CÓMO ALLENDE DESTRUYÓ LA DEMOCRACIA EN CHILE

CÓMO ALLENDE DESTRUYÓ LA DEMOCRACIA EN CHILE


El miércoles 22 de agosto de 1973 el pleno de la Cámara de Diputados fue citado a las 12 horas
para "analizar la situación política y legal que afecta al país". Al iniciarse la sesión, los Comités de
Diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y del Partido Nacional (PN) presentaron un
proyecto de Acuerdo que cambiaría el curso de la historia de Chile.
El primer orador fue el diputado del PDC Claudio Orrego, quien, en su discurso de
presentación del proyecto de Acuerdo, afirmó que "el país está sufriendo actualmente una crisis
que no tiene parangón en nuestra historia patria, a lo largo de ciento sesenta y tantos años de
vida independiente... Hasta este momento la crisis no se resuelve; al contrario, se agudiza día a
día. Por eso, nosotros, hoy día, en esta Corporación y ante la faz de Chile, queremos decir que ha
llegado la hora, que ha llegado el momento de que digamos una vez más nuestra verdad
responsablemente ante el país y ante la historia, porque el Congreso no puede seguir silenciando
la grave situación porque atraviesa Chile y tiene que hacer un enjuiciamiento global de ella,
porque la situación de ilegalidad pasa por atropellos reiterados a las resoluciones del Congreso
Nacional, por atropellos reiterados a las atribuciones del Poder Judicial, por atropellos reiterados
a las facultades de la Contraloría General de la República, por atropellos reiterados a los derechos
de los ciudadanos, a los medios de comunicación de los chilenos y hasta, en algunos casos, a la
libertad de las personas... En ese cuadro, señor Presidente, no caben soluciones de parche.
Dentro de este cuadro, cuando un país se desmorona, no caben pequeñas maniobras de política
superestructural. Aquí hay que resolver los problemas de fondo" (Claudio Orrego V., Para una paz
estable entre los chilenos, edición privada del autor, 1974).
El diputado Orrego afirmó también que el Presidente Salvador Allende no estaba respetando el
Estatuto de Garantías Democráticas que había hecho posible su elección. Este listado de derechos
individuales había sido incorporado a la Constitución en 1970 como condición para que la
Democracia Cristiana lo eligiera con sus votos como presidente, pues el candidato socialista sólo
había obtenido el 36.2% del voto popular y, por lo tanto, el Congreso podía elegir a la primera
magistratura a cualesquiera de las dos primeras mayorías relativas. Más tarde, Allende
reconocería que él firmó este Estatuto sólo como una maniobra "táctica" (Regis Debray, The
Chilean Revolution: Conversations with Allende, 1971).
Tras intervenir otro representante del PDC, tomó la palabra el diputado del PN Hermógenes Pérez
de Arce, quien afirmó que el Acuerdo demostraba que "el Poder Ejecutivo había dejado de
encuadrarse en la Constitución y la Ley, lo que ha dado lugar a la ilegitimidad del mandato y
ejercicio del Presidente de la República".
Después de otros dos diputados nacionales, intervino el diputado Luis Maira de la coalición de
partidos de gobierno llamada Unidad Popular. No negó las graves acusaciones que hacía el
proyecto de Acuerdo e intentó justificar la conducta del gobierno sosteniendo "que el problema
de fondo no es otro que el Estado de Derecho y su justa correlación con las transformaciones
económicas indispensables".
La sesión de la mañana finalizó con un fogoso discurso del diputado Juan Luis Ossa, presidente de
la juventud del PN. En los alrededores del edificio del Congreso habían ocurrido el día anterior
graves incidentes. El diputado Ossa, atacado por grupos armados, se había visto obligado a hacer
uso de un arma de fuego, afirmando a la prensa que se le disparaba incluso con armas
automáticas. La policía no había actuado en defensa de los jóvenes de su partido. Exasperado por
este incidente, increpó a los diputados comunistas: "Por eso ustedes, bandas de traidores, bandas
de cobardes, bandas de vendidos, bandas de mentirosos hipócritas, están descalificados para
hablar de la guerra civil". Ese era el clima que se vivía en Chile ese día de agosto.
A las 14 horas y 13 minutos se interrumpió el debate. En el mundo hispano, ni siquiera asuntos
tan graves ameritan desconocer la hora del almuerzo.
La sesión de la tarde, convocada para votar el proyecto de Acuerdo, comenzó a las 20 horas. Pero
hubo una sorpresa. Tras un breve debate, la Cámara se constituyó en sesión secreta a instancias
de Jorge Insunza y el público en las tribunas tuvo que abandonar el recinto. En ella, el diputado
comunista pronunció un discurso amenazante sosteniendo que, si se aprobaba el proyecto de
Acuerdo, fuerzas extranjeras invadirían de inmediato el país.
Reanudada la sesión pública, se procedió de inmediato a votar. Una vez hecho el recuento, el
Presidente de la Cámara de Diputados levantó la voz y declaró aprobado por 81 votos contra 47 el
Acuerdo sometido a votación. A las 21 horas 49 minutos se levantó la sesión.
Al día siguiente, 23 de agosto, El Mercurio tituló así a todo lo ancho de la página: "Declaró
Acuerdo de la Cámara de Diputados: EL GOBIERNO HA QUEBRANTADO GRAVEMENTE LA
CONSTITUCIÓN".
El texto del Acuerdo fue publicado íntegramente ese día por El Mercurio. El Acta oficial de la
sesión, que fue presidida por el diputado del PDC Luis Pareto y el del PN Gustavo Lorca,
presidente y vicepresidente de la Cámara respectivamente, fue publicada el 25 de agosto en el
diario gubernamental La Nación.
El Acuerdo, aprobado por casi dos tercios de los diputados (63.3%), acusaba al gobierno del
Presidente Allende de veinte violaciones concretas a la Constitución y las leyes, entre las cuales
destacaban amparar grupos armados, torturar, detener personas ilegalmente, amordazar la
prensa, manipular la educación, limitar la posibilidad de salir del país, confiscar la propiedad
privada, formar organismos sediciosos, violar las atribuciones del Poder judicial, el Congreso y la
Contraloría, y todo ello de manera sistemática y con el fin de instaurar en Chile "un sistema
totalitario", es decir, una dictadura comunista.
