REPARACIONES INDEMNIZATORIAS Y SU COSTO

La Convención Americana de DD.HH, la Comisión Interamericana de DD.HH y la Corte Interamericana de DD.HH contemplan y ratifican el Derecho de indemnización o reparación de los afectados, veamos la iniciativa de Chile en tal sentido y su costo.
• A partir del Gobierno de Patricio Aylwin (1990) se crea la Ley de Reparación 19.123, llamada Comisión RETTIG (encabezada por el abogado Raúl Rettig) y, posteriormente la ley 19.992 la llamada Comisión Valech, (encabezada por el obispo Sergio Valech), con ellas se concedieron indemnizaciones y beneficios para los siguientes estamentos de personas:
a) Ejecutados (Ley 19.123)
b) Exiliados
c) Exonerados (Ley 19.234)
d) Torturados (Ley 19.992)
Ello hasta el año 2007, tenía un costo para el erario nacional de US$ 1386 (mil trescientos ochenta y seis millones de dólares), con un costo anual de US$ 200 millones de dólares, de manera que para actualizar las cifras basta con agregar US$ 200 millones de dólares por año.
FUENTE: Diario El Mercurio 12 de septiembre de 2007 columna de Hermogenes Pérez de Arce no desmentidas.
• Otros beneficios.

a) Derecho a indemnización y pensión mensual.
b) Sistema PRAIS de Salud gratuita en los Hospitales Públicos.
c) Becas de estudios gratuitas.
d) Beneficios que alcanzan a los hijos y a los nietos de la víctima.
e) Recientemente se activaron las comisión RETTIG y VALECH para beneficiar a nuevos postulantes (inscripciones abiertas en 2010).
NOTA: Número de personas beneficiadas son las siguientes:
En 2003 la comisión VALECH recibió 35.000 peticiones de indemnización y 8000 fueron rechazadas, a su vez la comisión RETTIG acogió 2296 casos a la cual el 2002 se le agregaron 829 más y se rechazaron 300 casos. Hoy se pretende incorporar a todos los excluidos, además queda la posibilidad abierta a otros postulantes. De aprobarse estos beneficios, según cálculos de la Subsecretaría de Hacienda tendrían esto un costo adicional de 14 millones de dólares más por año.


• Instituciones creadas

Nota preliminar: El costo en dinero es imposible de precisar porque son grandes construcciones y además requiere un costo de mantención mensual.

a) Memorial del Cementerio General.
b) Memoriales a lo largo del país (Paine y Valdivia por ejemplo)
c) Museos y centros de visita como villa Grimaldi, calle Londres 38 y, principalmente el Museo de la Memoria de calle Matucana inaugurado por la Presidenta Bachelet al expirar su mandato.
d) Instituto de Derechos Humanos cuya creación se concreto al final del Gobierno de la Presidenta Bachelet y cuya implementación y entrega de dinero se le traspasó al Gobierno del Presidente Piñera. Según reciente informes de prensa, Pamela Pereira, una de su directiva, solicitó al Ministro Larroulet la entrega de mil millones de pesos para comenzar a funcionar. Cabe tener presente que de acuerdo al Artículo 83 de la CPE la acción penal pública recae en el Ministerio Público y, este instituto no está consagrado en la constitución es solo una CORPORACIÓN AUTONOMA DEL DERECHO PÚBLICO pero, con la facultad de PERSEGUIR DELITOS. Lo dirige un consejo, creemos altamente politizado compuesto por dos representantes del Presidente de la República dos del Senado, dos de la Cámara, un Decano y cuatro representantes de Instituciones de DD.HH todas dominadas por un sector político bien marcado. De manera que será una Institución que trabajará con una fuerte carga ideológica y su imparcialidad está por verse.
e) Financiamiento estatal a diversas organizaciones y ONG dedicadas a los DD.HH (Ej.: entrega en comodato de casas fiscales para su funcionamiento).
f) Oficina del Programa de DD.HH del Ministerio del Interior, que presenta querellas haciéndose parte en causas de DD.HH.
Al expirar el Gobierno de la Presidenta Bachelet el entonces Subsecretario del Interior Señor Rosende dejó más de 25 querellas presentadas.

• Origen de las reparaciones

Ya se había hecho antes en Uruguay, Argentina (Gobierno de los Kirchner) y Perú, es decir, con Chile, terminó de implementarse en el CONO SUR de América.
A modo de ejemplo citamos al profesor argentino especialista en DD.HH Emilio Cárdenas quién respecto de su Patria opina: “La doctrina acredita que Argentina ha gastado generosa pero selectivamente cientos de millones de dólares en este esfuerzo y, pagado en promedio a cada una de las víctimas del terrorismo de Estado, y solo a ellas, la suma de doscientos veinticuatro mil dólares (casi un cuarto de millones de dólares por persona), mientras que Sudáfrica ha pagado un promedio de cuatro mil dólares a cada víctima, este es un pago más bien simbólico. El de Argentina ciertamente es bien generoso” (Fuente “El terrorismo como crimen de lesa Humanidad”, Buenos Aires 2009 Pág. 65).

