NUEVA COMISIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS

Editorial El mercurio.

Con motivo de promulgarse en diciembre pasado la ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se constituyó una comisión asesora presidencial para la calificación de nuevos casos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Ella funcionará durante un año y sus integrantes son los mismos de la llamada “Comisión Valech”, que se formó en noviembre de 2003. La nueva comisión deberá analizar un número indeterminado de víctimas que, por distintas razones, no comparecieron en aquella ocasión ante esa instancia, y pueden repostular quienes en esa oportunidad no lograron acreditar sus alegaciones, si acompañan nuevos antecedentes. El reconocimiento de la calidad de víctimas determinará una serie de beneficios económicos, ya sea en favor propio o de su cónyuge o descendientes, según el tipo de afectación y la clase de beneficio.

Como sucedió con la comisión original, por la naturaleza del trabajo encomendado la calificación de los casos se funda en gran medida en la convicción política y moral de sus integrantes, más que en el cumplimiento de estándares probatorios de tipo jurídico procesal estrictos. De los casi 35 mil casos que se presentaron ante aquélla durante el primer semestre de 2004, los comisionados calificaron positivamente —como víctimas de detenciones o torturas— a poco más de 27 mil. Es difícil estimar el número de solicitudes que podrían presentarse ahora. Se cree que podrían bordear las cuatro mil, pero la decisión de reinstalar esta comisión hace presumir que —más allá de la clarificación que pueda aportar en torno a cuatro o cinco casos de falsos detenidos desaparecidos— existiría un número considerable de nuevas situaciones.

Los comisionados deberán extremar los resguardos para impedir abusos. En su primera versión, se trataba fundamentalmente de un reconocimiento moral a aquel grupo de personas atropelladas en sus derechos fundamentales por el Estado. La reparación económica aparecía más bien accesoria, pero se fue perfeccionando paulatinamente. Hoy hay plena certeza de los efectos económicos envueltos en el reconocimiento de la calidad de víctimas, por lo que se han de precaver engaños como los detectados en algunos casos de falsos detenidos desaparecidos del informe Rettig, quienes vivían en el momento de reclamar las compensaciones económicas establecidas para sus familiares, y que hoy se encuentran en manos de la justicia.