Cartas
Viernes 09 de Diciembre de 2011
DD.HH. e historiadores
Señor Director:
Respecto del daño y persecución que significaría para la labor académica e investigativa de los historiadores la penalización de la defensa de las violaciones a los derechos humanos, parece oportuno considerar lo obrado en países que poseen legislaciones de este tipo.
Primero, mayoritariamente es parte de la institucionalidad general que penaliza distintas formas de hate speech (discurso de odio). En los casos de legislaciones especiales, éstas obedecen a experiencias históricas particulares. Por ejemplo: Alemania (nazismo), Ucrania (Holodomor), la República Checa (comunismo).
La mayoría de los países que poseen estas normas legales son democracias prósperas. Abrumadoramente son ejemplos de libertad de expresión. Su actividad académica, incluida la histórica, se encuentra entre las más sobresalientes a nivel internacional. Basta pensar en el caso emblemático de Alemania: posee una de las legislaciones más estrictas y ha marcado importantemente la historiografía de post-guerra produciendo escuelas de tendencias tan diversas como la new leftist "Escuela de Bielefeld", la tradicional "Historia Conceptual", de Koselleck, autores conservadores de la talla de Nolte, Stürmer o Hillgruber. Es más, la Historikerstreit se cuenta entre los debates más relevantes de las últimas décadas, despertando un interés general en las ciencias sociales. Por eso no es extraño que entre los defensores de estas leyes se encuentren historiadores como Richard J. Evans, quien ocupa una de las cátedras más prestigiosas de Gran Bretaña, Regius Professor of Modern History en la Universidad de Cambridge.
La legislación en esos países lo que sanciona no es el trabajo académico serio, sino la apología panfletaria sistemática sobre atropellos a los derechos humanos. Su apoyo ha sido transversal: basta remitirse a lo obrado por la tory británica Theresa Villiers, los conservadores franceses y los liberales belgas. Sus detractores, marginales extremos del espectro político. Esas sociedades lo han entendido como un razonable resguardo de valores compartidos.
Gonzalo Bustamante K.
Profesor Escuela de Gobierno-UAI
viernes, 9 de diciembre de 2011
DD.HH. E HISTORIADORES
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