DE CHILE INFORMA EDICIÓN Nº 787

Actitudes que constituyen traición

Por razones estratégicas, los EE.UU. compraron la región de
Alaska al Imperio Ruso en 1867, por USA 7.200.000 en oro,
territorio que proporcionó una infinidad de recursos mineros,
forestales, energéticos, turísticos y acceso al mar de Bering,
además de una posición vital para los intereses del país
durante la Guerra Fría y para la proyección sobre el Ártico.
En contraste, catorce años después Chile le regalaba a la
Argentina 1.189.566 km.2 de territorio de la Patagonia oriental,
perdiendo su condición biocéanica y el control de la que fuera
la única vía de comunicación atlántica-pacífica hasta
inaugurado el canal de Panamá, en 1914.



Hoy, el territorio patagónico sustenta la ganadería de
Argentina, de unas 25.000.000 de cabezas, y la provee de gas,
petróleo, uranio, molibdeno, carbón y otras riquezas. Tanto así,
que ahora Chile depende de esos recursos, provenientes de los
mismos territorios regalados.
En 1964, asumió la Presidencia de la República Eduardo Frei
Montalva. Su canciller era Gabriel Valdés Subercaseaux. En
noviembre del año siguiente, Gendarmería Argentina invadió el
territorio chileno de Laguna del Desierto.



Un piquete de 104 efectivos, acompañados hasta de
“corresponsales de guerra”, atacó a mansalva a cuatro
carabineros de Chile que estaban acompañados de dos niños
hijos de un colono, asesinando vilmente al Teniente Hernán
Merino Correa e hiriendo a otro uniformado.



En los cinco años restantes, el gobierno de Frei Montalva nada
hizo para sacar a los invasores, a pesar de los cerca de 700
carabineros que, concentrados en Villa O’Higgins por siete
meses, esperaban la orden de recuperar la zona, que jamás
llegó. Entre ellos, el entonces capitán Rodolfo Stange Oelkers.



El ex canciller Valdés Subercaseaux, por su parte ocupó entre
1990 y 2006 el cargo de Senador de la República, período en el
que jamás abrió la boca para defender Laguna del Desierto o
Campo de Hielo Patagónico Sur, apoyando incluso la
propuesta “poligonal” argentina, cuya traza arrebata a Chile
33.000 hectáreas al Norte del Parque Nacional Torres del Paine.



Tales actitudes quedan señaladas en la historia como actos de
cobardía, desidia y falta de coraje, pues legitimaron un acto de
invasión y vulgar piratería territorial como mecanismo válido
para modificar fronteras.
Quizá la explicación esté en la famosa frase de Napoleón:
“Todos los hombres tienen su precio”.

Patricio Aylwin Azócar, siguiendo esta tradicional mentalidad
entreguista de que regalar territorio es la forma de preservar la
paz, las buenas relaciones y la lealtad vecinal, firmó en 1991
una infame Declaración Presidencial para permitir el regalo de
Laguna del Desierto y Campo de Hielo Patagónico Sur.



Aunque recientemente ha admitido que en su Gobierno
también se apropiaron recursos fiscales para “sobresueldos”
de Ministros y otros funcionarios, en su momento Aylwin
declaró que la cuestión territorial de Laguna del Desierto no la
enviaría a la Corte Internacional de La Haya, sino a un
viciadísimo tribunal especial, por razones de “economía”.
Es decir, alcanzaban los fondos del Fisco para robárselos, pero
no para destinarlos a la defensa de los intereses nacionales
más elementales.

Durante el siguiente Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (su
mandato), el Canciller José Miguel Insulza, poco antes de
abandonar su cargo ministerial, se reunió con el directorio de
nuestra Corporación de Defensa de la Soberanía.



Allí descubrimos con sorpresa que desconocía que Chile había
sido nación biocéanica hasta 1881 y se mostró totalmente
ignorante de algunos importantes temas históricos y
geográficos de nuestro país. Aun cuando hoy podamos decir
que Ud. jamás debió haber designado a alguien así en el
Ministerio de RR.EE., sabemos de sobra que el problema
consiste en que la Cancillería de Chile se usa para pagar
favores políticos:



Enrique Silva Cimma (por bajar su precandidatura, en favor de
Aylwin), Soledad Alvear (por haber sido la carnada para el voto
femenino en la campaña de Lagos) y Alejandro Foxley (para
atraer la fidelidad DC a Bachelet).
Curiosamente, ninguno de ellos era diplomático de carrera.
Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el entonces Canciller Insulza,
acataron contra reloj un fallo adverso a Chile, que terminó de
arrebatar los 560 km.2 de Laguna del Desierto.
Territorio que no pertenecía al gobierno de Frei, ni a su
gabinete, ni a los parlamentarios, sino a los 16 millones de
habitantes de nuestro país, a sus descendientes y a todas las
generaciones venideras, hasta el final de los tiempos.