Fue un hecho extraordinario que el Acuerdo de la Cámara haya sido aprobado por todos los
diputados del PDC, el partido mayoritario cuyo líder indiscutido era el Presidente del Senado y ex
Presidente de la República Eduardo Frei Montalva, pues sólo tres años antes, el 24 de octubre de
1970, ese mismo partido había contribuido con todos sus votos a elegir Presidente a Salvador
Allende en el Congreso Pleno.
Para John Locke, el gran pensador político inglés, la tiranía es "el ejercicio del poder más allá de la
ley". Cuando surge ese tirano, es él quien ha colocado al país en estado de guerra al traspasar los
límites de su poder, es decir, se ha "rebelado" ("re-bellare", proviene del latín "bellum" que
significa guerra).
La esencia del Acuerdo de la Cámara de Diputados entonces es la acusación que se le hace al
Presidente Allende de que, pese a que fue elegido democráticamente, se había rebelado contra la
Constitución y, por lo tanto, convertido en un "tirano".
VEINTE VIOLACIONES Y UN LLAMADO DESESPERADO
El Acuerdo de la Cámara de Diputados constituye un verdadero "Acuerdo contra la Tiranía".
Tiene 15 artículos y se puede descomponer conceptualmente de la siguiente manera:
a) Un preámbulo contenido en los artículos 1 a 4, que enuncia las conocidas condiciones
esenciales que deben darse para que exista un Estado de Derecho. Contiene una advertencia
cargada de significado ("un gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha otorgado
incurre en sedición"), y recuerda que el Presidente Allende no fue elegido por una mayoría del
voto popular sino por el Congreso Pleno, "previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías
democráticas incorporado a la Constitución Política".
b) Veinte acusaciones de violaciones a la Constitución y las leyes: una acusación genérica
contenida en los artículos 5 y 6, diez sobre violaciones concretas a determinados derechos
humanos que están enumeradas dentro del artículo 10, siete sobre violaciones a la separación de
poderes en los artículos 7, 8 y 9, y finalmente dos sobre acciones de carácter sedicioso en los
artículos 11 y 12. Este listado tiene una estructura similar a la cadena de acusaciones contra el rey
Jorge III que hace la Declaración de Independencia de Estados Unidos para justificar ante el
mundo esa ruptura.
c) Una precisión sobre el rol de los ministros militares que el Presidente Allende había incluido en
carteras claves de su gabinete (Art. 13 y 14). Hay que aclarar que el mismo Presidente Allende
había abierto las puertas de la política a los militares al designar, un año antes, a varios generales
y almirantes en ministerios claves. Durante algunos meses incluso designó en el cargo político de
mayor gravitación y controversia, el Ministerio del Interior, al Comandante en Jefe del Ejército,
general Carlos Prats. En agosto de 1973, un almirante era Ministro de Hacienda, el cargo clave en
la conducción económica del país.
d) Un llamado al Presidente de la República y a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas
(Art.15) a poner "inmediato término" a estas graves violaciones a la Constitución.
El 23 de agosto un mensajero de la Cámara entregó en el palacio presidencial de La Moneda un
sobre dirigido al Primer Mandatario con el texto del Acuerdo aprobado la noche anterior.
El jueves 24, el Presidente Allende daba a conocer una carta pública dirigida al país. En ella
sostenía: "En el día de anteayer, los diputados de oposición han exhortado formalmente a las
Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Ejecutivo... Pedir
a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la
autoridad y dirección política del Presidente de la República es promover el golpe de Estado".
Allende acusó a la mayoría de los diputados de querer removerlo del cargo sin una acusación
constitucional formal, en lo cual tenía razón. Por eso la Cámara realiza un "llamado" a la
intervención de los ministros militares, y obviamente a través de ellos a las Fuerzas Armadas, pues
el camino estrictamente jurídico para remover al Presidente era imposible.
En efecto, la remoción del Presidente, conforme al artículo 42 de la Constitución promulgada en
1925, exigía para ello dos tercios de los senadores en ejercicio. Como el Senado se renovaba
parcialmente, era virtualmente imposible que un Presidente, por impopular que fuera, perdiera
de tal manera las elecciones parlamentarias durante su período como para quedar sin el apoyo de
al menos un tercio de los senadores. De hecho, la oposición al Presidente Allende ganó por
mayoría absoluta las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, logrando casi dos tercios de la
Cámara de Diputados, pero no igual mayoría en el Senado. En síntesis, la Constitución de 1925
permitía que un gobierno la violara, incluso "sistemáticamente" como sostuvieron una amplia
mayoría de los diputados, mientras ese gobierno mantuviera a su lado a un tercio de los
senadores.
Es reveladora la confusión sobre lo que significa el Estado de Derecho que trasunta la respuesta
de Allende, ya que declara que insistirá en su camino ilegal pues "tras la expresión 'Estado de
Derecho' se esconde una situación que presupone una injusticia económica y social entre chilenos
que nuestro pueblo ha rechazado. Pretenden ignorar que el Estado de Derecho sólo se realiza
plenamente en la medida que se superen las desigualdades de una sociedad capitalista".
Esta declaración es consistente con aquella que había hecho su Ministro de Justicia el 1 de julio de
1972: "La revolución se mantendrá dentro del derecho mientras el derecho no pretenda frenar la
revolución".
El origen del texto del Acuerdo ha sido explicado por Claudio Orrego, de esta manera: "El
Presidente de la Democracia Cristiana, senador Patricio Aylwin, me encomendó la tarea de
preparar el proyecto de acuerdo. Me solicitó que hablara con el senador Juan Hamilton... quien
me informó que los parlamentarios del Partido Nacional tenían un borrador de declaración que
podía ahorrarnos mucho trabajo. Tomé contacto, entonces, con el senador Sergio Diez y con el
diputado Mario Arnello, quienes me facilitaron una copia de su trabajo. Después de analizar dicho
documento, me pareció que contenía mucho material y que estaba muy bien hecho... Una vez
terminado el trabajo –del cual guardo el original— transmití al senador Aylwin éste para que lo
aprobara la Directiva del PDC. Este procedió a redactar nuevamente las conclusiones, en la forma
en que fueron definitivamente aprobadas por la Cámara. El mismo día 22 de agosto, en la
mañana, revisamos el texto definitivo con Patricio Aylwin y me dirigí al Congreso a presentarlo...
