sábado, 11 de agosto de 2012

Derechos Humanos en la era Piñera: Las desconfianzas, los cuidados del Gobierno y los nuevos debates



No ha sido, como se temía en un principio -considerando la llegada de la derecha al poder-, un tema que haya reflotado con fuerza los conflictos de años anteriores. Pero La Moneda ha permanecido atenta a los posibles flancos en esta materia y ha mantenido contacto con el mundo de los DD.HH., en una relación que ha tenido altos y bajos. Y que ahora incluye ámbitos controvertidos, como la violencia en la Araucanía y el rol de Carabineros en las protestas.

por: Sebastián Minay C. La Segunda

No ha sido un asunto de fondo, candente, ni tampoco una prioridad programática del Presidente Piñera. Pero ha sido un tema en que el primer gobierno de derecha tras la era concertacionista ha debido estar atento. Aunque sin provocar los duros conflictos que encendía en décadas pasadas, el debate en torno a los derechos humanos sigue presente en La Moneda.

Hoy, con hitos que cada tanto vuelven la mirada hacia atrás -como el estreno del filme "No", dirigido por uno de los hijos del senador UDI Hernán Larraín-, "La Segunda" revisó en qué se ha avanzado y qué desacuerdos persisten en un tema que ya no sólo abarca las consecuencias de las violaciones cometidas en dictadura. Ahora se extiende a áreas "calientes" como el conflicto en la Araucanía y el uso de la fuerza policial.

Y es que, según quienes han estado codo a codo con Piñera desde su campaña presidencial, si un flanco político no podía tener el entonces candidato y hoy Mandatario -con una historia ajena al pinochetismo y un "compromiso" que ha hecho notar varias veces-, es el de los DD.HH.

Fue un comienzo con recelos. "Tenía alguna preocupación" reconoce la emblemática abogada Pamela Pereira , aunque sí tenía claro que "la derecha que llegaba al gobierno se iba a preocupar de hacer notar que estaba en una frontera distinta a la de la dictadura. Esta era una prueba de fuego para la derecha".

"Iniciamos la relación con un tanteo mutuo", recuerda hoy la directora del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes , quien aún percibe cierta desconfianza en torno al tema.

Eso no lo niega el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla (RN), uno de las autoridades encargadas del tema en Palacio. "Se lo dije a la Agrupación de Ejecutados Políticos cuando me reuní con ellos el 2010: 'Entiendo que tengan desconfianza. Les vamos a demostrar, con el tiempo, que tenemos un fuerte compromiso con los derechos humanos'. Hemos tenido que invertir mucho en ganar confianzas, es parte de un proceso", reflexiona.

Pereira y Fríes excluyen de ese recelo a Piñera -de quien, insisten, no tienen dudas de su postura-, pero la primera mantiene sospechas. La principal se remonta al encuentro que sostuvo el entonces candidato en la recta final de su campaña, en noviembre de 2010, con un grupo de militares en retiro.

"Piñera nunca ha querido develar públicamente el contenido ni los acuerdos de esa reunión", asevera. Y aunque el propio Piñera -a quien Pereira conoce hace años- le aclaró en privado, cuenta, que "no iba a haber punto final en su gobierno", reclama que eso no se ha precisado en público. "Mientras no se resuelva esa duda, va a existir una sospecha de si hubo o no un acuerdo".

En La Moneda recalcan que el mandato del Presidente ha sido claro ("verdad, justicia y reconciliación", subrayan) y que no ha comprometido privilegios para condenados por crímenes, sino que los beneficios carcelarios deben aplicarse "con igualdad ante la ley". Tras la polémica por las reiteradas visitas del ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán , al Hospital Militar, altas fuentes de Gobierno reconocen que este y otros condenados emblemáticos están fuera de ese ámbito. Otros dicen que "siempre" ha sido así.

Un tema "transversal"

Al asumir -y tras anunciar en campaña que quienes estuvieron en la primera línea de la era Pinochet no serían protagonistas en su gobierno-, Piñera zanjó que la agenda de DD.HH. se manejaría de forma "transversal", por intermedio de los ministerios de Justicia e Interior: el primero, a cargo de monitorear el delicado tema de los beneficios carcelarios, y el segundo, a cargo del Programa de DD.HH., que se hace parte en causas judiciales (ver recuadro).

En ambas carteras asumieron personeros de RN que hicieron notar su preocupación por el tema: Felipe Bulnes y Rodrigo Hinzpeter . Éste, junto a Ubilla, mantiene cierto contacto con el mundo de los derechos humanos, y tanto Fríes como Pereira conversan con él. Esta última recuerda haber visitado su despacho con la senadora PS Isabel Allende, con ocasión de la exhumación de los restos del ex Mandatario.

Al llegar repararon en los dos cuadros que muestran un balcón de La Moneda: uno con Salvador Allende saludando y otro que muestra la misma escena vacía, y con las huellas del bombardeo y el tiroteo durante el golpe.

"Le preguntamos qué suerte iban a correr los cuadros; nos dijo que se mantenían. Quedamos bastante conformes y contentas", cuenta Pereira.

Con todo, hubo tempranos choques con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) , que en junio de 2010 criticó duramente al Mandatario tras una accidentada cita que tuvo como telón de fondo el entonces complejo debate por el llamado "Indulto Bicentenario". Piñera cedió a la tentación de contestar los cuestionamientos esa misma tarde.

