La protesta del Gobierno ante la Acnur por el caso Apablaza

Apenas diez minutos duró ayer en La Moneda la reunión entre el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y la representante de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para el sur de América Latina, Eva Demant.

La idea del encuentro era conversar sobre el funcionamiento de los dos programas que mantiene Chile respecto de los refugiados: El Programa de Integración Local de Refugiados en Chile, mediante el cual se apoya a la integración de éstos con el traspaso de recursos a organizaciones de la sociedad civil (para lo cual el Ministerio del Interior dispuso 280 millones de pesos en 2010); y el Programa de Reasentamiento, que es un convenio firmado con Acnur en 1993, por el cual se entrega protección a refugiados de otros países que, por motivos de seguridad no pueden permanecer en su país de asilo.

Gracias a este convenio se han reasentado en Chile ex yugoslavos, palestinos de Irak y, a partir de 2004, colombianos procedentes de Ecuador y Costa Rica.

Sin embargo, trascendió que Ubilla hizo ver a la ejecutiva que cuando en Argentina la extradición del ex líder frentista Galvarino Apablaza, requerido en Chile por el asesinato de Jaime Guzmán, estaba en manos de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), donde el representante de Acnur tiene derecho a voz mas no a voto, Chile planteó a la sede central del organismo, en Ginebra, una petición para que éste expusiera en las deliberaciones la situación que ha podido constatar en el país respecto de su Estado de Derecho y la favorable acogida que tiene acá la labor de esa entidad.

Nadie respondió a Chile si tal gestión se hizo o no. Hasta hoy. Y eso fue lo que Ubilla representó a Demant en la breve pero tensa reunión.

Al Gobierno le molestó que Chile "califique" como un Estado en condiciones de acoger a refugiados y participar de determinados programas, pero que, frente a otros temas, se ponga en cuestión la existencia de un Estado de Derecho. Aunque la molestia no significa que el país vaya a dejar de acoger a refugiados, sí revisará su hasta ahora activa participación en el programa de Reasentamiento.