución que apunte a incrementar la productividad de la cuprífera.
En la misma línea se encuentra el aporte de $26 mil millones al Fondo Común Municipal. Todos los años se realiza un aporte extraordinario, por distintas razones, lo cual genera dudas de si el aporte del Gobierno Central de libre disponibilidad al Fondo resulta suficiente. De hecho, el aporte extraordinario al FCM en 2007 fue de $13 mil millones, el 2008 de $20 mil millones y ahora de $26 mil millones. Más bien se es de la opinión que debiese discutirse una solución más de fondo, como lo es un aumento permanente de esta transferencia, en lugar de estar todos los años entregando recursos adicionales de manera arbitraria.
Del otro lado de la moneda están aquellas medidas que implican rebajas tributarias. Aún cuando éstas están pensadas para ser implementadas de manera transitoria, apuntan en el sentido correcto, porque permiten fomentar (al menos no frenar) la inversión y sortear de mejor forma las eventuales dificultades financieras que enfrentarán sobre todo de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Se abre con ellas una ventana para que las oportunidades de empleo en este rubro no se vean truncadas, y asimismo, para que mediante el fomento a la inversión éstas logren contribuir a revertir el eventual freno en nuestra actividad. No olvidemos que es este sector quien aporta actualmente con cerca de ocho de cada 10 puestos de trabajo en nuestra economía.
En suma, es innegable la necesidad de tomar medidas que permitan revertir la eventual desaceleración que enfrentará nuestra economía durante el año en curso. Muchas de ellas ya son tramitadas, con urgencia suma, en un proyecto de ley que ingresó la misma semana del anuncio por parte del Ejecutivo (2), restando aquellas que formaran parte de otros cuerpos legales (como por ejemplo el mencionado aporte a CODELCO) así como también la iniciativa del subsidio al trabajo acogida a partir de las conclusiones presentadas por el Consejo de Equidad en mayo del año pasado.
Sin embargo, los riesgos que algunas de ellas presentan, en caso de no ser manejados correctamente, podrían revertir la contribución a la mayor actividad económica que éstas entregarían, por lo que el gobierno enfrenta a partir de su entrada en vigencia el enorme desafío no sólo del uso eficiente de los recursos que serán inyectados, sino que también del manejo transparente de cada peso que será gastado, sobre todo por ser 2009 un año electoral. ■■■■■
Alejandra Candia D. y Luis Felipe Labbé M.
Instituto Libertad