DENUNCIA DE CORRUPCIÓN EN LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

COMENTARIO:
EL SR. ROSENDE EN VEZ DE PERSEGUIR CON SUS ABOGADOS IZQUIERDISTAS A LOS UNIFORMADOS POR CAUSAS INJUSTAS DE DERECHOS HUMANOS, DEBIÓ PREOCUPARSE DE CONTROLAR ESTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN. ¡¡¡¡ UNA VERGÜENZA !!!!.
OTRO ACTO PARA PERSEGUIR CON UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ESTE GOBIERNO, AL ESTILO RETIG Y VALECH.
RUS.

Entidad entregó resultado de investigación especial a la División de Seguridad Pública:
Contraloría confirma irregularidades en plan antidelincuencia del ex gobierno

Las principales objeciones fueron a los pagos hechos en el programa de Escuelas Preventivas de Fútbol.

Sebastián Rivas y David Muñoz
El Mercurio

La División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior estuvo en la mira a fines del año pasado. Tras ser despedida, la ex jefa de la repartición, Gloria Requena, denunció ante la Contraloría diversas irregularidades, aduciendo que fueron advertidas al responsable directo, el subsecretario Patricio Rosende.

Y el pasado 31 de marzo, la entidad emitió una investigación especial en el que confirmó gran parte de las acusaciones hechas por Requena, cuestionando especialmente los desembolsos hechos en el marco del programa de Escuelas Preventivas de Fútbol, una de las iniciativas implementadas por el anterior gobierno en el marco de sus planes antidelincuencia.

La entidad puso énfasis en la situación del Círculo Social y Mutualista de los ex Jugadores Profesionales de Fútbol, dirigido por el ex mundialista de Chile 1962 Humberto "Chita" Cruz.

Así, la Contraloría constató que cinco de los nueve cargos que ayudaban a Cruz en el equipo de trabajo eran parientes suyos: entre ellos, dos hijos, un yerno, un sobrino y la esposa de éste, los que cobraron junto con el ex futbolista honorarios por $113.160.000 entre 2008 y 2009, lo que equivale al 53,37% del monto total destinado a remuneraciones en esos años.

También se manifestó que se usaron $40.297.326 entre 2007 y 2009 para comprar implementos deportivos a familiares del mismo ex futbolista.

Además, la entidad señala que "no se encontró evidencia" de la supervisión de las compras realizadas por la organización por parte del ministerio.

En su respuesta a la entidad, Cruz señaló que no había existido ningún reparo del ministerio a que el Círculo fuera integrado por sus familiares, mientras que Rosende señaló que no existían prohibiciones para las compras.

De todas formas, en las conclusiones, la Contraloría señala que "existieron deficiencias en la ejecución del programa", ya que se descuidó la supervisión "en lo relativo a la administración de los recursos fiscales por parte del Círculo Social".

La entidad agrega que la conformación del Consejo "le restó objetividad al proceso de compra" y que la falta de cotizaciones "le restó transparencia" al uso de los fondos fiscales.

Por último, sentencia que las autoridades del ministerio "no tomaron, en forma oportuna, las medidas correspondientes para cautelar el correcto uso de los fondos, a pesar de estar en conocimiento de las situaciones".

Por eso, la Contraloría señaló que evaluará iniciar procesos sumariales a los funcionarios involucrados en los hechos.

Platas para sedes no operativas
Pese a que los recintos no estaban operativos, durante 2009 la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior pagó $43.000.884 por el arriendo de sedes para los centros de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVD) en las comunas de Ovalle, Coyhaique, Alto Hospicio y Puerto Montt.

Así lo estableció un informe de la Contraloría que fue usado como base de la denuncia penal que el diputado Cristián Monckeberg (RN) presentó ayer ante la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, para que se investigue la posible comisión de ilícitos en el manejo de recursos.

En Puerto Montt, además, se cancelaron $15 millones en honorarios de personal y otros $15 millones por la selección del mismo.

La Contraloría "ponderará" el inicio de sumarios en contra de los funcionarios eventualmente responsables. Y eso fue lo que motivó a Monckeberg a entregar los antecedentes al Ministerio Público. "Es lógico que la Contraloría no decida abrir sumarios de inmediato, pues hay funcionarios que ya no están. Por ello, queremos que la fiscalía investigue y establezca si hubo o no hechos delictuales", explicó.