"EL TERRORISMO EN AMÉRICA LATINA "

Ofrecemos a nuestros lectores, en esta oportunidad, el texto de la intervención del ex cadete de la Escuela Militar y abogado Luis Valentín Ferrada acerca del tema "El Terrorismo en América Latina'', materia que, además, el ha desarrollado en seminarios y encuentros públicos.

TERRORISMO EN AMERICA LATINA:

UN LEGADO TRAGICO y AMARGO DE NUESTRA HISTORIA

Luis Valentín Ferrada Valenzuela

“No me preocupan tanto las malas acciones De los malos ciudadanos - Como me ¡ horroriza! -

La completa indiferencia de los buenos ciudadanos Frente a tales hechos nefastos y a las personas que los provocan”

El General De Gaulle

Hasta el año 1947 las Fuerzas Armadas chilenas, como la mayor parte de las demás de América Latina, habían cumplido dos grandes misiones constitucionales y, las leyes que regulan la actividad y

preparación de los ejércitos de tierra, mar y aire, sus

planes y sus doctrina para impulsar el despliegue de

las fuerzas, se ajustaron tradicionalmente a estos dos propósitos[1]:


a. La preparación y empleo de la fuerza del Estado
para la defensa externa del país; y,

b. La protección de la población en los casos de
desastres naturales, catástrofes, y otros
fenómenos de esa misma naturaleza.







Nuestras FF. AA. habían asumido, también, otras tareas que la tradición les había consagrado.

Por ejemplo, el resguardo efectivo de los procesos electorales democráticos, una cuestión bastante singular y llamativa para los extranjeros que, difícilmente, pueden comprender esa participación sin sospechar de lo peor.





Por su desempeño en estas dos grandes misiones constitucionales, nuestras FF. AA. nunca fueron - ni aún bajo los efectos de los peores días de criticas políticas hacia ellas, como en 1931 y los años siguientes, objeto de reproches de la ciudadanía. Por el contrario, nuestras FF. AA. encontraron en estos dos planos de sus actividades tradicionales, los nutrientes de su merecido prestigio institucional.

Los graves problemas experimentados durante la segunda parte del siglo pasado y hasta ahora mismo, que han afectado de un modo tan grave e incomprensible a nuestros soldados tienen un origen cierto y determinado: la incorporación de una tercera misión agregada a las dos primeras, que se definió como la de “garantizar la seguridad interna del país y la paz social” y que les fue impuesta a partir de 1947.

Ese año, del modo que se establecerá, las principales autoridades civiles del país, en plena democracia, decidieron introducir como parte de los



planes de guerra, y de las hipótesis permanentes de despliegue de las fuerzas del Estado, el combate a la guerra irregular, a la guerra de guerrillas y al terrorismo, bajo la doctrina que se conoció como de seguridad colectiva o continental, unos veinticinco años antes del pronunciamiento militar de 1973.

Esta nueva misión se adoptó conjuntamente con las demás Naciones de América Latina, y se definió en la siguiente frase que el tiempo demostraría que no era tan inocente como parece: las FF.AA. deben emplearse “para garantizar la seguridad nacional interna y la paz social”; algo que, en principio, la mayor parte de los Estados reservan a sus policías, excepto en la doctrina militar norteamericana de entonces y aún de hoy.

Las tres misiones y sus respectivas doctrinas, hipótesis de conflicto, reglamentos, métodos, preparaciones y armas especiales o especializaciones, han permanecido desde 1947 invariables; aunque las diferentes circunstancias han obligado al fortalecimiento de una o unas y al mantenimiento latente o más bien formal de otra u otras.

En cuanto a la misión de conflicto externo solo recordemos que, en estos últimos sesenta años,



nuestra diplomacia ha debido enfrentar conflictos de intereses vecinales graves que, en ciertos momentos, pusieron en riesgo nuestras relaciones bilaterales. Entonces, la misión más característica de nuestras FF.AA. debió exhibirse activamente.

