DIARIO EL SUR AGOSTO DE 2000
Historia de un ASESINATO
El 30 de agosto de 1983 el intendente de Santiago Carol Urzua salió de su
domicilio rumbo al trabajo. En el auto le esperaban su chofer y su escolta.
El auto avanzó unos treinta metros desde la residencia del oficial de
ejército. Eran las 09:05. El semáforo dió la luz roja y el auto se detuvo.
En ese momento un grupo de fusileros apostados en la vía pública dispararon
sus armas. Sesenta y dos impactos de bala, mataron al intendente, al chofer
y su escolta.
Me
comentaron una vez que cuando los policías abrieron el auto, un río de
sangre contenido se desbordó hacia la calzada, como si toda la vida de los
hombres muertos se hubiera escapado de un golpe aquella mañana que mataron
a Carol Urzúa, el militar que jamás hizo mal a nadie y cuya única razón
para el ajusticiamiento fue su calidad de general de Ejército y su papel de
autoridad del gobierno de la época.
Los
fugados fueron eficientes en la huida. El 16 de enero de 1984, en una
calculada maniobra irrumpieron armados en la Nunciatura
Apostólica. Aún estaba fresco el recuerdo de la mediación
papal en el conflicto con Argentina y el grupo jugó su mejor carta,
originando un conflicto que les tuvo alojados en la sede diplomática por 82
días, hasta que el 7 de abril, acompañados por el nuncio, enfilaron en un
auto rumbo al aeropuerto. Dos partieron a Bélgica y otros dos a Ecuador.
En
el juicio abierto por la fiscalía militar se condenó a cinco personas que
participaron en otras tareas del atentado. Dos cumplieron la pena
normalmente, otros tres fueron indultados por el gobierno de Patricio
Aylwin que conmutó la pena de presidio perpetuo por la de extrañamiento, en
el proceso de perdón colectivo que dicho mandatario practicó para todos los
condenados por hechos de sangre cometidos contra carabineros y militares,
incluidos los terroristas que participaron en el atentado al entonces
Presidente Pinochet, en el que perdieron la vida varios de sus escoltas.
Uno
de los fusileros, que a su llegada a Bélgica reivindicó el atentado para el
MIR y regresó clandestinamente a Chile, murió en un enfrentamiento con
Carabineros durante un control de rutina, en la comuna de La Pintana, el 1
de diciembre de 1993, tras extraer de sus ropas una pistola PPK, con la
cual hirió de gravedad a un cabo. Otro fue detenido recientemente en Italia,
por una orden de captura internacional, pero fue liberado inmediatamente,
entre otras razones porque el homicidio del intendente fue considerado
''político'' y porque no existe tratado de extradición con nuestro país. En
suma, los autores directos del asesinato del intendente continúan libres,
tal como los otros que en democracia mataron al senador Jaime Guzmán y
huyeron en un helicóptero desde la cárcel de Alta Seguridad.
La
familia del intendente asesinado sabe que no habrá justicia para el crimen
del jefe de familia. Lo han aceptado como muchas familias de militares y
carabineros cuyos seres queridos han muerto a manos de la violencia
política. Italia liberó al victimario del intendente Urzúa y pide la
extradición de los generales Contreras e Iturriaga Neumann por el atentado
a Bernardo Leighton en Roma.
Me
queda una duda: ¿acaso las vidas humanas tienen distinto valor, dependiendo
del lado en que está el sujeto?
Waldo
Ortega Jarpa
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