Indulto Bicentenario: faltó grandeza

Gonzalo Arenas
Diputado UDI.

A menos de una semana de la decisión presidencial de rechazar la propuesta de Indulto Bicentenerario de la Iglesia Católica, sería bueno destacar dos aspectos que no pueden dejarnos indiferentes de la reciente discusión. Primero, las críticas a la Iglesia por opinar y proponer en materias supuestamente “ajenas a su ámbito” y segundo, la argumentación en base a “señales a la ciudadanía” de aprobarse o no una ley de indulto general.

Sobre el primer punto, importantes autoridades de gobierno y dirigentes políticos cuestionaron el derecho de la Iglesia Católica a opinar y hacer propuestas en esta materia. El mismo sentir se aprecia en recientes encuestas de opinión pública en donde más del 50% de los consultados considera que la Iglesia no debería opinar de ciertos temas.

Es necesario señalar que esta institución, quizás como ninguna otra, aprende constantemente de sus errores y, si bien en tiempos pasados muchas veces utilizó formas de actuar que atentaban contra una sana separación entre Iglesia y Estado, hoy reconoce la necesaria y beneficiosa separación entre política y religión.

Toda democracia busca crear un tipo de convivencia pacífica y ordenada, orientada hacia un “Bien Común” que no se encuentra previamente definido en su totalidad. Y es justamente en esa concreción, donde la Iglesia, en un sistema democrático, tiene pleno derecho a proponer a través de todos los medios que la misma democracia tiene como legítimos, su propia concepción del Bien Común. Por tanto, la legítima autonomía del Estado y su separación de la Iglesia, radica en el hecho que ésta última reconoce su participación en un proceso de construcción de este bien común, que también está abierto a otras concepciones del mismo, pero que en ningún caso se concreta con su exclusión del debate público.

No entienden bien la democracia aquellos que confinan a la Iglesia a opiniones en materias “puramente religiosas” o reducida al ámbito privado de las personas. Es lo que algunos autores han llamado el “Laicismo Totalitario”: el cristianismo tiene necesariamente una trascendencia social, reclama su participación en la vida pública en todo lo que ella misma (es la Iglesia la que define en que ámbitos opina y propone y no un poder ajeno a ella) considera de importancia para el ser humano y la vida en sociedad.

Por lo tanto, el catolicismo no impone, sino que participa en los mecanismos democráticos con ánimo de verdad, pero respetuosa y aceptando las decisiones que se toman en la esfera política, que es donde se concreta el proceso democrático.

En este contexto, es que la Iglesia Católica chilena, propuso legítimamente, su propuesta de “Indulto Bicentenario”, que principalmente apelaba a razones humanitarias.

Y es aquí, donde pasamos al segundo punto, pues es precisamente por el fundamento humanitario de la propuesta de indulto de la Iglesia, que sorprende la actitud con que muchos actores políticos desacreditaron su iniciativa, justificando su rechazo en las supuestas “señales” que se daban al país. Unos argumentando las “señales en materia de seguridad ciudadana”, y otros “las señales en materia de derechos humanos”.

El indulto no se trata de “señales”. Se trata de la situación de personas reales, de carne y hueso, en las que por una u otra razón, la pena impuesta se ha convertido en inhumana o sin sentido. Por eso tampoco se entiende la exclusión de ciertos delitos per se, de los llamados “indultos particulares”, sin atender a la situación personal del condenado.

Por ejemplo, cuando se dice que se excluirán todos los delitos relacionados con el narcotráfico, ¿cabe dentro de esta realidad la gran cantidad de mujeres primerizas, condenadas por microtráfico, con hijos menores de 2 años, que viven en las cárceles junto con ellas? En Chile hay niños presos, niños menores de 2 años que no tienen ninguna responsabilidad penal como para estar encerrados. No es necesario que a todas ellas se les deba indultar, pero ¿no ameritará al menos poder revisar los casos uno a uno?

Lo mismo en los delitos relacionados con los derechos humanos. Acaso ¿no será distinto la participación de un cabo o teniente que al momento de los hechos tenía 20 o 23 años de edad, con relación a la responsabilidad que tuvieron coroneles o generales que conformaban el alto mando? ¿no permitirá esta realidad al menos, revisarlos caso a caso?

Así también en los delitos de homicidio ¿no será al menos un argumento razonable, que personas que se encuentren con enfermedades terminales, puedan morir en sus casas junto a su familia?

La Iglesia propuso lo que es su convicción y misión. El mundo político legítimamente tomó su decisión, aunque con una lógica más bien pequeña. Primero tratando de destruir al emisario. Después, mirando señales y no personas.

En definitiva, faltó grandeza de la mayoría de los actores involucrados en la discusión. Grandeza para valorar que el perdón y la misericordia son valores fundamentales en una sociedad.