La guerra externa parece hoy más distante como escenario de combate, y la misión central del despliegue de las fuerzas del Estado se mantiene en la esfera de las hipótesis de los planes de la defensa nacional aprobados por nuestras máximas autoridades políticas del Estado.



Chaitén

La segunda misión, de protección a la población en los casos de grandes catástrofes – aspecto en el cual nuestro territorio es pródigo – ha sido una de las más valoradas por nuestra ciudadanía y, desde hace un tiempo, la más desaprovechada por las autoridades políticas, por razones muy egoístas y contrarias al



interés de la población. “Se aprovecha a través de esta misión el entrenamiento, organización y despliegue de las tres armas de las fuerzas armadas, para apoyar a la población cuando inundaciones, sismos u otros graves fenómenos la golpean con singular fuerza”. Esta capacidad extraordinaria de las fuerzas armadas chilenas se ha exportado hacia el exterior, apoyando muchas veces tareas de solidaridad intercontinental[2].



Una variante muy particular de esta segunda misión, ha impuesto a nuestras FF. AA. el deber de acudir a territorios extranjeros junto a otros ejércitos de tierra, mar o aire, desarrollando misiones de paz o de pacificación. Por esto han ido nuestros soldados a Hatí, exponiendo sus vidas con fines ajenos al interés nacional directo, con grandes sacrificios personales por tiempos prolongados.



El gran problema que han debido enfrentar nuestras Fuerzas Armadas, y las graves aflicciones por las que han debido atravesar soportando una larga e intensa persecución de carácter político judicial, se da en el plano de misión impuesta por los autoridades políticas a partir de 1947: aquella que legalmente les ha obligado a garantizar la seguridad interna del país y su paz social, cuando estas se encontraron gravemente amenazadas o perdidas.

Por esta decisión política nuestros soldados han experimentado el sino característicamente cruel e injusto que depara la historia de la humanidad: cuando el peligro acecha, amenaza y se hace presente, una inmensa mayoría de la población vuelve sus ojos angustiados a las únicas fuerzas que pueden lograr el reestablecimiento del orden perdido, y aceptan llanamente – con halagos de todas las clases – las duras exigencias que invariablemente demanda la ímproba tarea de recuperar la paz social perdida . Pero, cuando el peligro se aleja o desaparece, aún los más partidarios de ayer, los que apoyaron sin limitaciones la indispensable acción de rectificación, siguen sin pudor el péndulo de los acontecimientos hacia la libertad, olvidan los tiempos del peligro, desconocen los enormes sacrificios empleados para



superarlo y, desde luego, abandonan a su suerte a las personas que asumieron la obligación de actuar pensando en el bien de todos.

La ingratitud y la hipocresía, por definición hacen parte de nuestra condición humana… siempre díscola y veleidosa.

¿Cómo y porqué las FF. AA. chilenas actuaron frente al terrorismo del modo que lo hicieron? …

Una de las manifestaciones más elocuentes de la indiferencia de los “buenos ciudadanos” consiste en no interesarse por conocer la verdad de los procesos históricos que siempre informan – como causa que precede al efecto - cada cosa que sucede en nuestra vida. Ignorancia que permite ocultar bajo pesados mantos muchas grandes verdades que como tales son siempre muy incómodas y vergonzantes; y permite a quienes provocaron o desataron el peligro reescribir sobre la página blanca de la inconciencia social, y a bases de las más groseras mentiras y ocultamientos de hechos, “la historia” más conveniente a sus intereses partidistas que, a través de una fuerte y sostenida



propaganda, termina imponiéndose como “la verdad oficial”.



Los antecedentes indesmentibles que explican y justifican las actuaciones de nuestras FF.AA. frente al terrorismo desatado por las izquierdas marxistas radicalizadas en Chile y en Latino América desde la década de los años 50, son los siguientes:

Las FF.AA. en Chile habían intervenido en el pasado, ocasionalmente, en conflictos interiores de carácter bélico, con resultados bastante lamentables que nunca han sido, por lo demás, convenientemente esclarecidos. El más grave de todos ellos fue sin duda la revolución de 1891, que dejó profundas heridas en nuestra sociedad y en especial en el Ejército victorioso de la guerra del Pacífico que resultó entonces virtualmente destruido, por manos chilenas, por razones puramente políticas en todo caso ajenas a las



FF.AA. Pero, en general, la vieja doctrina fundacional de Portales sobre desmilitarización de nuestra República se había mantenido como un valor muy característico de la democracia chilena.



