ARGENTINA Y CRISTINA ASEDIADAS

Argentina y Cristina asediadas
Editorial El mercurio

A este complejo panorama interno se añade el fallo de una Corte de Nueva York que ha puesto a Argentina en el umbral de una nueva cesación de pago de sus compromisos externos, al exigirle el servicio de deudas que no se acogieron a la reestructuración financiera acordada durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Los actos masivos comprueban el sostenido y transversal repudio a la gestión de la Presidenta, cuya aprobación ciudadana ha caído a menos de la mitad del 65% registrado en octubre de 2011, cuando fue reelegida. El rechazo ciudadano surge de su estilo autoritario, políticas populistas y encierro de la Presidenta en un reducido círculo de gobierno que la han conducido a desencadenar una significativa inflación, causante de desajuste cambiario, escasez de divisas, graves distorsiones de precios y controles insostenibles del comercio exterior y de las tarifas de servicios públicos.

En lo inmediato, las manifestaciones han puesto una lápida a los planes de reelección de la Presidenta para un tercer período, aunque su ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y otros cercanos insisten en habilitarla para un nuevo mandato. Esto parece inviable, considerando las concurridas protestas y a más de cien diputados -opositores y del frente peronista- comprometidos en rechazar la reforma constitucional.

La duda es si las protestas son suficientes para que la Presidenta flexibilice su reconocida intransigencia y aislamiento. Las primeras reacciones de la Mandataria no son alentadoras: insiste en teorías conspirativas y en seguir adelante con su agenda, aprovechando la ausencia de una oposición organizada y el enorme poder presupuestario y político de su magistratura, frente a los parlamentarios, gobernadores provinciales e intendentes de Buenos Aires.

Es probable que descomprima la situación acogiendo en parte las demandas sindicales de elevar el salario mínimo y las exenciones tributarias y previsionales. Pero revertir el tenso clima político, corregir la situación económica y retornar a los mercados financieros internacionales requiere reconocer desaciertos graves y adoptar medidas de fondo que no se advierten probables, considerando la personalidad, el entorno y el ideologismo de la Jefa del Estado. Todo indica que el gobierno de Cristina Kirchner, hasta que no surja una coalición dentro de su partido capaz de desafiarla y con riesgo de reemplazarla, continuará practicando el populismo y la radicalización política.

El sostenido aislamiento, el deterioro económico y las tensiones sociales resultantes trascienden a Argentina y repercuten en las relaciones con Chile, por su impacto en el turismo a ambos lados de la frontera, en la importante comunidad chilena residente en ese país y en los inversionistas y exportadores nacionales.


Decepción y objeción de Colombia por fallo de La Haya

Desaliento y críticas ha provocado en Colombia la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que resolvió la soberanía territorial y delimitación marítima de las islas y cayos Alburquerque, Bajo Nuevo, Este, Sudeste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla del archipiélago de San Andrés, disputados entre ese país y Nicaragua. La defensa colombiana ha sido criticada, su canciller ha ofrecido renunciar y su gobierno mantiene a su Armada en zona marítima concedida a Nicaragua; además, está revisando su permanencia en el Pacto de Bogotá, que entrega la solución de diferendos limítrofes a la CIJ, y analiza todas las opciones jurídicas para defender sus intereses amagados. Hay llamados colombianos para desconocer el fallo y fuertes reclamos por no haberse informado debidamente a la población colombiana y creado expectativas triunfalistas.

La Corte Internacional ratificó a favor de Colombia su soberanía sobre las islas y cayos, invocando el principio de la efectividad de la posesión; esto es, la situación anterior a la demanda de Nicaragua, reconociendo la administración y el control de Colombia sobre tales territorios, sin oposición de Nicaragua.

A favor de ésta delimitó en mayor parte la soberanía y proyección marítima insular sobre la base de la equidad, con un método que tomó en cuenta las costas relevantes, reconocidas en mayor proporción (de 1 a 8) en beneficio de Nicaragua, y teniendo en cuenta evitar el encerramiento de ésta por las proyecciones de los derechos marítimos colombianos. Así, Colombia mantuvo la soberanía territorial y la proyección marítima unitaria del conjunto de las islas, aunque no en la proporción que pretendía. La Corte no se pronunció, por insuficiencia de antecedentes, sobre la demanda nicaragüense respecto de la delimitación de su plataforma continental más allá de las 200 millas y en supuesta superposición con Colombia. Sin embargo, en detrimento de Colombia, determinó un límite marítimo y aplicó 12 millas en torno a ciertas islas.

En opinión del canciller Moreno, del agente chileno ante La Haya y de juristas nacionales y extranjeros, esta sentencia no constituye un precedente para el juicio sobre delimitación marítima con el Perú. En lo fundamental, en el contencioso con el país vecino existe un tratado de límites que prevalece sobre el derecho del mar, cuyos métodos son aplicables cuando no existen acuerdos suscritos entre las partes, como sí es el caso de los acuerdos firmados entre Chile, Perú y Ecuador en 1952 y 1954, y los actos y actas derivados de los mismos, válidamente contraídos y respetados por más de medio siglo.