EL GUATÓN VIOLETA

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EL “GUATON VIOLETA”
Con este apodo es conocido Nicolás Sandoval Toro, el delincuente subversivo que fue filmado paso a paso por Carabineros de Chile, mientras preparaba, se aproximaba y lanzaba una bomba incendiaria a un grupo de funcionarios policiales que controlaba una manifestación “estudiantil”. Con fecha 3 de Julio de 2013, el Juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Aravena, determinó que debido a su intachable conducta anterior el delincuente en cuestión no merecía permanecer detenido. Con ello, una vez más el sistema judicial −junto con despreciar y desincentivar el esfuerzo de nuestros Carabineros− muestra las graves falencias que presenta como encargado de defender a la sociedad chilena, reprimiendo las conductas criminales que la amenazan.
No bastando con este ejemplo de “puerta giratoria”, en el Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, los jueces absolvieron a otro criminal subversivo –el sociólogo Hans Niemeyer− por considerar que tan sólo era responsable de haber transportado, instalado y activado un artefacto explosivo, “sin que su acción tuviese como fin causar temor en la población”, hecho que para los honorables magistrados basta para concluir que no llega a constituir un delito terrorista, si no el de simple trasporte y manipulación de elemento incendiario…
La causa de estas indignantes resoluciones judiciales puede ser atribuida a la negligencia de los magistrados y a una eventual debilidad generada por la presión social y comunicacional que acompaña habitualmente a este tipo de actos delictuales. Incluso, es posible pensar en la existencia de amenazas o chantaje en contra de los mismos jueces o fiscales, lo que sería inaceptable. Pero por sobre todo, no es posible desconocer la responsabilidad de quienes crearon las condiciones para esta degradación del rol de la Justicia y quienes –en vez de rectificar los errores y cumplir con sus responsabilidades − han agravado las debilidades del sistema para atacar a la delincuencia, particularmente a la de tipo subversivo.
En este sentido, no es posible olvidar que ante la necesidad de bajar el perfil al conflicto generado con la detención y posterior huelga de hambre de un grupo de subversivos de la Región de la Araucanía, el actual gobierno envió a trámite urgente una modificación a la llamada Ley Antiterrorista, donde se redujeron oficiosamente las condiciones para que un delito pueda ser tratado como tal, exigiéndose requisitos tan absurdos como la demostración de la “intención de provocar temor en la población”.
En otras palabras, se generó una condición prácticamente imposible de demostrar por parte de las fiscalías, con el claro propósito de favorecer a un grupo de delincuentes, sometidos a proceso por sus reiterados ataques incendiarios en contra de bienes privados en la Araucanía y por haber emboscado con armas y explosivos a una columna policial que trasladaba al Fiscal encargado de investigar los casos anteriormente señalados.
La debilidad mostrada por la autoridad al rendirse sin vergüenza ante la presión comunicacional generada por los subversivos y su red de apoyo nacional e internacional, junto con demostrar una falta visión acerca de las consecuencias que acarrearía una decisión de esta naturaleza, deja en evidencia la notoria carencia de un organismo de análisis de inteligencia que permita al gobierno tomar decisiones con un mínimo de prospectiva, evitando que el remedio resulte peor que la enfermedad. A la luz de los hechos ocurridos con posterioridad y con las resoluciones judiciales señaladas precedentemente, tal parece que esta falta de una adecuada capacidad de análisis de inteligencia, no solo ha favorecido si no estimulado el desarrollo de lo que –a todas luces− no es otra cosa que el nacimiento de una actividad guerrillera, de oscuras proyecciones para la vida nacional.
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De acuerdo a la experiencia alcanzada durante la Guerra Fría y asumiendo que no hay dudas de que vamos camino a una reedición de algunos de sus lamentables períodos, ahora con el concurso de una nueva pero no menos perniciosa forma de marxismo, podemos recordar que la primera fase de la Guerra de Guerrillas corresponde a la subversión política, etapa durante la cual se desarrolla la base de apoyo popular, comunicacional y económica, mientras las futuras fuerzas de combate reciben instrucción, realizan entrenamiento y adquieren gradualmente la experiencia de combate necesaria para llevar a cabo la lucha abierta a la que aspiran llegar en el momento oportuno.
Mientras la subversión política consigue generar el rechazo al orden constituido y promueva el grado de resistencia popular requerido para salir a la luz, los futuros guerrilleros comienzan por realizar graduales acciones que van creando el ambiente de conflicto necesario, sirviéndose de la ingenuidad e ignorancia del común de las personas, las que terminan sorprendidas cuando la revuelta popular explota. De este modo, los futuros “soldados” se inician con tareas tan simples como “activar” las manifestaciones con bombas incendiarias, piedras y balines, pasando posteriormente al robo de cajeros automáticos con explosivos o al asalto de estaciones de servicio o supermercados, para seguir –junto a los grupos de ataque más avezados− participando en la quema de maquinaria e infraestructura productiva, incluyendo el asalto y asesinato de agricultores indefensos. Todo ello, hasta que las condiciones les permitan comenzar la lucha armada, fin último perseguido por las organizaciones de este tipo y que se materializa cuando se ha conseguido el indispensable apoyo popular a la “causa”.
Hacia allá es donde los indicativos de la situación nos están llevando en forma inevitable, mientras quienes debieran reprimir a tiempo esta escalada violentista no parecen querer asumir lo que ocurre y llevar a cabo las correcciones oportunas que detengan este peligroso agravamiento de la paz social. Tanto el Gobierno, como el Poder Judicial y Legislativo son los responsables de controlar este conflicto, dejando de lado las mezquindades de la politiquería. Algunos miembros del Poder Legislativo, deben ser confrontados para que abandonen actitudes que pueden llegar a confundirse con las de “ayudistas” de esta simiente guerrillera.
El mundo político mantiene una total indiferencia ante esta grave escalada de conflicto, aplaudiendo algunos la liberación de Niemayer o del Guatón Violeta, otros criticando sin mucha convicción la débil actuación de la judicatura. Nadie, sin embargo, muestra el valor necesario para exigir una urgente modificación de la Ley, devolviéndole las herramientas a policías y fiscales de nuestro país, para perseguir adecuadamente a quienes lleven a cabo actos terroristas. Nadie quiere “quemarse” con una iniciativa de este tipo que podría atraer críticas del mundillo de los Derechos Humanos.
Así, mientras los futuros combatientes −infiltrados convenientemente en la masa que clama por una “educación gratuita y de calidad”− adquieren las competencias necesarias para unirse a sus camaradas asesinos que explotan la causa mapuche, las autoridades políticas y judiciales prefieren seguir persiguiendo implacablemente a un grupo de viejos militares en retiro, enfermos en su mayoría, inofensivos por su invariable disciplina y respeto a la Autoridad, pero vilmente utilizados por un grupúsculo de activistas de los DD.HH. que los usan para mantener viva su victimización y aplacar así cualquier intento de la autoridad para asumir un rol efectivo de represión en contra de quienes amenazan la paz interna y el bien común.
3 de Julio de 2013
Patricio Quilhot Palma