Empero, la Segunda Guerra Mundial resultó ser el escenario y la oportunidad propicia para el desarrollo y ejecución de muchas nuevas prácticas militares, desde el nivel táctico al estratégico, y el empleo de nuevas armas hasta entonces completamente desconocidas.

En Chile, como en todas partes, se recogieron esas experiencias para modificar, en los años posteriores, la organización y el empleo operativo y táctico de las unidades de fuerza.[3] En circunstancias que nuestras FF.AA. , por diferentes motivos graves también de carácter puramente políticos, habían sido sometidas por largo tiempo, a través de una política presupuestaria indecente y sancionadora, a un estado profesional rayano en lo indigno.



En Estados Unidos durante la guerra y la posguerra, la influencia de su ejército fue extraordinaria.



Uno de sus principales generales, Eisenhower, alcanzó la presidencia en dos periodos consecutivos. Su política exterior se basó en la Doctrina de Represalias Masivas, también conocida como Doctrina Eisenhower. Implementada junto a John Foster Dulles esta doctrina ponía el énfasis en la intervención de Estados Unidos en cualquier conflicto, en cualquier parte del mundo, donde se observara la influencia soviética. Fue el primer presidente de los EEUU en hacer una visita a España, en 1959, dando un espaldarazo al régimen de Franco, convertido entonces en un aliado por su oposición al comunismo.

Durante la Segunda Guerra Mundial, a las autoridades civiles nacionales les pareció evidente la obsolescencia del armamento y los modos de empleo



de nuestras fuerzas. Estas apreciaciones se basaron primordialmente en informaciones de prensa, pero, a partir de 1946, Estados Unidos se mostró dispuesto a recibir a oficiales latinoamericanos en sus cursos de instrucción. De hecho, durante el curso de esta gran guerra, se constituyó formalmente la Junta Interamericana de Defensa, originada en la 3ª reunión de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Río de Janeiro, en enero de 1942. Un asunto acordado por autoridades civiles democráticas. Pleno gobierno de J.A. Ríos, uno de cuyos Ministros era don Eduardo Frei Montalva. Propósito de esta iniciativa: “reunión inmediata- en Washington – para estudiar y sugerir las medidas necesarias para la defensa del continente”…”para la defensa del Nuevo Mundo, bajo la dirección de Estados Unidos”.

En el año 1947 viajaron a Norteamérica, con el objeto de integrarse a diversos cursos, 63 soldados chilenos. Ese mismo año, llegaron los primeros tanques con los cuales se organizó la Escuela de Blindados, y arribó nuevo material para las Escuela de Infantería, el Batallón Escuela de Clases, la Escuela de Caballería y la Escuela de Artillería.



Este número de soldados chilenos entrenados en Estados Unidos, que se mantuvo relativamente bajo en los gobiernos de Ibáñez y Alessandri Rodríguez, escaló progresivamente durante el Gobierno del Presidente Frei Montalvo hasta alcanzar el número de 232 en el año 1970 y, paradojas de la historia, batió record el año 1972, bajo el mandato del Presidente Allende, registrando el mayor número de todo el periodo analizado: ¡234! Soldados.

Los conflictos de la posguerra - Corea, Vietnam, Pakistán e Israel - influyeron también en la estructuración de los nuevos modos de combate, conforme la experiencia adoptada por Estados Unidos, y luego difundida a todos los países latinoamericanos, especialmente a aquellos que enfrentaban las nuevas formas de guerras no convencionales o guerrillas propiciadas por la expansión política del comunismo soviético.