Corporación De Defensa De La Soberanía




Algo debe cambiar


Escribe don Pablo Rodríguez Grez

Luego de los acontecimientos vividos en las últimas semanas,
Chile se encuentra ante un panorama difícil de descifrar.
Desde 1974 optamos por un modelo de desarrollo basado en la
iniciativa privada, la apertura al mercado mundial, el
aprovechamiento de las ventajas competitivas, el respeto al
derecho de propiedad, la subsidiariedad del Estado y el
acatamiento estricto a la legalidad.
Se desencadenó entonces un debate acalorado entre quienes
pensaban que los costos políticos que representaba la
implementación de una política de esta especie eran enormes y
muy dudosos los beneficios, y quienes concebían la "economía
social de mercado" como la única vía factible para crecer,
progresar y dejar atrás la miseria y el mediocre desarrollo
experimentado por Chile a lo largo del siglo XX.
El modelo se consolidó, generando importantes beneficios
para todos los sectores, pero en medida desigual. Al decir de
los economistas, ello correspondería a un subproducto
negativo que se supera progresivamente con el correr del
tiempo: así, al menos, lo pregonan los artífices del sistema.
El actual Gobierno, en lugar de profundizar los cimientos de
esta construcción, aplacando sus efectos adversos en los
sectores más golpeados por la desigualdad, optó por el
"asistencialismo" practicado con poco éxito por la
administración anterior.
Lo indicado abrió un espacio de incertidumbre, probablemente
más artificial que real, que ha erosionado la adhesión que
requiere el modelo para comprometer en su buen
funcionamiento a toda la población.
La ciudadanía ha sufrido un legítimo desconcierto, porque
eligió autoridades eficientes, plenamente comprometidas con
un proyecto político y económico definido, con planes
preparados y equipos especializados.
Los resultados, sea como consecuencia de la incapacidad o el
obstruccionismo, son magros, a tal punto que la mayoría
repudia, por igual, al oficialismo y a la oposición, generándose
un vacío que nadie sabe cómo ni quién lo llenará.
Ante este panorama, con extrema habilidad, los sectores que
alientan el desorden y la ingobernabilidad sacan partido de la
inquietud social y movilizan a vastos sectores en demanda de
reivindicaciones especialmente sensibles para la mayoría de
nuestros compatriotas, promoviendo indirectamente la
violencia.

Lo que Chile espera, creo yo, son medidas precisas que alivien
la pobreza que tortura a muchos chilenos, que corrijan los
canales de distribución de la riqueza -que ojalá sea cada día
mayor-, de manera que el crecimiento llegue a todos los
sectores, no sólo a grupos privilegiados.



En otras palabras, abrazar una política que nos haga sentir que
somos parte de un proyecto común, cuyos beneficios se
distribuyen entre empresarios, trabajadores, sectores pasivos,
emergentes, etcétera.
Mientras ello no ocurra quedará siempre latente el descontento
que puede incentivar toda suerte de aventuras y calamidades.
No basta con el sentimiento altruista y la generosidad de
quienes poseen la riqueza, por laudable que sea esa conducta.
Lo que interesa es que el Estado asuma la tarea de rectificar
aquello que desata el descontento y profundiza los odios, pero
sin ahogar la libertad, la iniciativa privada y los derechos
fundamentales.
Es cierto que en este conflicto todos, casi sin excepción,
procuran sacar ventajas.
Unos incumpliendo la ley, otros buscando la forma de eludir
sus obligaciones. Lo anterior se da en todos los sectores.
Por eso es urgente renovar la estructura del Estado, dotarlo de
los medios que le permitan corregir los abusos -quien quiera
sea su autor- y rediseñar los canales de distribución para
enmendar injusticias y contradicciones que se vuelven
inevitablemente contra los más desprotegidos.
Lo que propongo no es fácil, pero es posible si nos
empeñamos en alcanzarlo lealmente.
Hay que sustituir la cultura del aprovechamiento y el
ventajismo, por la cultura de la participación y la justicia.
Ese, creo yo, es el sueño de muchos estudiantes que no
entienden a cabalidad lo que está en juego, pero que
presienten que algo debe cambiar.