RELACIÓN DE BALTASAR GARZÓN CON ARGENTINA

Una historia que data desde 1991:

Claroscuros de la relación de Baltasar Garzón con Argentina


Durante más de 20 años, el ex magistrado español ha mantenido encuentros y desencuentros con ese país y su poder judicial. Imputó por narcotráfico a familiares de Carlos Menem, investigó delitos de la dictadura de Videla y mantuvo una relación de amor-odio profesional con la jueza estrella argentina, María Servini de Cubría. Hace pocos días, la Presidenta Cristina Fernández le otorgó la residencia temporal.

José Antonio Ayuso
El Mercurio

Corría diciembre de1991, en pleno invierno europeo. El entonces juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, abrió un sumario contra 31 personas por narcotráfico y blanqueo de dinero. Esa operación internacional -conocida como "Yomagate"- implicaba directamente a Amira Yoma, cuñada del ex presidente argentino Carlos Menem, y además su secretaria de audiencias; también al marido de ésta, Ibrahím Alí, ex alto cargo del aeropuerto de Buenos Aires, entre otros. La noticia era revelada por el periodista de investigación español Manuel Cerdán, en la revista Cambio 16.

La polémica estaba servida.

Días después, aterrizaba en Madrid la jueza María Romilda Servini de Cubría, como la contraparte argentina enviada por Menem.

La magistrada tuvo varios encuentros con el ex titular del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional; Garzón incluso le permitió que se reuniera con el "testigo protegido" de la investigación, un arrepentido de la red de narcotraficantes llamado Andy Cruz de Iglesias. Manuel Cerdán recuerda el escándalo posterior: "Ella vino a certificar que todo lo que había en el reportaje era veraz. Y poco después grabó una conversación telefónica privada entre Baltasar Garzón y ella. El contenido del diálogo fue difundido y provocó un gran escándalo en Argentina y España".

La grabación fue reproducida por la jueza ante parlamentarios argentinos que la acusaban de no hacer nada respecto de la investigación y de no cumplir la orden de detención que Garzón había emitido sobre Yoma. "En algunos círculos judiciales y periodísticos, llamaban a la jueza como Servini de Cubrir", dice el periodista hispano en relación a la supuesta deferencia de la jueza con Menem.

El ex juez de la Audiencia Nacional y ex colega de Garzón, Javier Gómez de Liaño, relata desde España que "la relación con los Kirchner pudiera comenzar ahí, cuando investigó a los familiares de Menem. De todos modos, ahora está ejerciendo su profesión, como pluriempleado, en Ecuador, Colombia y Argentina. Siempre tuvo mucha relación con los gobiernos latinoamericanos, como con el de (Rafael) Correa".

En su andadura judicial de ultramar, el siguiente paso del ex magistrado español fue la investigación de la Operación Cóndor, que tuvo su etapa chilena con la detención de Augusto Pinochet en Londres, en 1998, abriendo un sumario sobre los crímenes durante la dictadura de Jorge Videla en Argentina.

Ignacio Gordillo, ex Fiscal de la Audiencia Nacional, quien trabajó con Baltasar Garzón durante años, recuerda que "ahí fue donde inició la relación más importante con Argentina. Al iniciar esa persecución penal, además, da un paso gigantesco en el derecho penal internacional". En el proceso, uno de los militares involucrados en "los vuelos de la muerte" (arrojar a prisioneros políticos vivos al mar desde un avión), Adolfo Scilingo, dio una entrevista al periodista argentino Horacio Verbitsky, en la que reveló por primera vez cómo se cometían los asesinatos y las torturas.

Tras esto, Scilingo es llamado a declarar por la Audiencia Nacional española en la causa que investigaba Garzón. Fernando Pamos, abogado del ex militar argentino, relata que "vino a España en calidad de testigo y arrepentido, y los mismos que le trajeron y le recogieron del avión le pidieron su ingreso en prisión". En Abril de 2005, Scilingo fue condenado a 640 años de cárcel por violación de los derechos humanos. Para su representante judicial, "Scilingo era una pieza clave, porque sin él el sumario estaba abocado al fracaso, ya que el foco final era detener a toda la cúpula militar, pero no lo consiguió". En 2007, el Tribunal Supremo español elevó la condena del ex marino a 1.084 años. Al día de hoy, cumple sentencia en la cárcel madrileña de Alcalá Meco, pero su declaración no sirvió para inculpar a ningún otro militar del régimen de Videla, como pretendía Garzón.

Curiosamente, en esos años, durante la década de los 90, los caminos de Servini y Garzón se vuelven paralelos. La magistrada se encarga de reabrir el "caso Prats" en junio de 1995, investigación sobre el asesinato del ex comandante en jefe chileno Carlos Prats, ocurrido en Buenos Aires en 1974. Y al igual que Garzón en su investigación sobre los desaparecidos en el régimen pinochetista, la jueza buscaba sentar en el banquillo a Augusto Pinochet. Servini no consiguió el desafuero del general y, en 2005, fue sobreseído por la investigación que había abierto la justicia chilena por el mismo caso.

