¿ JUSTICIA POPULAR ?

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¿JUSTICIA POPULAR?

Patricio Quilhot Palma


En los últimos días, hemos conocido diversas situaciones relacionadas con el sistema judicial chileno que lo conducen derechamente hacia la pérdida de su condición fundamental: la independencia con la que deben actuar los jueces. Entre otros casos relacionados, es posible mencionar el inmoral intento de coartar la carrera de los magistrados por razones meramente políticas, sin la menor consideración a sus condiciones profesionales.
Es así que hemos visto con impotencia cómo parte de los integrantes del Senado se preparan para denegar el nombramiento a la Corte Suprema de una jueza de reconocida capacidad profesional, aduciendo como razón para ello el que la jueza haya aplicado la prescripción en alguno de los llamados “procesos de derechos humanos”. Para nada importa a los “honorables” la impecable justificación jurídica del otorgamiento de este beneficio, negado hasta ahora −en forma sistemática y generalizada− a los ex – uniformados, para quienes solo vale lo que se ha dado en llamar “el derecho procesal del enemigo”. Basados en su soberbia característica, los parlamentarios en cuestión –todos de izquierda o pseudo-cristianos− muestran con esta medida el claro propósito de mantener la discriminación aberrante que afecta a los ex – uniformados, tratados procesalmente como chilenos de segunda clase, enemigos de la sociedad y responsables de todos los males que nos llevaron al quiebre institucional de 1973.
Pese a la inconstitucionalidad flagrante de esta intromisión en los fallos de los miembros del Poder Judicial, los parlamentarios de izquierda están efectuando una presión indebida y –como podrán decirlo los expertos− estarían cometiendo el delito de amenazas, al someter a los jueces al riesgo de ser castigados por los representantes del Poder Legislativo, si no fallan de la manera que ellos esperan. De nada valen los principios legales en juego ni las obligaciones que impone la ética profesional a los magistrados. Sólo valen los intereses ideológicos y partidistas, al más puro estilo de un chavismo bananero y totalitario.
A esta inaceptable actuación de algunos personajes de la desprestigiada política chilena se suma hoy la reacción habida ante el otorgamiento de beneficios penitenciarios a un par de ex – Carabineros, condenados por el caso degollados. Una vez más, son los activistas de siempre quienes amenazan con las penas del infierno al integrante del Servicio de Gendarmería que informó positivamente para que el beneficio fuera concedido, a los ministros de la Corte de Apelaciones que lo resolvieron en derecho, a la Corte Suprema por no revocar la decisión y al Gobierno por no hacer nada por la vía administrativa. No importa para ellos el que la decisión corresponda a un beneficio al que tienen derecho todos los condenados de nuestro país y que se haya cumplido con todas y cada una de las exigencias planteadas para su otorgamiento.
Se trata evidentemente de generar temor, en una nueva forma de terrorismo ilustrado, amedrentando a jueces y funcionarios para que ni siquiera intenten dar un trato igualitario a los ex – uniformados. No basta con que los condenados hayan cumplido largos años en prisión, hayan sido privados de todo otro tipo de beneficios y –como ocurriera durante la gestión del Ministro Felipe Bulnes y del Director de Gendarmería Juan Masferrer− se vieran incluso obligados a concurrir esposados a los hospitales institucionales, en un máximo intento de humillación pública, tan innecesario como inmensamente despreciable, viniendo de quienes viene.
Hechos como los señalados, demuestran que nuestras vidas se encuentran bajo el dominio de las fuerzas oscuras que provienen de la escuela del odio y la venganza, imponiéndonos su poder para asegurar su venganza y su permanente y conveniente victimización, muy atentos a reaccionar en forma rabiosa contra quien ose poner en duda su versión torcida de la historia. De esta forma, no solo han conseguido sobrevivir a la debacle que
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siguió al derrumbe de su “alma mater”, el socialismo soviético, si no que amenazan seriamente con retornar al poder, a través de esta nueva forma de Unidad Popular. Lamentablemente, el peligro parece no ser percibido por el común de la gente, embobada ésta en un consumismo individualista y egoísta, donde una nube de estupidez adormece los sentidos y los hace seguir escuchando las consignas revolucionarias, hábilmente encubiertas por un manto de progresismo que cínicamente nos conduce hacia una nueva crisis.
Un sistema institucional sano no se sustentará jamás en una Justicia manipulada y al servicio del poder político. Todo intento de subordinarla a los gobernantes de turno o a las masas vociferantes es –en esencia− un atentado contra la existencia del Estado, al romperse el equilibrio fundamental que establece la Constitución Política y dejar de garantizar un trato justo e igualitario para todos los conciudadanos. No hay entonces espacio ni justificación para un sistema legal al servicio de la ideología más poderosa y persistente que jamás haya visto la humanidad: el marxismo y sus derivados instrumentales y funcionales. Esa ideología perversa es la que hoy pretende imponernos una asamblea constituyente, a través de la cual pretende “refundar” el Estado de Chile, llevándonos a una aventura irresponsable y de probada vocación totalitaria, como una vez ya fue intentado con Allende y sus “revolucionarios a la chilena”.