Esa es la relación verdadera del Acuerdo de la Cámara de Diputados. La historia juzgará de su
importancia y su oportunidad" (Carta a La Segunda, 26 de marzo de 1980).
Según Hermógenes Pérez de Arce, el primer borrador del Acuerdo lo redactó el jurista Enrique
Ortúzar y lo revisó el senador del PN Francisco Bulnes, y que él mismo participó en una reunión
para este efecto. Ello es coherente con la versión de Orrego, quien señala que la redacción final
del texto se basó en un "muy bien hecho" trabajo que le entregaron parlamentarios del PN. Todo
indica entonces que se trata del mismo texto, el cual fue siendo enriquecido por distintas
personas del PN y el PDC en la búsqueda de una redacción que satisficiera a todos y así asegurara
la votación unánime de los diputados de ambos partidos.
LA OPCIÓN POR LA VIOLENCIA POLÍTICA
¿Cómo se explica que un Presidente que llegó al poder a través de una elección democrática
ejercite después su poder en contra de la misma Constitución y las mismas leyes que le
permitieron alcanzar el más alto cargo político de la República? ¿Por qué un gobierno elegido
democráticamente consideró necesario incurrir en veinte violaciones de la Constitución?
La respuesta está en que una revolución comunista-socialista, que busca establecer lo que su
misma doctrina ha denominado "la dictadura del proletariado", por definición no se puede hacer
dentro de la Constitución y de la ley de una república democrática.
Una cosa es para un dirigente marxista transformarse en presidente democrático de un país
obteniendo el 36,2% de la votación, contando con la aceptación de un Congreso cuando a éste le
corresponde la elección final, y otra muy distinta es adquirir la suma del poder necesaria para
abolir la democracia y establecer un sistema totalitario. Para ello se requería una mayoría
abrumadora como para realizar las modificaciones respectivas de la Carta Fundamental. Ello no
ha ocurrido en la historia de la humanidad, pues todos esos regímenes han alcanzado el poder
total a través de la violencia.
Es un error atribuir la ruptura chilena a una tendencia más impaciente que otras al interior de uno
de los partidos de izquierda marxista, o a una reunión sediciosa de diputados con marineros en un
barco de la Armada, o incluso a un discurso delirante en un estadio llamando a la "insurrección de
las masas". Estos hechos, que sí ocurrieron, pueden ser detonantes, pero la causa profunda fue
una ideología y una praxis, tan sistemática como implacable, que concebía a la violencia como "la
partera de la historia".
Son claves para comprender el origen de la ruptura democrática los dos acuerdos oficiales del
Partido Socialista de Chile adoptados, por unanimidad, en sus Congresos anuales de 1965 y 1967.
Ya en su Congreso de Linares (julio, 1965), el Partido Socialista de Chile, que se definía como
marxista-leninista, había sostenido lo siguiente: "Nuestra estrategia descarta de hecho la vía
electoral como método para alcanzar nuestro objetivo de toma del poder... El partido tiene un
objetivo: para alcanzarlo deberá usar los métodos y los medios que la lucha revolucionaria haga
necesarios".
Pero fue en su Congreso de Chillán cuando la postura sediciosa alcanzó su máxima expresión. Este
tuvo lugar entre el 24 y el 26 de noviembre de 1967 y asistieron 115 delegados, y hubo además
"delegados fraternales" de los gobiernos comunistas de la URSS, Alemania Oriental, Rumania y
Yugoslavia, del partido Baath socialista de Siria y del partido socialista de Uruguay.
La resolución adoptada afirmaba que "la violencia revolucionaria es inevitable y legítima...
Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico, y su ulterior
defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato democrático-militar del Estado burgués
puede consolidarse la revolución socialista... Las formas pacíficas o legales de lucha no conducen
por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción
incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. La política del frente de
trabajadores se prolonga y se encuentra contenida en la política de la Organización
Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), la que refleja la nueva dimensión continental y armada
que ha adquirido el proceso revolucionario latinoamericano" (Julio César Jobet, La Historia del
Partido Socialista de Chile, 1997).
El ideólogo del Partido Socialista, y futuro Ministro de Relaciones Exteriores del Presidente
Allende, Clodomiro Almeyda, especuló sobre la forma en que terminaría este proceso: "La forma
fundamental que en un país como Chile pueda asumir la fase superior de la lucha política, cuando
el proceso vigente llegue a colocar a la orden del día el problema del poder, es impredecible en
términos absolutos. Yo me inclino a creer que es más probable que tome la forma de una guerra
civil revolucionaria, a la manera española, con intervención extranjera, pero de curso más rápido
y agudo" (Revista Punto Final, 22 de noviembre de 1967).
Cabe destacar que el Partido Socialista era el segundo de mayor tamaño del país, que sería el
principal partido en la coalición, la Unidad Popular, que gobernó Chile entre 1970 y 1973, y que
Salvador Allende era su más destacado militante. Su partido aliado, el Partido Comunista de Chile,
era el mayor y mejor organizado de todos los Partidos Comunistas de América Latina, y el tercero
en tamaño, después de aquellos de Francia e Italia, de todo el mundo occidental.
Por cierto, todo esto ocurría en el contexto de la Guerra Fría, en la cual el gobierno de la Unidad
Popular se había aliado con la Unión Soviética en contra de Estados Unidos y la Europa
democrática.
Posiblemente sin haber leído jamás a George Orwell, Allende llamó a la superpotencia comunista
el "hermano mayor" de Chile, en un discurso en el propio Kremlin el 7 de diciembre de 1972, en el
cual agregó, tras reunirse con los máximos jerarcas soviéticos Leonid Brezhnev, Alexei Kosygin y
Nikolai Podgorny, que había alcanzado una "completa identidad de puntos de vista" con los
dirigentes comunistas.
Esta adhesión a los regímenes comunistas venía de mucho antes. Desde ya, en el homenaje que
se le hizo a Stalin en Santiago una semana después de su muerte en marzo de 1953, uno de los
oradores principales fue el socialista Salvador Allende.