Dividido el mundo en dos ámbitos de influencia nuestro Estado y sus Fuerzas Armadas quedaron a merced del juego de las grandes potencias, conforme todas las peripecias de la guerra fría.[4]





El 2 de septiembre de 1947, en la ciudad de Río de Janeiro, la suscripción del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Este tratado selló el compromiso de la participación de Chile en el bloque occidental o del hemisferio occidental “bajo la dirección de los Estados

Unidos”.[5]

A partir de este tratado comienza la etapa de influencia decidida y directa del ejército norteamericano en el de Chile, cuestión decidida y aprobada no solo por las autoridades civiles democráticas del Poder Ejecutivo sino también por el Congreso Nacional.

Las instituciones de la defensa se “norteamericanizan”, y comienzan a utilizar armamentos y equipos de dicha procedencia, los mismos métodos de combate y las mismas clases de



entrenamiento de combate frente a las nuevas hipótesis de guerras asimétricas.[6]

La orientación de la política exterior chilena fue también el resultado de las mismas orientaciones políticas de las autoridades civiles. Es decir, la diplomacia chilena como un todo – encabezada por el Presidente de la República – debió seguir exactamente las mismas aguas que nuestras FF.AA., cada cual en su propio ámbito, como el cara y sello de una misma moneda.

Desde el término de la segunda guerra, socialistas y comunistas alentaron un estado de permanente y mayor beligerancia en los movimientos sindicales con cuantiosas demandas y reivindicaciones ya desde el gobierno de J.A. Ríos , lo que obligó a reprimirlos con severidad. De entonces viene la muerte de Ramona Parra.

A partir de las elecciones municipales de 1947, se produciría entre comunistas y el gobierno del Presidente González Videla un decisivo quiebre, con enorme influencia en el discurrir político sucesivo, lo que marcó hitos que han perdurado hasta el día de hoy ( por ejemplo, la novelada salida del país de Pablo



Neruda es un hecho sucedido en esas circunstancias) .

Se opusieron los comunistas al Pacto de Defensa Continental auspiciado por los Estados Unidos de Norteamérica, así como a todas las iniciativas de dicha procedencia que se denominaron desde entonces como políticas “imperialistas”.



El Presidente González Videla no aceptó esta intromisión comunista en la política exterior de Chile. La indisciplina social al interior del país exacerbó hasta el extremo la pugna con el gobierno, alcanzando esta crisis un punto culmine en 1947. En agosto de este último año se dictó una ley especial que otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República para actuar en casos de conmoción social interna y huelgas, y otra norma legales , de enero de 1948 concedieron por decisión política mayores atribuciones a las autoridades militares.



Por orden del Presidente de la República se adoptaron medidas más graves: se decretó la relegación de muchos de los dirigentes comunistas a Pisagua y a otros puntos alejados del país.

Poco más tarde el Congreso Nacional promulga la denominada Ley de Defensa Permanente de la Democracia, mediante la cual se privaba a los comunistas del ejercicio de sus derechos ciudadanos. Decisión política y no militar.



En octubre de 1948, el Presidente González Videla obtuvo del Congreso la concesión de nuevas facultades extraordinarias.

La orientación y definición de la política exterior de Chile a favor del bloque occidental adoptada por decisión política, y la reacción frente a ella de parte de quienes abogaban por la orientación diferente, terminó definiendo las líneas centrales de la política externa e interna chilena y, en tales circunstancias, es que el Estado de Chile adoptó – conforme a sus definiciones de política exterior e interior – una política de defensa



nacional determinada que contuvo la definición de una precisa política y planificación para la Defensa Nacional, con sus correspondientes reglamentos de instrucción y adiestramiento militar, radicalmente diferentes de todo cuanto habían conocido nuestras FA.. En estricto rigor, comienza la época de aplicación sistemática de la “traducción directa de los métodos, doctrinas y reglamentos militares de los Estados Unidos”.

