TRANSANTIAGO: DERECHA Y PRI LOGRAN APROBAR DURO ACUERDO

Diputados respaldaron las conclusiones de la comisión investigadora, acusando abuso de atribuciones del gobierno en créditos a Transantiago. La Concertación dice que la oposición trata de conducir el plan de transportes al fracaso.

El alineamiento de los diputados de la derecha con los independientes en el tema Transantiago, especialmente considerando que fue la materia que llevó a la expulsión de Adolfo Zaldívar de la DC y el posterior éxodo de los ex colorines desde las filas del partido y de la Concertación, dio hoy sus frutos.

A excepción del ex PPD Álvaro Escobar, que se abstuvo de votar, derecha y PRI (colorines ex DC) en pleno dieron su respaldo al informe de la instancia, donde se acusa responsabilidad grave y abuso de atribuciones del gobierno en su actuación a la hora de solicitar los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras instituciones para financiar el plan de transporte público capitalino.


Fueron 44 votos a favor, 35 en contra y 1 abstención, los que asestaron el duro golpe al gobierno. Ello luego de que en septiembre de 2007 el Tribunal Constitucional impugnó el préstamo de 400 millones de dólares otorgado por el BID al Transantiago y el crédito del BancoEstado por 10 millones de dólares, a solicitud de 16 diputados de la Alianza.

La comisión presidida por Carlos Olivares (PRI), elaboró un informe en que se atribuye al Gobierno una responsabilidad colectiva grave en los hechos, sentenciando que abusó de sus atribuciones, arrogándose facultades que le corresponden exclusivamente al congreso.

Asimismo, se menciona que la situación actual de Transantiago es financieramente desesperada y que, de aplicarse a su situación las normas de derecho común, se trataría de una empresa en quiebra.

Apunta los dardos especialmente contra los ministros de Transportes y Hacienda, René Cortázar y Andrés Velasco, que habrían jugado un rol activo para conseguir el financiamiento por una vía alternativa al congreso.

“El reproche debe dirigirse a los Ministros de Transportes y Telecomunicaciones, de Hacienda, a sus Asesores Jurídicos y Fiscales; y asimismo, a la Corfo, a su Vicepresidente Ejecutivo y a representantes; todos quienes, no obstante las advertencias del Tribunal Constitucional y de los abogados externos que, con ocasión de la discusión del crédito del Banco del Estado, representaron sus reparos a los procedimientos efectuados, perseveraron en este accionar", sentencia el informe.

Asimismo se tacha de “desprolija e irresponsable” la actuación del BID en la operación, considerando que no se establecieron los controles adecuados y que hubo un trato disímil a la hora de verificar el cumplimiento taxativo de las regulaciones que caracterizan este tipo de créditos entre la institución y los privados.

Considera que por ello “es preciso representar al BID esta circunstancia, para evitar que en el futuro puedan volver a autorizarse créditos que vulneren la legalidad y la constitucionalidad vigentes en Chile”.

Carlos Olivares subrayó que con este informe se demuestra que “el Transantiago, que es una política fracasada, técnicamente quebrada, está dándole más dolores de cabeza al Gobierno, ya que la Cámara de Diputados manda un mensaje y le dice que no vamos a seguir tolerando estas situaciones, pues aquí hay una institucionalidad que respetar”.

Patricio Melero (UDI) insistió en el punto, señalando que hoy el Congreso le dijo al gobierno que “baste ya de que sigan gastando la plata de los chilenos en un Transantiago fracasado, en vez de destinar esa plata a ayudar a quienes no tienen trabajo, a los que no tienen acceso a la salud, a los que no tienen vivienda. Basta ya de seguir comprometiendo el patrimonio del Estado”.

En cambio, Jorge Insunza (PPD) habló de un “resultado vergonzoso”, en tanto la derecha utilizó la alianza con los independientes en este punto para asestar el golpe. “La derecha ha logrado un éxito, que es dar un nuevo paso para tratar de llevar el Transantiago al colapso. Ellos no tienen ningún interés en las soluciones, sino que en profundizar la crisis y este informe contribuye a eso”, sentenció.

Destacó que con esta resolución de la Cámara “se transforma una deuda privada, de los operadores del transporte público, en una deuda pública”, por lo que “algo que tenían que pagar las empresas, ahora va a tener que ser cubierta por el Estado, porque las obligaciones con el BID hay que cumplirlas de alguna manera”.