Protestas por rechazo a extradición

Editorial El Mercurio

Amplio rechazo ha desencadenado la negativa argentina a la extradición para juzgar en Chile a Sergio Galvarino Apablaza por su participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz y en el secuestro de Cristián Edwards del Río. Esa decisión motivó una nota de protesta del gobierno de Chile, el rechazo transversal de dirigentes políticos —con excepción del Partido Comunista—, severas críticas de la sociedad civil chilena, así como de la oposición y aun de sectores del oficialismo argentinos.
No cabe sino repudiar lo resuelto por el gobierno de Cristina Fernández, por la falta de solidaridad y de cooperación internacional para la correcta administración de justicia y por el desconocimiento de la reciprocidad obligatoria para este cometido. A eso se suma el agravio a las justicias chilena y argentina que dieron curso a la extradición, al gobierno chileno solicitante y al Presidente de Chile, quien se encontraba en Buenos Aires el mismo día en que se rechazó la petición.

Hace un año, con ocasión de la visita de la Presidenta Fernández de Kichner a Chile, se suscribió una declaración que expresa “la firme decisión de intensificar la cooperación bilateral para asegurar que quienes infrinjan la ley sean efectivamente juzgados y cumplan su condena, evitando que la frontera común se convierta en una ocasión u oportunidad para la impunidad”. De nada valió este compromiso.

Más allá de las manifestaciones formales de protesta, está el daño a los intereses compartidos y a la confianza entre Chile y Argentina. No es éste el primer desconocimiento grave por el Estado argentino de sus obligaciones internacionales. El 25 de enero de 1978 declaró insanablemente nulo el Laudo arbitral sobre la controversia del Canal Beagle. En 1982 puso término al tratado de solución pacífica de controversias de 1972, creando un vacuum juris, que vino a resolverse con el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ambos episodios provocaron años de tensiones y gastos militares extraordinarios. A partir de 2002, declaró, otra vez unilateralmente, la suspensión de sus obligaciones financieras y un persistente desconocimiento de contratos de inversión extranjera y del tratado de protección de inversiones, todo lo cual afectó intereses nacionales. Más adelante, y nuevamente bajo el gobierno de Néstor Kirchner, transgredió el protocolo de integración que aseguraba el suministro ininterrumpido de gas natural a Chile.

La reiteración de infracciones argentinas comprueba que, en particular para Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, los compromisos, el derecho, la justicia y la integración valen poco. Ellos hacen prevalecer lo que creen ser sus intereses electorales por sobre los binacionales, como sucede con el infundado asilo político al extraditable.

Al margen de la protesta diplomática, el Presidente Piñera reiteró que el rechazo de la extradición no ayuda a las buenas relaciones bilaterales, y nuestra Cancillería postergó las reuniones de los ministerios de ambos países y el encuentro entre sus pares de Defensa y Relaciones Exteriores, que debía celebrarse la próxima semana. En cambio, mantuvo la reunión de frontera prevista para estos días y, aparentemente, nuestro embajador en Buenos Aires regresará a su sede al término de esa cita. La moderación del gobierno chileno, según algunos en demasía, ha contribuido a templar los ánimos, pero no repara los daños causados ni revierte la desconfianza. Probablemente se debería postergar la ratificación del tratado de Unasur, cuya secretaría general desempeña Néstor Kirchner, y habrá nuevas reacciones del Senado por la descalificación inaceptable del canciller argentino a uno de sus miembros, que criticó la denegación de justicia.