lunes, 15 de abril de 2013

ARGENTINA: GOLPE DE ESTADO AL PODER JUDICIAL


Golpe de Estado al Poder Judicial

La reforma que impulsa la Mandataria argentina revela que ha emprendido un camino de radicalización sin retorno.

Joaquín Morales Solá La Nación Argentina/ GDA

La eliminación de uno de los tres poderes constitucionales solo se puede hacer mediante un golpe de Estado. Es lo que se ha propuesto Cristina Kirchner con su llamada "reforma judicial" que, si prosperara, destruiría al Poder Judicial. La Presidenta ya no tiene retorno posible. Ha elegido un camino de radicalización solo comparable con los procesos revolucionarios de Venezuela y Ecuador. Hemos hecho mucho, pero nos falta un poco para terminar el gran cambio, le dijo hace poco a un interlocutor, el decisivo secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. No adelantó que el "gran cambio" significaría terminar con los jueces.
Menos prudente, el viceministro de Justicia e integrante de La Cámpora, Julián Álvarez, describió en el Senado los cambios judiciales como "una revolución para 100 años". Solo comparable con la "revolución de los 1.000 años" que prometió el nacionalsocialismo de Hitler. Los fanatismos de cualquier signo aspiran siempre a la eternidad.
Cristina Kirchner se ha ido del peronismo para refugiarse definitivamente en La Cámpora, organización que comenzó siendo solo un divertimento de su hijo Máximo. Ya no lo es. Se ha transformado en la agencia de empleo más importante del país, financiada, claro está, con el dinero del Estado. La Cámpora se ha colocado a la izquierda del peronismo (la misma dirección que eligió la Presidenta) y ya protagonizó algunos hechos que son la farsa posterior de la tragedia histórica. La derecha sindical y los jóvenes camporistas suelen cruzarse con violencia; esos encontronazos de ahora son más leves que las balaceras con las que sindicalistas y jóvenes peronistas dirimían a sangre y fuego sus discordias en los 70.
Sea como fuere, Cristina decidió terminar con la Corte Suprema de Justicia, tan fastidiosa siempre, como cabeza de un poder del Estado. Si su proyecto triunfara, a la Corte no le quedará ni la facultad de comprar los papeles para escribir sus sentencias. Todo el poder que tiene ahora de contralor de jueces y empleados y de la administración del dinero del presupuesto judicial irá a parar al nuevo Consejo de la Magistratura, diseñado para colocar a la Justicia bajo el control del poder político, sea este cristinista o de cualquier otro signo. Una república sin división de poderes es una caricatura de república. Si todo terminara así, es probable que la historia de los últimos 30 años registre a dos presidentes célebres: Raúl Alfonsín, que construyó la democracia, y Cristina Kirchner, que la habrá destruido.
El control absoluto de la Justicia por parte del Poder Ejecutivo y la virtual eliminación de las medidas cautelares afectarán de manera notable a la sociedad. Los nietos de los jubilados terminarían cobrando algo de los haberes mal liquidados de sus abuelos, si es que cobran algo. Los depósitos bancarios quedarían bajo el arbitrio de la Presidenta y nadie podría hacer juicios por eventuales "corralitos". Las cajas de seguridad, ahora protegidas por una vieja resolución de la Corte, serían de fácil acceso para el poder que gobierna. Ningún juez se atrevería a frenar la voluntad del que manda. Ni siquiera sería necesario cambiar a demasiados jueces; solo el temor de los que ya están los iría acomodando a la voluntad presidencial.
El efecto fulminante sobre las inversiones afectaría seriamente a la oferta de empleo. Empresarios de la mayor entidad patronal argentina manifestaron su enorme preocupación por las medidas en marcha. Un Estado en condiciones de expropiar sin que la Justicia paralice sus decisiones, y con futuros resarcimientos en manos de jueces disciplinados, podría provocar que muchas empresas extranjeras se replanteen su permanencia en la Argentina. Las argentinas preferirían achicar sus inversiones antes que aumentarlas. El mercado laboral, en tal caso, también se encogería dramáticamente. El derecho a la propiedad, sea esta grande o chica, quedaría cerca de la extinción.
La culminación del revolucionario proyecto cristinista, que cambiaría definitivamente el sistema político y de libertades, deberá superar tres etapas. La primera será la aprobación en el Congreso. Teóricamente el gobierno cuenta con la mayoría necesaria. Sin embargo, comienzan a aparecer tímidamente algunas vacilaciones de peronistas.
La posición final de varios peronistas dependerá, en gran medida, de la reacción de una sociedad que -todo hay que decirlo- ha desertado con insistencia en los últimos tiempos de sus obligaciones morales y cívicas. Oficialistas y opositores esperan con ansiedad las manifestaciones sociales convocadas para el próximo jueves; es probable que, por primera vez, todos los dirigentes opositores participen de esas marchas.
La segunda etapa será la judicial, si es que esos proyectos se aprobaran. Hay un consenso judicial sobre la inconstitucionalidad de esas medidas, pero el grueso de la reforma irá al Fuero Contencioso Administrativo; gran parte de él está ya colonizado por el cristinismo. La Corte Suprema tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad, pero el conflicto llegará a ella forzosamente después de las primarias abiertas y obligatorias de agosto (pues el gobierno quiere que los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura se elijan en esas primarias, que definirán las candidaturas para las legislativas de octubre).
La última fase del proceso, si fracasara todo el resto, serán esos comicios de agosto. Gran parte de la oposición tiene la decisión tomada de acordar una misma lista de consejeros, que, de esa manera, podría derrotar a la del oficialismo. Esa es la definitiva decisión política. Irán juntos. Falta todavía la forma jurídica de encauzar tal vocación, entorpecida de manera brutal por el cristinismo con modificaciones de último momento a su proyecto original.
Es probable que la historia de los últimos 30 años registre a dos presidentes célebres: Raúl Alfonsín, que construyó la democracia, y Cristina Kirchner, que la habrá destruido.

1 comentario:

Heitai dijo...

Vi el programa de Lanata sobre la corrupción en argentina... eso ya no parece un país, no sé que es, pero un país, con esos niveles de delincuencia gubernamental, no puede ser un país.... y me llamó la atención, que sabían el peso de U$1.000.000.... un kilo 100gr en billetes de U$100.... increible.