El 10 de octubre de 1951 el Congreso norteamericano aprobó la Ley de Seguridad Mutua, que autorizó al Gobierno Federal a “proporcionar ayuda técnica, económica y militar a las naciones amigas, con el fin que vigoricen su seguridad mutua y la defensa individual y colectiva del mundo libre y desarrollen sus recursos en beneficio de su propia seguridad e independencia, así como también la de Estados Unidos, facilitando la participación efectiva de estos países en el sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas”.

Seis meses más tarde, el 9 de abril de 1952, Chile y Estados Unidos firmaron el Pacto de Ayuda Militar (PAM), un tratado internacional con carácter de ley interna.



Enviado este pacto para su ratificación por el Congreso Nacional, fue objeto de críticas y reparos de numerosos opositores al último gobierno radical que ya agonizaba.

El Ministro de Defensa del momento, general Guillermo Barrios Tirado, llamaba la atención acerca de la instrucción de la conscripción y reservas del Ejército que se hacía con armas y material de 20, 30 y hasta 40 años de antigüedad.



- “Si el pacto no fuera aprobado – expresó Barrios Tirado – Chile, como potencia militar, pasará a la retaguardia de las Fuerzas Armadas de América”.

El diario El Mercurio, en apoyo a la iniciativa gubernamental, editorializó en el sentido que “los que atacan el pacto desde el punto de vista de la dignidad de las Fuerzas Armadas olvidan que estas han sufrido



durante cuarenta años una condición técnica deprimente, con armamento que en su mayor parte carece de valor militar y no pasa de ser sino de utilería de desfiles”.

Los opositores a ratificar el Pacto lo fueron, unos por razones puramente político partidistas o de ideologías militantes afines a los postulados soviéticos y, hubo otras voces solitarias que fundaron su oposición en la necesidad de salvaguardar la soberanía nacional que, de aprobarse el pacto, quedaría sometida a la voluntad y dirección de los Estados

Unidos.[7]



Don Carlos Ibáñez del Campo, Senador por Santiago, quien ese mismo año sería electo Presidente de la República por segunda vez, indicaba que “ni un sólo soldado chileno debe salir fuera de nuestras fronteras, para ir a entrenarse o combatir a tierras extrañas, por extraños intereses, que en nada atañen a



los chilenos y a la Patria... No otra cosa significará a la postre el tal convenio militar que actualmente se discute”.[8] Durante su inmediato gobierno, la política de defensa ya definida no experimentó modificación alguna; aunque el General Ibáñez, dentro de lo que pudo mantuvo, siempre su posición. Es posible que no haya podido impedir fuertísimas presiones principalmente de orden económico [9].

El pacto fue aprobado por nuestro Congreso Nacional.

El 6 de julio de 1952 el Pacto de Ayuda Mutua con los Estados Unidos – llamado PAM en la jerga popular política - fue promulgado como ley de la república mediante el Decreto Supremo Nº 328.[10]

El comandante en Jefe del Ejército - general Rafael Fernández Reyes - expresó que desde el punto de vista técnico el convenio permitiría el perfeccionamiento inmediato de la Institución y el incremento de la cultura profesional.

Una de las primeras consecuencias del nuevo tratado fue el envío a Chile de una misión norteamericana integrada por el teniente coronel Omer O. Niergarth, el capitán Robert N. Burns y el teniente 1º



Joe W. Kelly, encargados de evaluar el estado en que se encontraban las Fuerzas Armadas chilenas en cuanto a instrucción, armamento y aspectos técnicos. Las conclusiones fueron lapidarias.

Paralelamente, la Misión Militar de Chile en los Estados Unidos, compuesta por oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, había comenzado en el año de 1951 a seleccionar el material de guerra más conveniente para sus instituciones, así como la reglamentación que debía servir de modelo para los nuevos métodos de combate que comenzarían a ser enseñados e instruidos a los oficiales y soldados en el país.

En Chile se estableció una Misión Militar norteamericana que actuaba como organismo asesor de la Comandancia en Jefe del Ejército, pero dependiente de su representación diplomática. En coordinación, se distribuyeron instructores en las Escuelas de Armas, con la función de enseñar el empleo de los nuevos armamentos y las tácticas asociadas, así como la recomendación de los cursos que debían realizar los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas en los Estados Unidos y en la Escuela de la Zona del Canal de Panamá.



