CHILE INFORMA: LO QUE NO DIJO LA NACIÓN EN SU SESGADO ARTÍCULO DEL CASO ALDONEY

Lo que no dijo el periódico de gobierno en su sesgado artículo del caso Aldoney



El pasado lunes apareció en el diario de gobierno “La Nación’’ un artículo referente a la desaparición de procesos Ancla, que consisten en los juicios seguidos por el Juzgado Naval de la Primera Zona Naval a ex miembros del Partido Socialista, que se dedicaron a promover el terrorismo político durante el período 1968 a 1973, y que constituyen prueba exculpatoria para los miembros de la Armada de Chile, en el conocido “Caso Aldoney’’.

El tratamiento que da el periodista Jorge Escalante, de La Nación al tema, manifiesta una falta de imparcialidad manifiesta, quizás por su detención en la década del 70, en manos de las Fuerzas Armadas, razón por la que permanentemente como periodista ha manejado la información con un alejamiento impresionante de la verdad, transformándose en un agitador, un activista, más que en un informador.

Como el referido periodista de La Nación omitió deliberadamente información importante para que el lector tenga un cuadro completo, se la damos a conocer aquí. Sin perjuicio de otros artículos que publicaremos sobre este tema que reflejan muy bien la acción violentista que desarrolló el PS en 1973, en particular en la V Región.

¿Quien era Aldoney?



El nombre del proceso seguido en contra de los miembros de la Armada, lo da el apellido del interventor general socialista quien, al 11 de septiembre de 1973, mantenía ocupada, por trabajadores armados de izquierda, la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) de Limache, y que formaba parte de los cordones industriales de Allende y la Unidad Popular.



No fue todo.

El 19 de julio de 1973, el Juez Militar de la Segunda División de Ejército ordenó, de acuerdo a atribuciones que le daba el Art. 19 de la Ley de Control de Armas y Explosivos, el allanamiento de la CCU de Limache por sospechar que se ocultaban elementos contrarios a esa ley.



C.C.U. 1849

Sergio Clark, otro socialista



La ejecución de esa orden la hizo la Escuela de Caballería de Quillota, encontrándose elementos prohibidos por la mencionada ley. En ese momento estaba como Interventor subrogante Sergio Clark Lillo, quien firmó el documento que listaba los elementos encontrados por los militares y que fueron retirados.

Como resultado, se inició una investigación sumaria de carácter secreto en el Juzgado Militar de la Segunda División de Ejército.

El gasómetro de Valparaíso en sus planes



Coincidentemente, ese mismo día el Juez Naval de la Primera Zona Naval ordenó el allanamiento del gasómetro de Valparaíso, encontrándose gran cantidad de cartuchos de dinamita que se encontraban exudados, bombas vietnamitas, bombas molotov, armas, químicos para fabricar bombas y otros elementos prohibidos por la ley.

Allanan la intervenida CCU, de Limache

Posteriormente, el 12 de septiembre de 1973 por la tarde, personal naval, en cumplimiento de una orden emanada del Juez Naval de la Primera Zona Naval, de acuerdo a atribuciones dadas por la ley anteriormente mencionada, allanó esa ocupada industria en busca de armas y explosivos. La tropa iba acompañada de un abogado que la asesoraba en este operativo.

En esa oportunidad se encontró dentro de la planta cervecera, armas, explosivos y bombas del tipo vietnamita.

En la ocasión, varias personas fueron detenidas y entregadas por la Armada a Carabineros de Limache. Ese mismo día por la tarde, Carabineros detuvo a Jaime Aldoney, quien venía ejerciendo como interventor general desde septiembre de 1971.

Aldoney detenido por infringir Ley de Armas



Es claro que Aldoney, no fue detenido por razones políticas, sino por la comisión de delitos en contra de la Ley de Control de Armas y la Ley de Seguridad Interior del Estado, siendo el propio gobierno de Salvador Allende en octubre de 1972, quien amplió las facultades de controlar la tenencia ilegal de armas y explosivos, y radicando en las Fuerzas Armadas, el control, fiscalización y allanamiento de los lugares donde se reunieran ilegalmente armas, como sucedió con la CCU de Limache.

De nuevo Aldoney y Clark

La planta estaba ocupada desde hacía dos años por trabajadores de izquierda. El día 12 se encontraba al mando del socialista Sergio Clark Lillo, quien fue detenido, pero dejado en libertad poco después.

La razón de la liberación - a pesar de los cargos en su contra- obedece a que Sergio Clark Lillo es hermano, por el lado materno, de un Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de don Julio Miranda Lillo, que fue quien substanció, conoció y condenó a los miembros de la Armada, en el Caso Aldoney, y sigue conociendo otros casos vinculados a militares.

Hermanastro de un ministro de Corte



Hay que recordar que, en octubre de 1973, el Presidente Pinochet ordenó, a petición del Ministro Enrique Urrutia Manzano, Presidente de la Corte Suprema, que habiendo un familiar directo de un magistrado involucrado en un delito con connotación política, éste fueron dejado de inmediato en libertad y entregados al presidente de la Corte Suprema.

Lo anterior permitió a Sergio Clark Lillo salir en libertad.

Incluso para él la franquicia fue mucho mayor, pues aún cuando los expedientes Ancla que menciona La Nación, lo mencionan reiteradamente y lo inculpan en graves delitos, nunca fue procesado ni condenado.

PS mantenía cinco escuelas de Guerrilleros



Agreguemos que varios procesos que afectan a personal de la Armada en la V Región, por haber repelido escuelas de guerrilleros o actividades subversivas o terroristas son llevadas por el ministro de la Corte de Valparaíso Julio Miranda Lillo, hermano del anterior.



