sábado, 27 de julio de 2013

CARTAS



Cartas
Miércoles 26 de junio de 2013

Veto para acceder a la Corte Suprema

Señor Director:

Quien suscribe ejerce activamente la profesión de abogado desde 1988, principalmente en el campo de la litigación penal. En esa actividad he representado con mayor o menor éxito a numerosas víctimas de delitos y a muchos imputados de haber cometido ilícitos. Siempre he creído que nuestros jueces se guían estrictamente por el mérito de la prueba que existe en cada proceso y por los argumentos jurídicos de las partes. A veces he obtenido sentencias favorables para mis representados y otras han sido desfavorables, pero siempre he tenido la tranquilidad de que cada una de esas sentencias ha sido dictada por un juez objetivo, imparcial y sin sujeción a otro interés que no sea el de aplicar la ley y hacer justicia.

Sin embargo, y a raíz de los vetos de algunos senadores respecto de la designación como ministros de la Corte Suprema de jueces de la más alta calidad en razón de ciertos fallos dictados por ellos en causas de Derechos Humanos, esa tranquilidad en el ejercicio de mi profesión se ha visto perturbada.

Ocurre que dentro de mis muchos defendidos actuales se cuentan algunos que tienen la calidad de imputados en causas de Derechos Humanos. Así, defiendo a un imputado en la causa que se sigue por el supuesto homicidio del ex Presidente Frei Montalva. En esta causa, que instruye un ministro de Corte en calidad de ministro en visita, aún no se ha dictado sentencia definitiva. Pero sí ha habido resoluciones provisorias, como la que dictó en su oportunidad una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por el ministro Muñoz Pardo acogiendo en primera instancia un recurso de amparo interpuesto a favor de mi defendido y de otro imputado. Las consecuencias que tuvo para el ministro Muñoz Pardo esa resolución fue que se vetó su acceso a la Corte Suprema por parte de un senador con interés directo y personal en esa causa, apoyado por otros miembros del Senado. Y claro, me inquieta esa actitud, pues si bien confío plenamente en el ministro instructor del caso Frei, lo cierto es que integrantes de uno de los poderes del Estado le han enviado un mensaje claro: si resuelve que el ex Presidente Frei Montalva no fue asesinado, sino que su muerte se debió a causas naturales, que es una línea argumental de las defensas en ese proceso, su eventual designación como ministro de la Corte Suprema será igualmente vetada.

Podría citar otros casos análogos en que el suscrito ha invocado argumentos estrictamente jurídicos para pedir la absolución o al menos la atenuación de la pena de mis defendidos, y, claro está, lo hago con la confianza legítima de que los jueces pueden acoger o no esos argumentos sobre la base de su apego irrestricto a la ley y al mérito de las pruebas.

Por eso me preocupa la actitud de cuestionar fallos por parte de algunos senadores sin conocer el mérito de los antecedentes probatorios, sin conocer el trasfondo estrictamente técnico-jurídico involucrado en cada causa y sobre la base de consideraciones puramente políticas o, peor aún, por intereses personales.

El problema planteado, claro está, excede con mucho los casos particulares que pueda mencionar y el marco de las causas por DD.HH., pues tiene una trascendencia para el debido proceso y para la plena vigencia de la independencia del Poder Judicial. Exactamente la misma carta estaría enviando si una determinada bancada del Senado pusiese reparos para acceder a la Corte Suprema a los jueces que fallaron a favor del senador Juan Pablo Letelier, a quien también representé en el caso "Coimas"; o a los ministros que rechazaron el desafuero de la ex diputada Pía Guzmán solicitado por parlamentarios de la UDI en razón de ciertas expresiones que vertió en el marco del caso "Spiniak", desafuero en el que fui su defensor.

En fin, como abogado litigante que siempre ha confiado plena y absolutamente en nuestros jueces, estoy intranquilo no porque crea que fallarán mirando las consecuencias que para sus legítimas aspiraciones de ascenso puedan tener sus resoluciones, sino porque algunos senadores les han puesto una motivación para que lo hagan, lo que ciertamente no contribuye a la vigencia del Estado de Derecho y desnaturaliza la intervención del Senado en la nominación de los ministros de la Corte Suprema.

Claudio Feller
Schleyer
Abogado 

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