¿EXISTE REALMENTE, JUSTICIA EN CHILE ? YO CREO, QUE NO

ASESINATO DE UN SENADOR

Durante los últimos años Chile y el mundo han sido testigos de una persecución implacable en contra de los militares en retiro, promovida por la izquierda política y ejecutada por un sector del Poder Judicial, abiertamente proclive a sus ideas. Junto con la ficción jurídica del “secuestro permanente”, uno de los delitos más denunciados corresponde al de “asociación ilícita”, habiéndose llegado incluso a calificar como tal a la simple pertenencia a un organismo público, creado por Ley de la República, con planta establecida y al cual los miembros de las FF.AA. eran destinados sin que se les preguntara su opinión.
Al reconocer los tribunales la existencia del delito por la sola causa señalada, lo que es ratificado por la Corte Suprema de Justicia cuando califica a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) como una gran “asociación ilícita”, se está cometiendo un abuso jurídico de dimensiones incalificables, atribuyendo el carácter de delincuente a todo aquel que integró este organismo público, sin consideración al rol que hubiese desempeñado, ya que la obligatoriedad de su destinación y su ratificación por la Contraloría General de la República ni siquiera concitó el menor interés de parte los magistrados.
Para la izquierda política y algunos ingenuos infaltables, la calificación del delito está muy clara y todos quienes integraron las filas de la DINA deben ser tratados como delincuentes, encasillados como violadores de los derechos humanos y ─con un poco de empeño─ acusados de delitos de “lesa humanidad”.
Para quienes sufren el efecto de esta asimetría judicial, lo anterior no es más que otra farsa de una izquierda que se aprovechó del poder ejercido casi sin oposición durante veinte años para llevar a cabo su venganza en contra de quienes impidieron la concreción de su sueño revolucionario de los años 70.
La discusión casi no existe al respecto, por cuanto quien se atreve a alzar la voz en defensa de los militares es denostado públicamente, no solo por los más fieros representantes de la izquierda, si no que también por aquellos inconsecuentes que tratan de congraciarse con ella para cosechar algún mezquino aplauso, soñando con alcanzar su simpatía y en una de esas, incluso conseguir su apoyo.
Hoy sin embargo, a partir de las declaraciones de uno de los asesinos del Senador Jaime Guzmán Errázuriz, nos encontramos ante la inédita situación en que los mismos que instauraron, fomentaron o permitieron la implantación de todo tipo de artimañas jurídicas para encarcelar a los militares, comenzando por la no aplicación de la Ley de Amnistía y de la Prescripción, se encuentran siendo desenmascarados por haber encubierto y quizás promovido el mayor crimen político habido en la historia patria, desde el asesinato de Portales, en el Siglo XIX.
Como parte de esta sorprendente noticia, denunciada sin éxito en su momento por un honesto y hoy exonerado policía, queda en evidencia que las autoridades de la época fueron informadas oportunamente de los planes terroristas y una vez concretado el crimen, supieron exactamente quienes y por qué lo habían cometido. Esto, hasta ahora, sin descartar que se pueda llegar a saber si les cupo participación en la selección del blanco a ejecutar. Total, la lucha armada había sido aprobada, armada y dirigida por quienes hoy son sus socios políticos, mientras la eliminación del Senador Guzmán sacó convenientemente de circulación a un opositor temible por su inteligencia, oratoria y por sobre todo, por poseer una visión ideológica única y de una proyección incalculable. La fuerza ideológica creada por Jaime Guzmán representaba en ese entonces la luz que hoy se echa de menos en una derecha que fue capaz de llegar a disputar al apoyo popular en las propias poblaciones donde el comunismo reinaba sin discusión.
Al conocerse las declaraciones de Hernández Norambuena, es posible comprender las intrigas vividas por el gobierno de la época, donde interactuaron muchas más fuerzas que las que se conocieron en forma pública y que buscaban consolidar el poder apenas alcanzado en las urnas. Así, es posible visualizar desde el grave debilitamiento de la justicia a través de las Leyes Cumplido, hasta la manipulación de los movimientos subversivos bajo la falsa imagen de buscar su neutralización.
Tan inmoral fue esta tarea que se llegó a permitir el sacrificio de informantes, al liberarlos de la prisión para dejarlos indefensos frente a la venganza de sus socios criminales. En ese marco, la designación de un mirista a cargo del organismo superior de inteligencia, conocido como “la Oficina” y la integración a éste de delincuentes subversivos con amplia formación criminal lograda en Cuba y Nicaragua, demuestra que las autoridades de la época no son inocentes y que lo ocurrido debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias. Eso sí, sin que aparezcan “salvavidas” como aquel que rescató en el último momento a uno que hoy está muy callado al respecto, mientras dicta charlas al mundo sobre su gran experiencia y liderazgo.
Para que a las autoridades de aquellos años se le de un trato justo, necesariamente se debieran aplicar para ellos los mismos criterios en uso en contra de los militares. Para tal efecto, la investigación judicial debiera ser llevada bajo los mismos principios y con el mismo sistema de justicia aplicado para los uniformados, designándose jueces especiales, de reconocida simpatía por la derecha o ─mejor aún─ de declarada antipatía por la izquierda y que se sirvan del sistema procesal penal antiguo, ese que permite que a los militares les investigue, acuse y condene una sola persona y donde la presunción de inocencia no existe y el acusado debe realizar infructuosos esfuerzos para demostrarla.
Obviamente, aquí no puede haber ni prescripción ni amnistía y los delitos que se comprueben deben ser considerados de “lesa humanidad”, puesto que se trató de un asesinato cometido por motivaciones evidentemente políticas y con el propósito de imponerse por la fuerza del amedrentamiento sobre un sector de la población que profesaba una ideología distinta de los que detentaban el poder.
De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la palabra “concertación” corresponde a la “acción de concertar, pactar o tratar un negocio o asunto”, es decir, materializa o concreta una asociación para fines determinados. Siendo el delito de “asociación ilícita” aquel en el que más de tres personas se asocian o conciertan para cometer otro delito, podemos entonces considerar que estamos frente a un claro caso criminal y que el gobierno de la época constituyó una “concertación ilícita” que merece el repudio público y el encauzamiento de sus dirigentes y responsables. Eso sí que ojala en esta oportunidad no terminen en la cárcel solo funcionarios de tercer o cuarto rango y algunos detectives de la PDI, mientras quienes se utilizaron políticamente de ellos siguen libres y formulando pomposos discursos en foros nacionales e internacionales, donde se lamentan de los “errores” o “excesos” cometidos por sus subordinados.

4 de Septiembre de 2010

Patricio Quilhot Palma