PREGUNTAS ABIERTAS

Daniel Mansuy
Master en Filosofía y Ciencia Política

El Mostrador

Las declaraciones de Mauricio Hernández Norambuena, Ramiro, han vuelto a abrir una página de nuestra historia reciente que muchos preferirían cerrar para siempre. Como suele suceder, Ramiro sacude polvo viejo buscando mejorar su suerte y poder cumplir su condena en Chile, pues todo indica que en Brasil no podrá arrancarse en helicóptero. Con todo, quizás lo más llamativo sea que, en veinte años, los periodistas han mostrado una diligencia infinitamente mayor que el Estado para intentar reunir los cabos sueltos de la historia de los últimos años del Frente Manuel Rodríguez, desde la novelesca aventura de los Queñes en 1988, donde muere Raúl Pellegrin, en adelante.

Un poco por lo mismo, no hay que sorprenderse con la decisión argentina de no extraditar a Galvarino Apablaza. Mal que mal, otro involucrado —Villanueva Molina— vivía tranquilamente en Concón hasta hace algunas semanas atrás sin que nadie se diera la molestia de interrogarlo. Convengamos que, por las razones que sean, durante mucho tiempo las autoridades chilenas aplicaron en esta materia la ley del mínimo esfuerzo.

Esto no quita, desde luego, que la decisión de la CONARE argentina, que le concede a Apablaza la calidad de refugiado, sea ¿cómo decirlo? un tanto exótica desde un punto de vista jurídico: quien se de el trabajo de leerla podrá comprobar cuántas tinterilladas pueden acumularse unas sobre otras en unas páginas. Si a algunos ya nos costaba trabajo intentar entender la política argentina, este fallo es algo así como un regalo: ya no tendremos que hacer más esfuerzos porque, básicamente, no hay nada que entender.

En atención a esto, es obvio que la UDI yerra el tiro al subir los decibeles porque esta discusión hace mucho rato que dejó de moverse bajo parámetros racionales, y las vociferaciones perjudican más de lo que ayudan. Por lo demás, no olvidemos que Suiza tomó una decisión idéntica en el caso de Ortiz Montenegro, y el tono fue un poco distinto. Además, es cuestión de tiempo para que Apablaza termine viniendo a Chile. Más temprano que tarde el escenario argentino dará una nueva vuelta de campana, y los Kirchner terminarán como terminan —desde tiempos inmemoriales— todas las dinastías políticas del otro lado de la cordillera. En ese momento a Salvador no le quedará otra que hacerse cargo de sus actos. Porque incluso suponiendo que el asesinato de Guzmán haya sido obra exclusiva de Ramiro y su gente, no estaría de más que explicara por qué en repetidas oportunidades revindicó el crimen, e incluso por qué en alguna oportunidad lo asumió como un error propio.

Con todo, me parece que la cuestión que más nos debería preocupar ahora va por otro lado. Uno puede entender que en un determinado momento de nuestra historia hayan primado razones de Estado para cubrir con un tupido velo algunos hechos incómodos. Nadie niega que no debe haber sido fácil desarticular a los grupos terroristas en la primera mitad de los 90, y alguien tenía que hacerlo. No obstante, ya hemos recorrido un suficiente trecho como para comprender que el fin no siempre justifica los medios. En consecuencia, no estaría nada de mal que algunos temas pudieran salir de esa intensa oscuridad en la que están postrados desde hace tanto tiempo: hay muchas, demasiadas, preguntas que aún no encuentran respuesta.

¿Cómo se infiltró el Frente?, ¿quiénes participaron en dicha tarea?, ¿en qué medida dicha infiltración pudo haber jugado en ambos sentidos?, ¿qué se ofreció a cambio de la información recibida?, ¿hubo o no promesa de protección?, ¿a quiénes?, ¿por qué nunca se detuvo a Gutiérrez Fischman, el Chele, si todo indica que su paradero no era completamente desconocido para las autoridades?, ¿cómo y por qué se perdieron misteriosamente las huellas que hubieran permitido ubicar al Chele? ¿por qué se ordenó un falso operativo de drogas para desbaratar el cerco que una brigada de Investigaciones había tendido a los cabecillas del Frente en Colliguay?, ¿por qué los videos de Colliguay tardaron tanto en llegar a la justicia?, ¿por qué se liberó a Agdalín Valenzuela si se sabía a ciencia cierta que en la lógica estalinista del rodriguismo eso equivalía a una sentencia de muerte?, ¿dónde están Escobar Poblete (“Emilio”) y Palma Salamanca, autores materiales de los casos Guzmán y Edwards?, ¿la fuga de 1996 fue de algún modo consentida, aunque haya sido de modo implícito?, ¿por qué fue tanta, tanta la desidia de los gobiernos concertacionistas en estas cuestiones?

Desde luego, estas son sólo algunas —las más básicas— de las muchas preguntas que uno podría formular si queremos empezar a entender este aspecto de nuestra peculiar transición. Es cierto que en estas cuestiones los espejos suelen reflejarse unos con otros y, por tanto, no es fácil distinguir lo real de lo ficticio. Sin embargo, y más allá de las obvias dificultades, tengo la sensación de que no podemos seguir haciendo como si nada, como si todos estos misterios fueron naturales en un Estado de derecho. Una democracia, si merece ese nombre, debe aclararlos aunque duela. Y por lo pronto, son quienes trabajaron en La Oficina quienes más podrían contribuir, ya que ellos disponen de información que podría permitir unir las hebras. Lamentablemente, hasta ahora han elegido el silencio. Dos, de hecho, hoy son diputados. Yo creo que ellos tienen la palabra.