En esta época se comenzó la traducción y adopción interna en nuestras Fuerzas Armadas de los

reglamentos norteamericanos.[11]

En los años siguientes una gran cantidad de personal del Ejército de Chile participaron en cursos tanto en Estados Unidos como en la Escuela del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica en el Caribe (USARCARIB), ubicada en Fort Gulick, en la zona del Canal de Panamá.



En 1961, para la celebración del decimosegundo aniversario de dicha escuela, presidida por el mayor general Theodore F. Bogart, Comandante en Jefe de las fuerzas norteamericanas en el Caribe, participó una delegación chilena. En la ocasión se destacó que en la USARCARIB, principalmente destinada a entrenar personal militar de los ejércitos iberoamericanos, se habían graduado desde 1949 más de ¡ 18.000 ¡



estudiantes latinoamericanos, muchos de ellos desde

luego chilenos.[12]

Dieciocho mil oficiales soldados de los ejércitos iberoamericanos instruidos ya en 1961, es una tasa que da cuenta de de la influencia del Ejército norteamericano en toda Latino América y en Chile.

Así, el alineamiento de Chile al bloque occidental, liderado por los Estados Unidos de Norteamérica tras la Segunda Guerra Mundial, reforzó una línea ideológica claramente definida por las autoridades civiles chilenas, durante cuatro gobiernos democráticos sucesivos, contenida en leyes, tratados, reglamentos militares, documentos relativos a métodos de combate, entrenamiento y uso de nuevas tácticas.

Esta influencia norteamericana fue aceptada de modo general por todos los gobiernos democráticos civiles chilenos que van entre los años de 1946 a 1973, sin ninguna excepción[13]. A pesar de que todos esos Gobiernos civiles, representaron sucesivamente a todas las diferentes corrientes políticas existentes en el país, con participación a veces el Partido Comunista chileno y, en prácticamente todos los casos, del Partido Socialista chileno.



¿Cómo puede sostenerse, entonces, que nuestras autoridades civiles democráticas nada supieron de todo esto, que fueron sorprendidas por una especie de “actividad de preparación clandestina” de los soldados, y que ninguna responsabilidad les corresponde en lo sucedido?

Habría que considerar adicionalmente la documentación confidencial o secreta de la Planificación de Guerra de Chile para el periodo mencionado y toda aquella que se prepara y debe registrarse en el marco del Consejo Superior de la Defensa Nacional que, conforme a la información disponible de primera fuente, es un reflejo fiel de lo anteriormente establecido. Y considerar, también, la documentación de ese mismo carácter del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Hacienda, Economía e Interior. Aunque la antigua práctica administrativa chilena de la incineración de documentos mediante actas, puede haber hecho desaparecer gran parte de este valioso material de estudio histórico.

-ooo-La misión de seguridad nacional se dividió en tres marcos de acción: la acción preventiva y de



inteligencia, sostenida en el despliegue territorial del ejército; la acción de contención de amenazas; y, también, algunas labores que se fueron añadiendo como misceláneas.

Directamente, al ejército y a las fuerzas de la marina de guerra apostadas en tierra, en ciertas partes del territorio donde su presencia es significativa , resultaron responsables de contener a los grupos insurgentes que, por decirlo de una cierta manera, habían «declarado la guerra» al Estado y a sus instituciones.

El empleo de los métodos del terrorismo, la guerrilla o guerra de guerrillas y, en general, las diferentes manifestaciones de la guerra irregular o asimétrica moderna, tienen muchas caras conforme a sus distintas motivaciones y finalidades. Caras políticas, religiosas, raciales, nacionalistas independentistas, etc.,

Preciso es decir que – bien se sabe - el terrorismo es un método asociado a las guerras asimétricas o irregulares, y que forma parte de su primera fase denominada “infiltración y terrorismo”, a la que sigue la “guerra de guerrillas”.



