PRESOS POLÍTICOS

DE CHILE INFORMA EDICIÓN 1.326

PRESOS POLÍTICOS

Escribe don Adolfo Paúl Latorre, capitán de navío ®.
Abogado


Los hechos por los que están siendo juzgados los
militares y carabineros —sin considerar el contexto histórico
en el que ellos ocurrieron— son el resultado del fanatismo, del
odio y de la validación por parte de ciertos sectores de
izquierda de la violencia como método de acción política, lo
que produjo el enfrentamiento entre chilenos y el quiebre de la
democracia y del orden institucional de la República; obligando
a las FF.AA. y de Orden a intervenir —a ruego de la gran
mayoría de los chilenos— como último recurso para evitar la
anarquía y la guerra civil.
Los hechos por los que se está juzgando a los militares
ocurrieron durante uno de los capítulos más dramáticos de la
historia de Chile, dentro del marco de un enfrentamiento
armado; y la lógica de las armas conlleva muertos,
secuestrados, torturados, desaparecidos y abusados; en
definitiva, dolor y sufrimiento.
Los militares están siendo sometidos a una venganza de
los sectores de izquierda, porque éstos ven en aquellos a
quienes les impidieron consumar su proyecto totalitario.
A los militares se les está aplicando el lema “ni perdón ni
olvido” y el “Derecho Penal del enemigo”, razón por la que se
les condena sin respetárseles sus derechos constitucionales y
sus garantías procesales, que sí les fueron respetados a
quienes llevaron a efecto acciones terroristas o de subversión
armada.
Las resoluciones judiciales que condenan a los militares
son arbitrarias e ilegales, porque infringen diversas normas
legales y principios, valores, derechos y garantías
constitucionales.
Muchos jueces no aplican, a sabiendas, normas expresas
y vigentes (cometiendo el delito de prevaricación) o las aplican
torcidamente; tales como la ley de amnistía, la prescripción de
la acción penal y la cosa juzgada.
Muchos tribunales aplican errónea o abusivamente
normas de derecho internacional y atropellan los principios de
igualdad ante la ley, legalidad, tipicidad, irretroactividad de la
ley penal, culpabilidad, favorabilidad —aplicación de la ley
penal más benigna—, debido proceso, presunción de
inocencia, etc.
La aplicación sesgada de la ley y la negación para los
militares de los derechos que ella consagra a todos los
chilenos, sumada a la implacable, encarnizada e ilegal
persecución de la Oficina del Programa de DD.HH. del
Ministerio del Interior, transforma inevitablemente a los
militares y carabineros privados de libertad en presos políticos.
Refuerza lo anterior el hecho de que la misma justicia que
condena a los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad
—que debieron pelear en defensa de la nación—, no alcanza a
los terroristas que estas fuerzas debieron combatir.
Los veteranos del 73 están ante una especie de
terrorismo jurídico que viola sus derechos humanos —
cohonestado por el gobierno a través de la Oficina de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia,
que les niega beneficios penitenciarios y que no ha accedido a
otorgar los indultos humanitarios solicitados por condenados
privados de libertad de avanzada edad y gravemente enfermos-;
ante una justicia prevaricadora, monstruosa, diabólica,
perversa y vindicativa que, apartada del derecho, vulnera
gravísimamente principios, valores y garantías
constitucionales, lo que agravia la dignidad de la República y
atenta contra la democracia y el Estado de Derecho.
Los militares del 73 están sometidos a juicios espurios, a
procesos judiciales que son meras vías de hecho con
apariencia jurídica.
Las sentencias dictadas en contravención a la
Constitución y a las leyes son solo una expresión de fuerza
estatal.
Las sentencias condenatorias así dictadas adolecen de
un vicio de nulidad de derecho público (pues contravienen las
normas de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la
República). Los militares que están privados de libertad en
razón de tales sentencias están secuestrados por el Estado.
A los militares no se les hace justicia, sino que se les
condena, sea como sea.
Lamentablemente, tamaña corrupción no conmueve a
nadie. Sobre esto nadie habla. La sociedad guarda silencio, en
general por ignorancia. Y la dirigencia política también guarda
silencio, pero este silencio es doloso.