Los nuevos temas: Araucanía y Carabineros

Donde la relación con La Moneda ha sido más intensa es en las llamadas "nuevas temáticas" de los DD.HH: el conflicto mapuche y las denuncias por violencia policial, que en el comité político de Palacio reconocen como las aristas más complejas que enfrenta el Gobierno.

Esa agenda es prioritaria para el INDH: en su primer encuentro con Piñera, el 2010, abordaron los cambios a la Ley Antiterrorista -justo en plena huelga de hambre mapuche-, y aunque "no se ha cumplido la reforma completa", Fríes confía en que ocurra.

El último encuentro del INDH con el Presidente fue el viernes de la semana pasada, y allí se le planteó al Jefe de Estado "la necesidad de avanzar en el traspaso de tierras, territorios y recursos naturales, para evitar los grados de violencia policial que hay en la zona", cuenta Fríes. El accionar de Carabineros "ha estado presente en todas las reuniones del consejo y en las que he tenido sola con el Presidente".

Algunos apuntan a que ese tema ha sido complejo porque tiende a colisionar con la promesa de campaña de reforzar la seguridad pública, lo que se notó durante las protestas estudiantiles del año pasado. Pero Ubilla discrepa: "El respeto a los DD.HH. y el respeto al orden público no son contraproducentes".

Pese a ello ha habido avances. Desde el año pasado el INDH y Carabineros aplican de común acuerdo un mecanismo que le permite al instituto desplegar "observadores" en marchas y manifestaciones. Y le representan formalmente a la institución el uso excesivo de la fuerza.

En el Gobierno añaden que Carabineros se ha abierto en este tema, y que por ello se anunció hace algunos días la instalación de cámaras en los buses policiales donde se transporta a los detenidos en las protestas, las que -precisa Ubilla- terminarán de instalarse a fines de año.

La "nueva temática" marca matices entre las posturas de Fríes y Pereira. La abogada PS no niega que la violencia en la Araucanía y en las marchas también son un tema de DD.HH., pero advierte que "cuando se pretende igualar los problemas de hoy con lo que pasó en dictadura, es fatal", advierte.

Fríes niega que el INDH esté más inclinado a la contingencia: "Tenemos el desafío de vincular el pasado con el presente en materia de DD.HH. No hay sólo una agenda vinculada a las violaciones, sino también una del presente, con temas como migración, diversidades sexuales, discriminación hacia las mujeres, derecho a la salud, etc".

En lo que ambas están de acuerdo es que la principal dificultad de la administración Piñera es que -más allá de la convicción del Presidente- de cuando en cuando la noticia es un error imprevisto, como las declaraciones justificando al régimen militar que le costaron la embajada en Buenos Aires a Miguel Otero, o la negativa en cámara de la asesora presidencial Constanza Cea a que el Jefe de Estado contestara una pregunta sobre Pinochet.

"El tema de fondo es que la derecha no tiene una sola opinión", apunta Pereira. En el corazón de La Moneda no lo desconocen, y por eso recalcan que buena parte de la labor es "contener" ese flanco, pero también demostrar que en el ámbito de las causas pendientes (ver recuadro) se puede ser eficiente.


En qué están las causas pendientes y la Subsecretaría de DD.HH.

Una de las promesas pendientes de la administración Piñera en materia de DD.HH. es la creación de la subsecretaría del ramo, proyecto que ya fue enviado al Congreso tras la firma del Presidente, a fines de enero. La entidad quedará bajo el alero del Ministerio de Justicia, apunta a "una institucionalidad que recoja dudas que hoy se abordan en distintos ministerios, de manera de tener un interlocutor único", explica Ubilla, recalcando que la idea ha tenido una buena acogida en ese sector.

Claro que ese respaldo no es total. A Pamela Pereira no le gusta porque se genera una dependencia política del "gobierno de turno", porque se corre el riesgo de que su gestión se "burocratice" y porque teme cope el nicho que hoy pertenece a las ONG. "En el mundo de los DD.HH. hay gente que está de acuerdo, pero a mí me preocupa", dice.

Al margen de ello, en Interior explican que se sigue trabajando en las causas que participa el Programa de DD.HH., que en total y a la fecha corresponden a 1.317 víctimas. Ubilla detalla que desde que asumió el actual gobierno se han presentado 553 querellas, y hace notar que desde el inicio del programa (1997) los gobiernos anteriores presentaron querellas que involucran a 764 víctimas.

"Puedo decir que vamos a mostrar una gestión que superará con creces a la de los gobiernos anteriores ", recalca el subsecretario. Eso sí, no desconoce que los cambios que introdujo al comienzo para agilizar el sistema le valieron durísimas críticas desde el mundo de los derechos humanos, bajo la sospecha de terminar con los casos.

En ese contexto, La Moneda apostó en su momento por destacar y anunciar que se hacía parte de causas simbólicas, como los crímenes del general Alberto Bachelet, Eduardo Frei Montalva y José Tohá. Aunque ello provocó críticas, Fríes sostiene que eso es un "interés genuino" de Piñera, punto que Pereira no discute.

Interior también tiene la misión de hacerse cargo de los casos de exonerados políticos, donde el 2010 detonó una polémica de proporciones tras descubrirse certificados falsos, caso que el Gobierno derivó a la justicia

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