A nivel mundial todo el nuevo tema de la guerra irregular apareció como una lección aprendida por el Ejército de E.U. con motivo de su despliegue en Corea y Vietnam. Esta última guerra fue la de mayor influencia en el desarrollo de la nueva instrucción y armas especiales.

La misión de seguridad interna y paz social- que significa gran cantidad de actividades que en principio corresponden a las instituciones civiles del Estado[14] y a las instituciones policiales, con completa prescindencia de los ejércitos, demuestra que lo que en apariencia es o debería ser un Estado fuerte, es en realidad un Estado débil o muy débil en muchos aspectos.

Durante los veinte o más años anteriores al pronunciamiento militar – y esta conciencia aumentó conforme la amenaza se fue haciendo más extensa y grave - se dejó ver muy claramente que las instituciones civiles del Estado y su policía, no bastarían ni con mucho para conculcar este peligro social. La ciudadanía, desde luego, lo percibía muy claramente.

Desde sus orígenes, y conforme a su naturaleza, bien se supo que la misión de “seguridad interna”,



principalmente en sus dos primeros aspectos – la labor de inteligencia y contrainteligencia y las acciones de contención de grupos insurgentes que comienzan a actuar en la primera fase de “infiltración y terrorismo” – encierra para las Fuerzas Armadas un inmenso peligro con riesgos atroces.

En resumen, el peligro consiste en que la misión implica considerar, en variadas ocasiones, a segmentos de la población nacional como “enemigos”, razón por la cual la mayor parte de los Ejércitos del mundo – excluidos los de América Latina y del Norte -no han tenido nunca ( ni han aceptado tener) esta misma misión entre las suyas propias .

De este peligroso asunto deriva por desgracia la situación de persecución que han enfrentado gravemente los soldados chilenos en estos años, en circunstancias que ellos no la decidieron y, en un plano legal constitucional, ni siquiera podrían haberla discutido con las autoridades civiles correspondientes, por aquello de la subordinación constitucional de las FF.AA. al poder civil.

Sin embargo, la manifiesta falta de capacidad de las instituciones civiles gubernamentales para enfrentar la amenaza, la magnitud del reto de



infiltración (de hombres y armas) y terrorismo que desde los años de 1950 asoló como primera fase de “la guerra de guerrillas” a todo el territorio de Centro y Sudamérica , amparados por grandes potencias extranjeros con medios y recursos extraordinarios, y el mismo desconocimiento de las nuevas formas de guerras irregulares hicieron necesario el despliegue de la fuerza militar al resultar probado que únicamente las policías jamás serían capaces, por si solas, de contener el flagelo y sus consecuencias.

En el origen de la decisión política que ordenó el despliegue de las FF.AA. contra la guerra irregular o asimétrica , se ha encontrado como antecedente la manifiesta falta de capacidad de las instituciones gubernamentales civiles para haber cumplido ellas por sí mismas.





Cabe suponer que la trágica experiencia de 1891, que costó la virtual desaparición del Ejército del Siglo XIX – el victorioso en dos grandes guerras convencionales y cuna de todas nuestras figuras heroicas – no es una circunstancia que fácilmente se hubiera podido olvidar por completo en los años de 1940.

El asunto, pues, la decisión política y sus alcances, eran ampliamente conocidos por las autoridades civiles de los cuatro gobiernos democráticos anteriores a 1973. Dato objetivo y real de que deliberadamente se “olvida” por una democracia farsante y mentirosa que siempre ha querido aparecer, sin serlo, como la más antigua y sólida de América y de ser posible del mundo.

No hay un Canciller, un Ministro de Defensa, Interior, Economía o Hacienda, ni un solo parlamentario miembro de las Comisiones de Defensa de ambas Cámaras o de las Comisiones Mixta de Presupuesto Nacional, que puedan alegar legítima y honradamente en su favor “ignorancia” del asunto. Y sin embargo han callado tristemente, cuando no han liderado movimientos o partidos que han exigido la persecución a los militares por estos hechos.