Es ilustrativo recordar también el increíble homenaje a Stalin del importante dirigente comunista
chileno Volodia Teitelboim: "Hoy ya duerme su gloria eterna en la cámara ardiente de la Sala de
las Columnas de Moscú el camarada José Stalin. Hace apenas un día y algunas horas que murió el
amado conductor de los trabajadores del mundo, el más grande, profundo y noble amigo de la
humanidad... Ha muerto el padre y el jefe de toda la humanidad progresista. Ha muerto, como
Mayakovsky decía de Lenin, el más humano de todos los hombres... Dio abundancia y existencia
dichosa a su pueblo… Bajo la bandera de luto, pero siempre desplegada de Stalin, los pueblos
marchan por el camino más corto hacia la segura victoria, hacia el mundo de la felicidad humana"
(El Siglo, marzo de 1953).
En la década del 60, Allende aceptó servir como presidente de la Organización Latinoamericana
de Solidaridad (OLAS), un organismo castrista para exportar la revolución comunista al
continente, la que había afirmado públicamente que "la revolución armada es la única solución
para los males sociales y económicos de Latinoamérica".
Claudio Véliz, historiador y amigo personal de Allende, sostiene que los viajes de Allende a Cuba
tuvieron "una incidencia fundamental en el proyecto que pretendía aplicar en Chile. Tras ver
Cuba, Allende pensó que podía acortar el camino. Pero la verdad es que se apartó de la tradición
chilena... No cabe ninguna duda que el gobierno de la Unidad Popular fue un desastre que nos
llevó a la guerra civil" (El Mercurio, 28 de noviembre, 1999).
Allende, siendo presidente del Senado, expresó en varias ocasiones su apoyo al Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR), grupo que inició la violencia guerrillera en Chile. Por cierto, la
violencia había sido idealizada por los líderes de izquierda de Chile y el continente por un largo
tiempo.
En último término, los dirigentes marxistas chilenos no supieron resistir el embrujo de la
Revolución comunista cubana. El tirano del Caribe, Fidel Castro, se transformó en el modelo y
fueron intoxicados, como si fueran adolescentes, por la retórica y la acción revolucionaria del Che
Guevara, quien llamaba a crear "múltiples Vietnam" en América Latina.
Una distinción fundamental que no se hizo fue aquella entre el noble objetivo de querer cambiar
el mundo para mejor y buscar hacerlo utilizando la violencia. En nuestro país había al comenzar la
década del 70 demasiada pobreza, subdesarrollo, monopolios e injusticias de distinta naturaleza,
como para que muchas personas idealistas, especialmente jóvenes, no se declararan en estado de
rebeldía y buscaran, aunque con más pasión que rigor, un camino para crear un mundo mejor.
Basta leer el "Balance Patriótico" de Vicente Huidobro, publicado en 1925, para comprobar que
no mucho había cambiado en cincuenta años.
Lo que es aberrante es que tantos dirigentes comunistas y socialistas chilenos, de quienes era
esperable un mínimo de madurez y responsabilidad política, impulsaran, inicialmente con su
retórica incendiaria, y más tarde con sus actos de gobierno, a decenas de miles de jóvenes al
abismo —y a las consecuencias-- de la violencia política.
En este contexto, es estremecedora la honesta confesión de un ex guerrillero argentino: "Hoy
puedo afirmar que por suerte no obtuvimos la victoria, porque de haber sido así, teniendo en
cuenta nuestra formación y el grado de dependencia con Cuba, hubiéramos ahogado el
continente en una barbarie generalizada. Una de nuestras consignas era hacer de la cordillera de
Los Andes la Sierra Maestra de América Latina, donde, primero hubiéramos fusilado a los
militares, después a los opositores, y luego a los compañeros que se opusieran a nuestro
autoritarismo" (Jorge Masetti, El Furor y el Delirio, 1999).
AL BORDE DE LA GUERRA CIVIL
La respuesta del Presidente Allende a la Cámara no fue la única en la que demostró su desprecio
por el Estado de Derecho. Durante 1973 la Corte Suprema le había reprochado la vulneración de
las atribuciones propias de ese cuerpo, lo que derivó en una violenta disputa epistolar entre ellos.
Por supuesto, la Unidad Popular incluso había desarrollado la insólita teoría jurídica de los
"resquicios legales", con los cuales no sólo se había avanzado en la intervención estatal de
múltiples empresas privadas de todos los tamaños, sino que se estaba erosionando de manera
fatal la necesaria confianza pública en las instituciones fundamentales de la República.
Así, el 26 de mayo de 1973, en protesta por una negativa del gobierno a cumplir con una decisión
judicial, la Corte Suprema resolvió por unanimidad dirigirse así al Presidente de la República: "Esta
Corte Suprema se ve obligada a representar a Su Excelencia por enésima vez la actitud ilícita de la
autoridad administrativa en su interferencia ilegal en asuntos judiciales, así como de poner
obstáculos a la policía uniformada en la ejecución de órdenes de los tribunales del crimen;
órdenes que, bajo las leyes vigentes, deben ser llevadas a cabo por dicha fuerza policial sin
obstáculos de ninguna índole; todo lo cual implica un desprecio abierto y voluntario de los fallos
judiciales, con completa ignorancia de las alteraciones que tales actitudes u omisiones producen
en el orden legal; como se representó a Su Excelencia en un despacho anterior, actitudes que
implican además no sólo una crisis en el estado de derecho, sino también el quiebre perentorio o
inminente de la legalidad de la Nación".
Allende, en un discurso público a los pocos días, respondió con una afirmación que en cualquier
país de larga tradición democrática le habría costado la inmediata destitución de su cargo:"En un
período de revolución, el poder político tiene derecho a decidir en el último recurso si las
decisiones judiciales se corresponden o no con las altas metas y necesidades históricas de
transformación de la sociedad, las que deben tomar absoluta precedencia sobre cualquier otra
consideración; en consecuencia, el Ejecutivo tiene el derecho a decidir si lleva a cabo o no los
fallos de la Justicia".
Cabe destacar que, al día siguiente del Acuerdo de la Cámara, el 23 de agosto, la Corte Suprema
adoptó otra resolución denunciando nuevamente los intentos del gobierno de quebrar la
independencia del Poder Judicial.
A mediados de 1973, el ejercicio antidemocrático del poder por parte del Presidente Allende y sus
ministros había conducido, entonces, no sólo a un abierto conflicto constitucional entre el
Presidente de la República y el Poder Legislativo, sino también a un gravísimo choque entre este
Presidente y el Poder Judicial.
A estas alturas, es conveniente precisar que, aunque la creciente crisis económica –inflación
anualizada sobre 300%, racionamientos, crisis de balanza de pagos, desempleo en aumento,
desconfianza—producía miseria y angustias generalizadas y creaba una caja de resonancia a estos
conflictos institucionales, ese no era el argumento válido para remover al gobierno.