• Vacíos y problemas presentados por el sistema implementado.

a) Falta de prolijidad y acuciosidad en la entrega de beneficios, al principio bastaba dos testigos para acreditar una situación. Ello trajo consigo que muchas personas actuaran de mala fe y si hicieron acreedores, de beneficios que en estricto rigor no les correspondía, de hecho, hubo alrededor de ocho casos que la prensa llamó “detenido- aparecidos” que cobraban pensión estando vivos, se resaltó el caso de Germán Cofré Martínez que vivía en Mendoza y su esposa en Chile cobraba la pensión. A él hubo incluso que retirarlo del Memorial del Cementerio General, se nombró un Ministro en Visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, hasta la fecha no se ha aplicado sanción y Cofre Martínez regresó a Mendoza, donde vive, y no devolvió el dinero fiscal; percibido fraudulentamente, que ascendía a la suma aproximada de 10 millones de pesos.

b) Instituciones que han lucrado de los beneficios concebidos por el Estado como la Universidad UNIACC denunciada ante la Fiscalía Oriente por las becas VALECH con las que habría percibido una cifra aproximadamente de cinco mil millones de pesos, por ofrecer cursos y entregar títulos técnicos a familiares de víctimas que no tenían enseñanza media complementa o simplemente eran analfabetos y terminaban titulados en UNIACC. Para la universidad era un gran negocio, porque era dinero seguro, pagado por el Estado y no por los alumnos. La investigación judicial está en curso.


c) Muchos de estos beneficios e instituciones se hicieron con un sesgo político muy grande, lo que les hace perder objetividad y imparcialidad y se desvirtua el objetivo final. Por ejemplo la monumental obra arquitectónica museo de la Memoria de Matucana se hizo para integrar el período 1973-1990, con lo cual en el fondo se juzga sólo al Gobierno Militar dejando de lado la violencia política de los grupos subversivos de izquierda que comienza con el MIR en 1969 (a exactos 10 años después del acceso al poder en Cuba de los Hermanos Castro quienes lo financiaban), quedan fuera también todas las muertes ocurridas durante el gobierno de la Unidad Popular encabezada por Salvador Allende y, por añadidura todas las ocurridas después de 1990 como la del Senador Jaime Guzmán asesinado por el Frente de Manuel Rodríguez en Abril de 1991, en pleno Gobierno Democrático de Patricio Aylwin siendo este el primer Senador asesinado en la historia republicana del país. Cabe señalar que ese mismo año fueron asesinado por subversivos varios Carabineros.
Por este sesgo político tan grande algunos los llaman “El Museo de la mala memoria”, no sin cierta razón por lo antes expresado.
d) La práctica, por desgracia, nos ha señalado que para obtener los antes señalados beneficios se requería ser militante activo de partidos políticos y organizaciones involucradas en el tema de DD.HH. Los miembros de la FF.AA, asesinados tienen cierto respaldo de sus instituciones, los subversivos caídos o dirigente afectados tienen la ayuda y beneficios del Estado. Pero hay que un gran número de gente fuera, que nunca vió la justicia ni reparación como son los civiles inocentes que resultados muertos o mutilados de por vida, sea por bombas o proyectiles. Para ellos no hubo vicariatos solidarios ni embajadas, ni Abogados que se preocuparan. Ejemplos por desgracia abundan como el caso de Rosa Rivera Fierro quemada con ácido en Valparaíso en 1986, perdió su vida y el hijo que llevaba en su vientre, las victimas del asalto subversivo en el Faro de Apoquindo hoy viven en el sur en espera de justicia, la menor de Santa Rosa que fue muerta por una bala del Frente Manuel Rodríguez que efectuaba un “copamiento territorial” (corte de calles), cuando regresaba con su hermana del colegio a la casa, esta familia aun espera justicia, el crimen por parte del FPMR del dirigente poblacional Simón Yévenes en 1987 en su sencillo negocio y frente a su cónyuge y dos de sus hijos ahí presentes, por este crimen no hay nadie detenido ni cumpliendo condena. Y tantos casos más…
De acuerdo al Derecho Internacional Humanitario, estos también son crímenes de lesa humanidad, no solo los cometidos por agentes del estado.

Reflexión final: Creemos que en la medida que un tema tan importante como los Derechos Humanos se trate en la forma que se ha hecho con un sesgo político tan marcado y, un doble estándar manifiesto, es difícil llegar a la ansiada reconciliación Nacional tan anhelada por todos.


Marcelo Elissalde Martel
Abogado – Mayo de 2010.