Tras el alza del gas en Magallanes

Editorial
Emol
En muchas ocasiones los países deben adoptar decisiones que no siempre son aceptadas o comprendidas por la población, pero que están basadas en sólidos argumentos técnicos. Para hacerlas viables se requiere respaldo político. En Chile los actores políticos han demostrado a menudo una importante responsabilidad que no siempre se ha destacado como se debiera. Un ejemplo de ello es el amplio acuerdo que, en su momento, suscitaron los aumentos en las tarifas de agua potable para financiar el saneamiento de las aguas servidas. En este ámbito también se puede mencionar el alza en las tarifas eléctricas que la población y la industria tuvieron que soportar para hacer frente a la desaparición de la oferta de gas desde Argentina.

Sin embargo, hay momentos en que se produce una aguda discrepancia entre las decisiones que desde el punto de vista técnico son las más convenientes y la reacción del mundo político. Algo de ello es lo que se ha visto a propósito de los aumentos anunciados en las cuentas del gas para la Región de Magallanes. Siempre ha habido un trato preferencial para la zona en este aspecto, que puede defenderse desde el punto de vista de las características propias de la misma, en particular por su carácter de territorio extremo. No es esa la cuestión que está ahora en el debate, sino sólo si ella mantiene su relación con el resto del país. Las tarifas actuales de esa región están mucho más rezagadas que en el pasado. En efecto, si en los 90 y principios de 2000 el costo de una cuenta equivalente alcanzaba en esa región a un 15 o 20 por ciento del valor que se pagaba en el resto del país, el año pasado llegó sólo a 11 por ciento. El alza anunciada recupera la tendencia histórica.

Esas diferencias entre el precio de venta a los hogares e industrias de la región y el precio de mercado son financiadas por Enap y absorbidas, en la práctica, por todo el país. Esta realidad obviamente limita el desarrollo de esta empresa y también desincentiva otras inversiones que serían obligadas a vender parte de su producción a un precio menor. Pero también despierta una sensación de injusticia para los hogares de otras regiones, muchas veces de menores ingresos, que no reciben compensaciones similares. De ahí que cabe esperar responsabilidad de los actores políticos en el cuadro actual en que Enap no tiene reservas normales de gas sino hasta el 2013, y Metanex, asimismo, enfrenta serio peligro de cierre por la misma falta de gas. La decisión del Gobierno no es suprimir el tratamiento especial que reciben los magallánicos, sino recuperar la proporción de pago pasada.

Sin embargo, en este episodio ha quedado en evidencia el incipiente riesgo de una democracia en la cual los partidos no cumplen sus roles de moderación y conducción del debate político. Ha sorprendido, incluso, la dureza de los cuestionamientos formulados por los ex Presidentes Lagos y Frei a esta política. Es cierto que, en sus intervenciones iniciales, el ministro de Energía equivocó el tono del mensaje y que el Gobierno no le dio la trascendencia política adecuada a una medida que afecta justamente a una zona donde hay representantes independientes que pueden ayudarlo a sacar adelante sus proyectos de ley. Así, se ha evidenciado un déficit en la gestión política del Gobierno que ha facilitado la crítica.

Habrá ahora una interpelación al ministro de Energía, quien seguramente defenderá la decisión con un cúmulo de antecedentes técnicos que hacen recomendable la decisión, pero el Ejecutivo no puede olvidar que medidas como éstas, por muy sólidas que sean técnicamente, requieren de gestión y argumentación políticas. Estos atributos serán cada vez más relevantes en los tres años que restan de mandato para llevar a buen puerto las distintas reformas que se ha propuesto el Gobierno y, como sugiere este episodio, se necesitarán más que ideas técnicamente fundadas.