Como el país había llegado a ser "un campo armado", lo cual preocupaba sobremanera a las
Fuerzas Armadas, había que ser ciego para desconocer que, durante el invierno de 1973, Chile
había caído en un estado de guerra civil (Dos libros importantes y complementarios que
comprueban esta realidad son aquellos de Paul Sigmund, The Overthrow of Allende, y de James
Wheelan, Desde las Cenizas).
Oscar Waiss, quien fue director del diario oficial del gobierno e íntimo amigo de Allende, al
plantear algunos escenarios posibles refleja el grado de extremismo que primaba en algunos
dirigentes de la Unidad Popular: "Había llegado el momento de echar el fetichismo legalista por la
borda; el momento de llamar a retiro a los militares conspiradores; de destituir al Contralor
General de la República; de intervenir la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial; de
incautarse de El Mercurio y toda la jauría periodística contrarrevolucionaria. Resultaba mejor dar
el primer golpe, pues el que pega primero pega dos veces" (Revista "Política Internacional" Nº
600, Belgrado, abril de 1975).
Pese a su clara responsabilidad en la introducción de la violencia política en Chile, parece
altamente improbable que el Presidente Allende hubiese estado dispuesto a actuar con la
inmoralidad extrema de los dirigentes bolcheviques que realizaron la sangrienta Revolución de
Octubre en Rusia.
Pero, gracias a Dios, nunca podrá contestarse la pregunta: ¿Quién, dentro de la Unidad Popular,
habría sido el Lenin chileno?
FREI INCLINA LA BALANZA
Salvador Allende llegó a la presidencia tras el fracaso de los gobiernos de Jorge Alessandri (1958-
1964) y de Eduardo Frei Montalva (1964-1970).
Ambos gobiernos fueron incapaces de cambiar la fallida estrategia de desarrollo, la cual generaba
un crecimiento económico tan mediocre que hacía imposible derrotar la miseria y crear un
horizonte de prosperidad para todos los chilenos, y ambos abrieron el camino para la violación del
derecho de propiedad, fundamento esencial de una sociedad libre. Esta relación indisoluble,
conceptual e histórica, entre propiedad y libertad la acaba de demostrar Richard Pipes en su libro
Property and Freedom (1999).
Oscar Godoy, Director del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, sostiene que "la
responsabilidad de los partidos de derecha en el ascenso de la Unidad Popular al gobierno fue que
no supieron defender oportunamente y con vigor las instituciones del Estado liberal. Por ejemplo,
la defensa que se hizo del derecho de propiedad fue mínima, porque se fue cediendo
sistemáticamente. Cuando la derecha tiene la posibilidad de recuperarse, con Jorge Alessandri, se
manifiesta impotente frente a la novedad de la Democracia Cristiana y del socialismo y extrema
su debilidad. Es lamentable la escasez de hombres públicos en la derecha dispuestos a defender
sus planteamientos con el mismo vigor con que los socialistas defendían los suyos. La campaña de
Jorge Alessandri hace concesiones múltiples para ocultar la verdadera naturaleza del proyecto
liberal. En ese tiempo existía temor a expresar las palabras mercado, competencia,
individualismo, etc. Entonces hace una claudicación que la hace muy débil" (La Epoca, 4 de
septiembre de 1995).
El debilitamiento del derecho de propiedad en Chile comenzó, en efecto, con la reforma
constitucional propiciada por el gobierno del Presidente Alessandri con el fin de iniciar la Reforma
Agraria. Fueron proféticas, aunque desestimadas, las advertencias del ex presidente de la
Sociedad Nacional de Agricultura, Recaredo Ossa: "La ruptura de estas garantías constitucionales
respecto de la agricultura es sólo el comienzo de la quiebra de nuestro sistema democrático. Lo
que hoy se hace contra esta rama de la producción no tiene por qué no hacerse mañana contra la
propiedad urbana, la minería grande, mediana o pequeña, el comercio y todos los bienes
particulares. Decimos más: la Reforma Constitucional es la experiencia piloto en materia de
abolición del derecho de propiedad. Introducida esta cuña, que algunos miran tan
desaprensivamente, el hueco se convertirá en inmensa grieta por donde desaparecerá la
propiedad entera" (Esta intervención radial fue reproducida por El Mercurio el 6 de enero de
1962).
El gobierno Frei profundizó este camino, incurriendo además en dos otros graves errores de
políticas públicas. Primero, fue débil ante el surgimiento de la violencia política, y fue
especialmente grave que no reaccionara con vigor en defensa de la democracia y el estado de
derecho cuando el Partido Socialista se declaró partidario de la vía armada en su Congreso de
Chillán en 1967. Segundo, la Reforma Agraria del gobierno Frei multiplicó varias veces la violación
del derecho de propiedad al expropiarse miles de propiedades agrícolas sin una justa
compensación. Además, su gobierno permitió la proliferación de las "tomas" de propiedades
ajenas por grupos de agitadores. Al gobierno de Frei le "tomaron" todo: universidades,
municipalidades, centenares de predios agrícolas, sitios eriazos, carreteras, industrias, un cuartel
militar, y hasta la Catedral de Santiago. En ese ambiente no fue de extrañar que los partidos de
izquierda sintieran factible "tomarse" el poder total.
Fracasados los gobiernos de "derecha" y "centro" de Alessandri y Frei, y no existiendo, como
hemos visto, una "izquierda" democrática, la conclusión era predecible. En agosto de 1965, el
mismo Frei había dicho "Si mi gobierno falla, tendremos un gobierno de la extrema izquierda"
(Leonard Gross, The Last, Best Hope, 1967).
Lo que resultó tan impredecible como extraordinario, fue que una figura política tan temerosa de
aparecer como "anticomunista", como Eduardo Frei Montalva, decidiera ante la encrucijada en
que lo colocó la Historia, jugarse entero para salvar a Chile de caer en una dictadura marxista.