Los artífices de la degradación de las instituciones, han comenzado hace rato a hacer su trabajo. Da muestras de ello la señalada manipulación política de los fallos de los magistrados y la imposición avasalladora de su visión de la Justicia para los militares, arrogándose el patrimonio soberano sobre los derechos humanos de todos los chilenos. El lema “ni perdón ni olvido” –prueba tangible de su odiosidad− constituye la esencia de la estrategia de discriminación política que se desarrolla en contra de este sector de la población, consiguiendo –aunque parezca increíble− que se le aplique un modelo de justicia distinto al del resto de los chilenos. Con absoluta libertad, esta estrategia ha sido llevada a cabo durante los gobiernos marxista-cristianos y mantenida por el gobierno actual, al seguir éste avalando el abuso y dando fuerte apoyo a los grupos agitadores de DD.HH., a los que sostiene económicamente y les proporciona los abogados necesarios para extender su brazo vengador.
No puede haber Justicia en un país donde un sector en particular no tiene acceso al sistema que se supone común para todos sus ciudadanos. Estoy seguro que la mayoría de los chilenos no cree posible que a los militares se les aplique lo peor del sistema antiguo de justica, aquel que fuera derogado por abusivo y poco transparente y que fuera sustituido por una que se basa en la presunción de inocencia del imputado. Aquí la cosa es al revés, donde el ex - uniformado comienza por ser considerado culpable por un juez que –apoyado, inducido y en algunos casos dirigido por los abogados querellantes− es al mismo tiempo quien lleva la investigación. Mientras transcurren años de construcción laboriosa del caso, el imputado y su defensa muchas veces ni siquiera conocen la razón por la que se le investiga, aún cuando se le mantenga por meses e incluso años privado de libertad. Exactamente lo contrario de lo que plantea el actual Sistema Procesal Penal, vigente –supuestamente− para todos los chilenos.
Al abuso que ello conlleva, se suma la activa vigilancia de las organizaciones y abogados de DD.HH., quienes reaccionan ante cualquier intento de otorgar algún beneficio a los militares condenados. Se ha llegado a casos tan extremos como el de un SEREMI de Justicia (de este gobierno) que –por la vía administrativa− bloqueó por largo tiempo el otorgamiento de beneficios aprobados por un comité especial de la Corte de Apelaciones. O sea, un funcionario político, con seguridad instruido por sus superiores, anulaba el efecto de resoluciones justamente impartidas por quienes tienen la potestad soberana de administrar la Justicia en Chile.
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Es curioso el alcance que parece tener el poder de la izquierda en estos temas, cuya persistencia y permanencia en el tiempo parece no tener fin, siendo extendida su vigencia con la ayuda de ingenuos adversarios políticos que mantienen una discreta distancia, creyendo evitar con ello arriesgar innecesariamente su capital político y su popularidad (¿?), al involucrarse en un conflicto que dan por ganado por la izquierda y por goleada. Así quedó en evidencia cuando un par de valientes se atrevieron a presentar un Proyecto de Ley que intentaba igualar –al menos parcialmente− los beneficios otorgados masivamente a los presos terroristas, por los gobiernos de la Concertación. La acción de los corajudos diputados Ulloa y Bartoloni quedó absolutamente desprotegida y con los flancos descubiertos, al no contar con un apoyo masivo y decidido de parte de sus casas partidarias o al menos de sus líderes mas renombrados. Casi en su totalidad, estos últimos llevaron la mirada hacia otro lado, abandonando a Ulloa y Bartoloni a su propio destino y a recibir el contrataque furibundo de una izquierda que vio amenazada su parcela de poder y prefirió apagar el amago antes que se transformara en incendio declarado.
Independientemente de las cobardías y mezquindades de turno, no es posible que Chile siga viviendo la destrucción de sus instituciones fundamentales, como ya se intentó en el pasado con los altos costos pagados por los chilenos. Es inaceptable que se siga imponiéndonos por la fuerza de los gritos y de las presiones indebidas un remedo de “justicia popular”, propia de los regímenes totalitarios que conocimos y conocemos como “revolucionarios”. Si la sociedad no reacciona y pone fin a los abusos que tuercen la rectitud que se espera del sistema judicial chileno, la consistencia del Estado quedará cada vez más expuesta y debilitada, alimentando la anarquía y la descomposición de los valores republicanos que caracterizaban a nuestra Nación. Si cedemos en esto, cualquier cosa puede pasar en el futuro con este Chile querido.
20 de Junio de 2013
Patricio Quilhot Palma