Para los años finales de 1960 y principios de los 70´, no solo conocía el país el fenómeno de la violencia política insurgente proveniente de corrientes ideológicas que habían proclamado públicamente el uso de las armas como método político para alcanzar el poder; sino que, como sucede siempre en estos casos de contiendas que amenazan la seguridad interna y la paz social, el país debió sufrir, también, la acción de grupos de reacción civil del signo contrario ( también provistos, bien seguramente, con recursos desde el exterior) y que encontraban un eco creciente y sostenido en variados ambientes: gremios de productores, del transporte y comerciales en estado de movilización permanente; y, en los ambientes rurales o campesinos, donde el proceso de reforma agraria había abierto en el centro del país heridas grandes y prácticamente incurables. La juventud estudiantil se



encontraba asimismo con sus labores suspendidas y en estado de movilización, sirviendo con sus acciones y propósitos a uno y otro lado de los contendores dividida en dos grandes sectores irreconciliables.



En estas circunstancias encontró su muerte el Comandante en Jefe del Ejército; el último Ministro del Interior del Gobierno del Presidente Frei Montalva ; un Jefe Regional de la Corporación de la Reforma Agraria; y muchísimos otros, como lo establece el capítulo IV de la obra que se presenta.

Para impedir estados de conmoción social profundos como fue el nuestro – cínicos aparte - el Estado tiene solo dos opciones: o aplica la ley e impone el orden con las instituciones civiles regulares, aun si los responsables de la insurgencia generalizada son antiguos aliados del sistema; o mandar que las fuerzas armadas resuelvan el problema … del único modo que ellas saben hacerlo y conforme a su naturaleza institucional y doctrinas preestablecidas.



Muchas veces he meditado si el Estado de Chile se encontraba o no, objetivamente, en situación de aplicar la ley e imponer el orden efectivo hacia fines de los años 60 y principios de los 70. Lo que equivale a revisar si sus instituciones civiles regulares, se encontraban o no en condiciones objetivas de hacerlo.

A un mismo tiempo, y dentro de un mismo proceso continental, se observaba el mismo fenómeno en la mayor parte de las naciones; mientras la principal potencia hegemónica occidental, enfrentaba sucesivos y periódicos gravemente críticos con la Unión Soviética.

Es manifiesto que si el Presidente Allende o cualquiera otro Presidente del signo político más contrario - como don Jorge Alessandri de resultar electo en 1970 –hubiese optado por reestablecer el orden y la paz social mediante los mecanismos normales de la ley, con abstracción del empleo de las FF.AA. , lo más probable es que ninguno de ellos hubiera podido hacerlo.

En estas circunstancias – aunque se niegue mil veces – el uso del brazo de fuerza legítima y monopólica del Estado se hizo inevitable.



-ooo-Si se estudian y analizan objetivamente los reglamentos, doctrinas, métodos de preparación, entrenamientos, tipo de armas y equipos, empleados por nuestras FA. para enfrentar el combate irregular frente a la infiltración y el terrorismo, fácil es extraer algunas conclusiones indiscutibles[15]:

a) La mayor parte de los reglamentos, métodos de instrucción y doctrina, corresponden a traducciones con ligeras adaptaciones de igual material norteamericano;

b) Lo anterior se efectuó por decisión y conocimiento inocultable de las autoridades civiles quienes, por lo demás, habían celebrado los Tratados internacionales que permitían aquello ( tanto Ejecutivo como Congreso Nacional);

c) Las armas y entrenamientos adquiridas por el Estado de Chile para tales fines son de igual procedencia, por enormes donaciones – llamadas asistencias- y compras. Durante veinte o más años



anteriores al pronunciamiento de 1973, el personal de elite de nuestras FA. había sido entrenado en el exterior; con el consentimiento expreso de las autoridades civiles;

d) Misiones militares permanentes

extranjeras habían permanecido en Chile por largos periodos profundizando esas doctrinas, métodos y entrenamientos;