Frei vivía bajo el peso de la durísima acusación que se le hizo a fines de los sesenta de que, si le
entregaba el gobierno a Allende, pasaría a la Historia como el "Kerensky chileno". Sin embargo,
decide permanecer en Chile durante este período, en circunstancias de que su ex ministro del
Interior y heredero político, Edmundo Pérez Zujovic, es asesinado en 1971 por terroristas de
izquierda, lo que hacía evidente que también su propia vida corría alto peligro. Ello contrasta con
la actitud de Alexander Kerensky, quien escapa de San Petersburgo y muere en Nueva York
(precisamente en 1970, año en que Frei entrega el poder a Allende) escribiendo libros sobre cómo
fue incapaz de evitar que una banda de audaces bolcheviques se tomara Rusia por la fuerza.
Frei tiene que haber sabido que su postura sería criticada no sólo por sus adversarios, sino que
incluso por muchos de sus amigos, como efectivamente lo hizo su ex Ministro del Interior,
Bernardo Leighton, quien atribuiría esta actitud a "un verdadero peso de conciencia por el triunfo
de la Unidad Popular, que vi caer sobre tu espíritu, abrumándolo, en los días posteriores a la
elección de Salvador Allende" (Carta a Frei, 26 de junio, 1975).
Frei retornó a la arena política contingente presentándose en las elecciones parlamentarias de
marzo de 1973 como candidato a senador por Santiago, y una vez elegido aceptó la presidencia
del Senado, transformándose, por lo tanto, en el adversario principal de Allende.
Su muy cercano colaborador, el senador DC Patricio Aylwin, había presentado, el 12 de mayo de
1973, una moción en la Asamblea General de la DC, la cual fue aprobada, en la que se acusaba al
gobierno de Allende de buscar establecer en Chile una "tiranía comunista". Posteriormente,
Aylwin revisa el proyecto de Acuerdo, redacta sus conclusiones, y, sin duda tras obtener el
asentimiento de Frei (presidente del senado y líder indiscutido de la DC), le transmite a Orrego la
aprobación final. Más aún, es Aylwin quien le replica públicamente a Allende tras la respuesta de
este al Acuerdo.
Por cierto, los dirigentes del Partido Nacional, encabezados por un valiente y combativo
presidente, Sergio Onofre Jarpa, habían denunciado desde muy temprano el creciente
alejamiento de la legalidad del gobierno de la Unidad Popular.
Sin embargo, es lógico afirmar que lo que inclinó la balanza, tanto en la ciudadanía como en los
mandos militares, fue la postura que Eduardo Frei asumió, con inusitada fuerza, en esos meses
cruciales de 1973. Como Presidente del Senado, era el líder con mayor poder de convocatoria de
la oposición y era también el dirigente chileno que, de lejos, tenía el mayor prestigio
internacional. Desde ya, el Times de Londres lo había calificado como "la personalidad política
más importante de América Latina".
Existen testimonios de que en algún momento, Frei llegó al convencimiento de que sólo las
Fuerzas Armadas podían impedir que Chile se transformara en una segunda Cuba.
En la significativa "Acta Rivera", se describe una reunión el 6 de julio de 1973 entre Frei y la
directiva de la Sociedad de Fomento Fabril, la máxima entidad gremial que agrupaba a los
industriales chilenos. En ella estos dirigentes le plantean que "el país estaba desintegrándose y
que si no se adoptaban urgentes medidas rectificatorias fatalmente se caería en una cruenta
dictadura marxista, a la cubana".
La respuesta de Eduardo Frei es reveladora: "Nada puedo hacer yo, ni el Congreso ni ningún civil.
Desgraciadamente, este problema sólo se arregla con fusiles... les aconsejo plantear crudamente
sus aprensiones, las que comparto plenamente, a los comandantes en Jefe de las Fuerzas
Armadas, ojalá hoy mismo".
El testimonio más extenso de Frei en esta materia es su carta del 8 de noviembre de 1973 al
Presidente de la Democracia Cristiana Internacional, el político italiano Mariano Rumor. Allí Frei
reitera las acusaciones que antes había hecho el Acuerdo de la Cámara: "Trataron de manera
implacable de imponer un modelo de sociedad inspirado claramente en el Marxismo Leninismo.
Para lograrlo aplicaron torcidamente las leyes o las atropellaron abiertamente, desconociendo a
los Tribunales de Justicia... En esta tentativa de dominación llegaron a plantear la sustitución del
Congreso por una Asamblea Popular y la creación de Tribunales Populares, algunos de los cuales
llegaron a funcionar, como fue denunciado públicamente. Pretendieron asimismo transformar
todo el sistema educacional, basado en un proceso de concientización marxista. Estas tentativas
fueron vigorosamente rechazadas no sólo por los partidos políticos democráticos, sino por
sindicatos y organizaciones de base de toda índole, y en cuanto a la educación ella significó la
protesta de la Iglesia Católica y de todas las confesiones protestantes que hicieron públicamente
su oposición. Frente a estos hechos naturalmente la Democracia Cristiana no podía permanecer
en silencio. Era su deber –y lo cumplió-- denunciar esta tentativa totalitaria que se presentó
siempre con una máscara democrática para ganar tiempo y encubrir sus verdaderos objetivos".
Frei también comprendió que un Chile comunista habría apuntado, como una larga espada, al
corazón de una vulnerable América Latina. Frei le dice a Rumor que "la caída de Allende ha sido
un retroceso para el comunismo mundial. La combinación de Cuba con Chile, con sus 4.500 kms.
de costa en el Océano Pacífico y su influencia intelectual y política en América Latina, fue un paso
decisivo en el intento de control del hemisferio. Eso explica esa violenta y exagerada reacción.
Chile iba a ser una base de operaciones para todo el continente".
Esta perspectiva es confirmada por Brian Crozier, fundador del London's Institute for the Study of
Conflict: "Durante sus tres años en el poder, Allende transformó su país, de hecho, en un satélite
cubano, y por lo tanto una adición incipiente al Imperio Soviético... para entonces Chile podía ser
francamente descrito como un estado marxista en términos ideológicos y económicos... desde
una perspectiva estratégica, se le había transformado en una importante base para operaciones
subversivas soviéticas y cubanas, incluyendo el terrorismo para toda América Latina... la KGB
soviética estaba reclutando miembros para cursos de entrenamiento en terrorismo... especialistas
de Corea del Norte estaban enseñando a miembros jóvenes del Partido Socialista de Allende".
(The Rise and Fall of the Soviet Empire, 1999).
