D E S D E C H I L L Á N
Crece monto de malversación detectada en Departamento de Educación local principal afectado ha entregado antecedentes que apuntan a la responsabilidad de otras personas en el delito, que habrían formado una red
Jueves 16 de Julio de 2009.
La Corte de Apelaciones de Chillán determinó que el funcionario del Departamento Provincial de Educación acusado de malversación de caudales públicos deberá retornar a la penitenciaría mientras dure la investigación.
La medida dejó conforme a la fiscal a cargo del caso, Patricia Suazo, quien cree firmemente que se dan todas las condiciones para que el imputado, Eugenio Martínez, y autor confeso del millonario delito retorne a prisión.
El caso, comenzó a develarse luego que la propia directora provincial de Educación, Juana Castro, comenzara una investigación interna tras conocer una denuncia presentada por una sostenedora de un establecimiento educacional de Coelemu.
Según se conoció, Martínez ordenaba pagar una cifra mayor a los sostenedores y luego los contactaba para que restituyeran las respectivas diferencias en un cheque abierto y no a nombre de la Secretaría Ministerial de Educación.
Si en un comienzo se consideraba que la pérdida de dineros fiscales ascendería a los 10 millones de pesos, con el transcurso de los días se ha llegado a determinar que serían unos 15 establecimientos los que habrían sido defraudados por un total de al menos 60 millones de pesos.
El funcionario, que tenía un grado muy bajo dentro del escalafón del Deproe, estaba muy bien considerado al interior del servicio y habría generado buenos lazos con personal de finanzas de diversos establecimientos de la provincia.
Si bien se pensaba que Martínez había actuado solo, en los últimas semanas surgió una pista que podría llevar a otras personas que habrían formado parte de una red.
Esta hipótesis, comenzó a ser analizada luego que el inculpado, quien ha mostrado muy buena disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos, manifestara que hay otras personas involucradas en la apropiación indebida.
Sin embargo, la fiscal Patricia Suazo, quien trabaja con la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, no ha podido acreditar que otras personas se coludieran con el imputado.
Eventuales cómplices.
Los detectives de aquella repartición ya tomaron declaraciones a los eventuales cómplices de Martínez y hasta ahora no aparece ninguna prueba de que haya existido vinculación entre ellos.
“Él, señala haber actuado con otras personas de otros colegios; no directamente sostenedores, pero sí jefes de contabilidad y distintas personas”, agregó la fiscal.
Sin embargo, es una tesis que no se puede dejar de lado, pero la principal vía de investigación apunta a que el ex funcionario estatal habría ideado la forma de retener fondos para su provecho, toda vez que sus ingresos eran muy bajos”.
La fiscal sostiene que reiteradamente el imputado, quien arriesga 5 años de reclusión, ha manifestado que los dineros que obtuvo los habría utilizado para cancelar deudas, mejorar su calidad de vida, ayudar a su madre, quien se encontraría enferma, entre otros gastos. Pero hasta ahora no han surgido antecedentes que lleven a pensar que Martínez se haya enriquecido con el dinero sustraído, o lo hubiera invertido en bienes inmuebles o en viajes al extranjero.
De hecho, en la carpeta de investigación se consultaron cuentas bancarias propias y de otras personas, además de pedirse antecedentes sobre eventuales viajes fuera del país lo que no ocurrió.
La investigación no está pronta a terminar, toda vez que se deberán analizar las cuentas de 100 establecimientos educacionales de toda la provincia, con quienes tenía contacto Martínez. Ayer no fue posible obtener una versión de la directora provincial de Educación, Juana Castro, quien realiza un sumario interno
Leer más....
