La hija de Bonafini bajo sospecha: la Justicia inmovilizó todos sus bienes

María Alejandra Bonafini, en su casa de La Plata. / Gentileza Perfil

Lo decidió Oyarbide para evitar movimientos en las propiedades del entorno de Schoklender
Sábado 02 de julio de 2011 | Publicado en edición impresa

Hernán Cappiello
LA NACION


El juez federal Norberto Oyarbide ordenó ayer liberar del secreto bancario las cuentas de la hija de Hebe de Bonafini e inmovilizar sus bienes y los de otro medio centenar de personas y de 30 sociedades. El objetivo es preservarlos ante la sospecha de que puedan ser producto de dinero desviado por Sergio Schoklender del patrimonio de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Entre los imputados cuyo patrimonio fue embargado se encuentran el financista Fernando Caparrós Gómez y Mario De Falco, responsable de la financiera Travel Trade, con la que operaba la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

La fundación recibió 765 millones de pesos del Ministerio de Planificación, que conduce Julio De Vido, tras ser elegida para construir viviendas sociales en todo el país sin que mediara ninguna licitación.

Los municipios y las provincias recibían la plata que entregaban a las Madres, tras la presunta comprobación del avance de las obras, pero se sospecha que parte de esos fondos terminaron en poder de Schoklender .

El apoderado de las Madres registró casas, terrenos, dos aviones y un yate de medio millón de dólares en sociedades a su nombre. Además, sus allegados adquirieron otros bienes millonarios y montaron sociedades, que ahora están siendo investigadas.

Oyarbide tomó la impactante decisión y dejó su juzgado minutos después de las 13.30 de ayer, casi en secreto por una escalera lateral de los tribunales de Comodoro Py 2002, con una mochila y un bolsito de viaje. Se subió a su Toyota Corolla negro blindado, con vidrios polarizados, que aceleró escoltado por otro auto. Se toma 15 días de licencia.

Por eso, el juzgado parecía ayer la sala de espera de un hospital. Sus secretarios y prosecretarios de cuatro secretarías de los dos juzgados a su cargo hacían fila, mientras Oyarbide firmaba los escritos con los que dispuso embargar bienes, congelar cuentas, impedir la venta de departamentos, casas, terrenos e inmovilizar barcos y aviones.

Las medidas que tomó el juez son la respuesta a los pedidos que realizaron el fiscal Jorge Di Lello y su colega Raúl Pleé, especializado en el lavado de dinero. Ambos investigaron las denuncias de las diputadas de la Coalición Cívica Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin.

En esa causa, la Unidad de Información Financiera (UIF) detectó cheques por unos 4 millones de pesos de la fundación, cobrados del gobierno nacional y endosados por Pablo Schoklender, que terminaron en las cuentas de Antártica. Esa empresa es dirigida por Alejandro Gotkin, director a su vez de Meldorek, la constructora de Sergio Schoklender.

Esa plata luego era retirada en efectivo en el mostrador del banco. Esas operaciones fueron reportadas por los bancos como sospechosas de lavado de dinero .

También se sabe que cheques de la fundación fueron cambiados en compañías financieras de la City, que cobraban una comisión por convertir esos valores en efectivo. Schoklender sostuvo que necesitaba el dinero pagar sueldos. Entre quienes cambiaron esos cheques se cuentan Caparrós Gómez y De Falco. Por eso, el juzgado dispuso el embargo de sus bienes, aunque a nombre de Caparrós Gómez se registra sólo un barco, que perteneció a Meldorek, cuando esa empresa, actualmente a nombre de Schoklender, era suya.

No obstante, el juez Oyarbide también inmovilizó los bienes y cuentas de la financiera Monetización. Se trata de una empresa que en los papeles está a nombre del empresario Daniel Laurenti y de la empresa uruguaya Tivenwest S.A, que en la Argentina también tiene domicilio legal en Rosales 855 Ramos Mejía, la misma sede de la Meldorek original.

Los fiscales Di Lello y Pleé sospechan que, en realidad, Monetización es de Caparrós Gómez, que se esconde detrás de la sociedad uruguaya y que algunos de los cheques de la Fundación Madres de Plaza de Mayo fueron cambiados allí.

El juez, además, dispuso levantar el secreto bancario sobre las cuentas de estas sociedades, lo que para las empresas financieras es una medida complicada, pues basan su giro comercial en la confidencialidad de las operaciones.

La medida también se extiende a María Alejandra Bonafini, hija de Hebe, debido a que aparece vendiendo a la empresa de Meldorek, cuando era de Schoklender, un céntrico departamento de 80 metros cuadrados en La Plata. La escritura se firmó por 25.000 dólares, en marzo de 2010, por debajo del valor de mercado. Oyarbide quiere saber de dónde sacó la plata para comprar la propiedad y si detrás de la venta a Schoklender se oculta alguna maniobra.

Además, el juez dispuso entre las medidas que la Fundación de las Madres informe la lista de las 16 personas que Hebe de Bonafini despidió cuando estalló la pelea con Sergio Schoklender y luego despidió a su hermano Pablo. También fueron inhibidos los bienes de la ex esposa de Sergio Schoklender Victoria Salas, al igual que las propiedades de todos los vecinos allegados a los dos hermanos en el country de Pilar, El Patacón.

El juez también ordenó declaraciones testimoniales, como la de la esposa del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, Marta Cascales, que en su carácter de escribana registró por primera vez a Meldorek, antes de que fuera de Schoklender.

Toda esta tarea, en ausencia de Oyarbide, hasta el 18 de julio, quedará a cargo de su colega Marcelo Martínez De Giorgi, que también investiga los contratos de Madres de Plaza de Mayo, en una causa paralela.

MARIA ALEJANDRA BONAFINI
Administradora de la Fundación
Edad: 45 años
Residencia: La Plata
Se hizo cargo de una comisión designada para gestionar la Fundación Madres de Plaza de Mayo luego del escándalo que terminó con la carrera de Sergio y Pablo Schoklender. Se declaró sorprendida por las revelaciones sobre ellos.


Lo que la ata a la causa. La hija de Hebe de Bonafini le vendió a la empresa Meldorek -cuyo titular actual es Sergio Schoklender- un departamento en el centro de La Plata.
.Los números. Esa operación se hizo por 25.000 dólares en marzo de 2010, lo que resulta un precio bajo para una propiedad de 80 metros cuadrados. El juez quiere saber si se oculta una jugada financiera de Schoklender.
.Las medidas. Oyarbide ordenó el embargo de todos los bienes y cuentas a su nombre, así como el levantamiento del secreto bancario. Lo mismo hizo para otras 50 personas.