En una conversación con un periodista del diario español ABC, publicada el 10 de octubre de
1973, Frei ya había hecho juicios durísimos contra la Unidad Popular y justificado plenamente la
intervención militar: "El país no tiene más salida salvadora que el gobierno de los militares"; "El
mundo no sabe que el marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad
al del Ejército"; "Los militares fueron llamados, y cumplieron una obligación legal, porque el poder
ejecutivo y el judicial, el Congreso y la Corte Suprema habían denunciado públicamente que la
presidencia y su régimen quebrantaban la Constitución"; "La guerra civil estaba preparada por los
marxistas"; "Es alarmante que en Europa no se enteren de la realidad: Allende dejó la nación
destruida".
Posteriormente Frei realizó una declaración pública en que reconoce haber hablado con el
periodista Luis Calvo del ABC, pero en la que señala que la entrevista no reflejó exactamente sus
palabras, sin aclarar cuáles fueron esas imprecisiones. Más tarde, en la carta citada a Leighton,
Frei se refiere específicamente a que no hizo la durísima descripción de Allende que allí se le
atribuye (y que por eso no se reproduce aquí), pero no desmiente el resto. Leighton le acepta esa
retracción sobre Allende, pero le dice que los demás juicios son los mismos que le escuchó decir
de manera consistente por años.
Un tercer texto clave de Frei es el prólogo que escribe en el libro --de elocuente título-- del
cientista político DC Genaro Arraigada, De la Vía Chilena a la Vía Insurreccional (1974). Allí Frei
sostiene planteamientos similares a aquellos contenidos en la carta a Rumor y como epígrafe de
su prólogo, Frei elige esta advertencia de Píndaro: "Fácil es, incluso para el más débil, destruir una
ciudad hasta sus cimientos; pero es, en cambio, muy dura empresa levantarla de nuevo".
No deja de ser asombroso que en ese mismo 1973 en que se extendía el certificado de defunción
de la democracia chilena y morían muchos de los nobles sueños de los fundadores del PDC,
también fallecía en Francia Jacques Maritain, el filósofo-político francés que tanto admiraba
Eduardo Frei y a quien había visitado en su lecho de enfermo en su exitosa gira a Europa de 1965.
LAS FUERZAS ARMADAS OBEDECEN
En la madrugada del martes 11 de septiembre de 1973, 18 días después de que los ministros
militares recibieran formalmente el Acuerdo de la Cámara de Diputados, las Fuerzas Armadas
chilenas iniciaron en todo el territorio un operativo militar para cumplir el mandato
parlamentario.
Así lo entendió el historiador Richard Pipes, profesor de la Universidad de Harvard, quien ha
sostenido que, con el Acuerdo, "la Cámara le solicitó a las Fuerzas Armadas que restauraran las
leyes del país. Obedeciendo este mandato, a los 18 días los militares chilenos, liderados por el
general Augusto Pinochet, removieron por la fuerza a Allende de su cargo" (Communism. A Brief
Story, 2001).
El 13 de septiembre de 1973, la influyente revista de opinión británica, The Economist, publicó un
editorial titulado "El fin de Allende", cuyo contenido es tan revelador que merece ser analizado
íntegramente.
La revista es clarísima en asignar la responsabilidad por la ruptura ocurrida dos días antes: "La
muerte transitoria de la democracia en Chile será lamentable, pero la responsabilidad directa
pertenece claramente al Dr. Allende y a aquellos de sus seguidores que constantemente
atropellaron la Constitución".
El editorial incluso va más allá y le asigna a Allende la responsabilidad por la violencia posterior:
"La batalla parece apenas haber comenzado. Con la mayoría de los canales de comunicación de
Chile con el mundo exterior aún restringidos, es difícil tener una idea más completa de la violencia
que aparentemente continúa. Pero si una sangrienta guerra civil comenzara, o si los generales
que ahora controlan el poder deciden no llamar a nuevas elecciones, no habrá duda alguna
respecto de quien tiene la responsabilidad por la tragedia de Chile. La responsabilidad es del Dr.
Allende y de aquellos en los partidos marxistas que aplicaron una estrategia para controlar el
poder total, al punto que la oposición perdió las esperanzas de controlarlos por medios
constitucionales".
La explicación que hace la revista británica de la situación en Chile podría haberla firmado
cualquiera de los diputados que aprobó el Acuerdo: "Lo que ocurrió en Santiago no es un golpe
típicamente latinoamericano. Las fuerzas armadas toleraron al Dr. Allende por casi tres años. En
ese período, él se las ingenió para hundir al país en la peor crisis social y económica de su historia
moderna. La expropiación de campos y empresas privadas provocó una alarmante caída en la
producción, y las pérdidas de las empresas estatales, según cifras oficiales, superaron los $1.000
millones de dólares. La inflación alcanzó a 350% en los últimos 12 meses. Los pequeños
empresarios quebraron; los funcionarios públicos y trabajadores especializados sufrieron la casi
desaparición de sus sueldos por causa de la inflación; las dueñas de casa tenían que hacer
interminables colas para obtener alimentos esenciales, y si es que encontraban. La creciente
desesperación originó el enorme movimiento huelguístico que los camioneros iniciaron hace seis
semanas. Pero el gobierno de Allende fue más allá de la destrucción de la economía. Violó la letra
y el espíritu de la Constitución. La forma en que sobrepasó duramente al Congreso y a los
Tribunales de Justicia debilitó la fe en las instituciones democráticas del país".
The Economist fue de los escasísimos medios extranjeros que mencionaron entonces el crucial
Acuerdo del 22 de agosto: "El mes pasado, una resolución aprobada por la mayoría opositora en
el Congreso señalaba que "el gobierno no es responsable sólo por violaciones aisladas de la
Constitución y la ley; ha convertido tales violaciones en un método permanente de conducta".
Para la revista británica el detonante para el golpe "fueron los esfuerzos de los extremistas de
izquierda para promover la subversión dentro de las fuerzas armadas. El señor Carlos Altamirano,
ex secretario general del partido socialista, y el señor Oscar Garretón del Movimiento de Acción
Popular Unitaria, ambos líderes de la Unidad Popular de Allende, fueron señalados por la Armada
como los autores intelectuales del plan de amotinamiento de los marinos en Valparaíso... El
sentimiento de que el Parlamento era ya irrelevante aumentó por la violencia en las calles y por la
forma en que el gobierno toleró el surgimiento de grupos armados de extrema izquierda que se
estaban preparando de manera abierta para la guerra civil".
