FALTA VOLUNTAD PARA DISMINUIR LA DELINCUENCIA

Tribuna
Domingo 23 de Noviembre de 2008
Falta voluntad para disminuir la delincuencia
El Mercurio

ALBERTO ESPINA O.
Senador

En noviembre del año pasado, la Alianza suscribió con el Gobierno el Acuerdo Nacional Sobre Seguridad Pública, que contiene medidas concretas dirigidas a la prevención, a la rehabilitación y, sobre todo, a mejorar la gestión de las políticas públicas en seguridad ciudadana, que ha sido el gran talón de Aquiles y causa directa del fracaso de la Concertación en esta materia.

El acuerdo contempla 15 medidas, algunas de las cuales necesitan la aprobación de una ley y otras simplemente acciones concretas del Ejecutivo. Transcurrido un año, sólo una entró en vigencia. Es la ley sobre el robo y receptación de cables de cobre. Las otras 14, si requieren ley, se tramitan a paso de tortuga en el Parlamento, porque el Gobierno no les da urgencia, o derechamente no ha presentado el proyecto; y si se trata de acciones del Ejecutivo, o no se han ejecutado, o sólo se ha hecho parcialmente.

Veamos las más importantes. El Gobierno se comprometió a presentar en marzo pasado una propuesta para focalizar los recursos públicos en las familias más vulnerables tanto en prevención como en rehabilitación, con el fin de evitar que las conductas de los padres se transformen en condicionantes de riesgo delictivo para sus hijos; ella debía contemplar distintas formas de reinserción social en el ámbito laboral, educacional, de capacitación y otros. La propuesta no se ha presentado.

El Gobierno se comprometió a enviar, en junio pasado, un proyecto de ley para introducir cambios de fondo al Sename que garanticen el carácter profesional de sus funcionarios, sometidos al Sistema de Alta Dirección Pública y con procedimientos estrictos de control y fiscalización del trabajo con los menores, para lograr su rehabilitación y reinserción social. El proyecto no se ha enviado.

El Gobierno se comprometió a modificar la ley que establece medidas alternativas a las penas privativas de libertad, que consisten en la libertad vigilada, la remisión condicional y la reclusión nocturna, sistema que está absolutamente colapsado y que, en la práctica, significa que los condenados que gozan de estos beneficios queden sin ningún control ni programas de reinserción social, lo que es causa directa de la reincidencia. El proyecto tenía tantas deficiencias, que la Comisión de Constitución de la Cámara le pidió al Gobierno hace meses que lo rehiciera. La reformulación no se ha hecho.

El Gobierno se comprometió a darle urgencia a la reforma constitucional que establece el derecho de las víctimas de delitos graves a defensa jurídica gratuita cuando no pueden costeársela por sí mismas; a crear un órgano autónomo que administre un sistema flexible que permita materializar este derecho, y a aportar $4 mil millones para cubrir los tratamientos sicológicos, médicos y las medidas de protección necesarias. Las dos primeras iniciativas están paralizadas y los recursos no han sido aportados.

El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, se comprometió a entregar semestralmente al Congreso toda la información sobre las políticas públicas y los programas de seguridad ciudadana, para evaluar la gestión y eficacia de los mismos. Sólo ha enviado información parcial del 2º semestre del año pasado, señalando que "no se envía información sobre presupuestos comprometidos porque no se tiene certeza de montos ni de criterios con que los sectores reportaron los recursos". La información del 1{+e}{+r} semestre de este año no se ha entregado.

El Gobierno se comprometió a concentrar en el Ministerio del Interior las atribuciones para coordinar y ejecutar los programas de seguridad ciudadana, traspasar la dependencia de Carabineros y transformar al Conace en un servicio público especializado en la prevención del consumo de drogas y alcohol. Si bien es un proyecto complejo, el Gobierno no le ha dado urgencia ni lo ha priorizado.

El Gobierno, definitivamente, no tiene la voluntad ni la decisión para sacar adelante las medidas que permitirían disminuir la delincuencia. Cuando se le enrostra el incumplimiento del acuerdo, recurre a la descalificación y a mil excusas y explicaciones. Mientras tanto, los chilenos soportamos un robo cada dos minutos, un abuso sexual cada 34 minutos y un caso de tráfico de drogas cada 54 minutos.