Este año, la jueza Servini de Cubría ha sido la encargada de investigar los crímenes del franquismo en España, después de que se admitiera a trámite una querella interpuesta en Argentina por víctimas de la contienda bélica. Irónicamente, la investigación sobre los crímenes en la guerra civil española y la posterior dictadura fue uno de los casos que puso contra las cuerdas al ex magistrado, junto con el de las escuchas ilegales ordenadas a la trama "Gürtel", la investigación de una red de corrupción en el Partido Popular (PP), ya que fue acusado de prevaricación y cohecho. En febrero de este año, fue condenado por el Tribunal Supremo español a 11 años de inhabilitación.

Ignacio Gordillo recuerda que "cuando Garzón es condenado a la pérdida de su condición de juez, comienza a ejercer la abogacía y es apoyado por las abuelas de la plaza de la Plaza de Mayo de Buenos Aires".

La historia del ex juez con la magistrada argentina continúa, ya que María Romilda Servini también recurre al derecho penal internacional para investigar la querella de las víctimas del franquismo. Garzón celebró hace poco que la jueza haya seguido con lo que él se propuso y no pudo terminar: "Todo mi reconocimiento a lo que está haciendo la jueza", señaló. Un discurso impensable hace 21 años.

Su desliz con los DD.HH.

"La Presidenta Kirchner no conoce bien a Baltasar Garzón, su condición profesional y su calidad personal. Todo en él es publicidad", dice rotundo Rafael Vera, ex secretario de Estado de Interior y Seguridad en España. Vera fue condenado a prisión por el Tribunal Supremo en 1998, en el contexto de la investigación de la Guerra Sucía contra ETA que Garzón realizó (ver recuadro).

Sin embargo, en enero de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció, diciendo que Baltasar Garzón "no había respondido a la exigencia de imparcialidad" sobre la instrucción de la investigación, ya que, en 1993, el juez colgó la toga para formar durante un año parte del gobierno socialista del ex Presidente Felipe González (PSOE) como diputado y secretario de Estado del Plan Nacional sobre Drogas.

Tras su salida, comenzó una investigación sobre "terrorismo de Estado" que implicaba a varios ex colegas de gobierno. "Ese Tribunal declaró que Garzón no debía ser el juez que juzgara", asegura Vera. Y concluye: "La simpatía de Argentina viene de cuando investigó la dictadura de Videla, y de sus vínculos con la izquierda".

Una polémica vida judicial
Han pasado casi diez meses desde que el ex juez español Baltasar Garzón (57) fue condenado a 11 años de inhabilitación por las escuchas ilegales ordenadas por él en la investigación de la "trama Gürtel" -red de corrupción de políticos vinculados al Partido Popular y empresarios españoles-, que puso fin a una carrera judicial de 31 años.

En 2010, después de varias denuncias acerca de su investigación sobre los crímenes del franquismo, el Tribunal Supremo español inició un juicio oral para determinar si Garzón había prevaricado, tal y como le acusaban los querellantes, por lo que se le apartó de la Audiencia Nacional -tribunal perteneciente al poder judicial de España especializado en delitos cometidos fuera del territorio nacional, de narcotráfico, de terrorismo y contra la Corona, entre otros- y se le trasladó como asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya (TPI).

Como magistrado de la Audiencia Nacional, donde trabajó por 11 años, Garzón se destacó por liderar causas polémicas y de gran repercusión, y sus investigaciones al ex Presidente italiano, Silvio Berlusconi, o la orden de busca y captura contra Osama bin Laden dan ejemplo de ello.

En Chile, Garzón cobró relevancia por el caso Pinochet, cuando en 1998 ordenó la detención y extradición del general cuando éste se encontraba en Londres por razones médicas, acusándole de la muerte de más de tres mil personas durante el régimen militar.

Este abogado titulado en la Universidad de Sevilla, casado y padre de tres hijos, también abrió sumarios contra la banda terrorista vasca ETA, e investigó el llamado "terrorismo de Estado", en el que el Grupo Antiterrorista de Liberación (GAL) -financiado por el Estado español- operaba contra activistas etarras. Sobre este caso, tras un breve paso por la política en las filas del Partido Socialista Obrero Español (ver central), Garzón volvió vestir la toga y reactivó los sumarios investigativos sobre los GAL, que concluyó con la condena a prisión del ex ministro español José Barrionuevo y el ex secretario de Estado Rafael Vera.

Anteriormente con su entrada a la Audiencia Nacional, en 1988, el ex magistrado se convirtió para muchos en un referente en contra de ETA, la corrupción y el narcotráfico. Sólo en 1991 abrió 78 diligencias por este último delito.

Actualmente Garzón asesora al TPI y es abogado del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, acusado de presuntos delitos sexuales en Suecia.

La semana pasada adquirió la residencia por un año renovable en Argentina, de manos de la Presidenta Cristina Fernández, quien le entregó el 30 de noviembre en la Casa Rosada su documento de identidad. En Buenos Aires será asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, lo que no significa que permanezca definitivamente en el país trasandino, pues seguirá desarrollando sus actividades en España, Colombia -como asesor de la Fiscalía General- y también en Ecuador, donde elabora un informe para la reforma judicial de esa nación.