The Economist justifica plenamente la intervención militar cuando sostiene que "las fuerzas
armadas intervinieron sólo cuando estuvo claramente establecido que existía un mandato
popular para la intervención militar. Las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir porque fallaron
todos los medios constitucionales para frenar a un gobierno que se comportaba de modo
inconstitucional", y realiza una importante precisión: "El General Pinochet y los oficiales que lo
acompañan no son peones de nadie. Su golpe fue preparado en casa, y los intentos por hacer
creer que los norteamericanos estaban implicados son absurdos, especialmente para quienes
conocen la cautela norteamericana en sus recientes tratativas con Chile".
The Economist adelanta, primero, que la tarea de reconstrucción será difícil y que habrá excesos e
injusticias: "Cualquiera sea el gobierno que surja del golpe militar, no se pueden esperar tiempos
fáciles. También aquellos que sufrieron bajo el gobierno de Allende sentirán la tentación de
ajustar cuentas con el bando derrotado". Segundo, anticipa la colaboración militar con
economistas civiles al adelantar: "El gobierno militar-tecnocrático que está aparentemente
tomando forma intentará reconstruir el tejido social que el gobierno de Allende destruyó". Y
concluye con un lamento y una verdad: "Esto significará la muerte transitoria de la democracia en
Chile, lo cual será deplorable, pero no debe ser olvidado quien lo hizo inevitable".
EL DESENLACE NATURAL
Alexander Solzhenytsin, el gran escritor e intelectual ruso que denunció el horror de los campos
de concentración en la Unión Soviética, afirmó que "el comunismo sólo se detiene cuando
encuentra una muralla".
A medida que el gobierno de la Unidad Popular fue restringiendo las libertades económicas,
sociales y políticas con el propósito de hacer su revolución marxista, surgió, desde los más
diversos ámbitos de la sociedad chilena, una fuerte resistencia civil que se transformó pronto en
una avalancha de protestas, manifestaciones, huelgas y denuncias.
Al final fue esta presión de la civilidad la que empujó a los partidos políticos de oposición a la
aprobación del Acuerdo de la Cámara de Diputados, y después a las Fuerzas Armadas a obedecer
el llamado del Acuerdo y remover por la fuerza al presidente que estaba violando
"sistemáticamente” la Constitución de la República.
La resistencia civil generalizada que concluyó con el Acuerdo de la Cámara de Diputados fue "la
muralla" con la que se encontró el comunismo en Chile. Este Acuerdo, entonces, constituye la
partida de defunción del gobierno del Presidente Allende y el certificado de bautismo del
gobierno del Presidente Pinochet.
Como afirmó uno de los hombres claves detrás del Acuerdo y entonces Presidente de la
Democracia Cristiana, Patricio Aylwin: "El gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso,
la vía chilena hacia el socialismo y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la
fuerza la dictadura comunista. Chile estuvo al borde del 'Golpe de Praga', que habría sido
tremendamente sangriento, y las Fuerzas Armadas no hicieron sino adelantarse a ese riesgo
inminente" (El Mercurio, 17 de septiembre de 1973).
No fue una afirmación aislada del futuro Presidente de Chile. Un mes después, Aylwin ratificó su
pensamiento así: "La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros
no vino a ser sino una medida preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado, que con la
ayuda de las milicias armadas con enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la
colaboración de no menos de diez mil extranjeros que había en este país, pretendían o habrían
consumado una dictadura comunista" (La Prensa, 19 de octubre de 1973).
Es imposible, a la luz de todos estos antecedentes, no concluir que la intervención militar fue el
resultado de una rebelión civil ante una tiranía. Ella fue legítima e inevitable, pues, como ha
sostenido Vaclav Havel, un hombre que sufrió por varias décadas la dictadura comunista en su
país, "el mal debe ser confrontado en su cuna y, si no hay ninguna otra manera de hacerlo,
entonces tiene que hacerse con el uso de la fuerza" (New Yorker, 6 de enero, 2003).
RESUMEN Y CONCLUSIONES
Los hechos demuestran entonces que:
a) El Presidente Salvador Allende fue el responsable de su propia caída, pues cometió un suicidio
político al declararse en rebelión contra la Constitución de la República.
b) Estas acciones del gobierno de la Unidad Popular generaron una masiva y valiente resistencia
civil, la cual se expresó de múltiples maneras, y fue ella la que concluyó impulsando a las
dirigencias políticas a enfrentar frontalmente al Presidente Allende y exigir su remoción.
c) El ex Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, fue el líder determinante en el
Acuerdo de la Cámara de Diputados que acusó al Presidente Allende de haber cometido veinte
violaciones a la Constitución y que concluyó con un llamado desesperado a la intervención de las
Fuerzas Armadas.
d) Las Fuerzas Armadas, al remover al gobierno socialista-comunista de la Unidad Popular, no
realizaron un típico "golpe de estado" latinoamericano, sino que obedecieron un mandato moral y
político de la Cámara de Diputados, un brazo del mismo Congreso que en 1970 había elegido
Presidente a Salvador Allende.
Pero algo sorprendente sucedió en esa fría noche del 22 de agosto de 1973 inmediatamente
después de terminada la votación del Acuerdo. Algunos diputados de la oposición comenzaron a
cantar la Canción Nacional. Y ese gesto comenzó a ser imitado por otros hasta que al final toda la
Cámara estaba de pie entonando el himno patrio.
En ese amor a Chile, compartido por todos, sobrevivía la esperanza.
POST SCRIPTUM. He escrito este ensayo como una contribución a la causa de que nunca más se
quiebre la democracia en Chile, para lo cual estimo imprescindible conocer las razones que la
destruyeron y concordar hacia el futuro tres principios fundamentales para una convivencia cívica
pacífica: a) Bajo ninguna circunstancia, con ninguna justificación, y en ninguna forma, un grupo
debe propugnar, y mucho menos iniciar, la violencia como mecanismo de cambio económico,
social o político bajo un régimen democrático; b) Iniciada la violencia por algún sector, ella debe
ser atajada de inmediato por el gobierno de ese momento, dentro de la ley pero aplicando toda la
fuerza de la ley; y c) El rechazo a los que propician y ejercen la violencia, y el apoyo al gobierno que
la combate con mano firme, debe contar con el respaldo unánime y decidido de la sociedad
política y de la sociedad civil.
José Piñera