Lliu Lliu

El caso Aldoney –que cita La Nación sesgadamente- permitió además establecer que ese sujeto y varios otros militantes socialistas de la quinta región, incluyendo el hermano del actual ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tenían (en 1973) cinco escuelas de guerrillas en la zona, tres de las cuales estaban en la comuna de Limache, en Lliu Lliu, Asentamiento Los Leones y en la propia CCU, una en el balneario del Banco del Estado de Laguna Verde (Playa Ancha) y otra en una Escuela de Casablanca.

La Nación contó la historia al revés


Raúl Tavolari O.

Todos estos antecedentes contenidos en las causas Ancla, benefician a los miembros de la Armada, pues demuestran que Aldoney, Clark Lillo y sus adatares fueron detenidos con orden judicial, que fueron sometidos a un proceso justo, que tuvieron connotados defensores como don Juan Guillermo Matus, Raúl Tavolari Oliveros y Elio Sanfeliú, por nombrar a los más conocidos.

Posteriormente, muchos de los condenados, se acogieron finalmente al decreto ley 2191 sobre amnistía dictado por el Gobierno Militar, quedando la pena impuesta sin sanción.

Sin embargo, al leer el artículo de La Nación, se induce a hacer creer que la desaparición de los expedientes fue obra de la defensa, de los marinos involucrados.

Fueron los marinos los que denunciaron

Fue la defensa la que hizo presente a la Corte Suprema que habían desaparecido esos expedientes remitidos por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Estos expedientes desaparecidos son particularmente importantes para los marinos envueltos en el caso, porque ellos comprueban la inexistencia de cualquier delito de secuestro o detención ilegal por parte de éstos, demostrándose así su inocencia.

Por ello, es un absurdo sostener que los interesados en hacer desaparecer estos expedientes es la defensa de los miembros de la Armada de Chile.

Las escuelas tenían por propósito -según declaraciones contenidas en los expedientes- enfrentar por las armas a los opositores a Salvador Allende.



En los expedientes, los testimonios de distintos testigos demuestran que Aldoney (hermano del ex Intendente socialista de la V Región) proveía personas, alimentación, explosivos, alojamiento y transporte en apoyo a esas escuelas de guerrillas.

Verdades que Omitieron



El Partido Socialista proveía los instructores y el armamento. Es claro que la desaparición de esos expedientes favorece a los querellantes, para poder sostener así, la absurda tesis del secuestro.

El allanamiento efectuado el 12 de septiembre de 1973 en la planta CCU de Limache, se realizó con pleno apego a la ley.

Queda patente que en la sentencia de primera instancia del Ministro Julio Miranda Lillo, y en la de Segunda Instancia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tales antecedentes de relevancia jurídica excepcional, no fueron considerados, omitiendo toda referencia en ambas sentencias que condenan a los miembros de la Armada, a la legalidad del operativo de allanamiento y detención ordenada por el Juez Naval en la CCU, y el descubrimiento de armas, explosivos y bombas en la industria, más la estructura para militar de los trabajadores de la CCU, con sus escuelas de Guerrillas, al margen de la legalidad vigente.

Esos guerrilleros tenían la misión de matar a los vecinos de ideas contrarias a la Unidad Popular en cada localidad cuando se dividieran las Fuerzas Armadas en dos bandos y se produjera la guerra civil y tomar ellos el control de un área geográfica.

Al leer el expediente de caso Aldoney, permite además comprobar que las llamadas Escuelas de Guerrillas fueron organizadas y montadas en todo el país por el Partido Socialista después del 29 de junio de 1973 y su fin central era la toma del control total del país.


De ello hay comprobación en la prensa de la época de los resultados de los numerosos allanamientos a escuelas de guerrillas efectuados por las FF.AA. antes y después del 11 de septiembre de 1973.

Aldoney era enfermo de Asma



La lamentable muerte de Aldoney fue producto de un fuerte ataque de asma agravado por un desatado resfriado contraído anteriormente, más apremios sufridos en Carabineros de Limache, lo que fue acreditado por la Ministro Gabriela Corti durante el proceso.

A ello debe unirse a que Aldoney llegó agónico a manos de la Armada. No hubo intención de asesinarle.

Lo que merece un grado importante de reproche es la desaparición del cuerpo de Aldoney, que fue lanzado al mar, y cuyos autores confesaron durante el proceso.

La gente no siempre escucha los consejos sanos

Un amigo, hace un par de semanas, me comentó algo.

Me indicó que, a juicio de él y de varios otros amigos que están en la misma situación suya, la solución al problema de los presos políticos la entregará el gobierno este año.



La acotó todavía más: le puso fecha, 19 de septiembre de 2010.

¿Y si el gobierno no hace nada, no pasa nada?, pregunté.

Entonces, respondió, vendrá algo grande, que por cierto no será una quema de colchones.




No hay peor sordo que el que no quiere oír, dice un refrán.

El elástico de los presos políticos, éste y los anteriores gobiernos lo han estirado mucho.

No vaya a ser que se les corte y alguien se pueda dañar.

Hace medio siglo, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, a los militares les tenían con equipamiento antiguo, casi sin municiones, con los uniformes destruidos por el uso.

Se produjo una huelga del gremio de la basura y el gobierno de Frei mandó a los militares a retirarla.

Los basureó.

Pero llegó un momento en que éstos se colmaron.

Hubo un general de Ejército, Roberto Viaux Marambio es su nombre, que dio una vuelta de tuerca y, entonces, en el gobierno andaban… como le diré.

Usted me entiende.

Posteriormente, por esa mala costumbre de los políticos de arrinconar a nuestros uniformados, hubo un día –en 1991- que Santiago se vio alterado por un ejercicio de enlace.